Mientras el presidente de la República, Evo Morales, atribuyó el atentado a «grupos oligárquicos» y «externos», el comandante general de la policía, Isaac Pimentel, y el fiscal del distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, explicaron en conferencia de prensa que motivos religiosos pudieron determinar la acción que sacudió la tranquilidad de la ciudad sede de […]
Mientras el presidente de la República, Evo Morales, atribuyó el atentado a «grupos oligárquicos» y «externos», el comandante general de la policía, Isaac Pimentel, y el fiscal del distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, explicaron en conferencia de prensa que motivos religiosos pudieron determinar la acción que sacudió la tranquilidad de la ciudad sede de gobierno.
Claudius Lestat de Orleans y Montevideo, de 25 años y nacionalidad estadounidense, y Alda Ribeiro Acosta, de 40 años y uruguaya, fueron presentados como sospechosos por las autoridades.
Según el fiscal, Lestat y Ribeiros serán entregados a un juez ordinario, con el pedido de que se les imputen cargos de homicidio, un delito que es penado con 30 años de prisión en Bolivia, la máxima sanción según el código penal vigente.
Horas antes de conocer el informe policial, Morales declaró en la ciudad central de Santa Cruz que no comprendía la política estadounidense de lucha contra el terrorismo porque gente de ese país llega a Bolivia para colocar bombas.
«Hay lucha contra el terrorismo del gobierno de los Estados Unidos y nos manda norteamericanos (estadounidenses) para hacer terrorismo en Bolivia», dijo.
El canciller David Choquehuanca atribuyó los atentados a grupos económicos interesados en crear un ambiente de inestabilidad democrática.
Tras conocer el informe policial, el diputado oficialista Gustavo Torrico dijo a IPS que las explosiones tienen un componente político y restó crédito a la versión de la fiscalía sobre un móvil de carácter religioso.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Jesús Juárez, expresó repudio a la violencia y llamó a la población a una convivencia pacífica.
Los atentados coinciden con la fase preparatoria de la Asamblea Constitucional y la intensa actividad de partidos políticos y organizaciones sociales para elegir a quienes se postularán como constituyentes en las elecciones del domingo 2 de julio.
Los sectores sociales apuestan al cambio de la Constitución, con la finalidad de generar mayores oportunidades socioeconómicas y de acceso a la tierra, servicios básicos y representación gubernamental.
El presidente indígena Morales, que asumió su cargo el 22 de enero, apuesta a una refundación de la república, creada en 1825, para cambiar el modelo de apertura económica por otro que restituya al Estado las tareas de planificar el desarrollo y administrar los servicios de educación y salud.
La policía afirmó que los supuestos responsables de las explosiones habían planificado además un atentado contra las oficinas del consulado chileno en La Paz, hecho que, según el fiscal Gutiérrez, hubiera derivado en un conflicto diplomático con el vecino país.
Las explosiones se registraron exactamente un día antes de cumplirse los 127 años del enclaustramiento marítimo de Bolivia.
Este país andino perdió el acceso al mar durante la Guerra del Pacífico (1879-1883) en la que se enfrentaron Bolivia y Perú contra Chile. La Paz y Santiago mantienen sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde 1978, cuando se frustró un acercamiento destinado a una cesión territorial a Bolivia
En opinión de Torrico, no existe una actuación lógica de los presuntos atacantes, que eligieron dos blancos sin representación política y habitualmente frecuentados por modestos viajeros.
El vetusto hotel Linares, ubicado en el casco viejo de La Paz, era visitado por pasajeros de bajos ingresos económicos y está localizado a 800 metros del Palacio de Gobierno, mientras el segundo escenario es un hospedaje localizado a 20 metros de una terminal de ómnibus.
Para Torrico, los hechos pueden anticipar un proceso de alteración del orden público con la finalidad de crear condiciones para un golpe de Estado. Recordó que la interrupción de la democracia, en julio de 1980, estuvo precedida de atentados en las principales ciudades.
Las investigaciones señalan que Lestat y Ribeiro eran propietarios de una empresa de venta de explosivos en la sureña ciudad de Potosí, en una región donde se emplea el material en la minería. Ambos, según la versión difundida por la Fiscalía, transportaron cuatro cajas con 220 cartuchos de dinamita.
Los dos edificios quedaron en escombros por la cantidad de explosivo empleado, y la onda expansiva llegó a cientos de metros provocando daños de consideración en la estructura de edificios cercanos y la destrucción de ventanales.
Una pareja que descansaba en el alojamiento Linares falleció y 11 personas resultaron heridas. Una rápida acción policial permitió desalojar a los ocupantes del segundo establecimiento, tras detectarse la existencia de otro explosivo, que detonó poco después.
La hipótesis analizada por los investigadores, describe una visita previa de los dos sospechosos a los alojamientos. Cerca de la hora 21.00 del martes, el estadounidense habría solicitado una habitación en Linares y, tras identificarse, ingresó en una habitación y dejó un poderoso explosivo conectado a una mecha lenta.
Tras abandonar el lugar, condujo a su pareja hasta el otro hotel, donde siguió el mismo trámite. Sin embargo, el vigilante del alojamiento registró la matrícula del vehículo de alquiler que ocupaba con Ribeiro y luego advirtió de la existencia de un explosivo.
La oportuna denuncia a la policía ayudó a salvar a unas veinte personas, y los datos del vehículo ayudaron a la captura de los sospechosos en la vecina ciudad de El Alto.
El periodista Milton Lérida Aguirre fue uno de los evacuados y relató que la explosión sacudió las edificaciones a un kilómetro a la redonda.
Consultado acerca de los motivos de la acción, el fiscal Gutiérrez asegura que en sus primeras declaraciones, el ciudadano norteamericano confesó su deseo de regalarle una «buena noche» a su compañera.
Un intercambio de datos con la Interpol permitió conocer que Lestat y Ribeiro estuvieron detenidos en la norteña provincia argentina de Jujuy por seis meses en 2005, condenados por intentar explotar un cajero automático. ( (FIN/2006)