Orden del día de Milei: arrasen con la educación, la ciencia y la tecnología

Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la ejecución presupuestaria a mayo 2024, las partidas de Transferencia a Universidades se recortaron un 25,5% real y las Becas Progresar un 50,8% en base a la inflación en lo que va del año. Las partidas representaron $951.024 millones y $115.901 respectivamente. Mientras lo destinado a los intereses de la deuda se incrementó un 1,5% real, es decir por encima de la inflación, con más de $4.246 millones. Ganadores y perdedores del ajuste que beneficia a banqueros y especuladores, y que perjudica a la educación y las grandes mayorías.

Según la OPC, la baja en transferencias a las universidades se explica por la caída en fondos para el pago de salarios de personal docente y autoridades superiores (-23,3% a/a real), y por salarios de personal no docente (-18,7% a/a real). La asistencia financiera para el funcionamiento de la universidad sufrió un recorte de 43,4% anual en términos reales. También se registró una reducción en la partida de Hospitales Universitarios, (-40,9% a/a real). El 23 de abril hubo una enorme marcha universitaria contra el ajuste en la educación pública.

En este contexto los docentes y no docentes universitarios convocaron a un paro de 48 horas desde el martes 11, ante la falta de respuesta del gobierno nacional y del ministerio que dirige Sandra Pettovello, acusada de corrupción y envuelta en el escándalo por la retención de alimentos.

Según el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria, el poder adquisitivo actual es un 46,8% inferior al de noviembre de 2015. En otras palabras, en noviembre de 2015 la capacidad de compra del sueldo docente era casi el doble que en la actualidad.

En términos de noviembre de 2023 a abril de 2024 la pérdida del salario fue de un 30%. Por lo cual se requeriría un 53,8% de aumento salarial sobre el salario de marzo sólo para mantener el poder adquisitivo de noviembre de 2023, y atarlo a la inflación para no seguir perdiendo.

Villarruel dejó sin viaje a seis estudiantes que clasificaron a la Olimpiada Internacional de Matemática

El Gobierno de Javier Milei continúa dando muestras de que su discurso de «No hay plata» se aplica a conveniencia. Es decir, mientras el presidente continúa viajando al exterior para condecoraciones o reuniones personales con «amigos», o mientras lxs senadores se aumentan el sueldo a más de 8 millones de pesos; otras áreas, de vital importancia para el desarrollo de los jóvenes, la ciencia y el país, resultan totalmente desfinanciadas. Tal es el caso del equipo argentino de la Olimpiada Matemática, que anunció que, por primera vez en diez años, no cuentan con los fondos para asistir a una nueva edición de la competencia, que se realizará del 11 al 22 de julio en la ciudad británica de Bath. 

Son un total de ocho personas -seis estudiantes y dos profesores – los que necesitan viajar a Inglaterra y a quienes les informaron que este año “no hay plata” para esta actividad. Desde hace años y por una resolución vigente, el financiamiento lo aportaba el Senado. Sin embargo, ahora, los premios y reconocimientos que ganan cada año alumnos de distintas provincias del país pasaron a ser un gasto más a recortar por el Gobierno de Milei.

“Es el evento más importante, la internacional de julio. Desde hace muchos años, en los 90, hay una resolución del Senado que premia a los chicos que clasifican con los pasajes para ir. Cada año hay que gestionarlo. Hace por lo menos diez años que sale de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, se inicia el trámite con la firma del presidente de esa comisión.Este año ya hemos hablado con mucha gente, desde pedir audiencia con Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular de la Cámara Alta. Nos contestó por nota, muy amable, que no hay plata. No sé si conoce de qué se trata esto”, contó la matemática Patricia Fauring, profesora consulta del CBC, jubilada, quien trabaja en las Olimpíadas desde que el país empezó a participar en 1988.

