A finales del año 2013 nos dieron uno de esos anuncios que pusieron a temblar nuestros bolsillos: el precio del boleto del Metro aumentaría su precio de 3 a 5 pesos. Los medios de comunicación y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) dijeron «qué tanto es tantito», mientras el pueblo en sus hogares, al sacar […]
A finales del año 2013 nos dieron uno de esos anuncios que pusieron a temblar nuestros bolsillos: el precio del boleto del Metro aumentaría su precio de 3 a 5 pesos. Los medios de comunicación y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) dijeron «qué tanto es tantito», mientras el pueblo en sus hogares, al sacar las cuentas, decía «pos es bastante».
El GDF, tan «democrático» como siempre, decidió realizar una «consulta» (en realidad una encuesta amañada) para conocer la opinión de los usuarios respecto al incremento del precio del boleto aunque, claro, en realidad esto no influiría en la decisión porque ya estaba tomada; siempre hay que aparentar que «decidimos juntos», como reza el slogan oficial. Al final, la supuesta consulta favoreció el incremento (aunque nadie supo quién votó) y acabó aprobándose el aumento en medio del descontento popular.
Hoy, a poco más de dos años de que se llevara a cabo el aumento de la tarifa, lo único que parece mejorar son las condiciones de vida de los funcionarios del Metro porque para los que viajamos a diario casi nada ha cambiado. Seguimos apretujándonos todos los días de Pantitlán a Tacubaya y de Indios Verdes a Universidad para ir a la chamba o a la escuela. A los comerciantes formales e informales del Metro tampoco les ha ido muy bien: en muchos casos, detenciones y desalojos se producen de manera cada vez más frecuente para, dicen, «mejorar el aspecto» de vagones y estaciones.
Las dichosas mejoras siguen sin llegar, aunque por todos lados mantas y carteles anuncian reparaciones de vías, escaleras eléctricas y elevadores. Para los usuarios ya se ha vuelto común ver esas paredes blancas de madera que cierran determinadas zonas de una estación porque hay «hombres trabajando» o las pequeñas vallas amarillas frente a las escaleras eléctricas que impiden el paso «por reparaciones». Entonces, surge la pregunta: ¿y esas reparaciones qué?
Durante varios meses del año 2015, por ejemplo, estuvo cerrada gran parte de la línea A que corre desde Pantitlán hasta La Paz. El cierre de estas estaciones durante casi 10 semanas es un buen ejemplo de lo que sucede en todo el sistema del Metro. Las reparaciones estuvieron a cargo de la empresa Consultoría Mexicana de Ingeniería S.A. de C.V, a la cual le fue concedido un contrato por 101.3 millones de pesos gracias al Fideicomiso para el Mejoramiento del Metro (creado con parte del dinero recaudado con el aumento de tarifa) y también se efectuó un contrato con la empresa Transporte Escolar y de Personal, S. A. de C. V. (mejor conocida como UTEP) para el transporte de los pasajeros afectados, aunque la mayoría de los camiones utilizados para tal efecto sean de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), cuyos choferes denunciaron que no se les pagó puntualmente lo correspondiente a las fechas en las que tuvieron que modificar sus rutas, es decir, se le pagó a una empresa privada por hacer un trabajo que no realiza en su totalidad y no se le pagó puntualmente a quien sí lo hizo.
Podríamos enumerar todas las pequeñas obras de «mejoramiento del Metro», como el cierre de la estación Revolución durante poco más de un año (primero en dirección Cuatro Caminos y luego en dirección Tasqueña), la remodelación del trasbordo de la estación Hidalgo, el cambio de escaleras eléctricas en todas las estaciones de la línea 2 (que ya ha durado más de seis meses), etcétera. Sin embargo, una cosa es clara, la privatización del transporte en la Ciudad de México avanza en contra de los intereses del pueblo y las supuestas mejoras en el Metro no constituyen cambios reales para la vida de la población, sino que sólo sirven para «taparle el ojo al macho» porque el problema del transporte no se soluciona con nuevas escaleras eléctricas o con pantallas de televisión en todas las estaciones.
Necesitamos darnos cuenta y organizarnos para ejercer nuestro derecho a llevar a cabo una transformación total de la manera en que está pensada esta enorme ciudad, ya que en esta metrópoli somos vistos únicamente como fuerza de trabajo, la cual debe ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible y no como personas con derecho a tener una vida digna. Los megaproyectos implementados por toda la ciudad están generando enormes ganancias para los grandes empresarios que obtienen las licitaciones y para nosotros, para el pueblo, el aumento en el costo del boleto del Metro no ha traído mejora alguna.
Es tiempo de cambiar esta situación, exijamos no sólo que el precio del boleto del Metro no vuelva a subir, sino que la calidad y el costo del transporte se correspondan con las necesidades de los trabajadores. Hay que organizarnos para detener estos proyectos de despojo y explotación que únicamente benefician a los grandes grupos empresariales (quienes, por cierto, jamás andan en Metro, combi o «chimeco»). El problema del transporte únicamente es una más de las caras del neoliberalismo, necesitamos luchar por una vida más digna y justa, ya que cada vez va quedando más claro que en este sistema jamás la tendremos.
Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la sección CIUDAD del No. 13 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 5 de enero de 2016.