La perpetración de violaciones de los derechos humanos y la objetivación de injusticias ha sido constante en lo que va de la pandemia por covid-19 en el país, esto es más visible en algunas entidades como Chiapas, Michoacán Ciudad de México y Guanajuato, lo que expresa que los diferentes niveles de gobierno son omisos a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, veamos:
El 10 de abril del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 1/2020 donde establece algunas obligaciones que los Estados miembros deben cumplimentar en tiempos de la pandemia del covid-19. Entre esas medidas se encuentran: hacer válido el pleno respeto a los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia, resolución que el Estado mexicano ha pasado por alto.
En la parte introductoria de la resolución menciona que:
“En cuanto a las medidas de contención, con el fin de enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia, la CIDH ha observado que se han suspendido y restringido algunos derechos y en otros casos se han declarado “estados de emergencia”, “estados de excepción” …Asimismo se han establecido medidas de distinta naturaleza que restringen los derechos de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública…”
Esto ha sido visible en diversos puntos del país, donde con el pretexto de la pandemia se ha impedido el libre ejercicio del derecho a la manifestación, así sucede por ejemplo en la ciudad de México en diversas protestas que realiza el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Comité de familiares de presos políticos “voces de libertad”, policías acordonan con vallas y cintas el lugar de la actividad política para aislarlos e invisibilizar la manifestación.
El “quédate en casa” “sana distancia” más allá de ser medidas que intentan contener los contagios en realidad restringen el derecho a la manifestación. Lo preocupante es que mientras esto sucede aumenta el hostigamiento, el paramilitarismo y la represión en contra de las organizaciones independientes, comprobado está con la represión a estudiantes normalistas en Michoacán, familiares de detenidos desaparecidos en Guanajuato, comunidades del FNLS en Chiapas, por mencionar algunos casos.
Así lo que se observa es una formula institucional que se objetiva en medidas represivas que coartan el derecho a la expresión y manifestación disfrazadas de “medidas sanitarias” y que tienen el objetivo de contener el aumento del descontento popular producto de la mala atención sanitaria, las precarias condiciones de vida de la población y por el incremento de la violencia institucional.
La salud sigue sin ser prioridad para el Estado no sólo para atender a pacientes enfermos de Covid-19 sino de todo tipo de enfermedades que padece la población, las tasas de mortalidad por otras enfermedades se mantiene, de este modo el derecho a la salud sigue sin ser resuelto, su prioridad es el control político del pueblo para evitar mayor protesta.
Mas adelante en el mismo apartado dicta:
“El derecho internacional impone una serie de requisitos –tales como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad– dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada ocasionando violaciones a derechos humanos”
En los hechos el impedimento de la protesta y el uso de la pandemia como pretexto para imponer medidas represivas y de control social constituyen acciones de un estado de excepción.
En el tema de justicia
En el punto número 16 del apartado titulado Derechos Económicos, Sociales, culturales y Ambientales la CIDH plantea:
“Asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos”
Hecho que de igual forma es obviado por autoridades estatales y federales, el caso especifico es el cierre de actividades de la Fiscalía General del Estado en Chiapas y con ello la suspensión del proceso jurídico de los presos políticos, esto provocó que los detenidos de manera injusta y arbitraria lleven una defensa jurídica obstaculizada y por tanto la prolongación de una injusticia.
El tiempo que ha durado la pandemia es el mismo que las autoridades han utilizado para maniobrar las carpetas de investigación y mantener encarcelados a los luchadores sociales. Hecho que constituye una clara injusticia.
De nueva cuenta cabe mencionar que esto es más visible en algunas entidades, y el ejemplo es Chiapas, ahí la fiscalía dice haber detenido sus actividades por razón de la pandemia, sin embargo, en los hechos sigue con las prácticas leguleyas para criminalizar la protesta, encarcelar a luchadores sociales y proteger a los responsables materiales e intelectuales de la violencia institucional.
Ejemplificamos esto con lo sucedido a principios del mes de junio en el municipio de Ocosingo, el grupo paramilitar “los petules” detuvo de manera arbitraria a tres miembros del FNLS, uno de ellos fue detenido en la cabecera municipal de Altamirano. En dicho acto los paramilitares se pasearon por el municipio con armas de uso exclusivo del ejército sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto.
Por lo que no cabe duda de que el cierre de actividades de las instituciones de “justicia” es una mentira, en los hechos trabaja, pero en beneficio de la represión y las violaciones de los derechos humanos, es decir, aprovecha la situación de pandemia para armar mecanismos jurídicos de represión como la criminalización y judicialización de la protesta.
Ante este contexto los organismos independientes de derechos humanos tenemos una labor importante de documentar y denunciar las injusticias, es un mecanismo político que abona a detener la violencia institucional y a demostrar el carácter demagógico de esta administración.
¡Unidos y organizados a defender y ejercer los derechos humanos!