El fiscal que entiende en la llamada causa Fuentealba II, Sergio Velazco Copello, decidió esta semana en Neuquén sobreseer a 14 de los 15 imputados que tiene el caso del asesinato del maestro neuquino Carlos Alberto Fuentealba. La medida cayó como un balde agua fría entre los docentes provinciales, quienes aún no empezaron el ciclo […]
El fiscal que entiende en la llamada causa Fuentealba II, Sergio Velazco Copello, decidió esta semana en Neuquén sobreseer a 14 de los 15 imputados que tiene el caso del asesinato del maestro neuquino Carlos Alberto Fuentealba. La medida cayó como un balde agua fría entre los docentes provinciales, quienes aún no empezaron el ciclo lectivo 2009 y están enfrascados en medio de un conflicto salarial de difícil resolución en lo inmediato. La primera reacción fue una movilización frente a la Fiscalía general, donde se entrevistaron con el jefe directo de Velazco Copello, el fiscal Alberto Tribug, quien se mostró sorprendido ante la medida judicial y prometió investigarla.
Los polémicos desprocesamientos del fiscal Velazco Copello alcanzaron a los ex jefes de la fuerza policial a nivel provincial, los comisarios generales Carlos Salazar y Moisés Soto; el comisario Mario Rinzafri y otros jefes de los grupos especiales y agentes de la fuerza, quienes actuaron en el operativo de represión a los maestros neuquinos sobre la ruta nacional 22, a la altura de Arroyito, el 4 de abril de 2007, día que hirieron de muerte al profesor Carlos Fuentealba. También fue momentáneamente absuelto quien fuera por entonces el subsecretario de Seguridad de la administración del gobernador Jorge Sobisch, el también profesor Raúl Pascuarelli. La única acusación que quedó en firme fue la del suboficial Benito Matus, a quien se filmó en varias oportunidades vestido de civil y tirando en forma directa al cuerpo de los maestros neuquinos con su escopeta policial.
Uno de los participantes de la reunión que se realizó con el jefe de los fiscales provinciales, el secretario adjunto del gremio docente neuquino Aten, Pablo Grisòn dijo a Rebelión que «luego que nosotros le manifestáramos nuestra indignación y preocupación por lo que consideramos un acto claramente parcial a favor del interés de impunidad que busca para sí mismo, y para todos los que actuaron en su nombre, el ex gobernador (Jorge) Sobisch, el fiscal Tribug nos manifestó su sorpresa por la medida adoptada por Velazco Copello, agregando que al mismo tiempo que solicitará una auditoria para analizar lo actuado por su par en la fiscalía, transmitirá el hecho al Tribunal Superior de Justicia de la provincia».
En el encuentro en la Fiscalía estuvo presente la viuda de Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez y el secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, quien también contó a Rebelión que «Tribug nos transmitió que la resolución (de Velazco Copello) no es la propuesta por la Fiscalía general de la provincia, cuya estrategia consistió en desdoblar la causa, para que de lo producido en lo que se conoce como el Fuentealba I se proveyera la documental necesaria para la denominada Fuentealba II, cuestión que según sus dichos, Velazco Copello no hizo».
Finalmente, Sandra Rodríguez declaró a Rebelión que «la decisión adoptada por el fiscal Copello, para quien la mayoría de los que actuaron en la represión que sufrieron nuestros compañeros lo hicieron en el marco de la ley, no solo impide a mi familia sino a toda la sociedad conocer la verdad de lo que sucedió el 4 de abril del 2007, y así poder acceder al derecho que tenemos para que haya realmente justicia por lo que sucedió. Sino, lo que es más grave aún, habilita en un estado democrático, el uso indiscriminado de la fuerza, la represión y el asesinato como mecanismo válido para resolver los reclamos sociales, tal cual nuestro gremio y Carlos lo hicieron hace casi ya dos años en Neuquén».