América Latina durante las décadas de los años noventa fue objeto de la imposición de una política económica neoliberal a ultranza, la cual se sustentaba en el programa del Consenso de Washington consistente en reducir el déficit fiscal a desmedro del gasto social, privatización de las empresas estatales, condiciones jurídicas favorables para la inversión extranjera […]
América Latina durante las décadas de los años noventa fue objeto de la imposición de una política económica neoliberal a ultranza, la cual se sustentaba en el programa del Consenso de Washington consistente en reducir el déficit fiscal a desmedro del gasto social, privatización de las empresas estatales, condiciones jurídicas favorables para la inversión extranjera y flexibilidad laboral, con el objetivo de promover un libre comercio entre todas las economías del hemisferio sin contemplar sus asimetrías económicas y tecnológicas.
La arremetida neoliberal en América Latina, propicio que los movimientos sociales se trazaran como objetivo político la toma del poder político para realizar cambios esenciales en la estructura Estatal para promover un modelo alternativo de desarrollo económico, político y social acorde a las realidades y necesidades de la población. Como resultado emergen una serie de gobiernos progresistas en la región, primero en la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente en Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, y recientemente en Paraguay.
En el caso de la República de Bolivia, la Revolución Democrática y Cultural que impulsa el presidente Evo Morales, reviste características muy singulares por la diversidad cultural que en ella hacen vida los aymaras, quechuas y guaranis frente a la mezquindades de la una oligarquía apatrida y entregüista hacia los intereses imperiales de turno. Bolivia, en la época de la colonia fue explotada con la extracción de la plata de las minas del Cerro Rico de Potosí; en la época republicana el imperialismo ingles promovió las guerras del pacifico de 1879 para apropiarse de las minas de cobre, salitre y yacimientos de guano; a principios del siglo XX, los mismos actores imperiales promueven la Guerra del Chaco en 1932 con el objetivo de asegurarse las reservas de petróleo de la zona; y en este siglo XXI, el imperialismo yanqui pretendió apoderase de las reservas de gas y agua que existen en el país hermano, la segunda reserva de gas más importante después de Venezuela. El común denominador de esta política de saqueo en Bolivia, se sustenta en la apropiación y explotación de los recursos naturales energéticos y mineralógicos. Ahora el pueblo boliviano despierta ante la expoliación de su riqueza y decide recuperar aquello que por derecho y hecho le pertenece: su soberanía y dignidad para administrar y proyectar un futuro para sus hijos.
La política de cambio del presidente Evo Morales, radica en una propuesta de refundación de las instituciones política, económica, social y cultural con la creación de una nueva Constitución Política del Estado a través de una Asamblea Constituyente, y de esta forma re-direccionar el desarrollo de Bolivia, mediante la eliminación del latifundio y la incorporación de los sectores sociales mayoritarios en las decisiones del quehacer nacional. Estas iniciativas de cambio, con el asenso al poder del movimiento social boliviano y el presidente Evo Morales, desplazaron a la oligarquía del poder político y por ende de sus privilegios que obtenían para afianzar su riqueza dejando a los campesinos e indígenas sumidos en la pobreza y exclusión. Por ello, la campaña de desestabilización desatada contra el gobierno progresista de Morales y la nueva Constitución Política del Estado, la cual se centra en dos estrategias implementadas que tienen a la conflictividad y división del territorio boliviano.
