El precio de los alimentos aumentó, en promedio, en 16,69 por ciento entre enero y octubre, producto de la caída en la producción agrícola y pecuaria interna, la especulación de los comercializadores, la ausencia de un control de precios y el afán de más lucro de los empresarios. Los que pagan el pato, como siempre, son los de abajo
El retorno de la inflación de dos dígitos, acelerada por la elevación de los precios de los alimentos, está poniendo en figurillas a las amas de casa y sectores de bajos ingresos que ya no saben cómo estirar el dinero para llegar a fin de mes. Los salarios e ingresos de los más pobres virtualmente se esfuman en las dos o tres primeras semanas del mes.
En los primeros 10 meses del 2007, los precios de los alimentos y bebidas , en los que se concentra gran parte del gasto de las familias de bajos recursos, fue del orden del 16,69 por ciento, lo que quiere decir que muchos hogares han optado por reducir su consumo de alimentos o sustituir por otros de menor precio y calidad, además de bajar sus gastos en vestimenta y disminuir su consumo de servicios básicos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación, que mide el alza del costo de vida, aumentó en lo que va del 2007 en 9,68 por ciento, el registro más alto de los últimos 15 años.
Los datos oficiales muestran que el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el capítulo de alimentos y bebidas fue de 16,69 por ciento, el alza en vestimenta y calzado fue de 4,82 por ciento, en gastos en vivienda en 3,85 por ciento, en equipamiento y funcionamiento del hogar en 6,65 por ciento, en gastos en salud en 6,81 por ciento, en transporte y comunicación en 0,98 por ciento, en educación 1,79 por ciento y en otros bienes y servicios diversos en 2,51 por ciento.
Contra la economía popular
Todas estas cifras, impensadas a principios de año, cuando las autoridades preveían que la inflación anual no superaría el 3,7 por ciento, están deteriorando la economía popular, ocasionando la pérdida del poder adquisitivo de los salarios (los obreros ganan en promedio 1.000 bolivianos, los empleados 1.700 y los trabajadores por cuenta propia 700), reduciendo el consumo de los hogares más pobres y disminuyendo el poder de compra de los ahorros de las clases medias.
Las causas de este mal, que se come el salario de los más pobres, es resultado de la disminución de la producción interna de alimentos, de la salida al exterior de algunos productos, de la especulación de los comerciantes e intermediarios y de la incertidumbre generada en las esferas empresariales y políticas.
Hay menos alimentos
Los datos del INE apuntan que la producción agrícola y pecuaria del país cayó en 1,61 por ciento al concluir el primer semestre del año, como resultado de los embates naturales y problemas climatológicos.
«La agricultura y ganadería sufrió el impacto del fenómeno de El Niño que, según una evaluación de la CEPAL, ocasionó una pérdida de 133,1 millones de dólares principalmente en el área de la agropecuaria moderna, que significarían aproximadamente el 11 por ciento del PIB sectorial. En Santa Cruz de cuatro productos importantes, en tres (soya, maíz y arroz), la producción fue menor en la campaña de verano 2006/2007 respecto a la de 2005/2006», agrega otro informe de la Fundación privada Milenio.
Entre los productos que fueron afectados y que se ofertan en menor cuantía en el país están la soya, cebolla, plátano, arroz, forrajes, maíz, tomate, papa y otros.
Hay, por tanto, menos productos alimenticios para vender en los mercados y no abastece la demanda que se incrementa anualmente por el crecimiento poblacional, lo que provoca el aumento de precios.
Decretos y abastecimiento
Frente a ello, y para evitar una mayor especulación de los intermediarios, que presionan constantemente para aumentar otra vez los precios y con ello sus ganancias, el Gobierno aprobó tres decretos para facilitar la importación de productos como el maíz, trigo y arroz, eliminando el pago de aranceles que deben hacer los importadores.
«Si sigue subiendo el aceite vamos a tener que aplicar la misma medida» con este producto, dijo el ministro de Hacienda, Luis Arce, que cree que facilitando la importación de alimentos se abastecerán los mercados y se evitará la especulación y alza de precios.
Con esta acción, el Gobierno también cree que frenará la «inflación importada», que se estaría dando como resultado de la acción de algunos empresarios y comercializadores que estarían sacando la producción agrícola hacia el exterior en busca de mayor rentabilidad y obligando por vía indirecta al mercado interno a subir precios para no quedar desabastecido.
En la percepción gubernamental, «el mercado nacional, como consecuencia de los fenómenos climáticos, está experimentando deficiencias en el abastecimiento de arroz, maíz, indispensables para la canasta familiar, que presionan al alza de los precios en los centros de abastecimiento, lo que atenta contra la economía de las familias de escasos recursos».
Los más afectados
Con estos niveles de inflación, la capacidad de compra de los trabajadores y empleados del sector público y privado ya ha disminuido, en promedio, en casi el 10 por ciento y se estima que hasta fin de año la pérdida llegaría a por lo menos el 12 por ciento, aunque empresarios y opositores creen que llegará a más del 14 por ciento.
La pérdida es mucho mayor, sin embargo, en los sectores más empobrecidos, que destinan casi la mitad de sus ingresos a consumir alimentos de primera necesidad. Los datos del INE revelan que los hogares más pobres del país gastan el 41,8 por ciento de sus ingresos en la compra de alimentos, especialmente pan, cereales, legumbres y hortalizas.
Para compensar esta pérdida, a nivel del Ejecutivo se analiza el monto del aumento salarial para el 2008. A principios del 2007, el Gobierno decretó el aumento del salario mínimo nacional del 5 por ciento en el sector público, que fue una reposición a la pérdida del poder adquisitivo que sufrió por la inflación del 2006, que alcanzó el 4,95 por ciento. En el proyecto del presupuesto 2008, el Gobierno anticipó su intención de conceder un incremento de 5 a 6 por ciento al salario de maestros y trabajadores en salud, un poco menos a los trabajadores del Estado y un 10 por ciento al salario mínimo mensual que ahora es de 65 dólares. Otros que han perdido dinero y muchas ilusiones son los pequeños ahorristas, tanto por la devaluación del dólar como por la inflación. Los ahorros, depositados en la banca, pierden su poder de compra, ya que las tasas de interés pagadas a los depositantes apenas alcanzan a cubrir la mitad de lo que pierden los ahorros con el aumento de los precios de los bienes de consumo.