El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se quitó la máscara al mostrar las verdaderas intenciones de su Administración con Latinoamérica que están lejos de respetar la soberanía de los países y llevar adelante relaciones que no sean las practicadas por sus antecesores a lo largo de decenas de años. No otra cosa significan los […]
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se quitó la máscara al mostrar las verdaderas intenciones de su Administración con Latinoamérica que están lejos de respetar la soberanía de los países y llevar adelante relaciones que no sean las practicadas por sus antecesores a lo largo de decenas de años.
No otra cosa significan los justificativos presentados por Obama ante el Congreso de su país para impedir la ampliación de las preferencias arancelarias a favor de las exportaciones bolivianas.
Fue el propio presidente Evo Morales Ayma quien desenmascaró la política de la Casa Blanca, cuyo nuevo gobierno buscó argumentos para justificar la suspensión de la denominada Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) a favor de Bolivia.
Morales anotó que «La dignidad de los bolivianos no cuesta 25 millones de dólares», al referirse a lo que significa el apoyo dado a los exportadores que ingresan al mercado estadounidense por la vía del ATDPEA. Para enfrentar esos problemas, el Ejecutivo ya ha adoptado medidas para fortalecer el Fondo de recursos para alentar las exportaciones bolivianas al país del norte.
Argumentos mentirosos
Morales señaló que los argumentos de Obama y la Casa Blanca son mentirosos y no solamente se limitan a cuestionar la política antidrogas de Bolivia, sino descalifican otras medidas implementadas por el Gobierno desde que se hizo cargo del poder el pasado 22 de enero de 2006, tras recibir el contundente respaldo del pueblo en las urnas.
Recordó las afirmaciones del mandatario estadounidense en la Cumbre Presidencial de Trinidad y Tobago donde dijo que para Estados Unidos «no hay más socios mayores ni menores», aunque ahora demuestra lo contrario al mostrar a su país como «un patrón, un gendarme» que observa la Constitución y las políticas internas del Estado boliviano. «En Estados Unidos ha cambiado la fisonomía de los Gobernantes pero no las políticas», lamentó el Jefe de Estado.
«Por lo visto, no solamente era cuestionar injustamente la política antidrogas de Bolivia, sino los programas de nacionalización de empresas estratégicas, la propia Constitución Política del Estado y hasta las relaciones que se llevan adelante con los sindicatos», dijo.
Morales reconoció que hubo un incremento de los cultivos ilegales de coca en algunas regiones del país, pese a que fueron erradicadas aproximadamente 17.000 hectáreas entre 2006 y 2008, además de intensificar los operativos de las fuerzas anti drogas que propinaron duros golpes a las bandas de productores de cocaína, pero ello no significa que Bolivia haya dejado su responsabilidad para combatir el narcotráfico.
Nacionalización y arbitrajes internacionales
Con relación a la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006, Morales señaló que el gobierno puso así en marcha la política de recuperación del control de los sectores estratégicos de la economía que, a mediados de la década de los años 80, fueron entregados a las transnacionales por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy prófugo de la justicia que le ha iniciado un juicio de responsabilidades.
Sánchez de Lozada debe responder por los daños económicos provocados al Estado y por violar la Constitución, además de ordenar a fuerzas militares que reprimieran las protestas populares contra la política de enajenación del patrimonio estatal. Por esa causa murieron 68 civiles y 400 resultaron heridos en octubre de 2003 en la ciudad de El Alto.
Tras nacionalizar los hidrocarburos, Morales prosiguió la política de recuperación del patrimonio estatal al nacionalizar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), que estaba en manos del consorcio italiano ETI TELECOM, cuyos ejecutivos exportaban las ganancias obtenidas en Bolivia en lugar de reinvertirlas en el país.
Esas medidas provocaron la reacción de las trasnacionales como ETI TELECOM que planteó contra Bolivia un arbitraje internacional ante el Centro Internacional para el Acuerdo de Disputas (CIADI), con el fin de obtener millonarias indemnizaciones que se sumen a los montos que acumularon cuando administraron ENTEL.
