Movimiento social en Argentina y ‘reaparición’ obrera

Hace poco, planteábamos el interrogante acerca de la posibilidad de una reactivación del movimiento de los trabajadores ocupados, en un cuadro en que las luchas obreras habían perdido protagonismo en términos relativos en los años 2002-2003, en consonancia con la fuerte activación de las luchas de los trabajadores desocupados, y un repliegue, por distintos motivos, de las diversas corrientes de la dirigencia sindical y de la conflictividad obrera2. Marcábamos como interrogante: «La posibilidad de que se produzca un proceso de activación en el movimiento obrero ocupado, bajo la dirección o al margen de las direcciones sindicales tradicionales.»3

Ese incremento de ‘visibilidad’ se ha producido desde los últimos meses del año 2004, sobre todo a partir de la aparición de algunos conflictos de vasta repercusión, que terminaron con triunfos, parciales o totales, de los trabajadores en huelga. A ello se unió, para fortalecer el carácter ‘ejemplar’ de las luchas, el que algunas de las más resonantes emanaron de sectores de oposición a las conducciones sindicales, o de organizaciones con orientación ideológica y formas organizativas diferenciadas de las mayoritarias en el movimiento sindical.

El nuevo ‘auge’ de la conflictividad obrera podría datarse a partir del último cuatrimestre del año 2004, momento en que se hizo más notorio un incremento que atravesó todo el año. Se manifestó sobre todo en torno a dos conflictos, el de los trabajadores del transporte subterráneo de pasajeros de Buenos Aires, y el de que afectó a las compañías telefónicas.4 Ambos gremios ya habían tenido medidas de fuerza, que en ambos casos fueron encabezadas por conducciones preexistentes5, y ya habían afrontado luchas, incluso exitosas, aunque éstas no tuvieron el nivel de repercusión pública que alcanzaron las de los últimos meses.6 En las luchas más recientes, en cambio, quedó muy expuesto el triunfo obtenido por los trabajadores, en primer lugar en el plano salarial, y luego en otras reivindicaciones.7

Comenzado el año 2005, algunos conflictos se prolongaron, como el de subterráneos y aparecieron otros nuevos, tal el del Hospital Nacional Pediátrico y el de la aerolínea de propiedad estatal (LAFSA), que también alcanzaron vasto impacto. La ‘visibilidad’ alcanzada puede atribuirse en parte a su ubicación metropolitana, y en sectores que afectan la vida cotidiana de parte importante de la población, pero también por la tónica de estar encabezados por comisiones internas, opositoras o al margen de las conducciones sindicales. En los últimos meses se fue ampliando la cantidad y variedad de gremios que entraron en conflicto con vasta resonancia, incluyendo zonas geográficas periféricas, como una prolongada medida de fuerza en la industria pesquera de la Patagonia. Los trabajadores del sector público vieron recrudecer su conflictividad, en todos los niveles, nacional, provinciales y municipales, con dos casos notables en la provincia de Santa Cruz, Caleta Olivia y Pico Truncado.8

Daremos preeminencia en este trabajo, a las tendencias que permite visualizar este auge de conflictividad, tanto en las prácticas y conformación del movimiento obrero, como en su recepción por otros sectores de las clases subalternas.

Los factores condicionantes del desenvolvimiento de los conflictos

La reactivación económica ha sido muy significativa en la Argentina de los años 2003 y 2004. Es certera la frecuente afirmación de que lo que ha ocurrido no es otra cosa que una recuperación de la economía desde una recesión profunda y prolongada, que recién ahora llega a niveles de producción y consumo similares a losde1998, año en que comenzó la prolongada recesión. Pero para tomar una idea del impacto del proceso de reactivación en la percepción colectiva, hay que tener en cuenta que la economía argentina venía de retroceder el 4,4% en 2001 y el 10,9% en 2002. Y de allí pasó a un crecimiento del 8,8% en 2003 y el 9,0% en 2004.9 La ‘inversión’ de la tendencia difícilmente pudiera ser más acentuada, y apunta a continuar en niveles similares en el presente año (según datos provisorios se estaría creciendo al 8% anual). Esto se reflejó incluso en un moderado retroceso de los índices de pobreza y desempleo, aunque en ambos casos los niveles siguen siendo más desfavorables que al comenzar la crisis, lo que habla de una asimetría en la recomposición económica, que tiende a desfavorecer a los trabajadores asalariados y a los sectores de menores ingresos en general.10

De todas maneras, se ha expandido la percepción de que a favor del crecimiento económico las empresas están obteniendo mayores beneficios, lo que les da mayor margen para pagar incrementos salariales y otras ventajas económicas, si se las presiona adecuadamente. Y como contrapartida, existe conciencia de que el salario se deterioró después de febrero de 2002, a favor de la devaluación y los fuertes incrementos de precios que la acompañaron.11 A impulso de la recuperación económica, se ha dado en algunas ramas un incremento de la demanda de mano de obra que, pese a la situación de elevado desempleo, encuentra dificultades para reclutar trabajadores capacitados para los puestos que se crean. Los trabajadores de esas ramas comprenden que la posiblidad de represalias drásticas ante medidas de fuerza de las empresas tiene un nuevo límite en la escasez de personal de reemplazo. Además de que en los sectores en plena producción, cualquier paro o disminución de tareas implica pérdida de ganancias al ralentar la satisfacción de la demanda, cuando no la rescisión de contratos o la puesta en riesgo del acceso a mercados externos.

Los trabajadores han utilizado en algunas ocasiones recientes la conjunción de la holgada situación financiera de las empresas y el poder de daño que tiene un paro sobre una cadena de producción con alta demanda e intenso ritmo de trabajo. El caso más claro ha sido el paro de terminales automotrices, un sector orientado centralmente a la exportación en un mercado altamente competitivo y condicionado a la alta performance de los proveedores, incluyendo la puntualidad de las entregas. Fue desatado en un momento de auge de la producción para la exportación, y ‘sacado a la calle’ mediante un corte de ruta en un punto neurálgico. Las medidas de fuerza contribuyeron a un rápido cierre del conflicto con incrementos salariales para los trabajadores. 12

Estas condiciones generales redundan también en el planteo de reivindicaciones que no son de tipo salarial, para las que también se percibe que existen condiciones más favorables para su triunfo. Así la disminución de la jornada de trabajo, o la instauración de regímenes horarios menos ‘flexibles’. Y el mejoramiento de la relación de trabajo para asalariados ‘precarizados’ o ‘tercerizados’. Las reformas regresivas implantadas en los años 90′ comienzan a ser objeto de cuestionamiento por la acción obrera, que se rebela contra las condiciones de trabajo precarias, las jornadas de trabajo sobreextendidas, la continua vigilancia patronal. Cierto alivio de las condiciones generales empuja a poner en entredicho retrocesos históricos identificados con una oleada político-cultural signada por el neoliberalismo, de la que ya ha pasado su momento de esplendor.

También opera una actitud gubernamental que no privilegia la represión ni se alinea automáticamente con los patrones, como ocurría hace unos años. Este cambio de actitud responde en buena medida al temor a que se recree el deterioro de la ‘gobernabilidad’ como en 2001-2002. Desde el aparato estatal, y sobre todo en el Ministerio de Trabajo, se ha tendido a estimular el ‘retorno’ a las negociaciones colectivas, y en general una política de diálogo, que se compatibiliza sin embargo con que el poder judicial genere acusaciones criminales selectivas contra los que participan en huelgas, ocupaciones y otros actos de protesta, mostrando así distintas ‘caras’ del poder estatal.

Juega asimismo un papel lo que podríamos denominar el ‘espíritu del 20 de diciembre’ en las clases subalternas. La sensación de pérdida de miedo, de recuperación de la posibilidad de transformación social mediante la acción colectiva, estaba ‘retrasada’ en el movimiento obrero. En ese ‘retraso’ influía tanto la terrible situación de desempleo y declive de la actividad, como la acendrada influencia de direcciones sindicales que no apostaban al conflicto y que habían generado un hábito de los trabajadores en ese sentido. Ante la mejora relativa de la situación y la aparición de luchas exitosas, la espesa capa de temor y escepticismo que mantuvo parcialmente retraído al movimiento obrero durante una etapa, queda parcialmente disipada, y la activación se expande de una rama de actividad a otra. En la sociedad argentina, se impuso desde el Poder, con perseverancia y coherencia digna de mejor causa, una ‘pedagogía’ precisa, con los trabajadores como destinatario principal. «Ramal que para, se cierra» afirmaba el presidente Menem refiriéndose expresamente al ferrocarril, pero apenas implícitamente a cualquier actividad que osara tomar medidas de fuerza. Nada podía esperarse de la organización, de la acción colectiva, de la lucha, era el mensaje subyacente. Más gradualmente y más tarde que en otros sectores, pero tal vez con mayor fuerza y arraigo, ese modo de ver el mundo retrocede en los ámbitos obreros. Las huelgas que terminan con arreglos exitosos para los trabajadores comienzan a ser moneda corriente, los medios de comunicación operan como caja de resonancia, y la idea y la práctica de la lucha como modo de conquistar o reconquistar derechos vuelve a abrirse paso.

Tercerización y subcontratación en entredicho

Hay un área de conflicto que no tiene directa relación con el crecimiento económico ni con la actividad gubernamental. La ‘tercerización’ ha sido una estrategia de las patronales que generalizó una modalidad que tradicionalmente se aplicaba en la construcción y en algunas actividades minoritarias. La mecánica es que la empresa se centre en el ‘negocio principal’, el que mejor conoce y del que extrae sus mayores ganancias, y contrata externamente servicios accesorios, logística, limpieza, transporte, reparaciones, seguridad, etc. La realidad es que la táctica suele utilizarse para empeorar las condiciones de estabilidad y los niveles salariales de los trabajadores que no dependen de la empresa principal. También tiene el ‘efecto colateral’ de fortalecer e ‘institucionalizar’ las divisiones entre trabajadores de los mismos lugares de trabajo, desarticulando la unidad al crear una multiplicidad de dependencias patronales, además de representaciones sindicales diferenciadas.

El objetivo es similar al de la ‘precarización’, cuando se toman trabajadores con modalidades que no reconocen la existencia de la relación laboral, o le quitan la posibilidad de estabilidad y permanencia, bajando costos y eludiendo responsabilidades para la empresa.

