El colapso provocado por la pandemia abrió un portal para discutir el futuro en Argentina y en el mundo. Si ya no podemos pretender el “retorno a la normalidad”, ¿cómo construir una agenda capaz de poner en jaque a un capitalismo que solo propone más desigualdades y caos? En este ensayo, Maristella Svampa y Enrique Viale proponen un Gran Pacto Ecosocial y Económico con cinco puntos fundamentales para encontrar una salida alternativa a esta crisis.
Vivimos una encrucijada civilizatoria cuyo alcance y consecuencias todavía inciertas envuelven las diferentes esferas de la vida. La pandemia ha desnudado y agudizado las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más insoportables que nunca. Hoy se vuele necesario retomar aquellas alternativas que hace solo unos meses parecían inviables para encontrarle una salida diferente a esta crisis. Como pocas veces, la pandemia nos impulsa a dejar de mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad, con lagañas tradicionales. A la luz de nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, como seres inter y ecodependientes, debemos repensar en una reconfiguración integral, esto es, social, sanitaria, económica y ecológica, que tribute a la vida y a los pueblos.
Así, la capacidad del Estado, que hoy aparece como fundamental para superar la crisis a nivel global y nacional, debe ser puesta al servicio de un gran Green New Deal o Gran Pacto Ecosocial y Económico para transformar la economía mediante un plan holístico que salve al planeta y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igualitaria. Lo peor que podría suceder es que, en su propósito de volver a crecer económicamente, el Estado apunte a legislar contra el ambiente, acentuando la crisis ambiental y climática, así como las desigualdades Norte-Sur y entre los diferentes grupos sociales. Hay que entender de una vez por todas que las Justicias Ecológica y Social van juntas, que no sirve una sin la otra.
Desde nuestra perspectiva, cinco son los ejes fundamentales del Pacto Ecosocial y Económico a debatir: un Ingreso Universal Ciudadano, una Reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la Deuda Externa, un Sistema nacional de cuidados y una apuesta seria y radical a la Transición socioecológica.
1. La actual catástrofe pone en evidencia que todo ser humano debe tener garantizado un ingreso básico que le abra la posibilidad de una vida digna. Para acceder a este Ingreso universal o Renta básica, impulsado históricamente en nuestro país por el economista Rubén Lo Vuolo y ciertas organizaciones sociales, no se requiere ninguna otra condición personal que la de existir, y con ello, la de ser ciudadano. A diferencia de las políticas sociales focalizadas y fragmentarias que se han venido implementando en la región latinoamericana y en nuestro país en las últimas décadas, el Ingreso Universal Ciudadano está desvinculado del empleo asalariado, no exige contraprestación alguna, no refuerza la trampa de la pobreza (como sucede con los planes sociales focalizados) ni el clientelismo, y pretende garantizar un piso suficiente para el acceso a consumos básicos. Lejos de ser algo irrealizable, el Ingreso Universal hoy está en el centro de debate de la agenda global, así como lo está la propuesta de reducir la jornada de trabajo estableciendo un límite de, al menos, entre 30 y 36 horas semanales, sin disminución salarial. Entre otros beneficios, esto último no solo mejoraría la calidad de vida de los y las trabajadoras sino que permitiría la creación de nuevos puestos de empleos para cubrir las horas reducidas. Pero, además, una apuesta al reparto de tareas implicaría afrontar proactivamente la realidad de la automatización de los procesos de producción y el avance de la sociedad digital, sin tener que multiplicar por ello la desocupación y la precarización del empleo.
2. La implementación del Ingreso Universal no solo pone en el centro de la escena la cuestión de la ciudadanía sino también la necesidad de contar con sistemas impositivos progresivos, como base para su factibilidad y buen funcionamiento. No hay que olvidar que nuestro país cuenta con un sistema fiscal regresivo, basado en los impuestos indirectos o al consumo (como el IVA) y un impuesto a las ganancias (incluyendo el impuesto al salario) que golpean sobre todo a los sectores medios y bajos. Los grandes patrimonios, las herencias, los daños ambientales, las rentas financieras, son todas fuentes tributarias que tienen nula o muy baja presencia en el sistema impositivo del país. Como afirma José Nun, ex secretario de Cultura, quien hace tiempo viene tallando en estos temas, “esta vía exige una reforma impositiva profunda, cuyo significado e importancia deben instalarse en la conciencia colectiva para distinguirla de los parches y remiendos que hoy reciben ese nombre”. Así, el segundo eje del Pacto Ecosocial y económico no solo apunta a un necesario impuesto a las grandes fortunas que coadyuve a afrontar el costo de la crisis. También es imprescindible una Reforma Tributaria Progresiva que reconfigure desde la base el actual sistema fiscal en todas las jurisdicciones, en un sentido equitativo, y que incluya desde el impuesto a la herencia erradicado de un plumazo por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar, además de nuevos impuestos verdes a las actividades contaminantes.
No podemos tolerar que, tal como ya sucedió a nivel global con la crisis financiera de 2008, el Estado salga a socorrer a los bancos y entidades financieras y terminen siendo los más vulnerables quienes financien esta crisis. La concentración de la riqueza a la que asistimos en esta fase del capitalismo globalizado y neoliberal es solo comparable con aquella propia del capitalismo desregulado de fines del siglo XIX y principios del XX. Mientras tanto, aunque la pobreza haya disminuido, según los períodos y las sociedades, las desigualdades aumentaron, tanto en el Norte como en el Sur global. Según datos de la organización Oxfam, el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de riquezas que 6900 millones de personas: casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al día. En materia ecológica, los datos también escandalizan: solo 100 grandes empresas transnacionales son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero a nivel global.
3. En momentos extraordinarios es cuando se justifican la suspensión de las grandes deudas de los Estados. No hay que ser radical ni heterodoxo en materia política y económica para darse cuenta de ello. En las economías desarrolladas la deuda total –hogares, empresas, gobierno- representa el 383% del PBI. En las economías emergentes, es del 168%. Ningún país puede pagar colosales montos de divisas sin antes garantizar a sus habitantes una vida digna, mucho menos en un contexto de inédita recesión económica global y nacional. Y mucho menos, tampoco, en una situación de casi default provocada principalmente por los préstamos contraídos por la gestión anterior, que solo sirvieron para fugar dinero y sostener déficits fiscales que no beneficiaron a los sectores más vulnerables. Hace unas semanas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) propuso un nuevo Plan Marshall que libere 2,5 billones de dólares de ayuda a los países emergentes, e implique el perdón de las deudas, un plan habitacional en servicios de salud, así como programas sociales. La necesidad de rehacer el orden económico mundial, que impulse incluso un jubileo de la deuda, hoy aparece como viable y plausible.
4. La pandemia debe abrir paso a la construcción de sociedades ligadas al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia también en las políticas públicas. Así, es necesaria la implantación de un Sistema Nacional Público de Cuidados destinado a atender las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas. Una vez superada la pandemia, tanto a nivel global como nacional, la recuperación de la economía debería priorizar tanto el fortalecimiento de un sistema nacional de salud y de cuidados, que exige un abandono de la lógica mercantilista, clasista y concentradora, generadora de ganancias para los monopolios farmacéuticos, y un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado, así como el equilibrio y el cuidado de la Madre Tierra.
Vinculado con los problemas en la salud de la actual pandemia, recordemos que los virus más recientes–como el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y el Covid 19- están relacionados con la destrucción de hábitats de especies silvestres para plantar monocultivos a gran escala. Es necesario dejar el discurso bélico detrás, asumir las causas socioambientales de la pandemia y colocarlas en la agenda política-estatal para responder así a los nuevos desafíos. En esa línea, las voces y la experiencia del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la agenda pública la inextricable relación que existe entre cuidado, salud y ambiente, de cara al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y a la agravación de la crisis climática.
5. No podemos invisibilizar más los debates sobre la crisis ecológica y el colapso climático. Es momento de que la Argentina comience una Transición Socioecológica, una salida ordenada y progresiva del modelo productivo netamente fosilista y extractivista. Transición y Transformación, pues se trata de avanzar en un cambio del sistema energético hacia una sociedad post-fósil basada en energías limpias y renovables. Algo que hasta ahora no ha sido posible ni pensable, en un contexto en el que la visión eldoradista asociada a Vaca Muerta obturó aún más la expansión de imaginarios energéticos alternativos y sustentables.
