1.- A contrapelo de las luchas populares de las últimas cuatro décadas para poner fin a la continuidad de las políticas neoliberales y del clamor expresado en las urnas el primero de julio de 2018, el neoliberalismo persiste y se profundiza. A pesar del cambio de gobierno son notorias las iniciativas que refuncionalizan el modelo […]
1.- A contrapelo de las luchas populares de las últimas cuatro décadas para poner fin a la continuidad de las políticas neoliberales y del clamor expresado en las urnas el primero de julio de 2018, el neoliberalismo persiste y se profundiza. A pesar del cambio de gobierno son notorias las iniciativas que refuncionalizan el modelo neoliberal y dan continuidad a las reformas estructurales en prácticamente todos los campos de actividad gubernamental. El reciclamiento neoliberal incluye a las propias «elites» políticas priístas, perredistas y aún panistas que se han metamorfoseado dentro y fuera de MORENA, ocupando la conducción de buena parte de los gobiernos estatales y municipales. Los grupos de poder de la vieja clase política y sus nuevos reclutas dominan el Congreso de la Unión; el cambio de correlación de fuerzas a favor de los antineoliberales en las elecciones federales no se corresponde con la composición conservadora de las Cámaras, que han promovido leyes regresivas y aprobado una gran cantidad de reformas a la Constitución y al marco jurídico en la línea neoliberal. Desde la ultraderecha el panismo con todo y excresencias fascistoides, como siempre, ha sido comparsa del régimen oligárquico. A modo de ejemplo destacamos las reformas que legalizan la militarización del país, las reformas laborales, la Reforma Educativa y la iniciativa de Reforma Agraria más neoliberal que la de 1992, entre otras.
2.- La continuidad de la Reformas Estructurales a través de diversas iniciativas del gobierno en turno, deja en manos de los intereses antinacionales, locales y extranjeros la política económica. El Banco de México, Hacienda, la OCDE, el Banco Mundial, el FMI y las bolsas de valores de las grandes potencias siguen normando la economía de nuestro país. El nivel de inversión pública productiva, es similar o está por debajo de la instrumentada en los últimos dos sexenios; además, las concesiones otorgadas a las trasnacionales y a Estados Unidos a través del TLC-T-MEC y el pago de la deuda pública entre otras medidas favorables a los empresarios, imposibilitan la superación de las inercias propias del capitalismo neoliberal, con todo y las iniciativas para fortalecer las finanzas públicas y el mercado interno. La propuesta de recuperar el control del Estado de áreas importantes de la industria energética acertada en principio acabó por entregar la petroquímica, el sector más rentable, a la iniciativa privada a cambio de promesas de inversión y de apoyo político. No existe propiamente un proyecto de desarrollo para la descolonización que se base en emprendimientos público-sociales y público-comunitarios; única alternativa para superar al neoliberalismo, entendido este como lo que es: un nuevo proceso de recolonización y desmantelamiento territorial, cultural y económico-social de México. En su lugar se han reciclado los proyectos de Zonas Económicas Especiales, el Plan Puebla Panamá, el Corredor Transítsmico y el Tren Maya que reedita proyectos del tipo del McLane-Ocampo y reactualiza consigna de la Doctrina Monroe de «América para los americanos».
3.- Los procesos de despojo de los bienes comunes y destrucción de derechos sociales y laborales sigue su curso a pesar de la supuesta democratización del país, los elementos característicos del régimen oligárquico perviven; los acuerdos que definen el rumbo del país se toman por un puñado de políticos y de grandes empresarios incluidos los agentes del gobierno estadounidense. La militarización se ha legalizado; y con ello la instalación de un régimen cívico-militar sigue su marcha ascendente a través de un dispositivo de «Estado de Excepción Blando o Suave», que consolida la influencia de las fuerzas armadas y a sus tutores estadounidenses como el «otro poder».
