In memorian de Ricardo Cayssials
El proceso de cambios sociales en Bolivia es liderado por el Movimiento al Socialismo a través de su principal dirigente Evo Morales, un presidente indígena, electo en 2005 con el respaldo del 54% de la población. Este gobierno enfrenta conspiraciones de diferentes grupos oligárquicos y la intromisión de Estados Unidos, buscando ahogar los programas en beneficio de los intereses de la mayoría, en particular, la recuperación de los recursos naturales.
Por su estratégica ubicación – integra la cuenca del Río de la Plata y las regiones andina y amazónica – Bolivia está destinada a tener un papel principal en la unidad latinoamericana y en el proceso de cambio revolucionario de nuestro continente. Por eso, la oligarquía y el imperialismo se proponen fragmentarla mediante la convocatoria a un referendo autonómico en Santa Cruz -la región más rica del país-, y otras consultas similares previstas para junio en Tarija, Beni y Pando.
Uno. Bolivia -país pobre entre los pobres- dado que su desarrollo económico y social confronta limitaciones por algunos factores endógenos como la escasa incorporación de tecnología, reducida inversión, baja productividad de la fuerza de trabajo, insuficiente integración de las cadenas productivas y debilidad en la gestión empresarial.
Su prolongado e indeseado enclaustramiento marítimo incide de manera adversa en sus niveles de crecimiento económico e inserción internacional. Los múltiples procesos de integración regionales en los que participa desde hace décadas no han tenido los efectos benéficos esperados. Los costos de transporte agravan las dificultades propias de su desarrollo relativo menor.
Dos décadas de neoliberalismo agudizaron problemas graves de salud, educación, empleo, distribución, discriminación, migración, destrucción del medio ambiente y falta del respeto a la diversidad cultural. La apertura económica indiscriminada al mercado que significó la rebaja de aranceles y la libre importación, debilitó la estructura productiva y no generó inversiones, ni industrialización, ni creación del empleo sostenible en la magnitud esperada.
Inmensas movilizaciones sociales pacíficas signaron el ascenso de Evo Morales. Las marchas indígenas de 1990, 1996, 2000 y la de 2002 -«Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales»- son mojones del proceso de cambios. En octubre de 2003, los indígenas aymaras y quechuas, sumados a mineros y ciudadanos alteños, hicieron renunciar -al costo de decenas de victimas mortales- al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada e imponer la Asamblea Nacional Constituyente en la agenda política del país. No fue casual que el acto de instalación de dicha asamblea fuera saludado con el desfile de 36 pueblos originarios en la ciudad de Sucre capital de la República.
El gobierno de Evo Morales ha sostenido que la meta es «vivir bien» -de forma éticamente adecuada- porque no creen en el progreso y el desarrollo ilimitado a costa del otro y de la naturaleza. Para ellos la integración de y para los pueblos debe resolver los más grandes problemas de pobreza y destrucción de la naturaleza. En ese marco Bolivia suscribió (29-04-2006) la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP).
La Nueva Constitución Política del Estado (9-12-2007) fue calificada de ilegítima por grupos conservadores, a pesar de que el cónclave contó con la presencia de 10 fuerzas políticas de todos los departamentos y se aprobó con el voto de los dos tercios requeridos para el efecto. El texto constitucional – aún no plebiscitado -consolida las conquistas logradas, como la nacionalización de los hidrocarburos (1-05-2006), la reconducción agraria, la adecuada utilización de la renta del gas, la revalorización de las culturas ancestrales, las autonomías departamentales e indígenas – en el marco de la unidad nacional – y la lucha contra la corrupción.
Los ingresos del petróleo nacionalizado permiten potenciar la economía de las regiones, pagar el «Bono Dignidad» a los mayores de 60 años y el «Bono J. Pinto» a los niños de los primeros años de formación escolar
Dos. La revolución democrática y cultural que se desarrolla en el altiplano se apega estrictamente a la Constitución y la ley pero eso, obviamente, no es un freno a la respuesta de las clases dominantes, que se agudizó en los últimos meses con una escalada conspirativa que ha alcanzado sus cotas máximas al pretender dividir la nación boliviana. El anticonstitucional referéndum autonómico pretende dividir la nación boliviana expresando los intereses de la oligarquía, del imperialismo y la mentalidad racista y elitista de estos sectores. La seudo consulta popular del 4 de mayo constituye un ataque a la unidad de Bolivia y es, además, un peligroso precedente en dirección a la balcanización del país y de nuestro continente. La historia muestra con sobrada elocuencia las terribles consecuencias que en todos los terrenos han tenido para la humanidad los procesos divisionistas y separatistas inducidos y respaldados por poderosos intereses foráneos.
Los grupos conservadores opuestos al proceso de cambio que no quisieron concertar en la Asamblea Constituyente pretenden dar igual legitimidad a unos estatutos autonómicos que fueron redactados por personalidades que no tenían mandato para ello. Dichos estatutos autonómicos están fuera de todo marco legal y pretenden anular – ¡oh casualidad! – la competencias del estado nacional sobre la política de tierras y los recursos naturales.
La voluntad sediciosa y la intransigencia de los separatistas se demuestra al desacatar leyes dictadas por el Congreso Nacional y resoluciones inapelables de la Corte Nacional Electoral que suspenden todos los procesos de referéndum, inclusive el convocado por el Congreso Nacional para la nueva Constitución.
Las autoridades departamentales y líderes cívicos que responden a círculos de poder en algunas regiones del país, se niegan a todo intento de diálogo, incluso con participación directa de gobiernos amigos como Argentina, Brasil, Colombia; de la iglesia católica y de organismos internacionales como la OEA, la Comunidad Andina, la Unión Europea y las Naciones Unidas, entre otros.
El Consejo Permanente de la OEA reiteró su respaldo a las instituciones bolivianas y exhortó al gobierno de Morales y a las autoridades regionales al diálogo, al tiempo que advirtió que si no se produce una negociación antes del referendo podría haber derramamiento de sangre
Tres. Los círculos de poder pretenden que los pueblos indígenas vuelvan a ser nuevamente invisibles, especialmente en el oriente y la amazonía boliviana, por lo que impulsan la división. Pero el pueblo y los movimientos sociales están concientes de la naturaleza de esas maniobras aunque existen posiciones contrapuestas respecto a la forma de enfrentar el referéndum: unos plantean la abstención por considerarlo ilegitimo, otros en cambio, irán a votar por el no.
El presidente Evo Morales, el primero de mayo, profundizó el proceso de cambios al nacionalizar las telecomunicaciones y tres petroleras sosteniendo que: «los servicios básicos, llámese energía, llámese agua, llámese comunicaciones, no pueden ser negocio privado» y que esa riqueza: «no es de los prefectos ni de los alcaldes, es de todo el pueblo boliviano».
Cuando arrecia el asedio político, económico y mediático de los que pretenden detener el desarrollo de la revolución democrática y cultural en Bolivia, es más necesario que nunca expresar la solidaridad y el compromiso de nuestra América con los hermanos bolivianos. Hay que enfrentar en todo el continente a las fuerzas que de manera abierta o encubierta buscan desestabilizar la institucionalidad democrática intentando precipitar un retroceso en las conquistas de nuestros pueblos.
(* ) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU)