M.H.: El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el mayor presupuesto en seguridad y con el despliegue de fuerzas represivas más importante del país, casi tres veces los 300 efectivos recomendados por la ONU cada 100.000 habitantes, no pierde la oportunidad para volver a la carga con la necesidad de dar curso a la utilización de las pistolas Taser. En este caso aprovechó la muerte del policía federal, Juan Carlos Roldán, utilizada por los medios de comunicación para lograr consenso y por el gobierno de Larreta que hace más de diez años insiste con esto y sin contar que la compra de estas armas ya fue realizada y espera poder ponerlas en uso. El gobierno nacional por otra parte, volvió a dar un paso al costado al limitarse a decir que el permitir utilizar estos instrumentos de tortura es jurisdicción local, por lo que no tiene injerencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
G.L.: Es muy complejo este tema. La idea de utilizar una pistola de electrochoque, que da una descarga, que a una persona por más que estuviera cometiendo un delito, si llega a tener una dificultad física importante, en función a la distancia en la que se hace ese disparo podría matarla.
Tiene dificultades obvias con el tipo de uso desproporcionado que podría hacerse en caso de no saber utilizarla adecuadamente. Por otro lado, hay un debate mundial en los últimos años sobre este tipo de elementos para ser utilizados en el ámbito de la seguridad pública. Hay visiones de un lado y del otro, pero lo que en un Estado democrático no debería faltar, que es lo que falta en la Argentina, es que esta situación debería ser discutida como una política de seguridad que rigiera a nivel federal y que estableciera en qué condiciones y marcos podría hacerse uso excepcional de armas de ese tipo que es lo que trató de definir la ministra Frederick cuando habló. Porque en diciembre del año pasado derogó el procedimiento que había dejado Patricia Bullrich para su uso indiscriminado. Ella decidió las pocas armas que hoy hay a disposición de las fuerzas federales, destinarlas a las fuerzas de elite. Con eso sacó las Taser de la posibilidad de que cualquier tipo de agente que esté haciendo tareas de calle porte las mismas. Por otro lado, hasta donde pude ver, y lo dijo el secretario de Seguridad, Eduardo Villlalba, hay alrededor de 90 pistolas de este tipo. No es que estamos ante miles de pistolas y se tuvo que tomar una decisión al respecto.
A mí lo que me preocupa es que falte claridad ante esto, debería discutirse entre todos los ministerios de Seguridad del país seriamente si esto debería ser o no utilizado de manera excepcional y en qué condiciones para la represión de un delito.
El problema es que las condiciones en las que el gobierno de la Ciudad pretendía universalizar su uso en CABA tienen que ver con situaciones muy peligrosas, porque no solo estaba vinculado al uso rutinario de las mismas y al despliegue de estos armamentos entre los oficiales de calle, sino además estaría vinculado a normas muy parecidas a los que Bullrich había dejado como herencia a nivel nacional para las fuerzas federales.
Lo preocupante es una fuerza como la de CABA que triplica la cantidad de efectivos por habitante. Yo dudo de cuáles son las condiciones de preparación de esta fuerza de seguridad para hacer un uso proporcionado. Estoy hablando en términos técnicos de seguridad, “racional y proporcionado” y creo en definitiva que lo que está pasando hoy es que estamos en el peor de los mundos.
Berni le responde a la ministra de Seguridad, directa o indirectamente este señor que viene de una serie de registros lamentables en los últimos meses, en medio de la toma de Guernica, la situación de Facundo Astudillo Castro, etc. Por citar solo algunas cuestiones. Y está Berni generando una escalada declaratoria en conjunto con el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. Esto habla de un escenario de irresponsabilidad absoluta en donde parecen estar jugando en contra de la ministra Frederick con estas declaraciones y nosotros en el peor de los mundos porque vienen los medios que te dicen que estamos vulnerables ante los delincuentes que pueden hacer lo que quieran.
Entonces, otra vez estamos ante escenarios favorables a este punitivismo populista que sabemos en qué termina, con lo cual yo creo que habría que desensillar hasta que aclare y poner en marcha una discusión institucional de alto nivel para resolverlo.
Yo no creo que una fuerza policial pueda portar indiscriminadamente un arma de electrochoque. De ninguna manera creo que eso sea viable en un Estado democrático. En todo caso habría que determinar en qué situaciones y en función de represión de qué tipos de delitos. Me parece que allí debería instalarse la discusión y no lo veo.
De los dos lados se están tirando con declaraciones, más desde Berni y D’Alessandro. Eso es muy preocupante porque sabemos que las cuestiones de inseguridad en cuanto a cómo son relatadas por los medios y por políticos irresponsables nos dejan después en escenarios muy complejos de levantar en términos democráticos.
En energía nadie recuerda el período de las ganancias extraordinarias
M.H.: Me llama la atención un discurso que circula que afirma que Berni es quien contiene por derecha los votos del Frente de Todos.
Pasando a otro tema, Edenor y Edesur le deben a Cammesa 20.000 millones de pesos. Las empresas que distribuyen electricidad a los hogares, comercios y pymes no están pagando la factura, desde fin del año pasado redujeron los pagos por la energía que compran al punto de que en la actualidad deben 100.000 mil millones de pesos a la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, Cammesa. Esta situación podría derivar en la segunda condonación general de deudas en beneficio de estas empresas, y la tercera en el caso de Edenor y Edesur en los últimos cuatro años, mientras se avanza la ampliación presupuestaria 2020 que impulsa el oficialismo en el Congreso. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la población? Teniendo en cuenta que la tarifa eléctrica subió un 3.800% durante la gestión de Mauricio Macri.
