Ante un multitudinario acto popular realizado en la ciudad de El Alto (ciudad vecina a La Paz, de la que surgió la insurrección del 2003), Evo Morales promulgó la nueva Constitución, votada en referéndum por el 61,43 de los votos válidos y proclamó el «socialismo comunitario». El momento de promulgación de la Constitución coincide con […]
Ante un multitudinario acto popular realizado en la ciudad de El Alto (ciudad vecina a La Paz, de la que surgió la insurrección del 2003), Evo Morales promulgó la nueva Constitución, votada en referéndum por el 61,43 de los votos válidos y proclamó el «socialismo comunitario».
El momento de promulgación de la Constitución coincide con una crisis en el gobierno, producto de un grave hecho de corrupción.
La nueva Constitución abre grandes contradicciones entre las aspiraciones populares y el texto constitucional, que fue pactado en el mes de noviembre del 2008 con la derecha en el Congreso, cambiando 144 artículos de la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro en octubre del 2007.
El caso Santos Ramírez y las multinacionales
Santos Ramírez era el presidente de la empresa petrolera estatal YPFB. Dos días después del referéndum, fue asesinado el empresario Jorge O´Connor D´arlach en el domicilio legal de la Fundación Khantati de propiedad de Javier Navia Doria Medina, hermano de la esposa de Santos Ramírez y parlamentaria masista Jiovanna Navia Doria Medina Ramírez. O’Connor portaba 450 mil dólares, que le robaron, presumiblemente parte del pago por un acuerdo ilegal de la estatal petrolera con la empresa Catle-Uniservice, para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Aunque no se pudo demostrar para quién era el dinero, lo que si se comprobó es que el contrato con la referida empresa, por 86 millones de dólares, era totalmente irregular. Pese a su monto y a la obligación legal, no había sido entregado a la contraloría, pese a que se había firmado en julio del año pasado. Además la empresa tenía solo 7000 dólares de capital.
Evo Morales destituyó de inmediato a Santos Ramírez, que está siendo investigado, así como su esposa.
El hecho despertó indignación popular, en la propia base social del MAS. Por supuesto, fue aprovechado por la oposición de derecha para golpear al gobierno, aunque en forma limitada, porque también aparecen implicados diputados de PODEMOS (el principal partido parlamentario de derecha) y el prefecto de Tarija. La corrupción desenfrenada en la entrega del patrimonio nacional caracterizó a todos los gobiernos de la derecha que antecedieron al MAS.
Cabe destacar que Santos Ramírez es uno de los dirigentes más importantes del MAS.
El hecho evidenció otra vez algo demostrado hasta el hartazgo, que las empresas multinacionales son la mayor fuente de corrupción, siempre intentan, y en muchos casos logran, corromper a los funcionarios.
Pero, además pone en serio entredicho la concepción del gobierno del MAS de que las multinacionales «ahora son socias». Es como pedirle a un lobo que renuncie a comer corderos, y coma pasto «en sociedad» con el cordero. En algún momento intentará comerse al cordero.
La Constitución pactada anula reforma agraria
Después de una dura campaña, en la que una de las propagandas fuertes de la derecha era que «la Constitución masista nos quita a Dios», el resultado fue muy claro por el SI a la nueva Constitución con el 61,47% de votos. Además se votó en otra pregunta del referéndum, por una mayoría aun mayor contra el latifundio, estableciendo un máximo de 5000 hectáreas para las propiedades agrarias. El voto se dividió por clases sociales, en los barrios populares y ciudades obreras como El Alto o Huanuni, así como en el campo el voto SI superó el 80%. Mientras que el NO ganó principalmente en el centro de las ciudades, con un voto de clase media.
Para la mayoría popular que votó por el SI fue una reafirmación del llamado «proceso de cambio», que siempre se asocia en el imaginario popular a reforma agraria y nacionalizaciones, y un voto de repudio a la derecha. Gran parte de los votantes ni habían leído la nueva constitución y se guiaron por la propaganda electoral y también por el voto «contra el latifundio».
Pero la Constitución aprobada ya no es la que votó la Asamblea Constituyente en Oruro. La profunda reforma, pactada con la derecha, contiene cláusulas que en la práctica hacen inviolables a la gran mayoría de los latifundios. Se puso un artículo por el cual el límite de 5000 hectáreas no es retroactivo. Es decir que es una reforma agraria que no reforma casi nada. Solo quedarían para expropiar los latifundios con títulos falsos, que no cumplan la «función económico social» o que tengan esclavos, que existen, pero son solo un pequeño porcentaje de las tierras.
Los grandes oligarcas, que se repartieron la tierra en tiempos de dictaduras, se cuidaron de tener títulos reales «legales». Respecto a la «función económico social», solo se refiere a que estén en producción. Y no a lo que produzcan. Muchos de los más grandes terratenientes están produciendo soya para la exportación, en lugar de alimentos para el pueblo boliviano. A estos no se los puede tocar porque supuestamente «cumplen» la función económico social.
