Ante el más reciente asesinato de la activista Guadalupe Campanur, guardiana del bosque en su comunidad, Cherán -donde suman ya diez los ambientalistas asesinados- queda claro que la violencia estructural en México trasciende el ámbito de la delincuencia organizada y se configura como una guerra por la defensa del territorio y los recursos naturales ante […]
Ante el más reciente asesinato de la activista Guadalupe Campanur, guardiana del bosque en su comunidad, Cherán -donde suman ya diez los ambientalistas asesinados- queda claro que la violencia estructural en México trasciende el ámbito de la delincuencia organizada y se configura como una guerra por la defensa del territorio y los recursos naturales ante el embate de las multinacionales, una guerra que sigue cobrando vidas, para sembrar el miedo y paralizarnos.
Los movimientos sociales y la sociedad civil organizada son considerados por el gobierno mexicano como una de las diez principales amenazas para la seguridad nacional, enunciadas en la Agenda de Riesgos 2017, un documento con carácter de confidencialidad emitido cada año por el CISEN, con lo que el Estado justifica medidas como la represión, el acoso, el espionaje, el encarcelamiento, y el asesinato.
No es casual que uno de los elementos más nocivos del recién aprobado TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) sea el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado que anula el poder de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este mecanismo faculta a los «inversionistas» para demandar al Estado mexicano en caso de oportunidades de negocio fracasadas, a consecuencia de litigios gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie.
Lo anterior nos conduce inevitablemente al marco de la controvertida Ley de Seguridad Interior, desestimada incluso por el Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, por tratarse de una ley que se contrapone al régimen internacional de Derechos Humanos para regular el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza pública.
Esta ley perfila también, en el rubro de amenazas a la seguridad, todas las formas de lucha y resistencia al modelo productivo del capitalismo más arrasador y salvaje que hemos conocido; a los intentos de apropiación de los medios de producción; al desarrollo de megaproyectos en territorios autónomos y protegidos; al extractivismo y sobreexplotación de recursos naturales y su consecuente deterioro ambiental. Y una serie de luchas que se reproducen a lo largo y ancho de la geografía.
Sólo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, ha dejado un saldo de 106 muertes y 81 desapariciones forzadas, como documenta el informe «La esperanza no se agota» de la Red TDT, lo que refleja no sólo la falta de voluntad del estado para brindar protección a estas personas, sino para que la justicia no deje impunes estas muertes.
Los informes dan cuenta de los homicidios, desapariciones y agresiones atribuidas al crimen organizado, pero nadie habla de que, detrás de todo ello, los megaproyectos y las grandes multinacionales también nos están robando la vida y la paz.
Global Witness en su informe «Defender la tierra», documentó 200 asesinatos de personas ambientalistas en todo el mundo, donde Brasil encabeza la lista con 48 muertes. En homenaje a todas las personas asesinadas en 2016 por la defensa de la tierra el informe expresa: «estas defensoras y defensores no murieron, se multiplicaron».
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