G.L.: Acá de nuevo estamos a expensas de una situación que no se ha resuelto estructuralmente. Esta deuda que las distribuidoras tienen hoy con Cammesa por el pago de la energía que compraron, se está profundizando porque, por un lado, hay un aumento en la mora de los pagos del conjunto de los usuarios sobre cuyos números tampoco hay mucha claridad, pero que está pasando como fenómeno producto de la pandemia en todo el país; pero, por otro lado, aparece otra situación, estas empresas no parecen dar cuenta del escenario de rentabilidad extrema que han tenido en los últimos años del macrismo con los aumentos en los porcentajes de las tarifas. Ellos reclaman que sus balances se empiezan a ver deteriorados porque no hay aumentos tarifarios, entonces una de las preguntas que yo me hago es dónde han quedado las ganancias extraordinarias que Edenor y Edesur han tenido en los años 2017 y 2018. Que han arrastrado hasta 2019 producto de estos aumentos brutales. Y seguido me pregunto cómo es posible que el gobierno nacional pueda atender a esta situación de las empresas, que es atender a un pedido nuevamente extorsivo. Se compraría cierta “tranquilidad” en términos de la prestación y del mantenimiento del servicio a cambio de que el gobierno les condone o les refinancie sus deudas con Cammesa.
Esto está incluido en el Presupuesto para el año que viene en un artículo. Yo sospecho que ahora el área de energía que está en manos de Guzmán, porque volvió otra vez al área del ministerio de Economía, creo que van a intentar algún tipo de intercambio en donde por un lado va a haber un esquema de condonación de las deudas con el intento de establecer alguna discusión que tenga que ver con compromisos de inversiones futuras.
Lo que quiero decir es que corremos el riesgo de volver a quedar entrampados en la misma situación en la que hemos estado todos estos años. Y volvemos a hablar de un tema que siempre tocamos cuando hablamos de la cuestión energética y que es realmente dramático, porque el Estado ha perdido capacidades reales de regulación en el sector, por falta de voluntad real y de recursos humanos en muchos sentidos. Y el ENRE viene de un escenario de vaciamiento absoluto realizado en los últimos cuatro años.
A mí lo que me preocupa de esto es que nosotros deberíamos estar empezando una discusión que es muy compleja, con el ámbito del trabajo, de los usuarios, etc. Para ir hacia un nuevo tema de regulación que es la gran deuda pendiente que tenemos, que nos permita salir de esta situación de deterioro permanente y de extorsión, porque lo que va a volver a ocurrir es esto, a cambio de una elusiva promesa que sigue siendo deficitario para el conjunto de la población que abastecen.
M.H.: La semana pasada sufrí dos cortes de luz a la media noche, uno duró cinco minutos y el otro no sé porque me fui a dormir.
G.L.: Justamente. Los micro cortes, que tienen que ver con problemas de tensión y, por otro lado, con los problemas habituales, hemos vivido una retracción económica y por ende no ha crecido de una manera importante el consumo, entre otras cosas producto de la crisis económica que estamos viviendo pandemia de por medio; imaginate si hoy tuviéramos entre 4 y 5.000 voltios más de consumo y nos acercáramos a los 26.000 que es el tipo de exigencia de la disponibilidad eléctrica en cuanto a la oferta disponible que hace que el sistema entre en posible crisis, o en tensión. Estaríamos en situaciones de mayores cortes. Ha pasado en este invierno y eso que no ha pegado tan fuerte.
Por otro lado, el Presupuesto nos dice que en la tarifa final que pagaríamos en materia eléctrica en el 2021, el gobierno se haría cargo de alrededor de un 45% del costo mayorista de la energía. Eso indica que estarían considerando aumentos de la tarifa que podrían llegar a ser totalmente inviables en este contexto. Y en ese sentido no sé si querrían atarlos al índice de variación salarial, al índice de precios mayoristas combinado con el minorista a partir del año que viene.
Pero en un contexto en el que tal vez pretendan negociar esto con las acreencias y las deudas que tienen las mayoristas con Cammesa. Lo que creo que harían es un enjuague de los típicos a los que ya estamos acostumbrados. Y nadie ya recuerda el período de las ganancias extraordinarias y las cuentas que estas empresas deben dar por todo lo que ha pasado y por la continuidad del mal servicio.
Y finalmente veremos cuáles son el conjunto de decisiones que empiezan a tomar, porque lo que veo es que, en el área energética, bajo la línea de Guzmán, va a ir en una orientación muy fiscalista y ese es otro tema que me preocupa. Se viene la negociación con el FMI, están los reclamos de las provincias petroleras por recuperar la idea del “barril criollo” de cara al año que viene y por el plan de incentivo al gas.
M.H.: Te referís al plan Gas 4.
G.L.: Que quedó suspendido cuando el ex secretario de Energía salió por la ventana. Y hace más de un mes que estamos esperando definiciones sobre el sector. Esto está en línea con esta imagen que el gobierno da cada día más. Falta de coordinación, debilidad, falta de eficiencia en la toma de decisiones y pujas internas que se están expresando en todos los ámbitos de la política.
Esto último es muy complejo, pero hoy si se quiere saber qué va a pasar con el mundo de la energía, como dice el presidente hace unos meses, parece ser que te tenés que reunir con Marcelo Mindlin. Suena a chicana lo que estoy diciendo, pero es el personaje al que recurrió Alberto Fernández hace unos meses como el nuevo hombre que promete inversiones en la Argentina del futuro y que a la vez fue uno de los grandes ganadores de la estafa macrista.
Estas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa a riesgo de que nos digan que este es un contexto difícil. Ayudamos diciendo las cosas que hay que decir. Porque hoy en materia eléctrica podemos estar entrampados otra vez en una nueva respuesta que no va a ser una salida para todas las preocupaciones de los usuarios.