La nueva Ley de Amnistía resultará solamente simbólica para los delitos contra la salud por la que están recluidas en las cárceles más de 3.000 mujeres, de ellas, hasta 2016, 16 por aborto y miles más por ser pobres, obligadas a traficar con drogas y/o abandonadas en cárceles estatales, unas 2.077; por delito federal de aborto no hay una sola en la cárcel, y si 16 hombres que se dice ayudaron a los abortos o se trata de médicos.
Los datos oficiales de distintas fuentes, según informó a SEMlac la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, permiten estimar que 4.600 personas, hombres y mujeres, se beneficiarían con la ley recientemente aprobada, de 178.406 personas privadas de la libertad en centros estatales y 17.058 personas privadas de la libertad en centros federales, apenas el 2,5 por ciento del total de personas encarceladas.
Esos datos hacen urgente echar a andar una estrategia nacional de amnistía, sistemas de preliberación, análisis de la situación carcelaria, reorganización de expedientes archivados, procesos empantanados, en fin, una acción de justicia a fondo.
La propuesta de una estrategia nacional sumada a la Ley de aprobación reciente, que, si habla directamente de liberar a las personas vulneralizadas en los procesos y encarceladas, de las cuales hay miles de mujeres, debería caminar en lo inmediato a lograr leyes de amnistía estatales.
Eso significa que la reciente Ley de Amnistía no alcanza para beneficiar a la población que están sin justicia en las cárceles del país y podría ser liberada, aquí se examinan los beneficios y las dificultades para hablar de una verdadera estrategia de amnistía, en beneficio de miles de personas, pero especialmente de mujeres, mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes, que están recluidas frecuentemente sin sentencia, durante años, en cárceles alejadas de sus casas y familias.
Sin embargo, la ley se apresuró atendiendo a la recomendación la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien señaló: «Las condiciones de reclusión facilitan el contagio acelerado» del COVID-19 en estos momentos de emergencia, por lo que ha exhortado a los Estados a que «procedan con rapidez a fin de reducir el número de personas en cárceles.
Lo que urge, dijo Mercado Castro, es poner en marcha un verdadero proceso de reinserción social. Lo aprobado es eventualmente un mecanismo de despresurización en las penitenciarías del país sobre pobladas y de acción preventiva al COVID-19, sin ir al fondo del problema, porque para mejorar el sistema carcelario se necesita de mucho más.
La estrategia nacional deseable si se armonizara la Ley con todo el país, la Amnistía podría beneficiar al menos 3.018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas que se encuentran privadas de su libertad por delitos contra la salud, aborto o delitos menores. Muchas de ellas llegaron ahí por lo que se llama delitos del fuero común, que están en la cancha de los Estados de la República.
Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018 del INEGI y los datos oficiales disponibles en la Estadística de las personas privadas de su libertad en Centros federales, se encontró que existen 3.018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas que se encuentran privadas de su libertad que podrían ser beneficiadas si se implementara una estrategia de amnistía. De ellas 2.777 se encuentran en centros estatales y 241 en centros federales.
Mercado llamó a impulsar iniciativas a nivel local, donde se encuentran la mayor parte de los casos. Las mujeres, las personas en situación de pobreza extrema, las personas con discapacidad y las personas indígenas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento, tanto por la vulnerabilidad de la que provienen como porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario, y también después de su liberación.
Los datos tanto de hombres como de mujeres, pensando en el beneficio de libertad, aún son solamente estimaciones, no cifras cerradas, tras el análisis de los expedientes podría ampliar las cifras, estimó Ángela Guerrero, de la organización Equis Justicia para las mujeres.
Hoy lo más importante es empujar la misma amnistía en los estados. Equis Justicia para la Mujeres, que dirige Ana Pecova, tiene un estimado de unas 500 o 600 mujeres que se podrían beneficiar en lo inmediato. Tomando en cuenta que solamente el cinco por ciento de la población penitenciaria son mujeres, las que saldrían serían como el 10 por ciento de ese cinco por ciento. El 19 de diciembre pasado, cuando ya la ley había sido aprobada en la Cámara de Diputados, fue la secretaria de gobernación quien mencionó que serían 6.200 las mujeres beneficiadas.
La Senadora del Movimiento Ciudadana insistió en que esta ley solo representa un primer paso para construir una sociedad más justa y en paz. En medio de la emergencia sanitaria, no podemos ignorar a la población privada de la libertad que permanece invisible, no podemos negar la realidad en la que viven casi 200,000 personas en condiciones indignas y mucho menos pensar que el aislamiento o la suspensión de visitas contendrá la epidemia; por el contrario, agudizará aún más las problemáticas ya existentes.
Bases de las estimaciones sobre personas encarceladas que podrían beneficiarse de la estrategia de amnistía
Según datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal 2019; Censo Nacional del Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019; Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del INEGI, las estimaciones sobre personas que pueden acceder al beneficio de la amnistía son:
823 personas procesadas y sentenciadas por posesión simple, de las cuales 69 son mujeres. Estas personas están privadas por fuero federal se encuentran en centros estatales.
259 personas que se identifican como indígenas, de las cuales nueve son mujeres.
382 personas con enfermedades crónicas, de las cuales 55 tiene VIH. Esta información solo está disponible para enfermedades infecciosas.