El monopolio de la gestión de los recursos estatales se ha concentrado en manos de la presidencia como en los viejos tiempos del presidencialismo extremo. Las reformas laborales y los bonos de asistencia social acabaron por legalizar el trabajo precario que se acompaña con la pretensión presidencial de desaparecer toda competencia política no liberal; toda competencia planteada desde propuestas comunitarias y ciudadanas. Por poner un ejemplo de la liberalización del régimen en un sentido no democrático: reparemos en la ofensiva contra el sindicalismo, aún el moderado, que desaparece o debilita las relaciones de bilateralidad entre patrones y trabajadores, sustituyéndolo por un esquema que legaliza la intervención del Estado, de la presidencia y los poderes facticos en la vida interna de los sindicatos a nombre del voto universal y secreto, en detrimento de las formas de organización consejista y comunal, en menoscabo de la democracia popular y comunitaria. Un ejemplo de cómo funciona en concreto el régimen oligárquico en los tiempos de la 4T es el relanzamiento maquillado de la Reforma Educativa de Peña Nieto pactada con la oligarquía y la supuesta democratización del SNTE procesada con Elba Esther Gordillo, Alfonso Cepeda y algunos supuestos dirigentes opositores.
Sin embargo, el colmo del autoritarismo y del actuar grotesco y demagógico del presidente en turno son sus «tómbolas democráticas» y sus consultas llevadas a cabo en mítines a modo donde por aclamación ratifican sus decisiones personales. Tales «consultas» nada tienen que ver con una asamblea o consulta legal y particularmente violentan la Ley sobre la libre determinación de los pueblos originarios. Esas son algunas de las tantas incongruencias de un gobierno que se precia de democrático y laico; que hace concesiones a quienes sueñan con un Estado Confesional. En esa atmosfera conservadora las reformas sobre matrimonio igualitario no bastan para cambiar significativamente los contornos de un Estado patriarcal y racista.
4. Hasta ahora el proyecto de asistencia y superación de las desigualdades históricas, entre ellas las derivadas de las nuevas formas que el capitalismo neoliberal tomó en los últimos 40 años, no ha pasado de ser una propuesta para la redistribución de la pobreza, nada que ver con la redistribución de la riqueza y el desarrollo. Los bonos de asistencia otorgados por el presente gobierno que sustituyen los derechos sociales alcanzados a través de la lucha y del trabajo y de la construcción de ciudadanías democráticas, dan continuidad a la concepción neoliberal de la gubernamentalidad que desde el gobierno de Miguel de la Madrid se viene aplicando como modelo control de la participación social y de la lucha de clases. Acceder al consumo y al trabajo aunque sean precarios, es uno de los instrumentos para «ciudadanizar» precarizando a las personas; convirtiéndolas en clientes del capitalismo, en la base social de los partidos y las organizaciones sociales y civiles de corte liberal que funcionan como extensiones informales del Estado Contrainsurgente y Neocolonial.
El 6 % de aumento al gasto social en 2019 resulta insuficiente para contener el crecimiento de la miseria. La reingeniería política que preside la distribución de los presupuestos sociales prioriza la formación de clientelas electorales y de contención a cualquier iniciativa de cambio profundo. Anta la escases de recursos la redistribución del presupuesto social ha generado múltiples conflictos; los bonos son selectivos y suelen disminuir los beneficios adquiridos por algunos sectores que gozaban de más de un bono asistencial; lo que se agrava con las políticas de austeridad que afectan a sectores populares y no solo a grupos privilegiados. Por ejemplo, el bono para los adultos mayores, sí se cumple con la normativa de otorgarlo a partir de los 68 años en zonas urbanas y a partir de los 65 en zonas indígenas, deja fuera a unos 7 millones de personas entre los 65 y 67 años. En la Ciudad de México la nueva política del gobierno canceló el bono extra en alimentos que se entregaba a las personas de la tercera edad. Otro tanto ocurre con el PROCAMPO que redujo su cobertura. Aún el programa estrella de apoyo a la juventud tiene una clara orientación neoliberal, opera a modo de un subsidio de más de 110 mil millones para la iniciativa privada, legitimando de paso la vieja propuesta del «primer empleo» y la cultura de la precariedad laboral.
5.- Todos los indicadores, nacionales y extranjeros, dan cuenta de un proceso recesivo que arrancó desde el segundo semestre de 2018 en México; proceso que se conecta con escenarios de desaceleración de la economía mundial y latinoamericana. Todo ello es el preámbulo de una nueva crisis económica cuyas consecuencias serán trágicas para la mayoría de la población porque opera en el marco de un acumulado histórico de crisis social y ambiental de larga duración. Desde el gasolinazo, 2017, la tendencia al empobrecimiento se ha mantenido a pesar de los recientes incrementos salariales y de la tazas de inflación que no reflejan el nivel de encarecimiento de los productos básicos. Son contundentes los datos que hablan del deterioro del empleo a niveles cercanos a los experimentados durante la crisis de 2008-2009; al igual que las estadísticas que muestran el crecimiento de la violencia, de los feminicidios, el tráfico de personas y el flujo de expulsados de Mesoamérica y el Caribe que se dirigen al norte.
Atenazados entre las disputas de los Estados Unidos con China, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba; presos de una crisis regional que comprende a los países mesoamericanos y atados a la economía estadounidense que está a punto de caer en una recesión económica de pronostico incierto; debemos prepararnos para situaciones de emergencia nacional; de defensa de las economías populares y de nuestros territorios y poblaciones. La inestabilidad y la debilidad de las bases nacionales de la economía mexicana; la sobrevaluación del peso, y las pugnas entre las facciones del capital trasnacional ligado a diversas facciones de la oligarquía local pueden dar lugar a situaciones que agraven significativamente la catástrofe que vivimos.
En ese terreno de las proyecciones económicas tal vez estamos muy cerca a lo ocurrido en Argentina que en tres años con Mauricio Macri como presidente acumuló las siguientes cifras: inflación 158 %; devaluación 280 %, PIB -18%; deuda externa +35% y pobreza +33 %, todo sin bloqueos imperiales como los vividos por Venezuela. Por eso la condescendencia de AMLO y su gabinete con los empresarios representados por Carlos Salazar Lomelín que le aseguran que invertirán lo suficiente para evitar que la recesión económica termine por instalarse en el país. Concesiones que iran subiendo de nivel en momentos en que el bono electoral de AMLO y el caudal de legitimidad necesario para acotar y presionar a la burguesía y al capital extranjero tiende a disminuir significativamente. En la lógica de poder y de proyecto de Obrador es muy poco lo que se puede hacer frente a Estados Unidos y la oligarquía; para él se trata de acomodarse, de negociar la mejor forma de ceder ante sus embates. El acuerdo migratorio, el T-MEC y los compromisos con la cúpula empresarial lo desarman e inmovilizan.
6.- El gobierno de AMLO representa a una coalición de fracciones de clase burguesas que incluye a sectores de la clase media y a segmentos de la oligarquía y la alta burguesía, que a su vez están entrelazados con corporaciones extranjeras. Es una alianza contradictoria e inestable donde prevalecen los intereses de la oligarquía, del capital extranjero y de los Estados Unidos. La administración gubernamental la componen fracciones de la vieja clase política priísta-panista-perredista y de las burocracias estatales tradicionales. Las diferencias y enfrentamientos registrados entre las élites gubernamentales y empresariales, entre sus partidos políticos, aparatos mediáticos, jerarquías eclesiásticas, burocracias estatales y sus fuerzas policiaco-militares, son en lo fundamental contradicciones interburguesas que se disputan los privilegios derivados de la administración estatal. La envoltura cultural e ideológica que lo hace aparecer como un gobierno de las pequeñas burguesías, tanto de izquierdas como de derechas, tanto lumpenescas como mojigatas, dificulta la clara comprensión del carácter oligárquico y neoliberal «social» del gobierno.
