Basada en el concepto economicista del mercado como el motor del desarrollo, la administración que asumirá el poder el próximo 1 de diciembre se propone «recuperar» el liderazgo que México ocupó durante décadas en América Latina, una preponderancia jamás pregonada por los gobiernos que la detentaron como consecuencia de la reconocida autoridad moral de una […]
Basada en el concepto economicista del mercado como el motor del desarrollo, la administración que asumirá el poder el próximo 1 de diciembre se propone «recuperar» el liderazgo que México ocupó durante décadas en América Latina, una preponderancia jamás pregonada por los gobiernos que la detentaron como consecuencia de la reconocida autoridad moral de una política que de lo interno trascendía a lo internacional con los principios de soberanía y autodeterminación que la significaron.
La aspiración a convertir al país en líder de la América desde el sur del Río Bravo hasta los confines del Continente contempla, como es obligado, el recurso de las alianzas estratégicas, los tratados de libre comercio y el uso de las cifras estadísticas para mostrar la primacía en la apertura económica y el libre mercado. Sólo que no todos los números de la realidad mexicana apuntan a una supuesta bonanza que justificara, con datos duros, esa intención de preponderancia.
La administración que encabezará Enrique Peña Nieto como presidente de la República recibirá, además de las cifras del desempleo creciente, la pobreza rayana en la miseria en aumento o el siniestro saldo de más de sesenta mil muertos, la herencia de otros números no menos significativos de un mentís a esa aspiración de liderazgo.
El diario mexicano Milenio ha dado a conocer las cifras de un trabajo periodístico que intenta hacer un recuento del número de los muertos llamados sin nombre alguno, hacinados en las fosas comunes de los cementerios que en muchos lugares de la República están saturados e imposibilitados para recibir más cuerpos anónimos víctimas de la violencia desatada en la guerra contra el narcotráfico y el llamado crimen organizado declarada por el gobierno de Felipe Calderón. Son, según los datos que el estudio pudo recabar, 24 mil muertos sin identificación acumulados entre los años 2007 y 2011, cifra que, admiten los investigadores, está lejos de la realidad, pues en muchos casos los gobiernos de los estados y los municipios, o no poseen los registros de los muertos sin nombre, o se niegan a revelarlos. Frente al crimen organizado, un gobierno desorganizado incapaz de completar el registro macabro de sus muertos anónimos.
Como en todos lo países del mundo, hay muertos cuya identidad se pierde en la indigencia de las víctimas o en su condición de desparecidos sin familiares que reclamen sus despojos. Pero la comparación entre las cifras de restos destinados a las fosas comunes en años anteriores y las registradas desde el comienzo de la guerra calderonista lleva a la conclusión de que miles de esos desconocidos son delincuentes muertos sin juicio por las policías y las fuerzas armadas, o bien desaparecidos, secuestrados o víctimas inocentes de acciones violentas, cuyos familiares los han buscado infructuosamente sin lograr encontrarlos o para identificarlos aun sin vida.
El siniestro recuento del trabajo periodístico, aunque incompleto, desmiente las afirmaciones oficiales que atribuyen al sensacionalismo de la prensa la imagen que México tiene en el exterior, de violencia sin freno, de crimen y represión del Estado con abusos de poder y violaciones a los derechos humanos denunciados en los foros internacionales. Una imagen que corresponde a una lamentable realidad que en nada contribuye al deseo de mostrarse como ejemplo en una América Latina que lucha en otros terrenos por alcanzar el desarrollo con respeto a la dignidad humana.
Salvador del Río. Periodista y escritor mexicano.
Fuente: http://alainet.org/active/59222