Por otro lado, la caída estrepitosa del valor del barril del petróleo pone fin a la apuesta por explotar combustibles fósiles no convencionales que se había instalado en nuestro país desde el descubrimiento del yacimiento Vaca Muerta, hace poco menos de una década. Lo cierto es que la inviabilidad económica de este proyecto se evidencia desde hace varios años en los millonarios subsidios que gozaban las compañías petroleras para sostener la producción, solventados por enormes aumentos de tarifas a los consumidores. El derrumbe histórico del precio del petróleo desbarata el “Consenso del fracking” que unía sectores del campo político y económico, y deja bajo tierra el mito eldoradista sobre este yacimiento -aquel que lo mostraba como “el salvador” de nuestro país-, al tiempo que abre también una oportunidad extraordinaria para repensar totalmente el sistema energético.
Tal vez sea utópico pensar que Argentina tenga el 100% de sus energías renovables en el año 2040, pero ésa es la dirección que el país debe encarar. Al mismo tiempo, se trata de avanzar también en términos de democratización, pues la energía es un derecho humano, y una de las principales tareas en un país como el nuestro es terminar con la pobreza energética que caracteriza a las barriadas populares. Así, la justicia social y la justicia ambiental deben ir articuladas.
La otra cara de la transición es potenciar la Agroecología para transformar el sistema agroalimentario argentino. En este sentido, la creación y fomento de cinturones verdes de agricultura ecológica en ciudades y pueblos son claves para generar empleo y garantizar alimentos sanos, seguros y baratos. Estas iniciativas, además, promoverían la soberanía alimentaria con sistemas de producción y distribución dirigidos al desarrollo de mercados locales agroecológicos y solidarios de pequeños productores, enfocados en fomentar una cultura asociativa y comunitaria y una responsabilidad ciudadana en el consumo. Se puede comenzar con la obligatoriedad de compra por parte de los gobiernos a estos productores para escuelas, hospitales y demás organismos públicos. Esto fomentaría el arraigo en pequeñas y medianas ciudades semirurales si se complementa con acceso a la tierra, la vivienda, la salud (de calidad), la educación (en todos los niveles, desde jardines de infantes hasta la universidad) y los alimentos.
El Antropoceno como crisis es también un Urbanoceno. Tengamos en cuenta que en Argentina el 92% de la población vive en ciudades (el promedio mundial es de 54%) concentrada en un 30,34% de nuestro territorio. Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 0,4% de la superficie total del país, vive el 31,9% de la población total. Habitamos ciudades planificadas por y para la especulación inmobiliaria (cuya contracara es la emergencia habitacional y la insuficiencia de espacios verdes) y dominadas por la dictadura del automóvil (con transportes públicos saturados). Esta característica puso bajo la lupa a las vidas urbanas en cuarentena y evidencia la necesidad de un cambio radical en la forma en que vivimos en las metrópolis. Debemos ruralizar la urbanidad, sobre todo en las grandes ciudades donde la relación con la Naturaleza es prácticamente nula. Debemos reparar la separación que tienen los habitantes urbanos respecto de la naturaleza, así como de las fuentes de nuestra alimentación y nuestra vida.
Por último, estamos convencidos que parte fundamental del Pacto Ecosocial y Económico es el reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza. En otras palabras, los seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derechos y no como un mero objeto. Debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades.
Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. Nadie dice que será fácil pero tampoco es imposible. Pero no nos engañemos: el “retorno a la normalidad” es el retorno a las falsas soluciones. Tampoco “volver a crecer como antes” es la salida. Solo podría conducir a más colapso ecosistémico, a más desigualdades, a más capitalismo del caos. Con todo lo horroroso que ha traído la pandemia, es cierto también que estamos ante un portal: el debate y la instalación de una agenda de transición justa por la vía de un Gran Pacto Ecosocial y Económico puede convertirse en una bandera para combatir el pensamiento neoliberal -hoy replegado-, neutralizar las visiones colapsistas y distópicas dominantes y vencer la persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas, que privilegian la lógica del crecimiento económico así como la explotación y mercantilización de los bienes naturales.
La apuesta es construir una verdadera agenda nacional y global con una batería de políticas públicas, orientadas hacia la transición justa, que requieren de la participación y la imaginación popular, así como de la interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas, sociales e interculturales, feministas y ecologistas. Esto plantea sin duda, no solo la profundización y debate sobre todos estos temas, que hemos intentado presentar de modo sumario aquí, sino también la construcción de un diálogo Norte-Sur; Centro/Periferia, sobre nuevas bases geopolíticas, con quienes están pensando en un Green New Deal, a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad.