Reflexión sobre la visión monocultural de Juan Carlos Urenda Diaz y del Comité Cívico de Santa Cruz.
En un concierto de epítetos que interpelan a la nueva CPE y que han apelado demasiadas veces al argumento fácil de su descalificación por la ilegalidad o ilegitimidad; es gratificante que se pueda reflexionar sobre el contenido de esta propuesta constitucional, usando de excusa las opiniones de quien es asumido como el ideólogo del civismo cruceño. Que pena que su sagacidad intelectual apenas alcance a la superficialidad de algunos apuntes que intentaremos comentar para aportar a un diálogo a todos los niveles tan necesario en el país; más aún en la deliberación sobre el contenido de las propuestas hoy en curso e interrumpida por el conflicto político que alentado por ideas como las que defiende el señor Urenda ha impedido un diálogo democrático de cara al país.
Liberalismo y Etnicidad.- Es interesante resaltar en principio que al igual que tantos epígonos del neoliberalismo, las impresiones iniciales del analista, se asientan en la afirmación explícita de que los pueblos indígenas carecen de historia propia pues pretende que el marco liberal en el que hemos desenvuelto nuestra historia republicana sea la única matriz en la que podamos efectuar el análisis. Así la ponderación crítica de que la propuesta constitucional altera el principio fundamental de la democracia representativa – un hombre un voto- es una verdad a medias, sino se toma en cuenta la historia absurda de la discriminación que vivimos como país, en el que hasta el año 52 sólo el 2% de la población ostentaba el derecho político de elegir y ser elegido; y luego bajo una suerte de pongueaje político fueron los dictadorzuelos y los partidos políticos de las clases medias los que fueron portadores de la opinión pública- Es decir, la máxima liberal para el autor, en este país suena a un sarcasmo sin medida. Ahora bien en una actitud paternalista, Urenda afirma que la discriminación positiva es inobjetable con esos pueblos indígenas a los que dicho sea de paso, los estatutos cruceños han venido a definir como a «sus pueblos oriundos», en el marco de una visión que sólo atina a expresar el desprecio histórico que se tiene por quienes se considera inferiores o menores de edad, pero no portadores de una identidad política propia.
Recuperación Histórica y Racismo.- Es por demás interesante que el señor Urenda defina como racismo, la posibilidad histórica de que los pueblos originarios puedan tener mayores derechos y la posibilidad constitucional real de ser parte de la organización política de este país y de los derechos que supone esta afirmación. Sin duda opina desde la perspectiva de quienes desde el poder han asumido como algo natural de que los pobres e indios estén fuera de las decisiones políticas en este país, a eso no lo denomina racismo, sino implícitamente «la supremacía de los más fuertes» que en una suerte de darwinismo social, ha justificado históricamente la exclusión y la miseria de nuestros pueblos. Todavía más, la ironía sobre el reconocimiento de lo originario en Bolivia y en el continente Latinoamericano, no sólo expresa la ignorancia manifiesta sobre la historia de este continente sino además una postura ideológica implícita que busca negar un hecho fundacional esencial que se refiere a la aceptación de que en este territorio existió una historia precolonial con identidad propia que pervive hasta nuestros días. Muchos pueblos lamentablemente ya han dejado de existir fruto de las políticas neocoloniales que los extinguieron, y sin embargo muchos otros existen y hacen a la identidad de este país, y también a la de este Estado que pretende la refundación sobre el reconocimiento del pasado histórico más allá de la república. No entendió el brillante analista de que no estamos en un país de ilusión, del engaño de ser cada vez más parecidos a los del primer mundo; porque en definitiva somos «otros» aunque los pocos renieguen de ese origen. Que el mestizaje como proyecto político estatal ha sido un fracaso desde el 52 hasta el proyecto neoliberal, pues no lograron que la bolivianidad sumida en el mercado y la ciudadanía individualizada se convirtieran en la pauta estatal de nuestra homogeneidad civilizatoria sino por el contrario, que la diversidad se expandiera más aún y expresara su identidad diversa como identidad del pluriverso del que somos parte? Sin embargo, eso no quiere decir, para tranquilidad del señor Urenda, de que todos estamos obligados a reconocernos en una identidad indígena, pues la historia republicana también tiene su parte en este proceso de construcción estatal; de esta manera las comunidades interculturales urbanas y las diferentes clases sociales que hacen a esta sociedad son objeto de reconocimiento en el nuevo texto constitucional.
La ilusión del mestizaje.- En definitiva en las reflexiones que realiza el señor Urenda sobre «la discriminación étnica» expresada en la nueva CPE como exclusión del mestizaje, no hace sino constatar de que desde esta visión de país, la ilusión del mestizaje sigue siendo su proyecto al que nos quieren meter a todos en un afán homogeneizador que sustente una forma de hacer Estado. Sin embargo, el país de verdad no es la suma de sangres mezcladas, sino principalmente la diversidad de autoreconocimientos en identidades diversas que nos unen a un pasado ancestral que no se diluyó ni concluyó con la era republicana. La aceptación de esta realidad es el principio de la construcción del nuevo Estado que nos cobije a todos los bolivianos y bolivianas en la diversidad que somos, y eso es precisamente lo que se expresa en la nueva Constitución Política del Estado. Lo que en el fondo no se quiere aceptar es que esta realidad nuestra no puede ser monocultural y única, y tampoco podemos ni queremos borrar los aportes de la historia republicana en la construcción de este país. Por eso la nueva CPE expresa este empate necesario entre dos mundos que hasta ahora habían permanecido negándose mutuamente, para hacer posible la convivencia. La dimensión liberal que ha sido la prevaleciente a lo largo de la historia republicana es plenamente respetada y profundizada con la inclusión de lo comunitario y de los pueblos indígenas, en la perspectiva de hacer una democracia incluyente que nos cobije a todos y todas, proyecto histórico propio de la sociedad de mercado en el que hasta ahora, han fracasado los sectores dominantes de este país. Por eso es que el ideólogo cívico en sus desmesuradas afirmaciones, pretende ignorar adrede la declaración de la ONU sobre los Pueblos indígenas. Será que asume como sus correligionarios de que se trata de una «declaración masista» de los organismos internacionales? y no de un texto largamente discutido y esperado por los pueblos indígenas latinoamericanos que de esta manera se sienten reconocidos en sus luchas y reivindicaciones de memoria larga; que en los albores del siglo XXI por fin logran la aceptación de los propios estados nacionales existentes de que el proyecto de mestizaje como forma de homogeneización del estado nacional, es un fracaso histórico y que la diversidad que nos cubre no es un error ni una carencia de Estado sino la propia forma en la que debemos organizar la convivencia entre los diversos que somos? Que en definitiva este proyecto histórico está expresado en la ley sobre los pueblos indígenas ya aprobado en el parlamento incluso por sus allegados políticos de PODEMOS y cuya interpretación está expresada precisamente en el texto constitucional que se propone?
Sobre el Poder Legislativo.- En lo referido al poder legislativo donde el señor Urenda una vez más critica desde la perspectiva liberal representativa, la mención en el artículo 149 de que se respete la participación proporcional de pueblos originarios, así como la existencia en la futura ley que norme, la existencia de circunscripciones especiales indígena originario campesinas. Una vez más se pretenderá bajo el manto liberal, sostener el proceso de exclusión con el que se ha provocado no sólo la extinción ya de varios pueblos originarios, sino la negación de su identidad política propia en un acceso a los espacios de poder, o es que considera el cívico que los pueblos originarios sólo sirven para hacer folklore, denominarlos «oriundos» y conservarlos como rarezas que atraigan turismo para el globalizado mundo liberal? Esta propuesta contenida en el referido artículo pretende precisamente asumir el protagonismo de quienes hasta ahora han sido negados, y más allá del número, presencia real en la organización política del Estado como nunca antes ocurriera. Pero además es importante considerar que en la propuesta constitucional se incorporan formas políticas comunitarias en el contexto liberal del nombramiento de representantes cuando se les quita la inmunidad a los congresistas y a los servidores públicos, además de incorporar la posibilidad de la revocabilidad del mandato para terminar con la impunidad con la que han contado hasta ahora al amparo de la función pública. Ambos aportes contenidos en la nueva CPE representan características de la democracia comunitaria que ha pervivido a lo largo de los siglos, donde una autoridad nombrada, es revocable en cualquier momento cuando la comunidad considera que no los representa adecuadamente y carece de inmunidad pues el mandato recibido es un servicio que hace a la comunidad y por el que deberán pasar todos los comunarios, dejando de ser el poder un privilegio para ser en su justa medida un servicio a sus mandantes.