Ante esta situación, la Olimpíada Matemática Argentina (OMA) lanzó una campaña para juntar fondos para costear los pasajes, puesto que la estadía está cubierta por la organización del certamen. “Este año la Olimpíada Matemática Argentina tiene dificultades para pagar los pasajes de los equipos para las olimpíadas internacionales en las que participa nuestro país. La primera es la más importante: IMO (Olimpíada Internacional de Matemática), del 11 al 22 de julio en Bath (Reino Unido). Tenemos que comprar ocho pasajes por lo que toda colaboración es bienvenida”, dice la publicación que lanzaron a través de sus redes sociales.

El equipo olímpico está conformado este año por Felipe Bautista Klir, del ILSE, Emiliano Sosa, de la Dante Alighieri, Uriel Digestani, de la ORT, Matías Álvarez Oviedo, del Instituto Politécnico de Rosario, Santa Fe, Ignacio Naguil, de Nuestra Señora de Fátima, de Río Gallegos, y Lola Ruffolo, del Instituto Politécnico de CABA.

Gracias a la solidaridad de la gente, desde la OMA confirmaron que ya lograron recaudar el 20 % de los pasajes para la delegación nacional. El costo total estimado es de unos 20 millones de pesos. Para quienes quieran colaborar, el alias para contribuir es FOMAHSBCCC.

“Igual seguimos haciendo las gestiones para ver si esto se puede revertir”, apuntó Marita Dalmasso, la secretaria de la Olimpíada argentina.

El financiamiento estatal es clave para la participación de las delegaciones argentinas en las competencias internacionales. Sin embargo, el programa nacional -que cubre a las olimpíadas de física, química, informática o biología, entre otras- congeló los fondos aprobados en 2023. Al igual que pasó con las universidades, los obliga a funcionar con los mismos fondos del año pasado sin actualizarlos. Esto dificulta o hace casi imposible la participación de estudiantes argentinos en las instancias internacionales. 

Recientemente, se conoció también la historia de Mateo Giordano, de 16 años, un estudiante de Tucumán, que logró recaudar once millones para viajar a las olimpiadas de Biología que se realizarán en Kazajistán, en julio.

Otro caso similar es el de las olimpíadas de informática. Según trascendió, también están buscando sponsors para cubrir el viaje al certamen internacional, que se realizará a principios de septiembre en Alejandría (Egipto). A fin de mes las autoridades nacionales se comprometieron a definir la situación.

La inversión en el sector científico-tecnológico cayó un 24,2%

Por Lorena Denise Palomino Hilari

La cifra corresponde a los primeros cinco meses de la actual gestión, según determinó el Centro Iberoamericano de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación. La entidad pronosticó que, de continuar esta línea, el descenso podría alcanzar en un solo año los niveles obtenidos en todo el mandato de Mauricio Macri.

El Centro Iberoamericano de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) realizó un nuevo Análisis Presupuestario sobre el sector. El mismo reveló que en los primeros cinco meses del Gobierno de Javier Milei, la ejecución de la Función Ciencia y Tecnología (CyT) del presupuesto nacional cayó un 24,2% en términos reales comparado al mismo periodo del 2023.

En esa línea, la entidad destacó que la cifra supera incluso la caída del presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN), la cual fue del 22,8% real en los primeros cinco meses.

Asimismo, alertó que, si el Gobierno continúa con el ajuste en Ciencia y Tecnología, al cabo de un año la caída será similar a la producidas durante el macrismo. Es decir, que La Libertad Avanza (LLA) podría provocar en un solo año lo que el macrismo hizo a lo largo de cuatro.

Ajuste salarial
Por supuesto, el ajuste mileísta sobre las instituciones de Ciencia y Tecnología implicó la crisis laboral de miles de trabajadores. Sobre esta cuestión el informe determinó que al último día de mayo se devengó el 69,46% del presupuesto destinado a salarios.

A su vez, 11 organismos de los 18 que ejecutan salarios en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación consumieron más del 75% de su crédito. En relación, el CIICTI sostuvo que a esta fecha el valor debería ser cerca del 32,2% tomando en cuenta la inflación.

