Con mucha bronca, los asambleístas de Gualeguaychú se enteraron en pleno corte de la ruta 136 de la decisión judicial de iniciar una investigación para identificar a los principales «cabecillas» de la protesta. La estrecha relación que la resolución judicial tuvo con la postura de los gobiernos nacional y provincial respecto a la decisión de […]
Con mucha bronca, los asambleístas de Gualeguaychú se enteraron en pleno corte de la ruta 136 de la decisión judicial de iniciar una investigación para identificar a los principales «cabecillas» de la protesta. La estrecha relación que la resolución judicial tuvo con la postura de los gobiernos nacional y provincial respecto a la decisión de la asamblea de reanudar la medida de fuerza, no pasó inadvertida para sus experimentados integrantes. «Está claro que el gobierno ha puesto en marcha una nueva modalidad, la modalidad de la intimidación». «Esta es una maniobra para quebrarnos, pero no vamos a parar hasta que frenen las obras». «Los funcionarios o no hacen nada o nos agreden. Pero no nos van a torcer el brazo»… fueron algunas de las muchas expresiones que demuestran que no fueron ni ingenuamente sorprendidos ni se atemorizaron frente a la clara evidencia de un cambio en la política gubernamental.
¿Cómo aceptar una supuesta responsabilidad de los asambleístas que con todo derecho y dignidad vienen defendiendo desde hace largo tiempo a su medio ambiente y al país amenazados por la voracidad de los intereses de las multinacionales? ¿Cómo asumir responsabilidad por los supuestos daños que podrían ocasionarse con los cortes de ruta, cuando los gobiernos (nacional y provincial) no asumieron nunca la responsabilidad que les cabe de garantizar el bien común? O acaso los asambleístas de Gualeguaychú no están ejerciendo el derecho constitucional de gozar de «un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo» (Art. 41 Constitución de la Nación Argentina y elevado a derecho en la última reforma).
¿Será que el gobernador de Entre Ríos de larga data como funcionario nunca se enteró de que en Uruguay se estaba desarrollando un plan de monocultivo forestal desde el año 1987 con 750.000 hectáreas de superficie plantada? ¿Que tampoco se inmutó cuando desde el año 2000 fueron creciendo los rumores que hacían saber de la segura instalación de las fábricas de celulosa por parte de Ence y Metsa-Bonia?
Por el contrario, tanto el gobierno nacional como el provincial dejaron que las papeleras llegaran al río, no asumiendo responsabilidad alguna para evitarlo, tampoco escuchando a los habitantes de Gualeguaychú que previeron y estudiaron mejor que nadie los peligros que ello acarrearía para el medio ambiente. Luego, y avanzada ya la cosa, y cuando la asamblea demostró que no sólo se mantenía en el tiempo sino que se arraigaba profundamente en la población, construyéndose desde abajo y al calor de la lucha, el gobierno nacional comenzó a darse distintas políticas orientadas a terminar con la experiencia y el conflicto. «Peligrosamente» para preocupación de muchos (gobierno y oposición), se había ido construyendo una nueva institución, de carácter popular y territorial, separada de las instituciones del Estado nacional y provincial, que se fortalecía día a día practicando una democracia de nuevo tipo, experiencia que no sólo recuperaba las enseñanzas del proceso asambleario surgido de la rebelión del 2001/2002, como la desarrollaba y superaba al poder dotarse de un claro objetivo de lucha, de metodologías que daban confianza a la hora de debatir y resolver, todo lo que iba permitiendo unificar esfuerzos con la población del lugar.
Finalmente, frente al peligroso ejemplo que Gualeguaychú irradiaba hacia todo el país, combinado con las presiones internacionales provenientes del gobierno uruguayo y de las multinacionales mismas, el gobierno Kirchner adoptó una ofensiva política de cooptación, aquella que tan buenos resultados le venía dando, capaz no sólo de desnaturalizar movimientos o de convertir a dirigentes en funcionarios (en derechos humanos y desocupados) para el objetivo de aislar, debilitar y enfrentar a quienes insistían en la práctica de ganar las calles para reclamar por sus derechos. De esta manera, el gobierno K logró ir desmontando las movilizaciones de reclamo, y lo que es más grave, ello tuvo como contrapartida la pérdida de independencia de algunos movimientos que terminaron siendo funcionales a su política.
Luego de esperar un desgaste de la asamblea que nunca se produjo, el gobierno nacional comenzó a artìcular su política de cooptación/disolución para Gualeguaychú. Primero dio mensajes de apoyo a las demandas y medidas; luego impulsó el desfile del Presidente K por el corsódromo junto a los máximos funcionarios y representantes legislativos del pueblo, movida que sumó a muchos gobernadores e intendentes de todo el país. Por último y para pasar claramente a la ofensiva, el gobierno nacional se jugó a designar a Romina Picolotti como Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los primeros días de Julio de este año, a raíz de su acalorada y persistente defensa en la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú contra las papeleras. Hoy, esa política de cooptación enfrenta los primeros escollos en el gobierno, cuando los asambleístas volvieron a producir nuevos cortes de ruta y la nueva funcionaria se negó a considerar ilegal la medida. Más claramente, el esposo de Romina, Jorge Daniel Taillant, al frente de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente que sigue asesorando a los ambientalistas de Gualeguaychú, considera que «el corte es una manera efectiva de hacer saber la opinión de la gente. Ojalá que la asamblea aguante todo lo que pueda».
No será fácil para los asambleístas soportar ahora el aislamiento y las presiones que desde distintos sectores se ejercen, especialmente por el hecho de que la Argentina concurrió a los tribunales de La Haya y la resolución fue adversa, lo que implicaría automáticamente (dicen) levantar las medidas de fuerza. Ambos, (gobierno y oposición) se han unido contra los asambleístas que volvieron a cortar las rutas. Pero en últimas, creemos, no es el corte de ruta lo que más les preocupa a todos. En realidad, la cobardía interesada de funcionarios, gobernantes y políticos para enfrentar a las grandes multinacionales (también a los organismos de derecho internacional afines a las mismas), dejó un inmenso espacio vacío que ocupó el pueblo de Gualeguaychú, el único claramente interesado en que el medio ambiente, como fuente misma de vida, sea preservado para las futuras generaciones. Los asambleístas fueron tomando en sus manos la tarea, y todo indica que a pesar de las dificultades que están enfrentando, no están dispuestos a abrir la mano para perderla fácilmente con quienes -ya conocen- la negociarían por muy bajo precio.