Bolivia se abstuvo de adherirse al arbitraje del CIADI al revisar las decisiones de ese organismo en casos similares que fueron ampliamente favorables al capital privado antes que al interés de los Estados.
Paradójicamente, en su argumentación para suspender el ATPDEA a Bolivia, la Casa Blanca cuestionó no solamente la nacionalización de los recursos naturales y las empresas estratégicas, sino el rechazo al arbitraje del CIADI en los casos de nacionalización de empresas estatales.
Morales anotó la nacionalización no busca desalentar las inversiones privadas sino conformar sociedades que respeten las leyes nacionales y no como en el pasado en el que solamente se beneficiaban los denominados socios mayores bajo el manto de una supuesta «capitalización» de empresas estatales.
Baste recordar que las trasnacionales que operaron en el sector de los hidrocarburos se llevaban un 82 por ciento de las ganancias y dejaban al Estado solamente el 18 por ciento. Con la nacionalización, esos porcentajes se volcaron, lo que obviamente no satisfizo los apetitos de los capitalistas que mandaron malas señales a la Administración Obama.
Molestia en la Casa Blanca
Las autoridades enfatizaron que la suspensión del ATPDEA por un supuesto incumplimiento en la reducción de la producción de coca esconden la molestia de la Administración Obama por la determinación boliviana de declarar persona no grata al embajador de ese país Philip Goldberg y a los agentes de la Oficina Antidrogas y de espionaje (DEA-CIA) por apoyar los aprestos subversivos de grupos de ultraderecha encaramados en gobiernos regionales y en comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija a mediados del año pasado.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo entonces que tras fracasar la ultraderecha en su intento por precipitar la revocatoria del mandato de Morales en un referéndum, desarrolló un golpe cívico-prefectural que contaba con respaldo del gobierno de Estados Unidos encabezado entonces por George Bush.
Ese movimiento promovió la violencia en esas regiones con la toma de instituciones estatales y una masacre de campesinos en el departamento de Pando a cargo de grupos paramilitares que respondían al mando del entonces prefecto Leopoldo Fernández Ferreira, hoy preso en espera de un proceso en su contra.
Bases USA en Bolivia
Al denunciar la injerencia estadounidense en los asuntos internos, el presidente reveló que en Bolivia llegaron a operar 57 agentes de la DEA y la CIA. Más aún, alertó que la cantidad de agentes de la CIA y de la DEA en territorio nacional tendría como objetivo instalar una base con ramificaciones en otras naciones sudamericanas fronterizas, como actualmente sucede en Honduras.
Al referirse al golpe militar en Honduras, la periodista, escritora y docente argentina Stella Calloni, autora del libro «Operación Cóndor, Pacto criminal», dijo que es un «mensaje de los halcones de Washington» hacia los cambios que se producen en América Latina que comenzar a romper con la hegemonía del norte.
Para Calloni, hubo una intervención de Estados Unidos en el golpe en Honduras, más allá de lo que haya manifestado Obama, porque esta nación centroamericana es clave para frenar las iniciativas comerciales y políticas que comenzaron a propagarse a lo largo de Latinoamérica y el Caribe.
Dijo que en Honduras hay una base militar de EE.UU en Palmerola, en la zona de Comayagua y se construye otra supuestamente para combatir al narcotráfico sobre la Costa Atlántica hondureña. Por ello expresó que «es imposible que Estados Unidos haya ignorado la marcha de un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Zelaya».
Calloni subrayó que lo que sucedió en Honduras fue una respuesta del norte al fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para Nuestra América (ALBA), conformado hasta hoy por nueve países de Latinoamérica y El Caribe, que salió al frente de los afanes de dominación económica del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y después por los Tratados de Libre Comercio (TLCs) bilaterales impulsados por el país del norte con el propósito de quebrar iniciativas comerciales y de integración nacidas en el hemisferio latinoamericano.
