Nadie preguntó a los pueblos en aislamiento voluntario avistados en la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. El gobierno boliviano pretende construir una represa que inundará sus territorios, sin siquiera conocerlos. Se sabe muy poco de ellos, pero los han visto río arriba, dejando señales y testimonios de su existencia. El resto de las más […]
Nadie preguntó a los pueblos en aislamiento voluntario avistados en la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. El gobierno boliviano pretende construir una represa que inundará sus territorios, sin siquiera conocerlos. Se sabe muy poco de ellos, pero los han visto río arriba, dejando señales y testimonios de su existencia. El resto de las más de 50 comunidades chimán, mosetén y tacana de la cuenca afectada río arriba y abajo, tampoco han sido debidamente informadas de los impactos de una infraestructura que les inundará sus territorios.
Hay intereses económicos millonarios en este y otro proyecto gemelo río abajo, la represa del Bala. Ambas con el fin de taponar el curso del caudaloso río Beni y consumir respectivamente una inversión estimada en más de 6.912 y 1.151 millones de dólares. Tanto el financiamiento como la construcción correría a cargo de bancos y empresas chinas. El gobierno de Evo Morales presume de este proyecto presentándolo como la 3ª hidroeléctrica del continente, con una generación anual de 17.935 GWh de electricidad destinada al mercado eléctrico brasilero (1). Pero a pesar de su insistencia, cada vez más voces autorizadas dudan de la viabilidad del proyecto.
La cuestión viene de lejos. En 2016, las comunidades del Madidi y Pilón Lajas se moviizaron en torno a la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. Hacía unos meses, había ingresado en la zona del estrecho del Chepete la empresa GeoData para hacer sus estudios geológicos. Las comunidades expulsaron a la empresa, deteniendo sus actividades y reafirmando el control sobre el territorio. Fue una movilización histórica para las comunidades de la cuenca del Alto Beni. Mosetenes, Chimanes y Tacanas, juntos para defender su territorio. Acampados en el mismo estrecho del Chepete, a orillas del río Beni, instalaron una vigilia que duró dos semanas. La empresa Geodata tuvo que retirarse (2). Pablo Solón, autor de varios artículos sobre el tema, publicados en la revista Tunupa, cuestiona porqué el gobierno no ha difundido los resultados del estudio técnico de Geodata: «El estudio concluye que no es rentable el proyecto» y añade » se acabaría subsidiando la electricidad de Brasil, por venderla a un precio inferior a su costo de generación» (3).
Pero más allá del contenido del mismo, Oscar Alquizalet, técnico del Consejo Regional Chimán Mosetén advierte que el estudio previo de campo, realizado por Geodata al interior de la Reserva, ya puso en peligro a poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. «Se reportaron varios episodios que indican evidencias de poblaciones que alertan que están invadiendo sus territorios: tales como víboras cortadas o monos decapitados». Es sabido, que las comunidades mosetén de la zona, tienen conocimiento de grupos humanos que se mueven en las montañas sin contacto alguno con el mundo exterior. Viven detrás de las montañas, en valles inaccesibles y esporádicamente se encuentran huellas con dedos palmeados – pies que nunca usaron calzados -y caminos con ramas cruzadas. Algunas noches se ven luces de fuego en la cordillera (4). Sin embargo, el gobierno no aplicó protocolos para evitar el ingreso en áreas donde existen estos pueblos y más bien ha intentado ocultar estos sucesos evitando que trasciendan a luz pública. Efectivamente, no da buena imagen la supresión de derechos humanos a pueblos tan vulnerables por parte de un proyecto que ya de por sí acumula muchos cuestionamientos en cuanto a su factibilidad, costo y rentabilidad.
Otros pueblos afectados
En la cuenca del Alto Beni, confluyen las aguas de los ríos Beni, Quiquibey, Tuichi, Kaká, entre otros. Las últimas serranías de la franja subandina se derraman en la llanura beniana amazónica. Esta es una región protegida en dos áreas contíguas: la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional Pilón Lajas, reconocida por la UNESCO en 1997 y el extenso y biodiverso Parque Nacional Madidi. En su interior, viven alrededor de 80 comunidades de pueblos indígenas que se desplazan con pequeñas embarcaciones propulsadas con motorcitos de dos tiempos (peques). Su vida está estrechamente vinculada al río, tanto en transporte, fuente de pesca, cultivos de orillas o la caza. También en el interior del Madidi han arrancado varios emprendimientos de turismo comunitario que se distribuyen de forma notablemente repartida los beneficios económicos: motoristas, guías, cocineras y alojamientos son receptores de los ingresos que deja un turismo atraído por la mega-diversidad del Madidi. Con la construcción de la represa del Chepete, este modelo de conservación con participación y beneficios de la población está en peligro. Para empezar, se han identificado que 2.314 personas serían desplazadas por la inundación de 677 Km2 en la represa del Chepete y 900 personas por los 94 Km2 inundados en la represa del Bala. A parte, unas 2.000 personas más estarían afectadas en el Área de Influencia Directa por Ambos Embalses (3). Es muy probable que el desalojo de las comunidades hacia cinturones urbanos estaría condenando a sus pobladores, despojados del territorio y recursos que los sostiene, a un futuro inevitable de pobreza.
Prevendalismo o consulta
Existen datos razonables para dudar de la labor del gobierno en informar de los alcances e impactos del proyecto así como de consultar a los pueblos que van a ser afectados por la represa. Un recorrido de campo en el interior del Parque Nacional Madidi realizada por investigadores del colectivo Alerta Amazónica revelaron que muchas comunidades acababan de firmar autorización para permitir estudios geológicos necesarios para el inicio de las obras de construcción de la represa del Bala (6). En la comunidad tacana de San Miguel, sin unanimidad, el pleno de la comunidad resolvió firmar un acuerdo para permitir la realización de Estudio encaminado a la ejecución del proyecto hidroeléctrico a cambio de la construcción de un galpón y otros desembolsos para proyectos productivos. Al día siguiente del acuerdo, la empresa ENDE activó el encendido de la luz en esta comunidad. Las obras de electrificación de San Miguel, un ramal eléctrico de 15 km sostenido en postes de hormigón, había sido finalizada hacía meses y la empresa excusaba la demora del encendido a razones técnicas. La coincidencia del suministro de la luz con la firma del permiso, hace pensar en el uso de las necesidades básicas de la población, como medio de chantaje para conseguir el sometimiento a proyectos extractivos en sus territorios.
El 9 de julio de 2019, Evo Morales y un séquito formado por el Vicepresidente, ministros y directivos de la empresa ABC, desembarcaron en el municipio ribereño de San Buenaventura, en el departamento de La Paz, para inaugurar el flamante puente sobre el río Beni. En su discurso, el presidente de Bolivia advirtió: » Si no quieren represa, nos la llevaremos a otra parte, y otros departamentos se beneficiarán». De nuevo, se evidenciaron tensiones en la ejecución de este proyecto, cuya aceptación por la población urbana aguas abajo del río Beni está muy cuestionada.
Según organizaciones indígenas entrevistadas, la existencia de pueblos en aislamiento afectados por la represa, aporta nuevos argumentos para cuestionar, aún más si cabe, la construcción del muro de 186 metros de hormigón en el estrecho del Chepete. La vulneración de derechos humanos planea sobre el proyecto hidroeléctrico y no interesa al gobierno que trascienda la existencia de pueblos, bolivianos también, en situación aislamiento voluntario.
* El autor es investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Colectivo Alerta Amazónica http://alertamazonica.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.