Las diferencias interburguesas son de matiz aunque particularmente agudas en torno a la política hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela y en cuanto al grado de intervención estatal en algunas áreas económicas: energía, minería, comunicaciones y finanzas. A pesar de ello, el gobierno de AMLO ha respetado los compromisos con los sectores de la burguesía y la clase política que lo apoyan y aún los pactados con sus opositores burgueses, a los que les ha garantizado impunidad. Las pesquisas contra Lozoya y las mafias petroleras que se beneficiaron de la corrupción no constituyen una acción generalizada contra los elementos de la clase política y de la oligarquía opositora. Porque de ser así, tanto los oligarcas y políticos pro-AMLO como sus oponentes tendrían que ser llevados a tribunales. El de AMLO no es un gobierno antioligarquico y menos antimperialista; en términos de clasificación política es un gobierno neoliberal de centro-izquierda, es un gobierno representativo del ala izquierda de la derecha neoliberal que goza del respaldo, con todo y contradicciones, de oligarcas como Slim, Azcárraga, Salinas Pliego y personajes como Carlos Salazar Lomelín Presidente del Consejo Coordinador Empresarial o Alfonso Romo. A Obrador lo enfrentan oligarcas del tipo German Larrea, Bailleres, Coppel, Tricio y Ramírez entre otros; mientras la mayor parte de la oligarquía se abstiene de externar una posición de cuestionamiento o adhesión militante. La clase política está dividida al igual que sus partidos; particularmente el PRI se ha fragmentado, la mayoría de los priístas que aún no militan en Morena entienden que la clase política amloista tiene muchos puntos en común; por lo que en más de una ocasión han votado en el Congreso al lado de los amloistas. Al igual que en otros tiempos que nos hacen recordar al viejo PRI, la clase política y la oligarquía nos entretienen enmascarándose en disputas de liberales contra conservadores, cuando en realidad todos son liberales y por tanto, en el contexto histórico inmediato, conservadores en mayor o menor grado. En esa tesitura también suelen ampararse en las ambivalencias de las pugnas entre izquierdas y derechas, aunque todas y todos ellos únicamente sean expresiones particulares de la derecha neoliberal. En el torbellino de luchas mediáticas entre las facciones burguesas han aparecido categorías políticas exitosas como las de «fifís» y «chairos»; recreadas por los «fifís» de la 4T para esconder su carácter de clase. Al igual que ayer nos incluyen en la defensa de empresarios locales y foráneos bajo la bandera de los aranceles o en combates contra la corrupción que no encaran los problemas de fondo que padecemos. En realidad AMLO es un liberal, muy conservador, poco juarista, y más maderista que cardenista.
7.- Los meses recorridos desde el 1° de julio siguen marcados por las inercias neoliberales que empujaron a una nueva forma de recolonización del país. Ante ella el combate a la corrupción estatal no basta, menos cuando se mantiene en el ámbito de la presidencia sin tocar a fondo las transferencias de recursos estatales que siguen operando a través de la obra pública, la deuda y las complicidades con la economía criminal. El desgaste del gobierno y de la figura presidencial es evidente; ahí están los hierros mediáticos de AMLO, sus exabruptos personales y los balances estadísticos de popularidad presidencial desde Salinas hasta la actualidad. La legitimidad y el entusiasmo inicial se van desvaneciendo en la medida que los problemas derivados de las estrategias neoliberales no encuentran salidas medianamente populares. Ante el agravamiento de la inseguridad y las carencias económicas el riesgo del regreso a la presidencia de las facciones más derechistas crece. El «fenómeno» Bolsonaro o una variante similar que incluso puede venir del interior de Morena son altamente probables; especialmente en un ambiente de crisis económica próxima a estallar cuya duración y profundidad es incierta. Bajo cualquier expectativa la crisis echará por tierra las proyecciones económicas del gobierno de AMLO y con ello las ilusiones de muchos de sus seguidores serán remplazadas por el desencanto, lo cual será aprovechado por la ultraderecha.
