Alentada por el discurso reaccionario que hace crecer a las propuestas neofascistas en Europa y con el aval del discurso xenófobo de Donald Trump en los Estados Unidos, la derecha argentina busca poner en la agenda el «problema de la inmigración» como uno de los principales males que afectan al país. Son dos los principales […]
Alentada por el discurso reaccionario que hace crecer a las propuestas neofascistas en Europa y con el aval del discurso xenófobo de Donald Trump en los Estados Unidos, la derecha argentina busca poner en la agenda el «problema de la inmigración» como uno de los principales males que afectan al país.
Son dos los principales ejes sobre los que se monta esta campaña: los inmigrantes «usurpan» puestos de trabajo a los argentinos y asociarlos con el delito, y con uno de los mayores negocios del sistema, el narcotráfico, en concordancia con los discursos del imperialismo que, tras la pantalla de la «guerra al narcotráfico», busca fortalecer su presencia y control en la región.
En este sentido, nunca está de más echar una mirada a lo que ha sucedido en México desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico para ver con claridad las nefastas consecuencias de estas políticas para el pueblo mexicano.
Es así que en las últimas semanas hemos escuchado al diputado PRO Alfredo Olmedo decir, con clara inspiración «trumpeana», que en la frontera con Bolivia «hay que hacer un muro»; y al senador Miguel Pichetto manifestar: «Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú». Para reafirmar esta idea, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó: «Acá vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país».
En este marco, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto, con el cual ya declararon su acuerdo el Frente renovador y sectores del PJ, que endurece los controles migratorios en nuestro país, el cual, según el preámbulo de la Constitución busca: » promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino».
Resulta un lugar común sostener que nuestro país ha sido conformado fundamentalmente por la inmigración.
Sostener que los argentinos «descendemos de los barcos» ya es parte del folklore al que se le echa mano cuando intentamos explicar desde un sentido común instalado, sobre todo en las grandes ciudades, un rasgo particular y un poco confuso de nuestra identidad.
Esta concepción «porteña», podríamos decir en un sentido amplio del término, resalta que el puerto fue la puerta de entrada principal de las corrientes migratorias europeas en las cuales se basa la concepción de país de inmigración.
El mayor período de inmigración a la Argentina, la «inmigración de masas», según plantea Fernando Devoto en su trabajo Historia de la inmigración en la Argentina, se dio entre 1881 y 1914, cuando algo más de 4.200.000 personas arribaron al país. En ese momento el porcentaje de retorno a su país de origen también fue importante alcanzando un 36%.
El trabajo de Devoto consigna que entre 1857 -primeras estadísticas migratorias en el país- y 1960 -cuando este proceso deja de ser masivo- arribaron a la Argentina unos 7.600.000 inmigrantes procedentes de ultramar. De ellos, casi el 45% regresó a sus países de origen. A partir de este proceso se define a la Argentina como un país de inmigración, que junto a la noción del «crisol de razas» constituyeron la conformación de una nueva cultura en el país.
Junto a la importancia que tuvo la inmigración europea hacia nuestro país debe ser tenida en cuenta también la inmigración proveniente de los países latinoamericanos.
Si bien la inmigración latinoamericana, especialmente desde los países limítrofes, viene desde hace mucho tiempo, recién aparece consignada en registros oficiales a partir de 1869. Según los datos del Censo de ese año, la población argentina era de 1.800.000 habitantes, de los cuales el 12% eran extranjeros y un 20% de estos provenían de países limítrofes.
A partir de esa fecha, el ingreso de inmigrantes latinoamericanos se mantuvo constante -aunque nunca alcanzó el carácter de «inmigración de masas» que sí tuvo aquella de ultramar- representando entre el 2 y el 3% de la población, sobre el 4 ,6% de la población extranjera que vive en la Argentina según el Censo 2010.