Esa tendencia patronal avanzó durante los años 90 y aun después con escasos obstáculos. Incluso se dio el caso de que grandes sindicatos ‘de negocios’ se sumaron a la modalidad en su propio beneficio, constituyéndose en subcontratantes bajo la modalidad de ‘cooperativas de trabajo’, disfrazándose de ‘agencia de colocaciones’ para trabajadores temporarios, avalando la contratación de ‘pasantes’, ‘locaciones de obra’ y otras modalidades precarias.

Algunos de los últimos conflictos colocaron el tema en un lugar central, y desarrollaron la solidaridad de los trabajadores estables y reconocidos con las otras situaciones más endebles, logrando el triunfo de que se equiparara a los trabajadores de las ‘subcontratistas’ o a los situados en condiciones precarias.

Uno de los casos más resonantes en este campo, lo han dado los trabajadores de la empresa Taym junto al cuerpo de delegados del subte, al haber logrado convencionar a empleados de limpieza, que antes estaban bajo el sindicato de maestranza en una categoría laboral del convenio colectivo de Metrovías (UTA). Con esta lucha han logrado triplicar el sueldo y reducir la jornada de trabajo. De estas forma, los trabajadores de control de evasión del subte, han tomado también este reclamo, y lograron asimismo ser contratados por una empresa que al igual que Taym pertenece al grupo empresario Roggio, concesionario del subterráneo.

Los telefónicos de Foetra Bs. As (Federación Obreros y Empleados Telefónicos)., han salido a dar pelea en este sentido: se han propuesto lograr la representación de todos aquellos trabajadores que de forma fraudulenta Telecom y Telefónica han ubicado bajo el encuadramiento de otros sectores, como son comercio y la construcción. Previamente han resuelto el problema de la estabilidad, la precariedad de los contratos, y la recomposición en los salarios.

En algunos casos, la situación de ‘terciarización’ o ‘subcontratación’ abarca a miles de trabajadores, como en el yacimiento petrolífero Cerro Dragón, donde habría unos dos mil trabajadores de ‘subcontratistas’ afiliados a la construcción y no al sindicato petrolero, y se lucha por incluirlos en el régimen petrolero, más favorable a los trabajadores.13 Otro caso, en el ámbito industrial, se ha dado en la productora de hierro Zapla, de Jujuy.

Hace muy poco tiempo, se presentó un conflicto muy limitado en sus alcances cuantitativos, pero de fuerte significado simbólico, en un sector de trabajadores de la multinacional Mc Donald’s , encarnación simbólica por sí misma de los modos posfordistas de organización de la producción, el trabajo y el consumo.

En torno a estos procedimientos se juegan a veces disputas intersindicales, ya que muchas veces sectores del ‘sindicalismo de negocios’ se prestan complacidos a que, a cambio de la incorporación de un sector de trabajadores, se permita a la empresa empleadora pagar menores salarios y colocar en peores condiciones a un sector de los trabajadores que emplea.

Está por verse si este costado de la conflictividad deriva en un ‘punto de inflexión’ en el proceso de cesión de conquistas y ‘precarización’ que los trabajadores han sufrido en las últimas décadas. Lo cierto es que, en general en el marco de conflictos más amplios, aparece la reivindicación de ‘homogeneizar’ el régimen de los trabajadores de una misma empresa, recuperando valores y prácticas de solidaridad, y con la tendencia a poner en revisión la pérdida de conquistas y las innovaciones regresivas que patronales y estado instauraron, sobre todo durante la década de los 90′.

Reagrupamiento de las vertientes radicalizadas

Desde poco después de diciembre de 2001 ha existido la Asamblea Nacional de Trabajadores, que adoptó un perfil más ligado a los movimientos piqueteros que a las organizaciones de trabajadores ocupados, lo que en algún sentido se ha revertido últimamente.

En los dos últimos años ha aparecido un núcleo impulsado desde la fábrica recuperada Zanón, primero en forma de una agrupación regional, la «Coordinadora del Alto Valle», y luego en forma de una iniciativa más amplia, agrupada en torno a un periódico, denominado Nuestra Lucha.14 Los últimos meses se han visto jalonados por plenarios que intentan articular a las nuevas corrientes. Y el primero de mayo último dio lugar a un acto importante, que reunió a variadas agrupaciones de trabajadores desocupados, junto a agrupaciones piqueteras y partidos de izquierda, y se plasmó en un documento unificado que de alguna manera plantea un programa de acción para el corto y mediano plazo del conjunto de las organizaciones de las clases subalternas. Allí se afirma: «El movimiento obrero ha entrado en acción. El ascenso actual viene precedido por las grandes luchas estatales y docentes de mediados del año pasado. Desde fines del 2004 y en el 2005, la gran huelga de los trabajadores telefónicos y el gran triunfo de los trabajadores del subterráneo, que venían de conquistar las 6 horas, abrieron una nueva oleada en donde los trabajadores se lanzan a recuperar lo perdido en estos años recuperando conquistas laborales y salariales, sobre todo, luego de la devaluación duhaldista, rompiendo el cepo salarial.»15 A partir de esa constatación, se enlazan los argumentos para plantear un conjunto de reivindicaciones obreras y de los trabajadores desocupados, completadas con condenas a las políticas del gobierno.

