En un foro en días pasados escuché a las madres de los jóvenes acribillados impunemente en la colonia popular Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez y las lágrimas contenidas frente a los poderosos fluyeron en mis ojos que han visto tantas atrocidades en esta vida, que no pude ni quise contener, fundiéndome en un abrazo […]
En un foro en días pasados escuché a las madres de los jóvenes acribillados impunemente en la colonia popular Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez y las lágrimas contenidas frente a los poderosos fluyeron en mis ojos que han visto tantas atrocidades en esta vida, que no pude ni quise contener, fundiéndome en un abrazo con las madres de los feminicidios en Lomas de Poleo, de la Guarderia ABC, de la masacre en Sucumbíos, de las mujeres del SME y los mineros de Cananea, Sombrerete, Taxco, de Atenco y mis compañeras del Comité Eureka. Muerte y dolor por tantas víctimas a lo largo y ancho del país. Muertes sin sentido ni razón. Muertes impunes. Muertes y también -de nuevo- el azote de las desapariciones forzadas.
Todo ocurre en medio de una engañosa versión que pretende ocultar el verdadero carácter de la militarización del país. Engañar con la versión de una guerra contra el narcotráfico y con los supuestos «levantones». La mayoría de los asesinados no son parte de una guerra contra el narcotráfico, de un enfrentamiento entre miltares y narcos, sino en realidad de ejecuciones de población civil, de jóvenes -hombres y mujeres- y de pobres. Esa es la realidad de la mayoría de los asesinatos denunciados ahora en Ciudad Juárez. Jóvenes ejecutados a manos de grupos paramilitares o militares vestidos de negro o con pasamontañas.
La otra versión engañosa es la de los «levantones». De nuevo, comandos con las mismas características policiacas y militares, realizan no «levantones» sino desapariciones forzadas de personas; se trata nuevamente y a una escala mayor que la que conocimos antes, de desaparecidos. La diferencia con las de los 70s es que los desaparecidos no son ahora mayoritariamente activistas o militantes políticos sino población civil ajena a todo conflicto social, político o al narcotráfico. No solamente en Ciudad Juárez, sino en muchas entidades del país, como decenas en Coahuila, Tamaulipas, Michoacán o Guerrero, donde se despliega la militarización y su cauda de violaciones y abusos. Se manejan como meras cifras, como las de las ejecuciones, que les permiten decir a las fuerzas militares y al espurio que se «va ganando la guerra», porque ha aumentado el número de muertes.
Tanta violencia oficial encubierta por una guerra jamás declarada por el pueblo de México que no tomó esa decisión ni fue consultado para hacerla, y que ha ocasionado una espiral de violencia estructural cercana a las 20 mil ejecuciones en tan solo tres años del gobierno espurio que ha hecho trizas cualquier institucionalidad y legalidad en una estrategia que subordina cualquier derecho de la mayoría al interés económico de la clase dominante y de las injustificables razones de Estado por encima y en contra de la ciudadanía. Cualquier programa de «reconstrucción del tejido social» debe pasar en primer lugar por el regreso del ejército a los cuarteles y el rechazo a la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
El catálogo de violaciones a los derechos humanos durante los últimos años se ha elevado considerablemente: TORTURAS, ABUSOS POLICIACOS, DETENCIONES ARBITRARIAS, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, CRIMINALIZACION DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, VIOLENCIA INSTITUCIONAL, FEMINICIDIO, DISCRIMINACION, EXPLOTACION, MISERIA, HAMBRE, DESEMPLEO, IMPUNIDAD, CRECIMIENTO DEL NUMERO DE PRESOS POLITICOS Y DESAPARECIDOS. Los recientes ataques a los campamentos del SME por las hordas enfurecidas del modelo policiaco creado como engendro y llamado PFP, ya ha arrojado un saldo de obreros golpeados, baleados, detenidos, torturados, sufriendo allanamiento en sus domicilios, ocultos por las sombras de la noche, violando el derecho de huelga y eliminando el derecho al empleo, a tener un sindicato, a organizarse libremente, reduciendo a la nada las conquistas históricas de la clase trabajadora y plasmadas hace casi un siglo en la Constitución que fue la primera que incorporó los derechos sociales y económicos, derechos colectivos hoy en pleno retroceso.
