Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México. Una revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión policial y de grupos armados irregulares. Todavía […]
Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México.
Una revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión policial y de grupos armados irregulares.
Todavía permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayoría, que habían sido encerradas en cárceles de varios estados, están ya libres luego de que el gobierno estadual, paradójicamente el principal acusado de la represión, pagó millonarias fianzas con ese fin.
«Si la presión internacional y nacional no estuvieran presentes junto a las denuncias de grupos humanitarios, la represión hubiera sido mucho más violenta, y los detenidos se seguirían contando por docenas, de eso no tenemos duda», dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por los Derechos Humanos.
El estado sureño, uno de los más pobres del país, vivió entre junio y noviembre un alzamiento encabezado por la APPO, un colectivo de más de 350 agrupaciones sociales. Su principal y fallido objetivo era la renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, acusado de abusos, corrupción, violencia y autoritarismo.
El conflicto se inició en mayo con las protestas de profesores locales que exigían mejores salarios, pero escaló desde junio como respuesta a la represión policial dispuesta por Ruiz. En octubre, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox despachó miles de policías federales a tomar el control de la homónima capital de Oaxaca.
A fines de noviembre, hubo duros enfrentamientos entre la policía y los grupos movilizados. Presuntos activistas incendiaron y destruyeron varios edificios públicos, lo que desató masivas detenciones, entre ellas de los líderes de la APPO. Luego, la policía federal tomó el control total de la capital para entregarla más tarde, y parcialmente, a su par oaxaqueña.
Hoy la situación es de relativa calma. La APPO, que sufrió escisiones en las últimas semanas, mantiene abiertas negociaciones con el gobierno del presidente Felipe Calderón, investido el 1 de diciembre, pero el escrutinio nacional e internacional sobre el problema humanitario no cesa.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, integrada por representantes de 30 países, la mayoría europeos, está de visita en México desde el 18 de diciembre con el propósito de recabar testimonios sobre Oaxaca y de emitir un informe final.
La misión de esa entidad, a la que el gobierno de Calderón prestó facilidades para que cumpliera con su tarea, permanecerá en el país hasta fines de enero, y en fecha aún no precisada emitirá una evaluación que llegará a diferentes foros, como el Parlamento Europeo, donde México ha sido duramente cuestionado por los hechos de Oaxaca.
Los análisis e informes divulgados en los últimos meses por grupos humanitarios mexicanos e internacionales sobre el estado sureño han puesto en el banquillo a las autoridades estaduales y federales.
Todos los informes indican que las autoridades cometieron múltiples abusos, detenciones arbitrarias, torturas y ataques a balazos contra los protagonistas de la revuelta y contra decenas de personas inocentes.
Además, señalan esos documentos, grupos armados irregulares, al parecer al mando de Ruiz, actuaron con total impunidad contra pobladores que mantenían tomada gran parte de la ciudad de Oaxaca entre junio y noviembre.
La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) sostuvo en un informe preliminar difundido el 18 que desde junio procesó 1.211 quejas de diferentes personas y organizaciones en Oaxaca.
Los expedientes reunidos hablan de uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales. En esos actos resultaron muertas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, según la CNDH, que mantiene desde junio a un equipo de expertos en Oaxaca.
En sus conclusiones, la entidad afirma que ese distrito «sigue siendo una zona en la que no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales».
La Liga Mexicana por los Derechos Humanos llegó a conclusiones similares en varias evaluaciones de la crisis.
En una de las últimas, en la que analiza la represión policial de noviembre, la Liga sostiene que la policía «realizó detenciones arbitrarias, indiscriminadas, en su mayoría de personas inocentes», que llegaron a 141.
«Desde la detención misma, la mayoría de las personas fueron objeto de golpes y vejaciones aplicadas como castigo, más allá de maniobras lícitas de sujeción o sometimiento, puesto que no opusieron resistencia», afirma. «Un número significativo de personas ha mencionado abusos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, acompañadas con amenazas de violación o mutilación», relata.
«La privación de agua, alimentos, de facilidades para la realización de las necesidades fisiológicas, las posiciones forzadas, el apilamiento de personas durante el traslado, no obstante haber lesionados con sangrados evidentes, la negación de atención médica, acompañada con insultos y amenazas, fue otra constante», según la Liga.
Además, hubo «trato degradante e indolente del personal (policial) y las vejaciones en el traslado a los distintos centros penitenciarios y la falta de certidumbre de la situación jurídica, así como el rapado (corte de cabello a ras) de las personas, incluso de las mujeres», añade.
Ramírez, director de la entidad, habla de una pesadilla para cientos de personas víctimas malos tratos policiales y de grupos irregulares. Entre ellas menciona a colegas de su organización que, según denunció, fueron amenazados y tienen órdenes de detención.
Las conductas registradas en Oaxaca colocan al Estado al margen del cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales y obligan a denunciar «la existencia de una franca persecución desde los diferentes órganos y funcionarios de la seguridad del Estado, que pretende criminalizar la protesta popular», señala la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.
Según varias fuentes, este tipo de prácticas datan en Oaxaca de mucho antes de que detonara el conflicto. El gobernador Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lleva más de 70 años gobernando Oaxaca sin interrupciones, es el principal acusado.
Ruiz accedió a su cargo en 2004 tras ganar unas disputadas elecciones en las que la oposición denunció fraude. Es uno de los militantes del ala más conservadora del PRI, que gobernó México entre 1929 y 2000.
El gobernador se niega a renunciar. En el Senado, que podría destituirlo, no se logra conformar la mayoría necesaria para ese propósito. Aunque el apoyo político a su persona ha ido mermando, tras la represión policial, su régimen retomó las riendas de Oaxaca, luego de varios meses en los que ni siquiera despachaba en el distrito.
Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, basada en Nueva York, emitieron en los últimos años informes preocupantes por las constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y líderes sociales opositores de Oaxaca.
Durante el conflicto, esas organizaciones internacionales también divulgaron que la protesta social de la APPO era enfrentada por grupos irregulares, aparentemente enviados por Ruiz, que atacaron con disparos a manifestantes y activistas, causando la muerte de varios.
Algunas de las denuncias señalaron acciones violentas de los protagonistas de la protesta, como agresiones a periodistas y a otras personas inocentes, y medidas de justicia por mano propia contra presuntos delincuentes y policías.
«Oaxaca ha vivido meses aciagos, y lo que esperamos es que la justicia actúe para sancionar a los responsables de la represión ilegal y que se repare a las víctimas, pero también que el Estado atienda los graves rezagos sociales y la pobreza que son el telón de fondo de todo el conflicto», resumió el activista Ramírez.