En el discurrir de la cotidianidad, muchas veces pasan desapercibidas noticias que tienen que ver con asuntos de fondo para el futuro del país. Inexplicablemente solo se registran noticiosamente, sin merecer repercusión alguna, muy a pesar de su trascendencia. Este artículo llamará la atención sobre 3 noticias de fecha 15 de agosto de 2014, porque […]
En el discurrir de la cotidianidad, muchas veces pasan desapercibidas noticias que tienen que ver con asuntos de fondo para el futuro del país. Inexplicablemente solo se registran noticiosamente, sin merecer repercusión alguna, muy a pesar de su trascendencia. Este artículo llamará la atención sobre 3 noticias de fecha 15 de agosto de 2014, porque su contenido tiene mucho que ver con la marcha del proceso y la forma cómo se encarará a futuro.
En primera instancia destaca la declaración del Vicepresidente Alvaro García Linera que, bajo el argumento de que «actualmente producir alimento es producir oro» (cuyo razonamiento está muy alejado de los principios y objetivos de seguridad y soberanía alimentarias, ecológicamente adecuadas y socialmente justas), ha comprometido ante la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que reúne a los sectores empresariales agroindustriales que detentan grandes extensiones de tierra en propiedad, todos los medios necesarios para lograr «incrementar 1 millón de hectáreas anuales a la producción agropecuaria», que actualmente se encuentra en solo 3.5 millones, hasta alcanzar los 45 millones de hectáreas programadas hasta el año 2025. (Ver: Periódico El Deber, Santa Cruz, 15/8/2014)
Es muy sugerente que semejante compromiso para reconcentrar las tierras en pocas manos y prestar todos los medios materiales, normativos y económicos a una élite minoritaria, tradicionalmente conservadora, excluyente y opositora; no haya sido realizado en el seno de la Confederación de Campesinos o de Colonizadores, siendo que estas organizaciones concentran a la mayoría de la población rural y productora agropecuaria del país. Es decir, constituyen uno de los pilares sociales protagónicos del proceso y que además se han caracterizado por ser los proveedores principales de los alimentos que consumimos los bolivianos. Todo ello sin mencionar que este tipo de compromisos con los empresarios, tendrá enormes costos ecológicos, ambientales y sociales por la pérdida de bosques y biodiversidad; por la producción extensiva de cultivos transgénicos que provocarán graves trastornos en varios aspectos, o la flagrante predisposición a contravenir los derechos y una relación mínimamente armoniosa con la Madre Tierra y el paradigma del Vivir Bien.
Por otra parte, como reforzando este criterio, el actual candidato a la primera senaturía por el departamento de Santa Cruz, el ex ministro de Gobierno Carlos Romero, ha señalado que «el desafío será dar a Santa Cruz un liderazgo político nacional». Sin embargo, ese liderazgo político nacional, no es pensado para las organizaciones populares e indígenas que supuestamente constituyen el bloque social protagónico del proceso. Lo que se anuncia es que «una vez que ya se canalizaron liderazgos indígenas y populares», ahora toca «facilitar la autorepresentación política de otros actores de la cruceñidad». «Otros sectores importantes de la cruceñidad también tienen que canalizar su representación y por eso tenemos a gente profesional, de clase media, de clase media alta, de empresarios que se están articulando y creemos que no debe ser solo electoralmente, sino programáticamente». (Ver: periódico La Razón, La Paz 15/8/2014, noticias nacionales)
El asunto tampoco es menor, puesto que entraña el desplazamiento y sobreposición de actores sociales, para privilegiar y reconstituir en protagonistas y decisores a las antiguas élites conservadoras y opositoras al proceso.
Finalmente, en lo que corresponde a uno de los aspectos centrales del proceso de cambio y transformación, el Procurador General de la Nación, nada menos que en pleno Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, afirmó «que la etapa de las grandes nacionalizaciones en Bolivia ha concluido». El argumento es que «se ha ingresado en una nueva etapa de construcción de normas para dar estabilidad y certeza al emprendimiento económico y a la inversión». (Ver: Periódico La Razón, La Paz 15/8/2014 sec. economía)
Sin siquiera mencionar otros campos o sectores que no sean los referidos a los recursos naturales, o las implicaciones tan antinacionales que conllevan afirmaciones de este tipo para los intereses financieros internacionales de los que hemos buscado desprendernos para lograr la independencia y soberanía nacionales; todos sabemos que no se ha logrado siquiera intervenir sobre las grandes empresas transnacionales que aún explotan grandes concesiones mineras en el país (provocando los enormes daños socioambientales conocidos, o la salida de ingentes ganancias y riqueza con una tributación ridícula); como tampoco se ha abordado la problemática de la extranjerización de tierras y bosques que entraña la apropiación y explotación de grandes extensiones de tierra que se encuentran en manos de extranjeros.
Estos hechos, como se puede advertir, son un claro mentís a las ya cada vez más remotas esperanzas populares para profundizar el proceso, pero también los argumentos para replantear posiciones.
Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo (Cochabamba)
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