Dos mil mineros van rumbo a La Paz para frenar la superexplotación que hace de ellos la transnacional que controla de forma ilegal las minas del millonario ex presidente y prófugo de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de Lozada. Ni las apresuradas gestiones del gobierno del presidente indígena Evo Morales, ni las insinuaciones de la […]
Dos mil mineros van rumbo a La Paz para frenar la superexplotación que hace de ellos la transnacional que controla de forma ilegal las minas del millonario ex presidente y prófugo de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ni las apresuradas gestiones del gobierno del presidente indígena Evo Morales, ni las insinuaciones de la transnacional Glencore International han detenido el paso firme de casi dos mil mineros proletarios que han iniciado la caminata de 100 kilómetros por el altiplano de Bolivia para defender la jornada laboral de ocho horas. Tampoco el quemante sol que pega muy duro en los casi 4.000 metros de altura, ni el frío que baja hasta 5 grados bajo cero por las noches.
Este miércoles, los mineros han reanudado la marcha rumbo a La Paz, tras fracasar la reunión celebrada anoche en medio de la carretera. Los pedidos de la comisión gubernamental enviada por Morales y de la transnacional minera para detener la caminata y volver al trabajo no han sido aceptados, dijo el principal dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Guido Mitma, que está al frente de la movilización.
«La compañía reiteró su intención de aumentar las horas de trabajo a 10 horas y reducir los montos de los contratos laborales», informó Mitma, quien aseguró que «la marcha llegará a La Paz para exigir al Gobierno que haga respetar Ley del Trabajo, que establece sólo ocho horas de trabajo y sus contratos laborales».
En La Paz, el viceministro Farfán, dijo que la comisión gubernamental, integrada por los Ministerios de Trabajo, Minería y Gobierno, continuarán en sus esfuerzos para detener la marcha y lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios.
Explotación y corrupción
Este lunes, cerca de dos mil trabajadores habían partido de las tierras del Potosí, de la mina Porco y de otras que son explotadas por la siniestra transnacional Glencore International y su filial nacional Sinchi Wayra, que se ha apoderado dolosamente de importantes minas de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, en las que ganan a manos llenas, pagan migajas en impuestos al Estado y pretenden hacer trabajar a sus obreros hasta 12 horas diarias.
En el 2005, esta decena de propiedades mineras (las minas Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia) fueron transferidas por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a la Glencore, en una oscura e ilegal operación.
Sánchez de Lozada, el millonario presidente neoliberal, era propietario de estas minas hasta el 2003, cuando fue derrocado por una insurrección popular en octubre, que lo obligó a huir a los Estados Unidos. Allí, dos años después, cuando ya era considerado como un prófugo de la justicia y sus bienes sujetos a embargo judicial por el genocidio que cometió en el 2003 en Bolivia (67 civiles muertos y más de 400 heridos de bala), Sánchez de Lozada transfirió sus minas y la empresa metalúrgica de Vinto a la Glencore, que comenzó a operar en el país con la venia de los gobiernos neoliberales sucesores de Sánchez de Lozada.
Impunidad de los millonarios
En el 2006, estando ya de presidente el líder indígena Evo Morales, el Gobierno procedió a recuperar para el Estado la metalúrgica de Vinto, sin pagar ni un solo centavo a la Glencore/Sinchi Wayra. «Llegó la hora de nacionalizar todos nuestros recursos renovables y no renovables, metálicos y no metálicos; empezamos a recuperar las empresas del Estado», había dicho Morales el 10 de febrero de 2006 al confiscar la metalúrgica. Sin embargo, el resto de las propiedades del genocida Sánchez de Lozada no fueron tocadas y el propio Morales garantizó a los ejecutivos de la Glencore/Sinchi Wayra sus operaciones y sus millonarias utilidades, pese a las ilegalidades en su transferencia y los negros antecedentes de la compañía.
La transnacional Glencore Internacional fue forjada por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como «el ejecutivo más corrupto del planeta», perseguido por el FBI por los delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George W. Bush.
Paraíso transnacional
En los últimos tres años, en el gobierno de Morales, la Glencore/Sinchi Wayra ha obtenido millonarias ganancias extraordinarias con el auge de precios de los minerales, al igual que la decena de poderosas transnacionales que controlan las tres cuartas partes de toda la producción minera nacional.
En el trienio 2006-2008, según los datos oficiales del Ministerio de Minería procesados por ECONOTICIASBOLIVIA, los acaudalados consorcios mineros exportaron minerales y metales por un total de 4.405,9 millones de dólares, pagando al Estado y las regiones un tributo de apenas 220,0 millones de dólares. Esto quiere decir que estas transnacionales por cada 100 dólares que facturaron en el exterior, dejaron sólo 5 dólares en impuestos y regalías para Bolivia, una nación con ricos yacimientos de clase mundial de plata, hierro, oro, litio y gas, pero con un tercio de su población de 10 millones de habitantes pasando hambre y otro tercio con apenas lo suficiente para comer y nada más.
Esta cruda realidad numérica, sin embargo, para mal de los más pobres, podría ser mucho peor para Bolivia, según advirtió a principios del 2008, Luis Alberto Echazú, el ministro de Minería del presidente Morales. Esta autoridad aseguró, con cifras en mano, que cada año las compañías mineras estaban exportando el doble de lo que declaraban en las aduanas bolivianas.
Una gran movilización
No contentos con ello, estas transnacionales intentan ahora, cuando hay una caída relativa en la cotización internacional de los minerales, mantener los mismos niveles de ganancia, acrecentando la explotación laboral y el saqueo de los minerales.
En las minas de la Glencore/Sinchi Wayra, por ejemplo, los trabajadores, pese a las debilidades y limitaciones de varios de sus dirigentes sindicales ligados a la patronal, con movilizaciones y huelgas han logrado frenar parcialmente los abusos de esta compañía que intentó en el último trimestre del 2008 echar a la calle a 1.277 trabajadores y reducir el 15 por ciento del salario al resto de sus 3.500 operarios, a los que quiso hacer trabajar en turnos de hasta 12 horas diarias.
Los mineros en lucha firmaron con la empresa un precario acuerdo a principios del 2009, que se logró bajo la amenaza proletaria de ocupar todas las minas de Sinchi Wayra/Glencore, que establecía que no habría despidos, ni ampliación de la jornada laboral ni aumento salarial. Pese a ello, los herederos de Marc Rich y de Sánchez de Lozada han vuelto a la carga y presionan para ampliar la explotación de sus trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10, lo que ha empujado a los mineros a la huelga y a una gran movilización que puede desembocar en una lucha que rebase el tema de la jornada laboral y ponga en cuestión el destino de las minas bolivianas.