8.- Quienes desde algunos movimientos sociales y civiles albergaron esperanzas de cambios sustanciales seguirán esperando. En tanto AMLO desarrolla estrategias de contención y cooptación hacia los movimientos potencialmente más peligrosos para su esquema de controles. Sus iniciativas no son de buena fe, las concesiones que ofrece son una especie de carnada que muchos han mordido. Desmontar a la CNTE y los movimientos territoriales, entre ellos al EZLN, neutralizando en el camino a medios críticos y organizaciones civiles relativamente autónomas, han sido parte de sus estrategias que se extienden al campo de las viejas organizaciones de control sindical y campesino. Las campañas de linchamiento mediático y la satanización de la resistencia social, su equiparación a la ultraderecha o a los conservadores, son ingredientes propias de las campañas contrainsurgentes, no simples dislates de quien ocupa la presidencia y le hacen conscientemente el juego a la oligarquía y el imperialismo.
AMLO no es demócrata ni socialdemócrata, menos nacionalista; está obsesionado en que el proceso de Revolución Democrática que se abrió en 1988 se encuadre en una simple alternancia de partidos y un ajuste del régimen político donde él se convierte en el eje articulador por encima de la clase política y los órganos estatales. En ese sentido su 4T no nace de un episodio de revuelta como el que dio paso a los Tratados de Ciudad Juárez en 1911; a un acuerdo interoligárquico entre Madero y Porfirio Díaz, sino de un pacto electoral con diversos poderes facticos que delimitan los alcances de su movilidad política, sin el respaldo de fuerzas organizadas para un combate que no sea electoral y clientelar. En su horizonte no hay revolución, ni pacifica ni violenta; tampoco socialismo a lo socialdemócrata y menos descolonización; en decir, recuperación de los bienes comunes y las fuerzas productivas de la nación como presupuesto de la independencia nacional. Y mucho menos en su visión de país está presente un proyecto de integración e independencia de la Patria Grande o de Mesoamérica siquiera.
La mejor manera de enfrentar a la ultraderecha, a la oligarquía y a los capitalistas más retrogradas no es sumándose a un alianza con la oligarquía «progresista» o «buena», sino prepararnos para profundizar la Revolución Democrática Nacional en el marco de la crisis y de los resquicios políticos abiertos por las resistencias cívico-electorales y cívico populares.
9.- «El movimiento social en sus diversas expresiones populares, sindicales, rurales y urbanas, indígenas e indígenas-mestizas; feministas y por los derechos de la sexo-diversidad genérica, entre otros, debe asumir el desafío de presentar una proyecto alternativo de poder, de gobierno desde la base, desde la comunidad que construya y proporcione salidas y soluciones al desastre nacional causado por los neoliberales, por las oligarquías económicas y políticas asociados al imperialismo estadounidense a sus empresas y aliados. Para ello está obligado a recomponerse sobre nuevas bases que le ayuden a superar su papel de fuerza de presión o de acompañamiento de alternativas liberales y burguesas. Debe reconstruir sus procesos de autonomía e independencia para transformarse en el factor protagónico y decisivo de la lucha por resolver los problemas cotidianos de la población en un contexto de construcción de gobiernos alternos y de disputa por el gobierno y el poder nacional. En ese marco es urgente su rearticulación en un frente o movimiento antineoliberal que se proponga la refundación del país desde sus bases originarias y desde el pueblo. Que enfrente los problemas de miseria e inseguridad, de defensa del territorio y los bienes comunes a modo de un Movimiento Constituyente Ciudadano y Popular.
Para ello requerimos articular nuestras luchas particulares y nuestros esfuerzos organizativos en una coordinación o Frente que asuma una plataforma de lucha democrática nacional, evitando las discusiones doctrinarias políticas o religiosas que deben reservarse para otros espacios.»
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