Pluralismo Jurídico.- En el Órgano Judicial critica la constitucionalización de la existencia de dos formas de administrar justicia, insiste en que la originaria cuenta con preferencias frente a la ordinaria, no sólo en el procedimiento sino también en el nombramiento de las autoridades de este órgano, cuyos miembros en el caso de la justicia ordinaria deben probar capacidad y probidad, en cambio los representantes de los pueblos indígenas deben contar «tan sólo» con el respaldo social de sus comunidades para ejercer justicia. Olvida quizás el cívico el curso que ha tenido la justicia ordinaria al mando de quienes son poder en este país, con incontables cuoteos partidarios a nivel de todo el poder judicial incluido el propio Tribunal Constitucional; corrupción en jueces y fiscales que han mercantilizado la justicia, y en definitiva injusticia estructural con los más pobres que son la mayoría de este país. Es por eso necesario que existan numerosos candados, contemplados en la nueva CPE, que además de obligar al cumplimiento de la norma, penalice a los infractores y permita la participación ciudadana en el nombramiento y control social de las autoridades judiciales. Pero aún más la justicia comunitaria en su forma restaurativa ha probado históricamente que es capaz de resolver los temas de justicia en la comunidad manteniendo la integralidad y la participación de sus miembros, no será bueno pensar que este estatus de reconocimiento nos permitirá aprender mucho de lo que la justicia en esencia se trata? Más aún las mayores interpelaciones en este campo, y que acompañan las opiniones del abogado Urenda, vienen precisamente de miembros de su gremio, que no han cesado de lucrar en el marco de la justicia ordinaria, con el sufrimiento de los pobres, y que hoy sólo atinan a desacreditar a la justicia originaria, sin mayor argumento que el de la profesionalidad, argumento que cae por su propio peso cuando constatamos que los mayores delitos que se han cometido contra el Estado en este país han tenido a algunos de estos profesionales en un espacio preferencial . Le preocupa al señor Urenda, en el caso del Tribunal Constitucional, de que se coloque frente a «profesionales», inclusive a «magistrados analfabetos» provenientes del sistema originario. Una vez más una verdad de Perogrullo para el señor Urenda, el mérito de impartir justicia no proviene de la cantidad de lecturas, libros o títulos acumulados; sino de la capacidad de impartir justicia equitativa. Creo que ya hemos tenido bastante experiencia en este país para conocer hasta donde llegan los doctorantes con muchos títulos que hipotecaron al país y fugaron con recursos estatales en anteriores gobiernos. No queremos decir con eso que el conocimiento académico se desecha, sino que hay que ponerlo en un adecuado equilibrio con quienes han vivido la injusticia y han aprendido a impartir justicia de otra manera. Pero además la gestión de ambas justicias se dará en el marco constitucional del mayor bagaje de derechos y garantías contempladas en Constitución alguna hasta ahora.
Control Social y Corporativismo.- En lo referido a lo que el autor ha denominado «corporativismo gremial fascista», para denominar una libre interpretación que hace cuando asume que la «sociedad civil organizada» sería «el sindicalismo organizado» quien efectuaría las labores de control social sobre el Estado. Será que este señor no ha estado en este país demasiado tiempo?, desconoce las experiencias de control social que se ensayaron los últimos años a partir de la participación popular, cuyos órganos de la sociedad civil organizada fueron creadas para el efecto a través de los consejos de vigilancia? Y que sus amigos políticos de PODEMOS en su proyecto político del «libro rojo», proponen precisamente esta medida del control social desde el nivel municipal hasta el nivel nacional? Será que para el señor Urenda toda forma de control que involucre a la sociedad civil es fascismo? Es legítimo y plenamente democrático, pensar que el Estado no debe ser impune y ser más bien permeable a la sociedad que representa, y que en la medida en que el soberano es el pueblo y el Estado un instrumento de servicio, asumimos que más allá del formalismo liberal que conoce el señor Urenda, estamos caminando con esta propuesta constitucional a generar nuevas formas de participación democrática de quienes hasta ahora sólo fueron electores pero no protagonistas políticos de la democracia.