Quedarían entonces muy pocos latifundios a expropiar.
Como si esto fuera poco, también se establece que una sociedad anónima -con 100 socios, por ejemplo – aunque uno de ellos tenga el 99% de las acciones, puede tener 5000 hectáreas multiplicadas por 100, es decir 500.000 hectáreas (artículo 315). En resumidas cuentas el «triunfo» en el referéndum de las 5000 hectáreas resultaría letra muerta, en términos constitucionales.
Retroceso en nacionalización hidrocarburos
La Constitución pactada también establece que la explotación petrolera será con el régimen de empresas mixtas, bajo la forma de concesiones de explotación, y que las empresas extranjeras deben renunciar a los tribunales arbitrales extranjeros. Y que la propiedad colectiva de todos los recursos naturales es del Estado y prohíbe la posibilidad de que éstos puedan ser privatizados. Pero, pocos renglones después, dice que «el nuevo régimen jurídico en ningún caso significará desconocer los derechos adquiridos». Por lo tanto los 44 contratos con las multinacionales por 40 años que se firmaron en octubre del 2006, aprobados con sospechosa unanimidad en el Congreso, con apoyo del MAS y PODEMOS (derecha) quedan protegidos por la Constitución.
El primer ministro de hidrocarburos del gobierno de Morales, que redactó el decreto de nacionalización, Andrés Solíz Rada dijo que estos contratos de producción compartida «permiten a éstas ser dueñas de un porcentaje de la producción, razón por la que se consideran propietarias de partes sustanciales de las reservas del país».
La Agenda de Octubre y el gobierno del MAS
Nacionalización y reforma agraria fueron los dos reclamos fundamentales de la llamada «Agenda de Octubre» por el cual se insurreccionó el pueblo en el 2003 y en el 2005, derrocando a los gobiernos de Sánchez de Losada y Carlos Mesa. Evo Morales ganó con el mandato popular de llevar adelante la Agenda de Octubre.
El proyecto del gobierno del MAS fue definido por el vicepresidente Alvaro García Linera como de «capitalismo andino-amazónico». Que presupone una cierta autonomía económica en base a desarrollo de sectores de pequeños y medianos empresarios, pero en sociedad con multinacionales. Pero, en el mundo actual, dominado por las multinacionales y la banca, en poco puede diferenciarse al modelo de otros países sometidos a los dictados de la globalización económica imperial.
En base a este proyecto, el gobierno de Evo Morales y García Linera, aunque tomaron medidas positivas como el aumento sustancial de impuestos a las petroleras (aumentando de 300 a 1500 millones de dólares los ingresos estatales por ese concepto), no solo no hicieron una real nacionalización, sino que buscaron permanentemente el pacto con las petroleras, señalando que las necesitaban como socias. El pacto con las multinacionales petroleras se logró en octubre del 2006 y se concretó en los 44 contratos petroleros mencionados antes.
Pero el «acuerdo nacional» con la oposición de derecha, sostenida especialmente por los capitalistas y oligarcas de la llamada Media Luna, fue mucho más dificultoso, por la intransigencia de éstos, que no estaban dispuestos a ceder ni un milímetro de tierra y privilegios, defendiendo incluso las formas esclavistas en algunas propiedades. Y, por el otro lado, la presión del movimiento campesino, base social del MAS, que reclama reforma agraria.
Esta contradicción estalló con el intento golpista secesionista, apoyado por el imperialismo, en septiembre del 2008. Pero ese intento sufrió una dura derrota política. Con decenas de miles de campesinos cercando Santa Cruz.
La intervención de los gobiernos de UNASUR, encabezados por Lula, Kirchner y Bachelet, presionó en forma decisiva para imponer ese pacto del gobierno de Evo Morales con la derecha. Brasil especialmente tiene grandes intereses en Santa Cruz, agrarios y petroleros, y Lula quería evitar que la movilización aplastara a la oligarquía.
La nueva Constitución expresa la concreción de ese pacto que liquida en gran medida los aspectos progresivos que tenía la Constitución de Oruro en tierra y nacionalizaciones. Contiene algunos avances democráticos, especialmente en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Pero aún estos son recortados y limitados por las concesiones a la derecha precisamente en el reclamo de fondo de los pueblos indígenas, que es tierra y territorio.
El gobierno de Evo Morales fue puesto en la lista negra por el imperialismo yanqui, que incluso alentó los intentos por derrocarlo o dividir Bolivia, en septiembre del año pasado. Evo Morales respondió con la justa y soberana decisión de expulsar al embajador yanqui. Posteriormente rompió con Israel, el aliado preferido de Estados Unidos, como repudio a la masacre en Gaza. Antes, en el 2006, el decreto de nacionalización, aun cuando no fuese una nacionalización real, sino un aumento de impuestos, también despertó las iras del imperialismo.