Un analista ha mencionado la conformación de una suerte de ‘cofradía obrera’16, definida como un conjunto de sectores de base que han tomado la lucha de compañeros de otras actividades como propia, solidarizándose y apoyándolos en cada conflicto. Una de las expresiones más altas en este sentido es la de los trabajadores del subterráneo, que han parado el servicio recientemente en solidaridad frente al conflicto de Lafsa y el Garraham. Las huelgas de solidaridad, particularmente aborrecidas por las patronales y el Estado, han retornado al escenario. Si bien el ámbito de predominio de las conducciones sindicales tradicionales no se ha alterado sustantivamente, conducciones sindicales definidas como alternativas o de oposición han ganado un lugar importante en actividades del transporte y los servicios públicos.

Un punto de convergencia de sectores radicalizados del movimiento obrero ha sido la lucha por la jornada de seis horas para todos los trabajadores, concebida a la vez como mejora de las condiciones de vida generales y como instrumento para combatir la desocupación forzando el ingreso de nuevos trabajadores en grandes cantidades. En octubre de 2004 se lanzó un «Movimiento Nacional por la Jornada de Seis Horas», impulsado desde los trabajadores de subterráneos, con la consigna de abreviar la jornada sin reducción de salarios. El mensaje de solidaridad era claro, los obreros de esa rama, que reconquistaron recientemente la jornada limitada (en su caso por razones de ‘insalubridad’) superan intereses estrechamente corporativos y encabezan el reclamo por la extensión de la conquista a todos los trabajadores,17 y de la generación de puestos de trabajo para desempleados, buscando así la solidaridad activa con las organizaciones ‘piqueteras’.

Otro síntoma de reactivación de corrientes radicalizadas es la creación o activación de iniciativas intelectuales y artísticas ligadas al movimiento obrero. Grupos de investigadores como «Economistas de Izquierda» o el «Taller de Estudios Laborales» dedican parte sustantiva de sus esfuerzos a la colaboración con el movimiento obrero. Son emprendimientos que datan de tiempo atrás, en algunos casos con varios años de existencia, pero encuentran ahora una particular resonancia, y se asocian a reivindicaciones como la jornada de seis horas, o a emprendimientos de comunicación de los trabajadores ‘clasistas’ como el mencionado periódico Nuestra Lucha. Un grupo de realizadores cinematográficos y videastas, llamado Grupo Alavío, con diez años de actividad, con varias producciones sobre el movimiento piquetero y fábricas recuperadas, ha realizado últimamente una producción titulada «Por una jornada laboral de seis horas», que inauguró el acto por esa reivindicación que mencionáramos más arriba.18 Iniciativas que antes tendían a centrarse en el movimiento de desocupados o en las fábricas recuperadas, se vuelcan ahora a reflejar luchas obreras, procurando reflejar el nuevo viraje en las luchas.

Movimiento obrero y piqueteros

A partir de 2003 se asistió a un desgaste y relativo ‘repliegue’ de las organizaciones ‘piqueteras’, acompañada en la última etapa por tentativas de reflexión colectiva, reagrupamiento, y búsqueda de alianzas por fuera del sector de desempleados y de articulaciones con proyección política. El sentido común suele señalar entre las causales del desgaste piquetero, el creciente desafecto hacia ellos de la ‘clase media’. En realidad también entre los trabajadores asalariados se ha generado desconfianza y repudio hacia las acciones de los desempleados. Sobre todo en los amplios sectores que por sus lugares o modalidades de trabajo se encuentran más directamente afectados por los ‘cortes’ (los del transporte urbano, todos los que se desempeñan en la zona céntrica de Buenos Aires, etc.) En los últimos meses, corrientes sindicales combativas han tomado activamente en cuenta ese estado de ánimo de los trabajadores, y han procurado tender caminos de acercamiento. En testimonios provenientes de empresas en conflicto se puede rastrear esta actitud, a través de acciones de solidaridad de los ‘piqueteros’ con trabajadores en conflicto, como ha ocurrido en el subterráneo o en el hospital Garrahan. Los desocupados colaboran con el desarrollo de la medida de fuerza, a través de medidas de solidaridad efectiva, y de ese modo contribuyen a revertir las resistencias que se han generado entre los trabajadores. En una reciente entrevista, un delegado de subterráneos relataba: «Hicimos una jornada donde participaron la FTC, el Polo Obrero, el Teresa Vive, el MTR, todas las organizaciones de desocupados que participaron haciendo un bloqueo, volanteando en las bocas del subte. Algunos compañeros preguntaban por qué venían, qué es lo que quieren. Y otros con reticencias: ‘Son los que me cortan el camino y yo llego tarde al laburo’. Entonces hicimos asambleas con ellos. Eso logró que se empezara a revertir la situación de demonización, sumado a que las organizaciones de desocupados vinieron a solidarizarse cuando tuvimos conflictos largos.»19

Con un alcance más general, se impulsan iniciativas que estimulan la convergencia entre trabajadores ocupados y desocupados, como núcleo de entendimientos sociales más amplios. En esa línea se ha generado, en el año 2004, el Frente Popular Darío Santillán, que reúne a corrientes del movimiento piquetero con agrupaciones que actúan en el terreno sindical. También otras creaciones, como la mencionada de «Nuestra Lucha», y la mayor presencia de organizaciones de integración ‘mixta’ existentes desde antes, como la Asamblea Nacional de Trabajadores».Algunas corrientes de izquierda parecen estar ‘regresando’ de la actitud de privilegiar las acciones de los desocupados sobre la actuación entre quienes conservan su trabajo, y hasta se insinúa una cierta ‘inversión’ de la corriente, en tanto que destacan la pertenencia obrera de los movimientos de desocupados, identificación que, por otra parte, siempre se reivindicó desde el interior de esas agrupaciones.

Movimiento obrero y empresas recuperadas

Las estimaciones sobre la cantidad de establecimientos ‘recuperados’ y de trabajadores involucrados son imprecisas, y suelen variar bastante. De todas maneras coinciden en no elevarse mucho mas allá de doscientas empresas y de una decena de miles de trabajadores. Mas allá de los criterios estrictamente cuantitativos, la relevancia y repercusión alcanzada van mas allá de lo que aquéllos indicarían. La recuperación de empresas tiene un gran valor ‘ejemplar’, y sigue creciendo a través de nuevas empresas que entran en crisis y son ‘recuperadas’. Se ha venido convirtiendo en un mecanismo habitual de mantenimiento de las situaciones de trabajo en condiciones de abandono, quiebra o vaciamiento por parte de los empresarios. Todo el tiempo aparecen nuevas empresas ‘recuperadas’, mas allá de la ‘floración’ del fenómeno en los meses subsiguientes a diciembre de 2001, de la mano de la activación social y política asociada al momento más agudo de la crisis, siguen generándose nuevas experiencias. Incluso en establecimientos de envergadura, como el importante frigorífico La Foresta, que luego de una prolongada crisis empresaria ha sido recuperado en estos últimos meses. La ‘recuperación’ sigue siendo un núcleo de conflictividad, que se despliega con variadas causas y modalidades.

Los trabajadores enfrentan distintos adversarios a la hora de hacerse con o afirmarse en el control de las empresas. Las antiguas patronales en algunos casos, en otras empresarios aspirantes a encargarse de las plantas mediante compra, locación u otros mecanismos, más síndicos, administradores o jueces con frecuencia interesados en que la organización obrera ceda el paso nuevamente a patronales privadas. Desde el caso señero de Zanón, en el que siguen produciéndose tentativas de ‘reprivatizar’ la empresa, hasta el conflicto desatado en Ymca por problemas económicos y la confrontación entre dos ‘centrales’ de empresas recuperadas, hasta el de empresas importantes en situación de crisis y en las que aparece en el horizonte la posibilidad de ‘recuperación’ por los trabajadores, como la productora de lácteos Parmalat; el cuadro de las empresas recuperadas es todo menos estable. Su presencia pública sigue siendo elevada, y sobre ella se montan incluso variadas operaciones políticas, muchas de ellas dirigidas desde ámbitos de gobierno .

Una mención aparte merece la empresa Zanón, de Neuquén, que acompañada por la conducción del sindicato de ceramistas de la provincia de Neuquen, al que pertenecen sus trabajadores, se ha proyectado una y otra vez hacia el escenario nacional con consignas del tipo «si los trabajadores podemos manejar una fábrica, podemos manejar el país» y presentándose como modelo de administración obrera exitosa a través del aumento de la producción y el incremento del número de trabajadores.

Ultimamente ha tomado particular relieve el hotel Bauen, del centro de Buenos Aires, que controlado por una cooperativa de trabajadores, se ha convertido en virtual punto de encuentro de variadas organizaciones sociales, que organizan allí congresos, conferencias y debates. El trabajo específico como hotel se vincula a la actividad social y política, convirtiéndolo en una suerte de ‘centro político-cultural’ de los movimientos de lucha y resistencia. El establecimiento ha sufrido un allanamiento y tentativa de desalojo, pero su caso se ha dotado de una visibilidad que hace difícil el éxito de esas acciones.20 En cuanto a su funcionamiento como empresa tiene la particularidad que de unos cuarenta trabajadores iniciales, ha pasado a ciento quince, expandiendo la planta de personal.

Las estructuras sindicales tradicionales

Estas siguen mayormente incólumes, mas allá del fortalecimiento de corrientes antiburocráticas, la ‘autonomización’ de comisiones internas, y la atención despertada por conflictos que no controlan. Incluso algunos sectores demuestran capacidad de encabezar conflictos que incluyen acciones ‘fuertes’ cuando las situaciones son propicias, como durante el mes de junio ocurrió en tres terminales automotrices de primera línea (Ford, Volkswagen y Daimler Chrysler), con un ‘corte de ruta’ de vasta resonancia protagonizado por varios centenares de trabajadores de esas empresas situadas en la zona suburbana norte de Buenos Aires.