Primero trataron con la propuesta de la capitalidad integral enfrentar al Departamento de La Paz que funge como sede del Poder Ejecutivo y Legislativo contra el Departamento de Chuquisaca, Sucre, donde se encuentra el Poder Judicial con el argumento de centralizar la administración pública, pero el interés político y económico que se esconde en esta propuesta de la oligarquía boliviana es crear un conflicto entre los pobladores de la ciudad y distraer a la opinión pública boliviana del avance de la Asamblea constituyente y como segundo objetivo es tener control del aparto administrativo del Estado en el departamento donde se encuentran las reservas de gas. Este conflicto de la capitalidad no es nuevo en la historia boliviana, al contrario recuerda un episodio trágico para su población a raíz de la Guerra Federal que llevó a cabo en 1898, donde la oligarquía minera de entonces forzó la división de la capital Sucre en la sede judicial e histórica y La Paz como centro del poder político-legislativo. Ahora esa misma, oligarquía transformada en latifundista y empresarial pretende unificar la capital, para tener un control político, económico, administrativo y legal sobre las riquezas naturales que yacen en Sucre y otros departamentos aledaños. Pero la realidad y la costumbre desarrollada en las dos capitales, histórica y administrativa, no posibilita tanto estructural y políticamente un solo centro de poder. En todo caso, el conflicto de la capitalidad es un pretexto para crear un debate estéril para distraer los objetivos de cambio de la Asamblea Nacional Constituyente.
Por otro lado, la carta más riesgosa y desesperada que emprende la oligarquía boliviana es la balcanización del territorio y erosión del poder político-administrativo de la República de Bolivia. Los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, bastiones de los oligarcas, terratenientes y partidos políticos de la derecha conservadora conocidos como la «media luna», propugnan la materialización de unas autonomías departamentales con el fin de disponer directamente los recursos energéticos y mineralógicos de la zona. Asimismo, pretenden administrar su propio presupuesto a partir de una política impositiva a las inversiones extranjeras, por si fuera poco con la autonomía crearan una policía departamental independiente de la Policía Nacional y creación de un documento de identidad para los ciudadanos de los departamentos autonomistas. La estrategia claramente tiende a crear un nuevo Estado, con población, territorio y gobierno propio a costa de la desmembración de la República de Bolivia, creada en 1825. La estrategia separatista, no solo es impulsada por los antinacionalistas de la media luna, también se encuentran promoviendo la división el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajador Philip Goldberg, quien en su anterior misión diplomática en Yugoslavia, apoyo y concreto la fragmentación de esta multinación exacerbando el regionalismo de los croatas, kosovares, entre otros. Esta estrategia ahora quieren llevarla a cabo el 4 de mayo con un referéndum inconstitucional, ilegal y unilateral. La inconstitucionalidad se manifiesta en la arremetida a la unidad territorial y político-administrativa; la ilegalidad se expresa con la violación de los procedimientos establecidos por el Consejo Nacional Electoral a objeto de efectuar una consulta popular; unilateral, porque no consultaron a las autoridades legítimamente electas y por promoverla desde una Asamblea Autonómica Transitoria que es la agrupación de latifundistas y políticos de la derecha boliviana carente de legitimidad.
En contraste a la posición del gobierno estadounidense los países miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, manifestaron su rechazo a la pretensión de balcanizar Bolivia. Asimismo, el Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano expreso su solidaridad y apoyo a la unidad territorial de Bolivia mediante un acuerdo de rechazo contundente a la injerencia del imperialismo en asuntos del pueblo boliviano.
El intento de forzar la separación de los departamentos de la media luna es preservar el latifundio y las riquezas naturales como gas y agua para entregarlas a las transnacionales estadounidenses. Por ejemplo el latifundio, según informe de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Bolivia, «el 91 por ciento de las tierras cultivables del país están en manos de latifundistas vinculados a los partidos políticos y algunos medios de comunicación; en tanto que el 71 por ciento de la población tiene que conformarse con el restante 9 por ciento. (…) Los grandes propietarios de tierras, que significan el 5 por ciento de la población, ostentan el 89 por ciento de las tierras. Los medianos, que representan el 15 por ciento de los habitantes, son dueños del 8 por ciento; en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 por ciento de la población, poseen tan sólo el 3 por ciento de las tierras. (…) ¿Quiénes son los privilegiados en este reparto? (…) [Son las] familias como las de Wilson Landívar y Alfredo Gutiérrez que poseen cerca de 131 mil hectáreas. Juan Carlos Bolsber, Martha Bolsber de Casal y su descendencia manejan un total de 70 mil hectáreas. La familia de Barbery Paz, que tiene lazos de parentesco con el ex ministro Roberto Barbery y actual comentarista de la red PAT es propietaria de 208.775,468 hectáreas.»1
Para la labor de balcanización de Bolivia y derrocamiento del presidente Evo Morales, el gobierno estadounidense ha entregado 120 millones de dólares a las organizaciones separatistas en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija a través de la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), con el argumento de la lucha contra el narcotráfico.2
El interés del imperialismo en la desestabilización y desmembramiento de Bolivia busca los siguientes resultados para mantener su hegemonía en la región: primero, asestar un golpe a la revolución latinoamericana; segundo, frenar el proceso de integración de los pueblos; y tercero, posicionar su estrategia geopolítica de control sobre los países y recursos naturales de la amazonía, reservas energéticas y de agua.
