«Acaba un capítulo negro en la historia de Oaxaca. Un capítulo que nunca más debe repetirse», aseguró animado el diputado de este estado sureño de México, Flavio Sosa, cabeza visible del movimiento social que en 2006 lo paralizó y fue brutalmente reprimido. «En Oaxaca debe haber reconciliación, sobre la base de la justicia. Se tendrá […]
«Acaba un capítulo negro en la historia de Oaxaca. Un capítulo que nunca más debe repetirse», aseguró animado el diputado de este estado sureño de México, Flavio Sosa, cabeza visible del movimiento social que en 2006 lo paralizó y fue brutalmente reprimido.
«En Oaxaca debe haber reconciliación, sobre la base de la justicia. Se tendrá que castigar a quienes desaparecieron (personas), asesinaron y torturaron. Y sobre esas bases, habrá que construir un andamiaje jurídico para el estado, que incluya una reforma integral a la constitución», reflexionó Sosa a IPS.
Este 1 de diciembre toma posesión como gobernador Gabino Cué, quien encabezó una alianza opositora que terminó con ocho décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, uno de los tres más pobres del país y el de mayor presencia indígena.
Esa misma alianza permitió a los partidos opositores obtener 28 de las 42 bancas del regional Congreso Local, una de ellas para Sosa, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), preso durante ocho meses en una cárcel federal de máxima seguridad y otros ocho en una prisión del estado, tras las protestas de 2006.
La APPO, conformada por unas 300 organizaciones, y sindicatos de magisterio protagonizaron seis meses de movilizaciones en demanda de la renuncia del gobernador saliente, Ulises Ruiz, por alegada corrupción generalizada. La protesta terminó con una cruenta represión, en que más de 20 manifestantes murieron y cientos fueron heridos.
En las horas previas al cambio de gobierno, Oaxaca, la capital del estado del mismo nombre y toda la región es una olla que bulle. Un cosquilleo de esperanza, incredulidad e incertidumbre recorre a sus habitantes, aunque no todos son optimistas.
«La primera prueba de Gabino Cué será Ulises Ruiz. Su credibilidad depende de que haya sanciones o impunidad para é», dijo a IPS Florentino López, presidente del Frente Popular Revolucionario, que, como la mayoría de organizaciones de la APPO, apoyó al nuevo gobernador.
La tensión no ha faltado en el proceso hacia el cambio de este miércoles 1. Manifestaciones, alertas, desplazados y el asesinato de importantes dirigentes campesinos hace unas semanas abonan rumores a la incertidumbre que impera entre los oaxaqueños.
El 22 de octubre fue asesinado Catarino Torres en sus oficinas del Comité por la Defensa Ciudadana. Era un importante líder regional que simpatizó con causas no armadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la APPO. También estuvo recluido en una prisión federal tras las protestas de cuatro años atrás.
Un día después fue asesinado Heriberto Pazos, histórico líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult) fundador del Partido Unidad Popular, el único indigenista en el país.
El Mult es una organización con 30 años de presencia en la región, simpatizante del EZLN y que durante años ha estado confrontada con la paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, por el control de esa zona de San Juan Copala.
Pazos ya había sufrido un atentado en 2003, cuando luchaba por formar el partido indígena. Es el séptimo dirigente social importante asesinado o desaparecido durante la administración de Ruiz.
Entre ellos, destaca la muerte de Timoteo Alejandro Ramírez, líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente y promotor de la autonomía del municipio de San Juan Copala, decidida en 2007. Los triquis mantienen desde los años 70 diferentes formas de batalla por sus derechos como pueblo.
«La investigacion que se tiene que hacer de los autores materiales e intelectuales de esos asesinatos va a marcar la pauta del gobierno de Cué», dijo desde Ciudad de México Francisco Cerezo, del no gubernamental Comité Cerezo, que ha documentado más de 1.300 casos de personas detenidas por motivos políticos entre 2002 y 2008.
«En Oaxaca se está dando el fenómeno que hubo en el país cuando llegó Vicente Fox. La gente le cree al nuevo gobierno más por la esperanza de un cambio que por la razón, porque en realidad están llegando los viejos políticos reciclados», dijo Cerezo.
Fox conquistó la Presidencia de México en el año 2000, cuando el derechista Partido Acción Nacional rompió siete décadas de hegemonía del PRI, en un proceso que se consolidó con el triunfo de su correligionario Felipe Calderón en 2006.
Oaxaca concentra la cuarta parte de los 2.438 municipios de México. Más de 70 por ciento de sus 570 municipios se rigen por el sistema de usos y costumbres, una forma de gobierno basada en antecedentes históricos de vida comunitaria ancestral. Otros 152 lo hacen por el sistema de partidos.
La mitad de los 3,5 millones de oaxaqueños pertenecen a alguno de los 16 pueblos originarios asentados en el estado.
Otra de las grandes incógnitas sobre el nuevo gobierno es el conflicto en la región triqui, donde una comunidad que se declaró autónoma en 2007 fue sitiada más de un año por grupos armados ilegales, ante la mirada complaciente de las autoridades regionales y federales.
El acoso ha causado decenas de muertos y desplazados desde entonces. Incluso una caravana humanitaria internacional fue emboscada en abril, cuando intentaba llegar a la localidad.
La duda surge porque Cué fue parte del equipo del ex gobernador Diódoro Carrasco (1992-1998), a quien se atribuye la paramilitarización en la zona y el aumento de la violencia contra organizaciones sociales.
Pero estos días los oaxaqueños apuestan a la esperanza. En 2006, las manifestaciones de la APPO terminaron con líderes encarcelados, una veintena de muertos, una masiva represión policial y torturas generalizadas, según denuncias de activistas.
Ulises Ruiz se mantuvo en el cargo, gracias a un acuerdo político con el gobierno federal, pero cuatro años después los votantes cobraron su actuación en las urnas.
«Para las organizaciones sociales y políticas que participamos en la APPO hay un antes y un después de 2006, ya no es el mismo pueblo», aseguró López. Desde su nuevo cargo como diputado, Sosa coincide: «Hay una sociedad civil activa, participativa, en una nueva relación con el gobierno, y los cambios tienen que verse de inmediato».