El FBI ha convencido a la Administración Obama para endurecer la legislación sobre escuchas telefónicas. Lo paradójico es que la reforma legislativa que preparan va dirigida a sancionar a las grandes compañías telefónicas que innoven, creen nuevos servicios o los mejoren sin tener en cuenta que «todo» debe ser controlado por el gobierno. Lo desvela […]
El FBI ha convencido a la Administración Obama para endurecer la legislación sobre escuchas telefónicas. Lo paradójico es que la reforma legislativa que preparan va dirigida a sancionar a las grandes compañías telefónicas que innoven, creen nuevos servicios o los mejoren sin tener en cuenta que «todo» debe ser controlado por el gobierno.
Lo desvela hoy The New York Times: «Se deberá asegurar que cualquier cambio tecnológico no va a alterar la capacidad del gobierno de controlar las comunicaciones y en concreto las escuchas telefónicas (incluyendo VoIP)».
Un grupo de trabajo que incluye a funcionarios de Justicia, el Departamentos de Comercio (piratería, amigos) y el FBI , sobre todo el FBI , trabaja en este proyecto de ley para fortalecer y ampliar CALEA. El polémico programa de asistencia de aplicación de la ley de comunicaciones (CALEA) que enmedó el título 18 del United States Code que ha permitido al FBI gozar prácticamente de barra libre para «escuchar».
CALEA se «modernizó», bajo la Administración Bush, ampliando su lesiva discrecionalidad a todas las comunicaciones realizadas a través de la red (incluyendo VoIP). ¿Por qué el FBI , obviamente el Pentágono, y el departamento anti-piratería quieren que Obama vaya más allá que Bush?
Porque las compañías telefónicas y los servicios de telefonía IP (Skype, por ejemplo) no paran de innovar y presentar programas y aplicaciones mientras que las orejas de la administración son las que son y necesitan como en los viejos tiempos de la colaboración de las telefónicas. En este caso exigirán que vayan al ritmo de la administración.
De tal manera que las compañías que ofrezcan servicios telefónicos deben frenarse «un poquito» y garantizar siempre que esos servicios, antes de salir al mercado, son susceptibles de ser «escuchados» o hablando en propiedad: controlados por el gobierno. Faltaría más.
Las compañías deben diseñar sus servicios de tal manera que desde el primer día el gobierno pueda comenzar a realizar sus labores de vigilancia. Albert Gidari Jr., un abogado que representa a las empresas de telecomunicaciones, ha explicado que la intervención del gobierno podría tener repercusiones graves e importantes para la industria en términos de inversión, gasto, innovación y competitividad.
La respuesta del gobierno es no implementar nuevos servicios y esperar hasta que el gobierno se ponga al día. Pero no es así como esto funciona. Muchos servicios se desarrollan muy rápidamente y hay demasiados jugadores en este momento
«El impulso gubernamental para ampliar la ley de 1994 es el último ejemplo de un dilema sobre cómo equilibrar la libertad en Internet con las necesidades de seguridad en una era de rápida evolución tecnológica. La cuestión tiene mucha importancia porque las tecnologías de vigilancia desarrolladas por los Estados Unidos para cazar a los terroristas y los traficantes de drogas también pueden ser utilizadas por los regímenes represivos a la caza de disidentes políticos». Recuerda hoy The New York Times.
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