En cuanto a la revolución latinoamericana, Estados Unidos junto a su aliado incondicional en América del Sur, ha emprendido repetidamente acciones tendientes a desacreditar y desestabilizar gobiernos progresistas como Venezuela y Ecuador, ahora ese imperialismo económico y militar arremete contra Bolivia para hacerla fracasar y de esta manera incidir en el movimiento revolucionario latinoamericano que emerge desde nuestros pueblos contra un sistema internacional basado en la hegemonía del más fuerte y belicista. De allí la importancia de cooperar con la hermana República de Bolivia, sí la revolución democrática y cultural que adelanta el presidente Evo Morales es truncada, indefectiblemente afectará a los demás gobiernos progresistas porque tendrán argumentos mediáticos para desestabilizar a las demás naciones y por ende afectar la revolución en nuestra América Latina.
Los acuerdos de cooperación energética, alimentaria, salud, educación, económica, entre otras, que se adelantan con la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, viene consolidando resultados positivos para la integración de nuestros pueblos, el ejemplo más resaltante en esta batalla histórica del Bolivarianismo contra el Monroismo, es la derrota en Mar del Plata del ALCA en noviembre de 20053, el fracaso del imperialismo y sus lacayos en la XX Reunión Cumbre del Grupo de Río del 7 de marzo de 20084, y la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la Organización de Estados Americanos del 18 de marzo de 20085, donde intentaban imponer la tesis de la guerra preventiva como excusa para socavar las bases de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad política de los gobiernos para impulsar la integración latinoamericana.
El desmembramiento de Bolivia interesa mucho más al imperialismo y las transnacionales por la reserva de gas y agua que existe en el país andino y la intensión de montar una gran base militar para monitorear a los gobiernos progresistas de la América del Sur. Por ello alientan a los separatistas de la media luna para crear la «nación camba», que es una excusa que tanto el imperialismo mundial y oligarcas criollos consienten a objeto de extraer provecho de las riquezas que posee el pueblo boliviano.
Para finalizar en imperante que la revolución latinoamericana se fortalezca con la unidad de nuestros gobiernos, presidentes, parlamentarios y ciudadanos a fin de impulsar aquel sueño del Libertador Simón Bolívar en su Carta de Jamaica de 1815, donde visualizaba que «algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo.»6
Fuentes:
Los Tiempos. En Bolivia: latifundistas controlan el 91 por ciento de la tierra. Disponible en: http://www.lostiempos.com/noticias/16-11-06/16_11_06_ultimas_nac6.php. Visitado en: 26/04/2008.
YVKE Mundial. Eva Golinger: EEUU ha transferido más de 120 millones de dólares a oposición boliviana desde 2005. Disponible en: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?5271. Visitado: 26/04/2008.
IV Cumbre de las Américas. Celebrada en Mar del Plata los días 4 y 5 de noviembre de 2005. Disponible en: http://www.ivcumbreamericas.gov.ar/default_ing.html. Visitado: 26/04/2008.
Declaración del Grupo de Río. Santo Domingo, República Dominicana, 7 de marzo de 2008. Disponible en: http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=123415&lee=18. Visitado: 26/04/2008.
RESOLUCIÓN DE LA VIGÉSIMO QUINTA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES. Washington, 18 de marzo de 2008. Disponible en: http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2008/ExtraCanc-OEA/Declar-Final.htm. Visitado: 26/04/2008.