Informó que el interés de Estados Unidos por instalar una nueva base militar en Honduras es para ejercer un mayor control sobre Centroamérica. Recuérdese que a principios de año el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorrens, inauguró la construcción de la base militar en la zona fronteriza con Nicaragua. Estados Unidos justificó esa construcción por considerar que la zona es utilizada por el narcotráfico.
A su vez, la economista e investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, quien participó en La Paz en el seminario Crisis del capitalismo, descolonización y alternativas populares, subrayó que México ve con preocupación la crisis política en Honduras, mucho más si Estados Unidos ha asumido una actitud vaga sobre este asunto.
Ceceña subrayó que los hechos en Honduras muestran que son una clara respuesta a la actitud asumida por el presiden te Manuel Zelaya al sumarse a la iniciativa del ALBA, que «tiene más posibilidades de defender los intereses de las regiones y de los pueblos que viven en ellas antes que otros que defienden intereses de minorías capitalistas».
En su opinión, el gobierno mexicano encabezado por Felipe Calderón puede ser utilizado por estados Unidos como un dique de contención en Centroamérica frente al avance de gobiernos progresistas y sus procesos de cambio.
EE.UU y Honduras
Los afanes hegemónicos del norte en Centroamérica desde Honduras ha sido una constante en pasados períodos. Recordó que el ex embajador de Estados Unidos en Honduras (1981-1985), John Negroponte, hoy director de los servicios de espionaje del «Tío Sam», había conformado desde Tegucigalpa grupos mercenarios de la «contra» nicaragüense para desestabilizar al gobierno sandinista. Llegó a ser calificado «Virrey de Honduras» porque controlaba la situación interna de ese país y desde ahí de toda Centroamérica.
Negroponte desempeñó diversas funciones en el Departamento de Estado. Fue embajador en México y se le atribuye un nebuloso papel en Chile, donde habría colaborado en la organización de la Operación Cóndor que coordinó una serie de golpes militares en Sudamérica y la represión contra las dirigencias democráticas en la década de los años 70.
El golpe de Estado contra Zelaya en Honduras fue ejecutado por jefes militares encabezados por el general Romeo Vásquez, quien desobedeció las órdenes Presidenciales de apoyar una consulta ciudadana sobre la Constitución. Los líderes de ese movimiento castrense son connotados alumnos de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, donde cursaron estudios varios uniformados que desencadenaron sangrientos movimientos antidemocráticos en sus países.
Evo cuestiona a militares no nacionalistas
El presidente Evo Morales se refirió precisamente a esa clase de militares que aún responden a otros intereses ajenos a su pueblo. «Algunos de esos militares siguen siendo instrumentos de las oligarquías, del neocolonialismo, del neoliberalismo y del imperio», dijo al destacar que la actual realidad en Latinoamérica es diferente a la del pasado, cuando asonadas golpistas acababan a sangre y fuego con las banderas democráticas de los pueblos.
El mandatario manifestó que hoy reina en América Latina «un gran sentimiento de liberación y democracia» que ha llegado a las Fuerzas Armadas que en Bolivia, son respetuosas de la Constitución y se han sumado a procesos de cambio que fortalecen la democracia.
Sin embargo dijo que atentados contra la democracia, como los sucedidos en Honduras, no pueden quedar impunes. «Ya hubo una fuerte respuesta de rechazo de la comunidad latinoamericana, pero los responsables del golpismo deben ser sometidos a juicios internacionales», señaló.
En base a los que dispone la Carta Democrática Interamericana que resalta que los pueblos de la región tienen derecho a la democracia y sus gobernantes la obligación de promoverla y defenderla, Bolivia presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un proyecto para la creación de un Tribunal Penal Interamericano que investigue, procese y sancione hechos como los sucedidos con el golpe de estado en Honduras para evitar su repetición.
Las afirmaciones del presidente boliviano son importantes en la actual coyuntura democrática latinoamericana en la que cada vez una mayor cantidad de países impulsan regímenes progresistas que escuchan la voz del pueblo y que gobiernen junto a él antes de someterse a intereses capitalistas o potencias extranjeras.