Con el decreto se inician medidas concretas para reforzar el centro minero de Huanuni, incorporando a su planilla a más 4.000 trabajadores cooperativistas que pasarán a depender de la Comibol. El primer centro productivo que se adecua al nuevo plan minero es Huanuni, una de las reservas estañíferas más grandes y ricas del mundo. Esta […]
Con el decreto se inician medidas concretas para reforzar el centro minero de Huanuni, incorporando a su planilla a más 4.000 trabajadores cooperativistas que pasarán a depender de la Comibol.
El primer centro productivo que se adecua al nuevo plan minero es Huanuni, una de las reservas estañíferas más grandes y ricas del mundo. Esta mina será el escenario modelo de lo que será la NPMM con una inversión de 10 millones de dólares.
Comibol pondrá la planta técnica y administrativa y los recursos financieros, y los trabajadores de Huanuni, el esfuerzo de entregarle al país una empresa rentable y que aporte recursos al Tesoro General de la Nación.
«Todos los trabajos del interior del cerro Posokoni tienen que ser rehabilitados para ofrecer condiciones de trabajo humanas a la gente. Además, del cerro Posokoni, la empresa minera debe ampliar sus actividades a otras áreas como María Francisca, Petitos y Porvenir, donde se explotarán complejos, para lo cual también tiene que habilitarse plantas de tratamiento», explicó el ministro de Minería Guillermo Dalence a radio Erbol.
La nueva política minera
La nueva política minera todavía no está lista, pues aún se analizan los detalles técnicos y económicos. No existe una fecha definida para presentarla oficialmente. Lo que sí se sabe es que la NPMM ha sido consensuada entre cooperativistas, trabajadores asalariados y el gobierno y se propone reforzar la presencia estatal en el negocio minero sin afectar a los inversionistas privados y cooperativistas que trabajan legalmente.
En el gobierno ya no se está hablando de «nacionalización minera» para evitar confrontaciones. En las últimas 48 horas, varios centros mineros privatizados se declararon en emergencia ante la posibilidad de que el gobierno revierta las minas al Estado.
Por ejemplo, los asalariados del distrito minero de Porko resguardan las bocaminas con armas con el fin de preservar sus fuentes de trabajo. Los dirigentes de esta zona aseguraron que todos los centros mineros seguirán su ejemplo. «Nosotros vamos a resguardar nuestros ingenios mineros si el gobierno se atreve a decretar esta ley (de nacionalización)», advirtieron.
Los trabajadores de las concesiones mineras a cargo de Sinchihuayra también se declararon en emergencia y en vigilia permanente. El dirigente Armando Vedia informó que las actividades de Sinchihuayra están paralizadas. Además, no descartó el inicio de bloqueos de caminos.
A la cabeza de su dirigente Pascual Guarachi, el cooperativismo potosino marchó ayer por las calles de la Villa Imperial rechazando la nueva política minera, mientras que en La Paz el diputado del MAS Víctor Mena (también cooperativista) comentó que es preferible una «recuperación» antes que una «nacionalización» de las minas, tal como anunció el Presidente Evo Morales.
Para calmar los ánimos, el Vicepresidente Álvaro García Linera reiteró a los cooperativistas que la NPMM no les afectará. «Para la política minera hay tres actores claves: Comibol, que va a fortalecerse; el sistema cooperativo, que hay que apoyarlo, y el sistema de la producción privada», dijo.
La difícil convivencia entre los inversionistas y el Estado
La refundación de Comibol y la nacionalización de los hidrocarburos son los dos pilares que permitirán a Bolivia proyectar su desarrollo a partir del aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio del país y no de particulares, dijo el ministro de Minería Guillermo Dalence al momento de su posesión.
En 2004 las empresas mineras privadas exportaron alrededor de 500 millones de dólares y dejaron al Estado apenas 11 millones de dólares en impuestos y regalías. El Código Minero aprobado en 1997 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada convirtió a Comibol en simple administrador de contratos de riesgo compartido, arrendamiento y servicios. Dicha norma benefició principalmente a las grandes empresas trasnacionales que explotan yacimientos de plata, plomo, zinc, estaño, oro y otros minerales. En la actualidad 15 empresas operan con contratos de riesgo compartido.
El gobierno adelantó que el Ministerio de Minería estudia la posibilidad de auditar los contratos de riesgo compartido en vigencia para determinar si los inversionistas cumplen o no con los niveles de inversión y generación de empleo. Si no lo hacen sus concesiones podrían ser revertidas al Estado.