Acerca de las Autonomías.- Siendo uno de los principales temas de confrontación política en el país, es evidente con el señor Urenda de que muchas de las observaciones técnicas realizadas son subsanables en un proceso de diálogo. Así lo referido a la potestad legislativa que aparece tanto en el nivel nacional como en el departamental, fue incorporada a este último luego de acercamientos iniciales y diálogo, por cuanto el referéndum sobre autonomías solo otorgaba la potestad «normativa administrativa». Sin embargo dicha potestad se otorga a otros niveles de autonomía también, lo que no es del agrado de los cívicos departamentales, pues ven en peligro su estrategia política volcada en los estatutos autonómicos de pretender disputar al Estado nacional las potestades privativas que tiene en representación de todos los bolivianos. De esta manera la pretensión de asumir como potestad departamental exclusiva la administración de los recursos naturales y tierras, es ni más ni menos que la evidencia de que los intereses propietarios y latifundarios, que tienen a las logias como telón de fondo, se mueven tras el discurso autonómico. Por si fuera poco, pretenden asumir la potestad exclusiva de lo que pertenece a todos los bolivianos, aún en las relaciones internacionales; es decir pretenden más aún que un sistema federal por el que los bolivianos ni los cruceños han votado. En definitiva, lo que en un proceso de diálogo, hasta ahora desahuciado políticamente, podría lograrse en cuanto a acercamiento de los proyectos de país contenidos en la nueva CPE y los estatutos, que permitirían consolidar la base del proceso de transformación que vive el país y con la participación de todas las partes; se convierte en el eslabón central del conflicto político. Los grupos de poder regionales pretenden que a través de la negación del Estado nacional y del gobierno de Evo Morales, consolidar la alianza de los sectores desplazados del poder, que sin capacidad de tener un liderazgo nacional, enfrente, desgaste e inviabilice al único liderazgo visible en esta etapa de cambio en Bolivia. Por eso el 4 de Mayo no se detiene en el proceso del referéndum sobre los estatutos cruceños, a pesar del desconocimiento internacional del proceso por parte de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas; porque los cívicos entienden que obtendrán la legitimidad del voto departamental. Por las buenas: porque una parte de la población que legítimamente apuesta por la autonomía en el marco de la democracia, votará por unos estatutos que desconoce y que pretenden una reconcentración del poder a nivel departamental, en los mismos grupos de poder de siempre, sin control social ni consulta a la población sobre la administración de los recursos. O por las malas, cuando en realidad, los únicos que organizarán las mesas de votación serán los cívicos; los que cuidarán las ánforas, la juventud cruceñista y los que contarán los votos, los de la corte electoral del Comité Cívico. Alguien puede dudar de los porcentajes que alcanzará esta votación? Más aún cuando a palos y chantaje se extorsionó a dirigentes y alcaldes para garantizar una determinada votación provincial, bajo amenaza de represalias posteriores.
Para Continuar dialogando… A no dudar los procesos deliberativos en Democracia son saludables, siempre serán mejores que los enfrentamientos y las represiones cuando las posibilidades del diálogo fueron agotadas. Sin embargo, es evidente de que no existe una misma lectura sobre los procesos de diálogo desde ambas partes de la historia, hoy en disputa. Desde los que siempre tuvieron el poder y hoy lo reorganizan para proteger sus privilegios, será una cuestión táctica en espera de tener una mejor situación que le permita confrontar abiertamente el proceso de cambio. El diálogo en realidad para ellos en su forma de entender la política, siempre ha pasado por el pactismo entre los privilegiados, que consolide lo que tienen y les permita lograr ventajas, pues el país junto a sus privilegios se confunden con su patrimonio. Con los pobres, con la mayoría, desde su poder de privilegiados, no se dialoga pues este concepto se utiliza con sus iguales de clase, en realidad para ellos, tan sólo se negocia como resultado de la correlación de fuerzas en las que se desarrolla el conflicto. Hoy en realidad, estos grupos de poder lo que quieren es negociar desde una nueva relación de fuerza, la conservación de sus privilegios; porque en realidad no creen en el diálogo, porque no consideran al gobierno como interlocutor válido, por razones ideológicas que expresan el racismo excluyente de no aceptar dialogar con quien ellos consideran «inferior»; pero también por razones históricas que han hecho que sus privilegios se presenten como patrimonios naturales no sujetos a cuestionamiento por el Estado boliviano desde que existe la república. En cambio desde la perspectiva del proceso de cambio y de revolución democrática al que hemos apostado los bolivianos, el diálogo es parte esencial de las posibilidades democráticas de la concertación, siempre y cuando ambas partes tomen en cuenta el principio fundamental de que es la mayoría del país la que ha decidido votar por un cambio, al que deben aportar y sumarse las minorías que desde condiciones distintas siguen siendo parte del mismo país. Por eso el diálogo incorpora a la democracia a las minorías como tales, respetando sus derechos de aporte y oposición siempre y cuando los recursos sean parte de la democracia, que es el sistema que hemos elegido los bolivianos para resolver los conflictos y realizar los cambios que beneficien a la mayoría. Apostamos a crear esas condiciones, y en ese camino, el debate y la deliberación de ideas con quienes están dispuestos en ambas partes es una necesidad que debe ser construida por caminos democráticos que nos permitan un acercamiento entre las diversidades, en la construcción de la interculturalidad, pero también con quienes hoy deben entender que no pueden tener los mismos privilegios ilimitados del pasado, es necesario un justo medio democrático que permita la incorporación de los siempre excluidos, sin necesidad de atropellar los derechos adquiridos por unos a través del trabajo y esfuerzo honrado. Finalmente, para hacer del diálogo un camino de construcción democrática, debemos involucrar a los actores sociales que han hecho posible el proceso de cambio, que la construcción de lo nuevo no sea una vez más sólo la palabra de quienes son nuestros representantes sino de todos los que somos parte de este país.
Juan Carlos Pinto Quintanilla. Coordinador Nacional de Deliberación Pública y Difusión REPAC