“Los juzgadores, los ministerios públicos, todos nos han fallado en las investigaciones; para ellos son sólo carpetas, y para nosotras son seres amados (…)”, afirma María del Carmen Volante Velázquez, madre de una joven desaparecida en 2017 en el Ajusco (Ciudad de México); forma parte de las Madres Buscadoras, que el pasado 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- se movilizaron contra el feminicidio en el Zócalo de la capital mexicana (diario La Jornada, 8 marzo).
¡Alto a la violencia contra las madres buscadoras y sus colectivos!, su digna lucha es la de todas. Fue una de las consignas anunciadas en las Marchas de la dignidad, que tuvieron lugar el 10 de mayo (Día de la Madre en México); madres, hijas y hermanas reivindicaron “verdad”, “justicia” y “reparación” para las víctimas y familiares de personas desaparecidas.
Las Madres Buscadoras denunciaron la “inoperancia, omisión y -en muchas ocasiones- la colisión de las instituciones del Estado con el crimen organizado”; de hecho, los colectivos se hacen cargo a menudo de la investigación y búsqueda, informaron en un comunicado la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Uno de los casos detallados se produjo el pasado 5 de marzo: el descubrimiento de un campo de exterminio en Rancho Izaguirre (municipio de Teuchitlán, Jalisco), donde se ejecutaron crímenes de lesa humanidad (aparecieron, por ejemplo, hornos crematorios clandestinos); en el rancho operaba el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la Red Nacional e IM-Defensoras, 16 defensoras buscadoras fueron asesinadas en México entre 2019 y 2025 (en el estado de Jalisco fueron asesinadas -en abril de 2025- María del Carmen Morales y Teresa González Murillo).
Cerca de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas desde 1952; es la cifra apuntada por la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno de México, y punto de partida del informe Desaparecer otra vez. Violaciones y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, publicado por Amnistía Internacional (AI) el 8 de julio.
La investigación recoge la experiencia de 661 mujeres buscadoras en 30 estados de México y otros países: El Salvador, Guatemala y Honduras; respondieron a las entrevistas, cuestionarios y participaron en los grupos de enfoque de Amnistía Internacional, entre marzo y diciembre de 2024.
Desaparecer otra vez señala el protagonismo de las mujeres en la búsqueda: se han organizado en más de 234 colectivas en México;para hallar a los seres estimados, han entrado en centros de privación de libertad, atravesado fronteras, pasado por zonas peligrosas, calles y terrenos baldíos, “muchos de ellos donde opera el crimen organizado”.
No sólo afrontan el riesgo de asesinatos (finalmente ejecutados), sino también desapariciones, amenazas, extorsiones, estigmatización y son víctimas de desplazamientos forzosos; “la gran mayoría de buscadoras ha tenido afectaciones en materia de salud física y mental, entre las que destacan la depresión, el insomnio y la aparición de enfermedades”, subraya AI.
El informe recuerda que -según las cifras oficiales, a fecha 30 de abril de 2023- se han localizado en México 5.696 fosas clandestinas; y que -con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)- los estados con más personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz.
Las desapariciones se han concentrado en dos periodos; el primero (1965-1990), fue la denominada guerra sucia o violencia perpetrada por el Estado contra grupos, comunidades y pueblos (víctimas de la contrainsurgencia); la segunda etapa comenzó durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón (PAN), entre 2006 y 2012, en la denominada guerra contra las drogas; esta fase continúa en la actualidad.
En cuanto a las mujeres buscadoras, el 97% de las entrevistadas por AI señala que fue objeto de violencia y afectaciones durante el rastreo de las desapariciones; las categorías más relevantes son amenazas, extorsiones, ataques y desplazamientos forzados.
El testimonio recogido por AI de una mujer en el municipio de Chilpancingo (Guerrero) acredita los peligros: “Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos, estaba con mis hijas, fue espantoso”.
Otra buscadora del Estado de Guerrero, Beatriz Zapoteco, pone énfasis en la situación de las víctimas indígenas: “Estamos en un piso diferente, mucho más desproporcional cuando venimos de los pueblos”.
Asimismo la mitad de estas defensoras padecen discriminación por razones de género, posición económica, identidad étnica o situación migratoria, resalta Amnistía Internacional.
En la misma proporción las mujeres buscadoras han sido víctimas de estigmatización (y revictimización), por parte de las autoridades pero también de sus familias y comunidades; y de las más de 600 entrevistadas, el 60% afirmó que se habían deteriorado las relaciones familiares; un porcentaje superior, el 70%, ha tenido problemas de salud.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas señaló, el 7 de julio, que las mujeres buscadoras mexicanas no cuentan con reconocimiento formal ni protección por parte del Estado; en consecuencia, dada la impunidad de sus agresores, la lucha de estas activistas se reduce a la condición de heroísmo individual.
Además de pedir su reconocimiento, el Comité de la ONU ha exhortado al Estado de México a la integración de estas madres, hermanas y activistas en el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; de este modo, valoró el CEDAW, podrían acogerse a las medidas de protección preventiva.
Otro punto incluido en las recomendaciones son los protocolos de protección colectiva a las mujeres defensoras, que cubran “desplazamientos a zonas peligrosas, exhumaciones en fosas clandestinas y visitas a morgues u hospitales”.
También para reivindicar medidas de seguridad y protección de la vida, colectivos de búsqueda, junto a organizaciones de derechos humanos, plantearon diversas peticiones -en febrero de 2024- ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ejemplo se destacó -frente a la “falta de interés por parte de las autoridades mexicanas”-, la necesidad de que el Estado acompañe de modo activo en los rastreos; o de reforzar la identificación forense y luchar contra la impunidad.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.