Lo más importante en el plano institucional fue la reunificación de la CGT en una sola central (se hallaba dividida desde los años 90′) Pero rápidamente se produjeron divergencias en el seno de la nueva conducción provisoria, con el resultado hasta ahora de una virtual escisión de la central. De todas maneras resulta significativo que los que se escindirían son un sector ahora minoritario, pero que fue mayoría durante muchos años. Inversamente, el nuevo líder, Hugo Moyano, es el representante de una tendencia que se distingue por su propensión a la realización de movilizaciones amplias y mantener actitudes más combativas. Es más próxima al tradicional ‘vandorismo’, que al sindicalismo empresario característico de los años 90′. Encabeza una coalición heterogénea, pero de consolidarse la nueva conducción no escapará al sesgo movilizador y limitadamente ‘combativo’ de su dirigente máximo y sus aliados más antiguos y consecuentes, los gremios del transporte. Más que de una crisis global de la ‘burocracia sindical’, puede hablarse de una situación crítica para los sectores más afines a las reformas neoliberales de los 90′, que basan su predominio en los servicios a los afiliados y las buenas relaciones con las patronales y otros sectores de poder, pero que tienen escasa capacidad de lucha y movilización.

La corriente que ahora aparece imponiéndose tiene que ver con cierto ‘combativismo’ de los años 80′ y 90′, y se ha inclinado decididamente al apoyo al gobierno actual. De todos modos, la entronización de esta nueva conducción de la CGT podría derivar en un nuevo impulso de la central a ‘competir’ en la actitud de movilización y combatividad con los sectores o las comisiones internas que activen los conflictos.

El hecho es que la reunificación surgió en 2004, con impulso oficial, como una vía para devolver protagonismo a la organización sindical tradicional, y subsidiariamente como un operativo de ‘salvataje’ de los gremios llamados ‘gordos’ que se habían quedado sin política más allá de los límites más estrechamente corporativos. Un año después, estos últimos gremios parecen volver al punto de partida de relativo aislamiento, y la reactivación de la presencia de los trabajadores ocupados ha respondido en parte a una lógica exterior a la nueva conducción cegetista, en parte paralizada por las disputas internas estalladas de inmediato a la unificación. El gobierno cuenta así con una CGT que tiende a serle adicta, pero puede verse presionada a adoptar posiciones de combatividad creciente, lo que por otra parte condice con la práctica que sus dirigentes desarrollaron en sus etapas anteriores, en el MTA y en la CGT ‘rebelde’.

En contraposición, la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), que aparecía en los albores del gobierno Kirchner como la central obrera más cercana a éste, se le acaba de negar la ‘personería gremial’ como entidad sindical de tercer grado, lo que desató un reclamo de esa organización en pro de la ‘libertad sindical’. La CTA ha desarrollado en los últimos meses una actitud menos expectante hacia el gobierno Kirchner, aunque sin volcarse a una oposición neta. Por ejemplo, su principal sindicato, ATE, se incorporó a una instancia de negociación que hasta ese momento había rechazado, las convenciones colectivas de trabajo de la administración pública. Pero en otra dirección, encabeza fuertes conflictos gremiales en curso, sobre todo en el área de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Ni las clases dominantes, ni el gobierno, y tampoco las conducciones sindicales, parecen tener una política clara para esta nueva etapa, y el proyecto de contrarrestar a expresiones nuevas mediante el estímulo a la acción sindical, viene demostradno arrostrar contradicciones complejas y ser de dudoso éxito.

La cuestión de la democracia sindical.

El debate en torno a la democracia sindical tiene décadas de vigencia en Argentina. Por un lado, por la existencia de direcciones sindicales que manejan los estatutos gremiales, y las elecciones tanto del sindicato como de nivel de establecimiento, y que mantienen alianzas tanto con los empleadores como con las autoridades estatales para que avalen su actuación y las normas que imponen. Si bien no puede afirmarse válidamente que esas conducciones mantienen su predominio sólo por la violencia, el fraude electoral y la connivencia con las patronales y el estado, lo cierto es que esas prácticas se asocian en un lugar no secundario con el consenso, a menudo pasivo y resignado, pero efectivo, que mantienen en franjas mayoritarias de la clase trabajadora en Argentina, y con el sabotaje sistemático al fortalecimiento de corrientes de oposición u organizaciones sindicales autónomas de su dominio.

La legislación argentina continúa con una normativa que tiende al monopolio de representación sindical. En la generalidad de los casos, existe un solo sindicato por actividad dotado de la denominada ‘personería gremial’, que es el único que puede designar delegados protegidos contra despido, declarar medidas de fuerza legales, percibir aportes de las propias patronales, etc. Las restantes organizaciones pueden actuar, pero sin tener ninguno de los derechos de representación y protección que enumeramos.