Estas y otras muestras de independencia política diferencian al gobierno de Evo Morales, al igual que al de Venezuela y Ecuador, del resto de los gobiernos latinoamericanos (excepto Cuba), subordinados al imperialismo.
Indudablemente esa independencia política de Venezuela, Bolivia y Ecuador, se debe al poderoso impulso de los procesos revolucionarios obreros, populares y campesinos que vivieron esos tres países. Sin embargo, al mantenerse estos gobiernos en el terreno capitalista (más allá de la retórica «socialista comunitaria» ó «socialista del siglo XXI»), esta independencia es altamente inestable en la medida en que la economía sigue en manos de banqueros, oligarcas y multinacionales.
Retomar la lucha por la Agenda de Octubre
Pocos días después del referéndum constitucional, 500 campesinos ocuparon tierras en el Departamento de Cochabamba, cerca de Sacaba, argumentando que la Constitución dice que «la tierra es para quien la trabaja».
Pese a los candados creados por la Constitución pactada, el reclamo de la tierra, así como de las nacionalizaciones, mantiene su vigencia. La Agenda de Octubre, nacionalización total de hidrocarburos con expulsión de las multinacionales, reforma agraria profunda, que la tierra sea para quien la trabaje personalmente o en comunidad y no para oligarcas ni grandes empresarios agroindustriales, sigue siendo el programa que creó el pueblo en movilizaciones heroicas, es además una necesidad nacional y no se puede borrar fácilmente.
En la situación mundial creada por la crisis internacional del capitalismo, estos reclamos y todas las demandas populares insatisfechas como pensiones (jubilaciones), salario justo de acuerdo a inflación, salud pública gratuita, educación pública gratuita, vuelven a ponerse a la orden del día con más fuerza. La nacionalización total de la minería se vuelve urgente, en la medida en que nuevamente intereses multinacionales buscan seguir saqueando a Bolivia en minerales como el litio y el estaño revalorizado.
Muy probablemente comenzará a haber movilizaciones con esos reclamos que, no solo deberán enfrentar a la derecha, sino, en muchos casos al propio gobierno del MAS. El ministro de agricultura Carlos Romero afirmó por TV que si hay ocupaciones de tierras serían reprimidas.
Personalidades y sectores de izquierda cuestionan este pacto con la derecha y plantean alternativas.
Andrés Solíz Rada, escribió recientemente que «Evo Morales, si bien enfrentó al lastre de la exclusión social, erradicó el analfabetismo y desplegó intentos de industrialización del hierro y del litio, se sometió a los dictados de la geopolítica de Brasil y Chile, a fin de derrotar a los separatistas de la Media Luna. Continuó enviando tropas a Haití y El Congo, en aberrante negación de su prédica antiimperialista. Expulsó al embajador estadounidense, pero prosiguió prestando las reservas monetarias del país al agónico Tesoro de EEUU y Bancos europeos y aceptó, a cambio de su reelección, respetar los latifundios y contratos petroleros que volvieron a desnacionalizar el gas y el petróleo».
Roberto De La Cruz, concejal de El Alto y dirigente del M17, que llamó a último momento a votar por el SI, después de denunciar los cambios en la Constitución, se declaró enemigo de la «derecha» que estaría conformado por PODEMOS, UN, MNR y los prefectos de la media luna… reiteró que continuarán propugnando por el cumplimiento de la agenda de octubre de 2003 consistente en la verdadera nacionalización e industrialización de los recursos naturales con expulsión de las transnacionales».
El Movimiento Socialista de los Trabajadores, llamó a votar nulo, señalando que la nueva Constitución deja intactos la dependencia del imperialismo y la oligarquía y es precapitalista. Afirmó que su llamaba a votar nulo «contrariamente a la derecha que busca la derrota de las masas, y a diferencia del gobierno que le hace el juego conciliando y pactando con ella» y propone «ir hasta el fin en las tareas planteadas en octubre del 2003, retomar esa lucha: expropiar a la oligarquía y al imperialismo, hacer la revolución obrera, campesina y socialista, única solución de fondo a la crisis del país».
También surgen grupos juveniles de izquierda, que cuestionan el pacto con la derecha, y buscan como impulsar la movilización popular.
Cada día se hace más necesario que surjan y se articulen movimientos dispuestos a impulsar la lucha por la agenda de octubre, el apoyo a los reclamos de los movimientos sociales y se conviertan en alternativa política.
El pueblo boliviano está a la vanguardia de Latinoamérica en esta lucha que transciende sus fronteras. Millones de latinoamericanos miran a Bolivia como un ejemplo. Rodear a las luchas del pueblo boliviano de la solidaridad internacional es un aspecto central de la lucha por un cambio de fondo, por la segunda y definitiva independencia latinoamericana, por derrotar al imperialismo.