Ciudadanos de la Provincia de Chubut, Argentina, se unen a una movilización nacional en repudio a políticas empresariales de explotación minera en la región. El lema es «NO AL SAQUEO Y LA CONTAMINACION». Bajo los preceptos de la defensa de los derechos del ciudadano, de la vida y el pleno ejercicio de peticionar ante las […]
Ciudadanos de la Provincia de Chubut, Argentina, se unen a una movilización nacional en repudio a políticas empresariales de explotación minera en la región. El lema es «NO AL SAQUEO Y LA CONTAMINACION».
Los puntos determinantes de la demanda son el rechazo a la minería contaminante al medio ambiente, las pasteras en la cuenca del Río Uruguay, y el reclamo de políticas públicas nacionales y regionales.
La UAC es un ámbito de intercambio y discusión donde se reúnen las asambleas y/u organizaciones no gubernamentales que luchan contra aquellos emprendimientos fabriles o tecnológicos que afectan la salud socioambiental de la población. El objetivo es lograr un modelo de desarrollo regional y el resguardo de la cultura local.
Entre los miembros fundantes de la Unión de Asambleas se encuentran Asamblea Comarcal contra la contaminación y el saqueo (Bolsón. RN), Asambleas del Oeste Catamarqueño, Autoconvocados, Famatina (la Rioja), Salve a San Juan, Miembros Asociados (San Juan), entre otros.
La Asamblea de Vecinos autoconvocados por el NO A LA MINA de Esquel, provincia de Chubut, formará parte de este encuentro luego de que la empresa Minera El Desquite S.A., subsidiaria de la canadiense Meridian Gold Inc, iniciara una demanda en el mes de noviembre a seis vecinos de esa cuidad argentina por difundir la grabación de una reunión de ejecutivos y asesores de la multinacional realizada en el 2003.
En la misma existía un diálogo entre las consultoras Bussines for Social Responsability (BSR), de Estados Unidos, y Braga Menéndez y Asociados de Argentina, sobre estrategias para desarticular la oposición a la explotación de oro en aquella ciudad del noroeste de Chubut.
Asimismo se da cuenta de los contactos con los candidatos chubutenses a gobernador por las elecciones de ese año, al igual que con funcionarios del gobierno nacional. La gravedad de lo denunciado por los vecinos queda explícita cuando uno de sus ejecutivos expresa que «en Esquel no se deben enterar que vamos a torcer la voluntad del pueblo».
La demanda fue radicada en el Juzgado Correccional Nacional nº 11 de la cuidad de Buenos Aires, a cargo del juez Luis Schelgel, y entre los afectados se encuentran los periodistas Pablo Quintana y Andrés Campos, de la radio local FM Station, quienes difundieron la conversación en una conferencia de prensa.
A partir de esto los ciudadanos de Esquel realizaron una asamblea en plan de programar estrategias para rechazar y denunciar el complot del sector minero. En esta consulta, realizada el 23 de marzo de 2003, el 81 por ciento de la población rechazó su proyecto minero, a lo cual la empresa respondió afirmando «respetaremos la voluntad del pueblo de Esquel» aunque, según la asamblea vecinal, unos meses después las multinacionales comenzaron a planificar de qué manera podría revertir el rechazo popular a su proyecto de explotación de esta mina de oro y plata.
Con la demanda iniciada se pone de manifiesto la judialización de la protesta social y la negación de la voluntad soberana de los esquelenses. Además de respaldar las decisiones tomadas en aquella reunión de explotar los proyectos extractivos, a partir de la utilización del método a cielo abierto y lixiviación con cianuro prohibido por la Ley Provincial 5001, en su artículo 1.
Estos hechos son interpretados por la comunidad chubutense como actos de persecución y hostigamiento hacia quienes defienden las producciones sustentables y bienes naturales, como el agua y el suelo.
El problema tiene sus raíces en la falencia de la legislación minera argentina que coloca el beneficio fiscal y arancelario de las empresas, sean nacionales o extranjeras, por sobre el interés comunitario o regional que se resiste.