Esa carencia de libertad de agremiación da una base para el mantenimiento de prácticas antidemocráticas, pero éstas se sustentan de modo aun más directo en un sistema sindical que no prevé la representación de minorías en la conducción, que no da lugar a la revocatoria de mandatos, que reconoce escasas facultades a los niveles de base, cuyos mandatos son sencillos de tergiversar.21 Todo ello se conjuga con la vigencia de estatutos que exigen requisitos desmedidos cuando no absurdos para presentar listas a elecciones. De todas maneras no hay que perder de vista el componente de consenso que las direcciones sindicales más burocratizadas mantienen, en gran medida basado en concepciones de conciliación de clases y confianza en la colaboración con el aparato estatal, proveniente del peronismo con el que siguen identificándose la mayoría de los trabajadores, si bien sin el fervor del pasado. Y tampoco debe olvidarse que buena parte de ese consenso no deriva de la representación sindical en su sentido más estricto, sino de una serie de servicios, auxilios y ventajas que los sindicatos ‘oficiales’ pueden proveer a sus afiliados, vía atención sanitaria, servicios turísticos, auxilios económicos, ayuda escolar, capacitación, patrocinio legal. A lo que se suma una red menos explícita de intercambios de tipo ‘clientelista’, de patrocinios informales ante las patronales, de consecución de empleo en el gremio (a veces en la propia estructura sindical) para familiares y amigos. Todo este ‘sistema’ se ha visto deteriorado en lo financiero y en su apoyo político en los últimos años, pero no ha, ni mucho menos, caducado. Se ha visto incluso a algunos dirigentes sindicales hacer campaña para ser reelegidos basados en sus dotes de ‘administradores’, marginando cualquier proselitismo ligado a la conducción reivindicativa. Las oposiciones democratizadoras y combativas suelen no asignar su real dimensión a esta intrincada gama de relaciones de las ‘burocracias sindicales’ y el asentimiento que les proporciona, lo que los lleva en muchos casos a estrellarse frente a un problema cuya importancia, y a veces su misma existencia, desconocen.

También existe el problema de que las agrupaciones de origen ‘peronista’ o afín, por más opositoras y antiburocráticas que sean, abrevan por lo general en un modelo de conducción también verticalista y con tendencias autoritarias, reacio a las representaciones minoritarias y al rol protagónico de las asambleas. En el caso de la CTA, por ejemplo, reivindican la libertad de agremiación contra el régimen de ‘personería gremial’, pero tienen una actitud mucho más circunspecta, cuando no directamente contraria, a la implantación de otros rasgos democratizadores.

La relación con el gobierno

El gobierno Kirchner ha desenvuelto en el plano de la política laboral en general y hacia los sindicatos en particular, uno de sus empeños rectores: El de recuperar el lugar de ‘estadista’ para el personal gobernante, y la ubicación del aparato estatal como ‘árbitro’ de un conflicto social que cuenta con ‘tres partes’ en la cual la administración es la que tiene la última palabra. Ante la fuerte presencia pública de las organizaciones de desocupados, expresada sobre todo en las frecuentes manifestaciones y cortes de calles, apuntó a incrementar la actividad y presencia sindical, como factor de equilibrio frente a la gravitación casi exclusiva en los ámbitos públicos de los ‘piqueteros’ y las organizaciones de izquierda durante los años 2002 y 2003. En su momento favoreció la reunificación de la CGT, elaboró acuerdos políticos con amplios sectores del sindicalismo para las elecciones de octubre de 2005, y estimuló la posibilidad de que recuperen un lugar importante las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresarios con auspicio estatal.22

En términos jurídicos y simbólicos, el papel arbitral del estado en materia laboral tiene su máxima expresión en los convenios colectivos de trabajo. Ellos son expresión quintaesencial de la conciliación de clases en un estado capitalista moderno, que participa de las tratativas y da el exequatur a los acuerdos alcanzados desde una posición tutelar, no sólo de protección de la ley sino de custodia de la equidad material y social de los arreglos. Sólo su ‘homologación’ da forma al acuerdo, que a partir de allí se comporta en la práctica como una ley, en cuanto norma general y obligatoria, cuyos efectos van mas allá de las partes signatarias del convenio. El año 2004 fue, en efecto, el del ‘resurgimiento’ en gran escala de los convenios colectivos, instancia bastante relegada desde 1990, un lapso de trece años en que el número de convenciones colectivas fue bajo, y en general se celebraban por empresa y no por rama o actividad. Ese estado de cosas se ha revertido ampliamente, y 2004 fue récord, más que duplicando el promedio anual de convenios colectivos del período 1991-2003. Mas allá de que el contexto económico favorece el ‘florecimiento’ de las convenciones, ello articula con la política gubernamental en la materia, en cuánto a re-colocar al sindicalismo tradicional en un lugar de conducción de amplios sectores de las clases subalternas. Nada mejor para ello que facilitar la obtención de mejoras por la vía en principio consensual, no conflictiva, de las convenciones colectivas. Además le permite al estado eludir tanto el rol de pasivo legitimador de los avatares del mercado, como el de regulador coercitivo de las relaciones laborales. Tras decretos que otorgaron aumentos a los trabajadores públicos y privados, en estos últimos meses se ha anunciado que la vía para los reajustes es la del convenio. De esta forma, desde el gobierno se instaura la ‘normalidad’ pero no una que remite al preludio inmediato de la crisis, sino a las prácticas imperantes antes de la ‘era Menem’.

El gobierno colocó en el ministerio de Trabajo a un destacado abogado laboralista, vinculado de larga data a organizaciones sindicales tales como la Unión Obrera Metalúrgica23. La política que se ha fijado, avalada por el gobierno Kirchner, es la de ‘reequilibrar las cargas’ al interior del movimiento de las clases subalternas. Los ‘piqueteros’ son visualizados como un adversario menos deseable y compatible con la ‘gobernabilidad’ que el sindicalismo. El gobierno ha estimulado la intensificación de negociaciones salariales formales (convenios colectivos) como parte de sus esfuerzos para ‘normalizar’ la escena social y devolver protagonismo a la conducción sindical, en particular en sus vertientes más tradicionales. Como señala Clarín del 28-5-2005, la perspectiva es que el segundo trimestre del año, marque un récord en cuánto al volumen de negociaciones colectivas concluidas, que abarcan a muchos gremios privados y a una porción muy significativa de los trabajadores del estado nacional. A lo largo del primer trimestre de 2005 se celebraron 82 convenios, de los cuales 59 contuvieron aumentos salariales. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, durante el año 2004 se concretaron 349 convenios colectivos, lo que duplica el promedio de los diez años anteriores. Y se ha vuelto a las negociaciones no por empresa sino por ‘actividad’ que prácticamente habían desaparecido durante los años 90′.24