Las corrientes inmigratorias europeas así como las latinoamericanas tienen una enorme importancia en la composición de la sociedad argentina. Pero el impulso que tuvieron las corrientes inmigratorias europeas y su masividad hacen presuponer que los procesos de integración, aunque estos siempre son dificultosos, fueron y son más benévolos para sus protagonistas que el de los inmigrantes latinoamericanos, quienes muchas veces deben enfrentar una discriminación no exenta de componentes racistas, cosa que vuelve a ponerse de manifiesto en la actualidad.
No es casual que una de las primeras medidas represivas del gobierno haya sido la persecución de la organización Tupac Amaru y el encarcelamiento de Milagro Sala, como ella misma manifestó: «N o soportaron que una mujer, además negra y también india, haya conseguido construir miles de hogares».
Contra la idea de «Patria Grande» impulsada por los procesos de integración de los últimos años en América Latina y el Caribe, el gobierno de Macri vuelve a echar mano a la reaccionaria idea de construir ese «otro» como un enemigo.
La construcción del «otro», sean extranjeros o expulsados del sistema, tiene un hilo conductor que se mantiene desde la colonización de América hasta nuestros días: la justificación y «naturalización» ideológica de la explotación y dominación de amplias regiones del planeta por el sistema dominante, el capitalismo, que aboga cotidianamente en defensa de la libre circulación de los capitales y pone innumerables trabas a la circulación de personas si las mismas no son necesarias como «mano de obra barata» y muchas veces esclava.
Esta discurso abarca desde las políticas públicas del Estado hasta la relación cotidiana de los sujetos en el ámbito de la privacidad, instalando una cosmovisión hegemónica basada en los valores necesarios para lograr una «naturalización» de las desigualdades cada vez más acentuadas y que ya no sólo sostiene a grandes masas de la población en la marginalidad, sino que las condena a la más absoluta «invisibilidad» excluyéndolas definitivamente del sistema.
A lo largo de la historia, el «otro» ha sido el inferior, el salvaje, el no-civilizado a quien hay que moldear según las necesidades de la expansión occidental capitalista y, si osa ofrecer resistencia, rápidamente será signado como un enemigo de los valores hegemónicos y deberá ser físicamente destruido y su territorio conquistado.
Que un gobierno como el de Mauricio Macri eche mano a políticas discriminatorias y represivas no nos debe asombrar. Operativos como el realizado en los últimos días en la terminal de ómnibus de Liniers y la radarización que se propone de la frontera norte del país para vigilar los pasos fronterizos, anunciada por la ministra Bullrich traen a la memoria la creación de la UCEP en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era Jefe de Gobierno.
Poniendo en marcha una medida que se nutre en el ADN de las derechas, el 29 de octubre de 2008, el Decreto 1232/8 firmado por Macri, Piccardo y Grindetti (ministro de Hacienda) creó la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), cuerpo cuyo objetivo declarado era «mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes» y «colaborar operativamente en mantener el orden», entre otras responsabilidades.
De esta forma, la UCEP pasó a ser, para el gobierno de la ciudad, una fuerza de choque propia, funcional a sus políticas. Cartoneros en Barrancas de Belgrano, habitantes de edificios tomados en la Av. Paseo Colón e indigentes que dormían en las plazas porteñas, situación que vuelve a ser dramática en el último año, fueron objeto del accionar de este grupo, y hasta los docentes que habían instalado en Plaza de Mayo una carpa en reclamo de aumento salarial reconocieron haber sido agredidos por integrantes de la UCEP.
El accionar de este grupo trajo reminiscencias operativas y «filosóficas» que, salvando las distancias, remiten a las «rondas ciudadanas» de larga data en Italia, organizadas en los años veinte en contra de los llamados «asociales», es decir, mendigos, gitanos, alcohólicos y prostitutas. El accionar de estas rondas preanunciaba en aquel país la llegada del fascismo.
La discriminación y la violencia con tintes de xenofobia aparecen cada vez más como mojones en la ruta neocolonial que busca imponer la administración de Macri, dejando atrás las políticas de integración soberana regional.
Resulta urgente enfrentar estas políticas, estrechar los lazos de solidaridad entre los pueblos y construir un nuevo ¡No Pasarán!
Marcelo F. Rodríguez. Sociólogo. Director Adjunto del CEFMA
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