39 personas mayores de edad (más de 60 años), de las cuales 16 son mujeres.
3.829 personas jóvenes (menores de 29 años), de las cuales 293 son mujeres.
113 personas cuya lengua es distinta al español y no tuvieron acceso a un traductor.
Si hacemos la suma considerando que las herramientas censales y de muestreo no incluyen las vivencias de discapacidad, identidad de género ni trabajo de cuidado, se puede estimar que un 10 por ciento de las personas privadas de la libertad por delitos de fuero federal, que se encuentran en centros tanto federal o estatales, pueden ser candidatas al beneficio de amnistía. Esto representa a 4.600 personas, cifra que incluye a los distintos estatus jurídicos que se encuentran en reclusión (procesada y sentenciada).
Además, habría que considerar a otras personas encarceladas:
* «Personas en situación de pobreza» que hayan sido obligadas es incierto, pero según una estimación del INEGI, pudiera beneficiar a 8.000 personas;
* «Que pertenezcan a un grupo étnico» y hayan sido presionadas, sería a un aproximado de 100 personas, según una estimación con solicitud de transparencia
* Consumidores de drogas, un aproximado de entre 3.000 y 4.000 personas, según estimaciones con datos del CIDE.
Razonamientos de la senadora Patricia Mercado Castro
Los centros penitenciarios hoy en día son espacios donde se vulneran los derechos, como ha verificado la CNDH en sus informes anuales, los principales problemas son: hacinamiento, autogobierno, insuficiencia de personal técnico y de seguridad, maltratos, y extorsiones, así como falta de condiciones dignas desde la higiene hasta las opciones de formación, educación y trabajo.
Por ello, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó: «Las condiciones de reclusión facilitan el contagio acelerado» del COVID-19 en estos momentos de emergencia, por lo que ha exhortado a los Estados a que «procedan con rapidez a fin de reducir el número de personas en cárceles.
La Ley de Amnistía es un paso necesario, de ahí que el Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ha presentado varias iniciativas y proposiciones antes de la pandemia para atender esta situación, porque además no concebimos que la cárcel sea el instrumento más importante para lograr paz y seguridad.
En México cerca de la mitad de la población vive en situación de pobreza. Según ha constatado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son justamente las áreas con más altos niveles de pobreza y desigualdad. En esto intervienen factores de exclusión social, de pobreza, de estigmatización, de precariedad laboral y de otras expresiones de discriminación.
Se agrega que, desde hace décadas, la guerra contra las drogas y la política punitiva desprovista de perspectiva de derechos, desmedida y con efectos trascendentes en el entorno familiar y comunitario que en ningún momento tomó en cuenta, las condiciones de involucramiento, ni los modos de participación de las personas en estos delitos al momento de ser encarceladas.
En lo federal y local se cuenta con tres mecanismos legales para que las personas en reclusión salgan: amnistía de ley, beneficios preliberacionales e indultos. Nuestro Grupo Parlamentario considera necesario que se adopte cuanto antes una estrategia que incluya todos estos instrumentos, además de un impulso decidido a la política de reinserción, donde exista acompañamiento a las personas, en sus comunidades y hogares, de tal forma que el rechazo y el olvido no las orille a reincidir.
Un programa de reinserción social integral lograría despresurizar el sistema penitenciario y dar un paso para romper, también, los círculos de violencia.
Es cierto que la ley aprobada de amnistía federal que incluye a mujeres, adultos mayores, personas indígenas o afro mexicanas, jóvenes y personas con discapacidad que hayan cometido ciertos delitos menores o que no cuenten con una víctima directa, es una muestra de buena voluntad.
Advierte que no es aumentando la exclusión, en una cárcel con condiciones indignas, como se combate la reincidencia delictiva y la reproducción de la violencia, sino con el reconocimiento del derecho al porvenir, es decir, que delinquir no sea una opción para quienes salen de prisión.
Es necesario abandonar ese modelo obsoleto de detener primero e investigar después. De nada serviría liberar hoy a miles de personas vulnerables y que padecen injusticias si mañana volveremos a llenar las prisiones de presuntos culpables y de quienes habitan en los círculos de reproducción de la violencia.
Podemos empezar a cambiar un sistema punitivo y que criminaliza la pobreza. Aprobar esta ley para liberar a más de 6.200 personas en situación de vulnerabilidad dentro de las cárceles del país. Hoy, ante la emergencia sanitaria, no es solo un acto de justicia, sino un acto humanitario.
Propuestas concretas
Impulsar iniciativas a nivel local, donde se encuentran la mayor parte de los casos;
Hacer uso de los instrumentos de la Ley nacional de Ejecución Penal para lograr que se sustituya la medida de prisión por otras medidas cautelares;
Instar a los gobiernos locales a conceder indultos y preliberaciones para la población más vulnerable que no está incluida, y
Establecer acciones emergentes de reinserción social para restablecer los derechos como la atención médica inmediata por autoridades gubernamentales; la movilidad a la vivienda donde se dirigen; entregar documentos de identidad para tener acceso a programas sociales y ayudas gubernamentales, y establecer albergues para aquellas personas que no cuentan con una vivienda.
Esta crisis sanitaria representa también una oportunidad para replantearnos la forma en que utilizamos las prisiones y el castigo, para entender que las fórmulas punitivas no han solucionado el problema de violencia y seguridad.