La nacionalización del sector minero toma hoy rumbo definitivo en Bolivia, tras la firma de acuerdos sobre la conformación de una empresa estatal y la incorporación a esta de cooperativistas y obreros estatales. El ministro del ramo, Guillermo Dalence, precisó a Prensa Latina que el éxito de esas negociaciones radicó, entre otras medidas, en un […]
La nacionalización del sector minero toma hoy rumbo definitivo en Bolivia, tras la firma de acuerdos sobre la conformación de una empresa estatal y la incorporación a esta de cooperativistas y obreros estatales. El ministro del ramo, Guillermo Dalence, precisó a Prensa Latina que el éxito de esas negociaciones radicó, entre otras medidas, en un plan gubernamental de pacificación y desarrollo de la localidad de Huanuni, escenario del enfrenamiento armado del pasado 5 de octubre, con saldo de 16 muertos. «La nueva Empresa Minera de Huanuni, dijo la autoridad, será rentable y sostenible en el tiempo, con apenas cinco mil trabajadores en su plantilla». Dalence adelantó que entre otras medidas se creará una comisión de expertos que revisará las anteriores nóminas de trabajadores regulares en esos yacimientos, los más ricos en estaño del país, además del listado de desocupados. A juicio del alto funcionario, las pláticas que antecedieron a la rúbrica de los acuerdos la víspera, estuvieron rodeadas de un clima de confraternidad y fueron reflejo de la madurez de los mineros. En una de sus partes, el pacto establece que obreros estatales y cooperativistas trabajarán juntos y serán destinados hacia áreas comunes de faena, precisó. El gobierno boliviano anuncio recientemente que en Huanuni invertirá casi 10 millones de dólares con el fin de garantizar la explotación de esos yacimientos durante 15 años y con la perspectiva de recibir utilidades en el orden de los 3,5 millones de dólares anuales. La propuesta gubernamental establece también la contratación de cooperativistas con salario promedio de tres mil 300 bolivianos mensuales (poco más de 400 dólares), además de garantizarles seguridad laboral y otros beneficios previstos por la ley. En torno a la política nacionalizadora del gobierno, sobre todo de los recursos naturales, Dalence explicó que la estrategia prevé, mediante auditorías, la revisión de los yacimientos. De esa manera conoceremos sus reservas y detalles de su explotación para, en caso de que estén ociosos, retornarlos de inmediato al patrimonio del Estado. La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) también se propone investigar un grupo de minas propiedad del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora radicado en Estados Unidos bajo la protección del gobierno de Washington, precisó. La nacionalización de la minería establece la participación del Estado en toda la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, recuperación, fundición y comercialización de los minerales.