1. Un largo y heterogéneo proceso de reconfiguración del tejido social (CSUTCB,1979; CNMCIOB-BS, 1980; CIDOB, 1982, CONAMAQ, 1997); las Marchas Indígenas (1990-2012); la denominada «guerra del agua» (2000) y la «crisis de octubre» (2003); el surgimiento de alianzas o convergencias entre diferentes sectores y capas sociales a escala local/regional/nacional; el resurgimiento de la comunidad y […]
1. Un largo y heterogéneo proceso de reconfiguración del tejido social (CSUTCB,1979; CNMCIOB-BS, 1980; CIDOB, 1982, CONAMAQ, 1997); las Marchas Indígenas (1990-2012); la denominada «guerra del agua» (2000) y la «crisis de octubre» (2003); el surgimiento de alianzas o convergencias entre diferentes sectores y capas sociales a escala local/regional/nacional; el resurgimiento de la comunidad y la asamblea como epicentro de las deliberaciones, decisiones y ejercicio de la autoridad; constituyen lo que se denomina proceso de cambio en Bolivia.
2. Las ideas conducentes a la Asamblea Constituyente y al Estado Plurinacional -como entidad estatal emergente y subordinada a la sociedad-, son observables en la trayectoria de ese mismo proceso de cambio: Los planteamientos contenidos en el Proyecto de Ley Agraria Fundamental (CSUTCB, 1984). Las demandas centrales de las nueve Marchas Indígenas (1ra. 1990, «Territorio y Dignidad»; 2da. 1996, «Territorio, Desarrollo y Participación Política de los Pueblos Indígenas»; 3ra. 2000, «Tierra, Territorio y Recursos Naturales»; 4ta. 2002, «Soberanía Popular, Territorio y Recursos Naturales -Asamblea Constituyente, Autonomía Indígena, Gestión Territorial Indígena, Administración de Justicia Indígena-«; 5ta. 2006, «Reconversión Comunitaria de la Ley de Reforma Agraria»; 6ta. 2007, «Tierra-Territorio, Recursos Naturales, Autonomías Indígenas, Representación Directa en el Órgano Legislativo, Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, Estado Plurinacional, …»; 7ma. 2010, «el estado debe reconocer las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) al mismo nivel que un Municipio… «; 8va. 2011, «no a la construcción de una carretera que parte en dos el TIPNIS»; 9na. 2012, «Vigencia de la Ley 180 de protección al TIPNIS»). La «guerra del agua» (2000), rechazo a la privatización de las aguas bajo administración de SEMAPA, en Cochabamba; y en el «Programa de Octubre» (2003), «nacionalización -expropiación sin pago- de los recursos hidrocarburíferos».
3. Un aspecto crucial del proceso de cambio es la centralidad que vuelve a tener la comunidad, la asamblea y el ejercicio comunitario de las deliberaciones, toma de decisiones y gestión de las mismas. En buena cuenta, las tendencia hacia la redistribución del poder y su ejercicio, como fundamento y realización de la democracia en toda escala social y territorial. Es así que la idea y curso organizativo del «Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos» (IPSP) surge con el 1er. Congreso que religa a la CSUTCB, CSCB y CIDOB (Santa Cruz, 1995), denominado «Tierra-Territorio e Instrumento Político». Al respecto, en los límites de estas notas es oportuno precisar que el IPSP es un instrumento al servicio de las organizaciones sociales y en ningún caso su «dirección» ni el partido político que las representa o dirige.
4. Ese proceso de cambio es uno de los componentes que originan las sucesivas crisis políticas que modulan Bolivia y a los gobiernos electoralmente elegidos, entre mediados de las décadas que se inician en los años 1980 y 2000. Es el factor que desencadena las crisis de representación política; la crisis del estado nación en particular y del estado en general; la configuración de nuevas alianzas con hegemonía popular y de las capas medias, de un nuevo «bloque de poder» que propicia con el voto una suerte de revolución social de las urnas y la elección presidencial de Evo Morales (2005). Es decir, la elección presidencial de EM es una deriva directa del proceso de cambio. Por lo mismo, y esto es importante observar, el proceso de cambio penetra el estado -el estado-nación y su institucionalidad-, ese estado dentro y en contra del cual precisamente emerge, sin perjuicio de la continuidad de sus propios impulsos organizativos hacia su realización continua como poder social directo, como comunidad en ejercicio de la autoridad pública -no necesariamente, ni únicamente como otro estado-.
5. Sin embargo, también, ocurre que a partir de la elección presidencial de EM (2005) surge el «proceso de cambio». Mejor dicho, surgen las ideas y sus narrativas y sus narradores, según los cuales el «proceso de cambio» (con y sin comillas) comienza recién con el primer gobierno de EM (2006). A la vez, se instalan la ideas y los relatos que insinúan al MAS como el IPSP, y, EM y el MAS, sobre todo el vicepresidente Álvaro García, entronizan la retórica que iguala estatismo con socialismo y estatización con socialización, y juntos forjan el «evismo». Y es de ese modo que con el primer gobierno de EM se inicia la estatización del proceso de cambio y su mutación en «proceso de cambio». Vale decir, el desplazamiento y distorsión de las experiencias sociales tendientes a la organización y ejercicio directo de su propio poder -el IPSP, la comunidad, el sindicato, la asamblea, etc.-. Comienza el control corporativo y estatal de la sociedad. Es decir, el «proceso de cambio» restablece la mediación del partido político -el MAS- en las relaciones entre la sociedad y el estado, para la representación de la primera en la administración del segundo y en el ejercicio de gobierno. En buena cuenta impone nuevamente la subordinación de la sociedad al estado, la sumisión de la razón liberadora a la razón de estado -del «estado plurinacional»-.
6. Otros rasgos de ese mismo estatismo son: El incremento de la renta fiscal, como resultado de las «nacionalizaciones» -que no son tales- y del aumento de la tasa impositiva a ciertas corporaciones transnacionales; el desarrollo y la industrialización concebidos sobre la base de la asociación del «capital estatal» con el capital privado transnacional; el capitalismo extractivista; y una narrativa que presenta la consolidación de una burguesía nacional, también indígena -aymara-, capaz de configurar y controlar un mercado nacional diversificado, dinámico e integrado al mercado internacional. Se trata, pues, de un estatismo que, de suyo, es capitalismo de estado. Por consiguiente, resulta comprensible porqué el «socialismo» de ese estatismo sólo se realiza como administración de renta fiscal -en ningún caso como socialización del poder y de los bienes y servicios-.
7. La reproducción de la desigualdad y clasificación social continúa sobre la base de la racializaciazión de las diferencias culturales, como ocurre con la imposición de la hegemonía aymara en las narrativas del gobierno y el MAS: Ceremonia ancestral en Tihuanaco las tres veces que EM es elegido Presidente y la reiterada denominación de «año nuevo aymara» al solsticio de invierno, en circunstancias que el «estado plurinacional» reconoce 36 pueblos y/o nacionalidades; la ceremonia del matrimonio del vicepresidente Álvaro García y Claudia Fernández, en el templo de Kalasasaya, en Tihuanaco, televisada y difundida varias horas por el canal estatal; la expansión migratoria y colonizadora procedente de «tierras altas» -con significativa participación aymara y con apoyo estatal y del MAS-, sobre territorios ubicados en «tierras bajas» -amazonía-, y en ese mismo contexto la construcción de la carretera que parte en dos el TIPNIS -con el apoyo de las seis federaciones cocaleras del Chapare y de la CSCIB-, en donde habitan los pueblos amazónicos yuracaré, chiman y mojeño. Esa misma racialización y clasificación social por igual es observable en la concentración de la propiedad privada capitalista, porque 68,48 % de las superficies dotadas están en manos de 18,51% de los beneficiarios, mientras que el restante 29,95% de las superficies están en manos de 79,87% de los beneficiarios -en total 2.058.707 de Has. (después de ocho años de gobierno de EM las mejores tierras productivas del país están en poder de tan solo 42 familias latifundistas (CEDIB). La publicidad clasista y racista, a la vez engañosa, y la masificación de la fruición por el consumo; las largas colas en entidades privadas y públicas, como la pésima calidad de los denominados servicios públicos, repito, dan cuenta de la continuidad de la reproducción de la desigualdad y clasificación social en el «proceso de cambio», bajo el manto de la «constitucionalización de los derechos» y de la narrativa indigenista oficial u oficiosa del «proceso de cambio».
8. Una cuestión importante a considerar es la legitimidad social de ese estatismo, como resultado de los sucesivos triunfos electorales de EM y el MAS, del consentimiento de la ciudadanía manifestado a través de su voto. Este es otro tema crucial, con muchas especificidades en Bolivia y tiene mucho que ver con el estatismo -urge decirlo y reconocerlo- que también habita en la subjetividad y el sentido común de las gentes, de la ciudadanía -no sólo en los adherentes, militantes y dirigentes del MAS-, y con la manera en que modula sus desempeños y horizontes ciudadanos: Hace que las gentes, la ciudadanía, tiendan a esperar todo del estado y de su tecnocracia y burocracia, y, a la vez, hace que la ciudadana y el ciudadano se ocupe sólo de (re)elegir un gobierno, en lugar -también- de organizar y ejercer su autogobierno y autoridad social. Tal vez por eso mismo, entre otras razones más, por tercera vez consecutiva en Bolivia la ciudadanía vota mayoritariamente por EM y el MAS: Porque así mantienen el retorno del Estado y sus políticas públicas, ocho años después de dos décadas de neloiberalismo -situación semejante se da en Ecuador con la reelección presidencial de Rafael Correa (2013)-. Y es crucial, sobre todo reconocerlo, porque permitiría indagar acerca de como desestatalizar la subjetividad y el sentido común de las gentes, de la ciudadanía, a propósito de una «revuelta subjetiva», para restituir la sociedad como el escenario principal de las relaciones y conflictos sociales, de las correlaciones de poder y del ejercicio socializado del poder y del gobierno, en toda escala territorial. Porque, permitiría resignificar la igualdad social, la ciudadanía y la democracia, como un proceso que acontece por igual en los ámbitos social-familiar-privado y social-ciudadano-público (como dicen algunos, casa adentro y casa afuera), y no sólo en o con el estado -como la igualdad de todos ante el estado y la ley-. Porque es en la sociedad donde acontecen las transformaciones sociales, culturales y políticas, como en 1952 en Bolivia; y se frustran cuando se enajenan en la mediación de los partidos políticos y en el estado, como en la misma Bolivia, poco después de 1952 y desde el 2006 en adelante.
Siglas
CSUTCB.- Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia.
CNMCIOB-BS.- Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa
CIDOB.- Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CONAMAQ.- Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Collasuyu
MAS.- Movimiento al Socialismo 1987 y 1995
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