Hay que señalar además que al comenzar a aplicarse efectivamente un convenio colectivo para la administración pública, firmado en 1999, los trabajadores estatales ingresan en gran escala en esta modalidad, ampliando el espectro tradicional, básicamente limitado a los asalariados con patrones en el sector privado. Así despunta una modalidad.

Así despunta una tentativa, en cierto modo exitosa, de ‘normalizar’ la conflictividad gremial, canalizándola a través de negociaciones que, en la mayor parte de los casos, logran mejoras salariales para los trabajadores representados. Las conducciones sindicales tienen oportunidad de lograr aumentos salariales sin conflicto, o con medidas de fuerza acotadas y ‘vigiladas’ desde la autoridad laboral. Y en muchos casos, cámaras empresariales de actividades en ascenso se hallan relativamente proclives a otorgar incrementos salariales, con tal de evitar confrontaciones que puedan afectar su nivel de producción y ventas.

A modo de conclusión

El proceso que estamos analizando puede entenderse como parte de una transición que se articula con varios procesos vividos en la Argentina reciente. La pretensión de colocar al movimiento obrero en el lugar de un repliegue definitivo, de un declive de su gravitación tanto subjetiva como ‘estructural’, ha sido desmentida una vez más por los hechos. De lo que se trata en todo caso, es de un conjunto social que emerge de una profunda re-estructuración, en la que sufrió importantes retrocesos en sus conquistas y derrotas en sus luchas, adaptándose a una nueva situación y a prácticas que tienden a renovarse parcialmente. Y que invita a re-conceptualizar, no a abandonar la idea de la gravitación del movimiento obrero en Argentina. Que por cierto debe incluir a los trabajadores desempleados y a los que realizan su trabajo en modalidades contractuales y organizativas que no están configuradas al modo de la relación salarial clásica ni están incluidas en las representaciones sindicales tradicionales.

Durante largos años las acciones predominantes por parte de las patronales y el Estado tendieron a recluir a los trabajadores en un nivel de acción y conciencia circunscripto al impulso económico-corporativo más primario, a debilitar su nivel de organización, y diluir la conciencia de pertenencia a un universo de trabajadores. Este proceso mundial se experimentó con particular agudeza en Argentina, y las expresiones obreras se vieron en gran medida reducidas a defender, a menudo sin éxito, sus conquistas históricas. Hoy los resultados de las reformas conocidas como ‘neoliberales’ ya no son amenazas a tratar de conjurar, sino hechos a revertir. Las últimas luchas obreras en Argentina las ponen en tela de juicio con progresiva claridad, y comienzan a lograr algunos triunfos en orden a revertirlas, cierto que con un tiempo de retraso con respecto a otras expresiones de las clases subalternas. Estas luchas llevan en su interior las semillas de la rebelión popular de 2001-2002.

Es importante, con todo, visualizar esta reactivación no sólo en sus potencialidades, sino también en sus límites, ya que suelen predominar visiones económico-corporativas de la situación de conflicto, que si bien pueden plantearse solidaridad al interior de la clase o visualizar los beneficios de la expansión de las luchas, tienden a circunscribirse a lo reivindicativo, sin cuestionar las relaciones sociales más en general, ni plantearse la articulación con otros sectores sociales.25

El movimiento es incipiente, sólo alcanza a una parte de los trabajadores, con epicentro en el ámbito estatal y algunos sectores del transporte, las comunicaciones y los servicios. La perspectiva predominante en los trabajadores que entran en conflicto, no es la de transformación revolucionaria de la sociedad, ni siquiera de reformas decisivas, sino de recuperación del nivel de vida, y de poner coto al poder casi ilimitado adquirido por las patronales en los lugares de trabajo. Si el ‘pacto’ con trabajadores originado en los años 40′ ha sido dejado sin efecto a lo largo de la década de los 90′ por las patronales y el Estado, ha pervivido, con variantes, como ‘cosmovisión’ mayoritaria en la sociedad argentina, y los discursos que plantean de alguna manera el ‘retorno’ a políticas sociales universales, negociaciones tripartitas, y políticas económicas ‘proteccionistas’ de la producción local, continúan teniendo un eco mayoritariamente favorable.

De todos modos, la reactivación del movimiento obrero marca un aporte importante a la expansión de las prácticas de lucha social y del cuestionamiento a las reformas neoliberales. Mas allá de las expectativas favorables despertadas por el gobierno actual y de la pervivencia de una conciencia marcada por un deseo de ‘retorno al pasado feliz’, y proclive a la confianza en la recuperación del papel regulador del Estado, las contradicciones tenderán a agudizarse; en un orden social que carece de bases para un sólido ascenso de las condiciones de vida y de la participación política efectiva para el conjunto de las clases subalternas.

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