Sectores conservadores y de la oposición cuestionaron en el Senado boliviano una nueva Ley de Tierras, situación que hoy aleja aún más la añorada respuesta a una demanda histórica de los movimientos sociales.
De acuerdo con el viceministro de tierras, Alejandro Almaraz, entre los parlamentarios se aprecian intereses contradictorios, los cuales deberían saber armonizar, opinó.
Almaraz añadió que el gobierno no aspira a que los empresarios dejen de producir, sino proteger a ese sector.
Sin embargo, admitió que es vital además redistribuir las tierras improductivas, tal como establece la Revolución agraria, anunciada por el presidente Evo Morales.
Así, el viceministro respondió a representantes de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), quienes además de retirarse de la plenaria parlamentaria, amenazan con realizar una marcha desde la localidad de Warnes hasta la ciudad de Santa Cruz.
El alto directivo agregó que los empresarios deben abrirse y aceptar que las tierras improductivas deben ser redistribuidas aunque sean de ellos.
Asimismo subrayó que el gobierno boliviano está convencido de que el tema tierra requiere una ley que ponga fin a la distribución injusta de la tierra.
Almaraz se mostró partidario de eliminar de una vez las diferencias sociales, en las que pocas personas tienen cientos de miles de hectáreas sin explotar, mientras otras muchas necesitan alguna alternativa para vivir.
Asimismo expresó su confianza porque los senadores conservadores, tomen decisiones en función del interés nacional y pensando en la mayoría, para dejar intereses personales como agroindustriales o ganaderos.
A juicio de Carlos Borth, senador de la agrupación opositora Poder Democrático Social, «es innegable que se ha producido una concentración improductiva en algunas zonas del país y algunos han acumulado tierras con procedimientos irregulares y hasta ilegales».
Borth reconoció también que en el país existen unas 200 mil familias que demandan alguna parcela, situación que deberá resolverse, aunque alertó que a la solución no se podrá llegar con presiones.
El legislador se refería a una marcha de más de 900 indígenas que desde el pasado 31 de octubre salió desde Santa Cruz hacia La Paz para demandar la aprobación de ese proyecto legislativo, que les favorece.
También la Confeagro, contraria a las posibles soluciones para ratificar la Ley revocatoria del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha anunciado una iniciativa similar para el 21 de noviembre.
En recientes declaraciones a la televisión estatal (Canal 7), César Navarro, jefe de bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), denunció maniobras de la oposición para dilatar la aprobación de esa norma.
La falta de acuerdos se produce por posiciones inflexibles de partidos tradicionales cuando se trataron los aspectos legales de la ley, precisó.
Las modificaciones a la Ley de Tierras buscan recuperar las tierras obtenidas de manera fraudulenta para redistribuirlas de manera equitativa entre quienes nunca tuvieron acceso a este recurso natural.