El calderonismo repite las crueles represiones de los gobiernos priístas que mandaron a las tropas a reprimir a miles de ferrocarrrileros en 1959 y estudiantes en 1968, a pueblos y comunidades campesinas e indígenas en los años 70s en Guerrero o Chihuahua y en el 94 en Chiapas, como ahora se militariza casi todo el país con decenas de soldados en las calles y plazas, en una guerra perdida contra las drogas que no decidió el pueblo de México pero si le ha tocado poner los muertos y los heridos, los mutilados y los desaparecidos por millares.
Ante tanta muestra de injusticia, intolerancia, abuso, desprecio de los que se sienten dueños del poder contra la amplia mayoría de la población, vemos cómo se pretende imponer por la fuerza las políticas neoliberales y privatizadoras que vulneran los derechos humanos y eliminan cualquier expresión de democracia. Para frenar la resistencia a sus planes, no han dudado en criminalizar la protesta social, inventando delitos graves a los presos del movimiento social que oculten su carácter de presos políticos y aumenten sus penas manteniéndolos en la cárcel. No es sólo el abuso contra mujeres indígenas en Querétaro acusadas de «secuestrar» agentes de la AFI, es también el cargo impuesto a Ignacio del valle y los otros dirigentes de Atenco, o a Sara López y los otros presos en Campeche acusados también de «privación ilegal de la libertad» de funcionarios frente a los cuales ellos protestaban.
Desde la perspectiva del poder autoritario solo cuentan las ganancias sobre la vida de los pueblos. Por eso, en lugar de construir avances legislativos que protejan derechos humanos desde una perspectiva integral, se introducen legislaciones regresivas y oscurantistas que vulneran el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, o se pretende legislar para echar abajo todas las conquistas laborales y sociales establecidos en los contratos colectivos de trabajo y la Ley Federal del Trabajo, para aumentar los privilegios de los mas ricos del mundo que lucran con el sudor de la gente.
En nuestro desangrado país recuperar la capacidad de crear sueños colectivos, implica construir organizadamente la resistencia y la solidaridad entre el pueblo trabajador que desde abajo desde siempre ha producido y creado toda la riqueza y se hunde cada día más en la miseria. Reclamamos compromiso y decisión de luchar por cambiar esta situación. Llamamos a que nadie se quede indiferente ante el dolor de tanta gente. Estado que no es capaz de generar trabajo, salud, educación, vivienda, alegría y felicidad entre sus habitantes, no merece seguir existiendo y el pueblo, en todo momento y sobre todo cuando se han llegado a límites del horror, tiene el inalienable derecho de elegir el gobierno que se merece y revocar el mandato de quien ha incumplido el mandato constitucional de defender el bien común y ha privilegiado sus intereses particulares como lo ha hecho este gobierno espurio.
Real unidad de todos los movimientos contra la represión y la defensa de los derechos humanos es urgente. Cualquier movimiento por legítimas que sean sus demandas particulares debe incluir también estas demandas como necesaria condición para el éxito y continuidad de la lucha. Es cierto, también, que frente a la gravedad de la situación, el extremo casi de que la manu militari del calderonismo linde no solamente con un poder espurio sino con un estado policiaco similar al de un golpe militar, y en medio de la creciente descomposición social, plantea nuevamente y para cada vez sectores más amplios de la población la necesidad de la salida de ese gobierno producto del fraude electoral.
Son ellos o somos nosotros, como lo dicen las voces de miles de personas en las calles que, sin ellos y ellas, no hay derechos humanos posibles.