La situación es absolutamente clara. El artículo 27 de la Constitución Política del Estado establece: «Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y […]
La situación es absolutamente clara. El artículo 27 de la Constitución Política del Estado establece: «Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral».
Si tomamos en cuenta que, de acuerdo al artículo 12 de la misma ley suprema, «el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral» y que se garantiza la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, la acción inmediata debiera ser la preparación de los mecanismos para que, este derecho, sea ejercido en el menor tiempo posible.
Es más. Sabemos que son millones de bolivianas y bolivianos que salieron al exterior en busca de mejores condiciones de vida, dadas las circunstancias que ocurrieron en las décadas pasadas. Aún ahora, las secuelas del empobrecimiento que se agudizó en la etapa neoliberal, hay gente que quiere salir de Bolivia. Desvinculados del país por la miseria, reclaman ser parte de la nación y participar en la importante decisión de elegir las autoridades. La ley que regula este derecho, ya establecido en normas anteriores a la vigencia de la nueva Constitución, ha sido detenida por la oposición que, en el Senado Nacional, es mayoría.
Aplicando la norma establecida en la Constitución, el gobierno envió un proyecto de ley electoral transitoria, que este Congreso debe aprobar para las elecciones próximas, incluyendo el derecho de los bolivianos residentes en el exterior.
El reclamo es urgente
Durante el año pasado, grupos de residentes en Argentina, mantuvieron una constante presión sobre el Senado, incluyendo una huelga de hambre, sin obtener resultados. En 2005, un enviado de los residentes en Estados Unidos de Norteamérica, con poderes suficientes, presentó una demanda y obtuvo un fallo favorable, en la Corte Superior de Justicia de La Paz, para viabilizar el voto en el exterior. Organizaciones de bolivianos que viven en Europa han hecho llegar su reclamo ante las embajadas bolivianas y directamente a las autoridades nacionales.
Pero la oposición es persistente. Reflejando el rechazo que tienen a este propósito, un diario nacional titula: «El voto en el exterior a fin de año es prácticamente inviable».
Al iniciarse el tratamiento del proyecto de ley electoral transitoria, aparte de las organizaciones indígenas, los partidos con representación parlamentaria enviaron los suyos propios. PODEMOS, la agrupación que reúne a quienes militaron en los partidos tradicionales hoy desaparecidos, prescinde absolutamente de toda referencia al voto en el exterior. Algo similar ocurre con la propuesta del MNR, que no se refiere de ningún modo a este derecho constitucional.
Por supuesto, miembros de las cortes electorales, tratando de aparecer neutrales en sus apreciaciones, desestiman la posibilidad de empadronar a quienes residen en el exterior. Frases como «está en duda que acabemos», «lo veo difícil, el tiempo es corto», «es casi imposible» y «no tenemos plazo para que los bolivianos voten en el extranjero» tratan de postergar indefinidamente tema tan candente.
El derecho es irrenunciable
El voto boliviano en el exterior es un derecho que se reconoció en el Código Electoral hace más de una década. Volvió a reconocerse en otras leyes posteriores, pero nunca se normó su aplicación. Al viejo estilo de la politiquería que primaba en las etapas anteriores, se declaraba el derecho pero se impedía su ejercicio.
El Órgano Electoral, a través de su presidente, anunció que iniciará contactos con autoridades de otros países para viabilizar el empadronamiento de los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia. Este paso inicial abre el proceso que tiene como meta el ejercicio del voto por ellas y ellos.
Claro que, cuando comienza a condenarse al fracaso la aplicación de este derecho, sin haber dado ni siquiera el primer paso, simplemente se busca anular su ejercicio. Entonces, la pregunta es: ¿por qué tienen miedo al voto en el exterior? Aparte de los argumentos manidos de desconfianza respecto a las embajadas y consulados, no tienen nada más. Se trata del temor, evidente, de que ese voto favorezca en forma abrumadora al presidente Evo Morales. Si la oposición dice que él no alcanzará el 50%, ¿por qué creen lo contrario para quienes no viven en el país?, ¿no dicen, ellos mismos, que la gente está escapando de la dictadura del MAS? Que lo comprueben en las urnas.