El violento ataque, producto de un plan perfectamente calculado por el Gobierno de Oaxaca, se ha producido en un contexto de protestas de carácter completamente pacífico y festivo. Un muerto y decenas de heridos y detenidos, el saldo de una acción que vuelve a evidenciar no sólo la falta de legitimidad de Ulises Ruiz, sino también que su torpe forma de hacer política no dista mucho de la de los estados fascistas.
Tan sólo días después de que el Gobierno de Oaxaca clamara a los cuatro vientos que el conflicto social en el estado estaba resuelto, diferentes cuerpos policiacos en colaboración con las fuerzas militares han vuelto a mostrar cual es el verdadero rostro que se esconde tras lo que Ulises Ruiz y sus acólitos llaman democracia y estado de derecho. Una violencia desorbitada al parecer necesaria ante el peligro que supone un pueblo que, mientras se le trata de relacionar con grupos guerrilleros muy oportunamente aparecidos en escena, utiliza el baile y la música tradicionales como forma de protesta frente al uso de la violencia que, enquistada en la genética política del PRI, es el único argumento y la única forma de «legitimidad» que son capaces de comprender.
Ya la APPO había anunciado la posibilidad de que Ulises Ruiz volviera a hacer uso de sus «argumentos» políticos dado el nivel de presión que supone todo un pueblo levantado en contra de la mercantilización de la Guelaguetza, símbolo de una cultura cuyas formas de organización política basadas en un sistema de valores cimentado en el apoyo mutuo, suponen un peligro para al autoritarismo de la derecha mexicana. Pero nadie podía imaginar una acción tan violenta y planificada como la que se ha dado el día 16 de julio de 2007. Una fecha más que añadir a la lista de tristes efemérides que son ya parte de la historia criminal de Oaxaca y México.
Cuando ya ha caído la noche en Oaxaca, los informes hablan de la muerte de Raymundo Torres. Emeterio Merino Cruz se encuentra en estado muy grave, aunque en un principio se habló también de su posible fallecimiento. Mientras las primeras noticias elevaban a siete el número de detenidos, actualmente esta cifra ha ascendido a 40, aunque se habla también de más de 60, de los cuales en estos momentos sólo 14 han sido presentados, la mayoría heridos incluso por arma de fuego. Los demás siguen desaparecidos. Periodistas de medios poco susceptibles de ser acusados de cercanos al movimiento, también fueron agredidos por la policía. El operativo en las calles continúa. Según las últimas noticias ya han llegado al aeropuerto de Oaxaca tres helicópteros de la Policía Federal Preventiva. Y, según informaciones de miembros de la APPO, se teme que las detenciones selectivas seguirán toda la noche y en días sucesivos. Todo apunta a que todo ello no es más el comienzo de una cacería similar a la implementada por el Gobierno de Oaxaca tras el 25 de Noviembre.
Todo comenzó con una marcha desde el Zócalo al Auditorio de la Guelaguetza, con el fin de celebrar la Guelaguetza Popular, alternativa a la oficial, convertida en un acto para turistas que ataca directamente a la dignidad de los pueblos indígenas oaxaqueños, convertidos en mercancía con la que atraer al turismo, fuente de ingresos de la elite empresarial oaxaqueña. El contingente fue citado a las 8 de la mañana en al Zócalo capitalino y, hasta el momento de la agresión policiaca, el desarrollo de la marcha era el mismo que el de la calenda en la que en el día anterior miles de oaxaqueños participaron como forma de protesta contra Ulises Ruiz y su gobierno, es decir, música y bailes tradicionales.
La marcha, al llegar a las inmediaciones del auditorio, trató de dialogar con las fuerzas policiacas con el fin de que les dejaran ingresar, de manera pacífica, en el auditorio de la Guelaguetza. Ante la negativa de estos, se decidió realizar el acto en el crucero de la avenida Venus con Niños Héroes. Otros medios, tradicionalmente reñidos con la verdad, llegaron a manifestar que se produjo la entrada de manera violenta lo cual obligó a la policía a intervenir. Sin embargo lo cierto es que, sin ningún tipo de provocación por parte de los manifestantes, alrededor de las 11:30 los diferentes cuerpos policiacos comenzaron a lanzar piedras y gases lacrimógenos contra la multitud. Uno de los lugares desde los que esperaban el momento de entrar en acción era el Hotel el Fortín, uno de los más turísticos y caros de Oaxaca. Algunos de los presentes, que no esperaban la agresión, comenzaron a lanzar piedras a la policía en un acto de legítimamente defensa difícilmente criticable. Ante la situación de indefensión de una multitud integrada también por personas de edad y niños, y que tan sólo estaba preparada para un acto festivo, y ante un escenario en el que peligraba seriamente la vida de los asistentes, se improvisó la colocación de barricadas. Fue en ese momento en el que diversos vehículos fueron incendiados con el fin de dificultar la acción represora de la policía. Algunos de los asistentes fueron sin embargo rodeados y sufrieron la violencia planificada típica de su manera de entender cómo se resuelven los conflictos sociales.
El que la finalidad del ataque policiaco no fue la dispersión del contingente, sino el de dar un nuevo golpe represor al movimiento popular, queda claro en el hecho de que cuando la gente comenzó a dispersarse, la policía persiguió a los asistentes con todo lujo de violencia. Este es el caso, por ejemplo, de la integrante de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) Silvia Gabriela Hernández quien, seguida insistentemente por la policía hasta un lugar alejado del enfrentamiento, fue apresada cuando se disponía a abandonar el lugar en autobús.
Según testigos presenciales, las agresiones continuaron durante el traslado de los detenidos con la tradicional violencia característica de la policía mexicana, lo que, unido al hecho de que la mayoría siguen desaparecidos y que es tradición el negar la atención médica a los heridos, hace temer por la integridad física de los que en este momento pueden denominarse secuestrados por el gobierno.
Mientras algunos empresarios turísticos oaxaqueños, cómplices, no por primer vez, de la agresión, piden que se haga justicia e incluso anuncian que se trasladarán a la capital mexicana para demandar a Felipe Calderón que se devuelva la paz social y castigue a lo que ellos califican como «culpables» del enfrentamiento, las mujeres detenidas en el día de ayer comienzan a denunciar haber sufrido acoso sexual por parte de las «fuerzas del orden».
No sólo la infamia moral del gobierno oaxaqueño, sino también su torpeza estratégica vuelven a quedar al descubierto. Los turistas vuelven a cancelar reservas y, seguramente, no volverán a creer en las declaraciones que describen la situación en Oaxaca como de tranquilidad. El día 23 de julio está prevista la celebración de la Guelaguetza gubernamental. No es de prever una asistencia masiva a un acto que el movimiento social sigue llamando a ser boicoteado. Muy probablemente la violencia y la represión vuelvan a ser la respuesta del Gobierno ante las demandas de justicia del pueblo oaxaqueño.