El panorama más crítico está presente en los organismos como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Los mismos que ya usaron el 80% de ejecución para salarios. Según el centro, tarde o temprano será necesaria una ampliación presupuestaria para que se paguen los incrementos retrasados.

El CIICTI sostuvo, además, que “en apenas 6 meses de gestión, y suponiendo una inflación del 4,7% en mayo, los sueldos CIC-CPA del CONICET han caído un 23% real, los ingresos de los investigadores y docentes de las Universidades Nacionales un 31,7% y las remuneraciones del personal del Sistema Nacional de Empleo Público un 12,2%”.

Por otro lado, aseguró que hay una deuda flotante del Estado para con el sector muy alta. Esto hace referencia a la compra de insumos, transferencias y bienes de capital.

Por último, el CIICTI aseguró que hay demoras en la actualización de créditos vigentes. Asimismo, remarcó que la caída de los salarios es uno de los indicadores más graves en relación a la desarticulación de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Renuncia
En este contexto, cabe mencionar que al conflicto desatado por el fuerte ajuste se sumó la renuncia del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. Según las autoridades nacionales, la decisión está relacionada con cambios en la estructura del Gobierno a raíz del ascenso de Guillermo Francos.

En una entrevista, el exsecretario de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Pablo Paz, declaró que Cosentino fue uno de los funcionarios más nefastos que tuvo el sector.

En la misma línea, aseveró: “Demostró la decisión política por destruir al sistema científico que se tradujo en la no ejecución presupuestaria”. En ello integra la paralización de la inversión pública, la modernización de los equipos, entre otras cosas.

La UBA es la mejor universidad de Iberoamérica

La Universidad de Buenos Aires se posicionó en el puesto 71 del ranking mundial, según el prestigioso análisis de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS). En el marco de un año signado por el desfinanciamiento del presidente Javier Milei, haber escalado 24 posiciones respecto al año pasado se explica únicamente con un anacronismo: la publicación lleva el año 2025 (en consideración de los estudiantes que busquen inscribirse), pero toma datos del 2023. Si bien la UBA es la mejor del país e incluso de toda Iberoamérica, se evidencia una gran desigualdad al interior del país, ya que la próxima casa de estudios argentina se ubica en el puesto 481.

“El QS World University Ranking 2025 corona a la UBA como la mejor universidad de América Latina, desbancando al líder regional del año pasado, la Universidade de São Paulo, y al segundo clasificado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, informó el documento publicado. Argentina había caído al puesto 95 en el análisis del año pasado, mientras que tuvo su mejor desempeño en el año 2021, cuando ocupó el puesto 66. Durante ocho años se posicionó como la mejor universidad de América Latina, hasta que el año pasado cayó, como consecuencia de un cambio en la metodología del listado.

La clasificación de este año es la más grande jamás realizada y cuenta con más de 1.500 universidades en 105 sistemas de educación superior. Estados Unidos es el país o territorio más representado, con 197 instituciones clasificadas, seguido por el Reino Unido con 90 y China continental con 71. Argentina tiene 25 universidades clasificadas. De ellas, cinco mejoraron su clasificación en esta edición y ocho descendieron, mientras que 12 permanecen estables en su rango o banda. En total, 144 universidades latinoamericanas figuran en el listado de este año.

Tras la UBA, en el puesto 71, las mejores universidades latinoamericanas son la Universidade de São Paulo, puesto 92, Pontificia Universidad Católica de Chile, puesto 93 y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el puesto 95. Los resultados muestran que el sistema de educación superior del continente sigue por detrás de sus pares mundiales y, de media, ha perdido más terreno en el último año: 51 universidades latinoamericanas (35,4%) han caído, mientras que sólo 19 (13,2%) han subido.

Por decimotercer año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de Estados Unidos, mantiene su reinado en la cima. El Imperial College de Londres saltó cuatro puestos y ocupa el segundo lugar, y la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. La Universidad de Cambridge completa el quinto puesto. Suiza y Singapur son los únicos países, además del Reino Unido y Estados Unidos, que figuran entre los 10 mejores. En el análisis, desde la última edición, han incorporado tres nuevos indicadores a la medición del ranking que han beneficiado a Argentina: sostenibilidad, resultados laborales y red internacional de investigación.

La UBA se destaca puntualmente en los indicadores de reputación académica, resultados laborales, reputación del empleador, red internacional de investigación y proporción de estudiantes de profesores. En menor medida, se la califica por proporción de estudiantes internacionales, proporción de docentes internacionales, sostenibilidad y, con bajísima calificación, por sus citaciones por facultad. La UBA incluso rankea entre las primeras 50 del mundo en empleabilidad (puesto 13 a nivel mundial), reputación académica (puesto 35) y reputación entre los empleadores (puesto 38).

“La UBA brilla en la clasificación de este año, recuperando el primer puesto en América Latina tras un breve paréntesis. Sin embargo, su éxito pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentran las demás universidades del país, ya que la segunda universidad mejor clasificada se encuentra 410 puestos por detrás», destacó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS. Tras la UBA, las siguientes universidades argentinas en el ranking son la UCA (481), la Universidad Austral (524) y la Universidad Nacional de La Plata (534).

Sowter, vicepresidente senior de QS, advirtió que “seguimos observando crecientes desigualdades en América Latina, tanto a nivel nacional como regional. Las principales universidades del continente han registrado algunos avances positivos en el último año, registrando tanto mejoras en los resultados laborales como en su posición entre los académicos del mundo. Sin embargo, aunque este pequeño conjunto de universidades de élite mundial sigue siendo competitivo, observamos en múltiples países -Argentina, Chile, Colombia- que los líderes nacionales han aumentado la brecha que las separa de sus pares nacionales”.

«Aunque todas las naciones se benefician de contar con una universidad de investigación emblemática de renombre internacional, el reto para los mayores sistemas universitarios de América Latina consistirá en identificar formas de garantizar que las instituciones homólogas se pongan a su altura, especialmente en términos de impacto de la investigación”, señaló.

“La UBA brilla en la clasificación de este año, recuperando el primer puesto en América Latina tras un breve paréntesis. Sin embargo, su éxito pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentran las demás universidades del país, ya que la segunda universidad mejor clasificada se encuentra 410 puestos por detrás”, añadió Sowter.

Considerando los recortes de la administración libertaria, el representante internacional analizó: “Aunque la Argentina se ha mantenido relativamente estable en esta edición de la clasificación, registrando una tasa global de descenso del 12%, el futuro de su sistema de formación universitaria parece precario. Las recientes protestas masivas contra los recortes de financiación y las medidas de austeridad del gobierno subrayan la importancia social e histórica de las universidades públicas argentinas”.

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, declaró: “Estamos muy orgullosos por los resultados alcanzados en el ranking QS de este año, que paradójicamente se dan en un momento complejo para la educación universitaria pública en nuestro país. Sin embargo, hay que aclarar que estos números reflejan datos correspondientes a 2023. Justamente ahí está el desafío al que nos enfrentamos hoy. Si nosotros queremos mantenernos en estos niveles de excelencia, es indispensable que también se sostenga la inversión en distintos ámbitos estratégicos como el de ciencia e investigación, por ejemplo. En este momento, el presupuesto que tiene asignado esta área está absolutamente desactualizado”.

“Si esto no se revierte, tarde o temprano vamos a caer en estas mediciones que nos ponen en la élite del sistema universitario internacional”, alertó Yacobitti, quien recordó su campaña titulada “Cuidemos lo que funciona”, en el marco de la gran movilización del 23 de abril. Sobre las políticas de la UBA que la llevan a su excelencia académica, destacó “la actualización, mejora y dinamización de los planes de estudio; el apoyo a la formación en áreas estratégicas; la inclusión de tecnologías nuevas en el proceso de enseñanza y también las políticas de internacionalización de la ciencia y la investigación que venimos llevando a cabo”.

Intento del gobierno de declarar a la educación como “servicio esencial”

La comisión de Educación de Diputados dictaminó sobre el proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio estratégico esencial” y podrían avanzar en las próximas semanas para votarlo en la Cámara.

Los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, junto a Carla Carrizo de la UCR son los autores del proyecto (Ya lo habían intentado con el DNU 70/23, luego con la fallida Ley Ómnibus) “Si esto se convierte en ley, significa que en caso de que haya una huelga docente la escuela debe estar abierta. Durante los dos primeros días de protesta, tiene que haber una guardia mínima de directivos (docentes y no docentes) del 30% y, a partir del tercer día, se eleva al 50%, se deben dar clases en días y horarios habituales”, menciona Alejandro Finocchiaro (ex ministro de Educación durante el macrismo).

Sólo ven la esencialidad de la educación cuando se ejerce el derecho de huelga, pero no al elaborar el presupuesto, al asignar recursos y negociar salarios.

Declarar “esencial” la educación ¿significa que el gobierno le dará más presupuesto a la educación, construirá más escuelas, bibliotecas, distribuirá tecnología y libros a todos los estudiantes o dispondrá de más dinero para una formación docente continua, gratuita y en servicio?
De ninguna manera. El solo hecho de congelar las partidas presupuestarias para Educación, con el presupuesto del año pasado y con una inflación que la triplica, significa su desfinanciamiento y vaciamiento.

2- ¿Qué dicen las leyes actuales?

La educación no es servicio público esencial según los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional.

El Comité de Libertad Sindical en reiteradas oportunidades ha señalado que sólo pueden considerarse como tales aquellos cuya interrupción pueda acarrear “una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población” y ha establecido que la educación no es un servicio esencial dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. En 2017 la Corte Suprema de Justicia ya declaró inconstitucional un decreto que declaraba la educación básica e inicial como esencial, cerrando la discusión legal.

Bajo el gobierno de Milei siete de cada diez niños en la Argentina viven en la pobreza.
Pero la hipocresía de los paladines del gobierno permite que mencionen a “los derechos de la infancia” como argumento para declarar a la educación como servicio esencial. “El proyecto tiene su enfoque en los derechos de la infancia. No tiene que ver con el derecho laboral. No hay nada en contra de ningún docente ni del derecho de huelga. Queremos docentes bien pagos y chicos estudiando”, explicó la diputada Carla Carrizo.

El gobierno además se basa en las leyes existentes para realizar una ofensiva en el ingreso de empresas, ONG y fundaciones para financiar y sponsorear cooperadoras, un pedido del FMI, el Banco Mundial y la OCDE para hacer negocios con la educación. En primer lugar, está ordenado pedagógica y políticamente como un “servicio” y no como un derecho social. Es una clara orientación hacia una Educación cada vez más de mercado, meritocrática e individualista, como proponen los organismos de créditos internacionales y las grandes patronales.

“Este gobierno viene a hablar de esencialidad, pero paró las obras en las escuelas. No sean hipócritas, ustedes quieren demoler la educación pública. El ataque a derecho a huelga de la docencia es para atacar la educación pública. No hablen más de que defienden la educación pública. Son antiobreros y propatronales, quieren que dominen las grandes corporaciones (…)
Los docentes trabajan 3 o 4 cargos para llegar a fin de mes. Se equivocan si con esto las y los trabajadores de la educación van a dejar de pelear por sus derechos”, afirmó Christian Castillo (FIT) en la Comisión de Educación.

¿Cuál es el proyecto de ley para sancionar a los funcionarios que no garantizan que las escuelas funcionen?, que no desborden los pozos y que los docentes y estudiantes estén dando clase en medio de la mierda, porque eso es lo que pasa en las escuelas de nuestro país”, agregó la diputada Romina del Plá (FIT).

Frente a esto, las conducciones de los sindicatos docentes como Ctera, Suteba, Ute y otros sindicatos de base se limitan a una denuncia por redes sociales. Es urgente que los sindicatos se declaren en estado de alerta y movilización ante este nuevo ataque que intenta imponen el gobierno contra el derecho a huelga.

Neuquén: El presentismo es un ataque al derecho a huelga de las y los docentes

El bloque de diputados y diputadas del Movimiento Popular Neuquino presentó un proyecto de ley para crear un incentivo docente, para el personal que tenga menos inasistencias, imponiendo un presentismo de hecho.

El proyecto de Incentivo al Desarrollo Profesional Docente que defendió en la Legislatura de Neuquén el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Claudio Domínguez, no es novedoso. Tampoco lo es la iniciativa que presentó para promover jubilaciones anticipadas de la planta permanente del Estado. Ambos proyectos son ideas originales del ex gobernador, y responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba, Jorge Omar Sobisch.

Esta iniciativa, al igual que la del diputado Juan Martín del PRO de Río Negro, que va en el mismo sentido, son parte de un proyecto político y económico nacional que de la mano de Javier Milei y la Ley Bases pretenden avanzar en la destrucción de los derechos laborales conquistados con años de lucha.

¿Qué propone el proyecto de Incentivo al Desarrollo Profesional Docente?

·         Crea “un adicional Remunerativo No Bonificable denominado “Incentivo al Desarrollo Profesional Docente”, con destino al personal del Escalafón Docente que preste funciones efectivas impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando en las tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial”.

·         El incentivo será para quienes cumplan con los requisitos de presencialidad y capacitación. “El Incentivo al Desarrollo Profesional Docente será percibido por aquellos agentes cuyas inasistencias no superen las tres (3) trimestrales, con un límite de dos (2) mensuales, debidamente justificadas y encuadradas en el régimen de licencias. Estos agentes deberán contar con la constancia de asistencia a un mínimo de capacitaciones determinadas por el Consejo Provincial de Educación en un Plan Anual de Capacitación y Fortalecimiento Docente”.

·         El monto del incentivo será equivalente al 10% de la asignación del cargo que mensualmente le corresponda al personal del escalafón y será liquidado de manera trimestral con los sueldos de marzo, junio, septiembre y diciembre.

·         Propone una reforma en el régimen de licencias para las y los docentes suplentes. “Sólo podrá hacer usufructo de las siguientes licencias: a) Licencia Anual Ordinaria cuando la misma fuera usufructuada fuera del ciclo lectivo fijado en el calendario escolar; b) Licencia médica o por familiar enfermo; c) Tratamiento de salud de larga duración; d) Accidente de trabajo o enfermedad profesional; e) Por Nacimiento; f) Por Adopción; g) Por embarazo de alto riesgo; h) Por interrupción del embarazo; i) Por Técnicas de reproducción asistida; j) Para desempeñar cargos electivos o de representación política o gremial en el orden nacional, provincial o municipal”. Y aclara que las inasistencias del personal suplente no previstas en este artículo darán por finalizada la suplencia en ejercicio, no pudiendo postularse nuevamente para la misma suplencia. Los diputados y diputadas que responden al gobernador Rolando Figueroa no se pronunciaron, pero dejaron correr el debate que pasará por tres comisiones. Sí adhirieron fervientemente los bloques de Juntos por el Cambio, Hacemos Neuquén, el PRO y la UCR.

“Este tipo de proyectos son los que van a ir transformando la pésima realidad educativa, en cuanto a resultados, en algo que nos podamos sentir un poco más orgullosos”, defendió el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez.

El Frente de Izquierda fue el único espacio que rechazó el proyecto que busca imponer el presentismo y limitar el derecho constitucional a huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y denunciaron que está a tono con el proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio estratégico esencial” que discute el Congreso de la Nación.

“Poner un incentivo implica lisa y llanamente que los docentes no hagan huelga, que no defiendan la escuela pública, que ni salgan a reclamar por las condiciones terribles en las que están las escuelas”, acusó la diputada Gabriela Suppicich.

El diputado Andrés Blanco, denunció que el incentivo a la presencialidad es un ataque abierto a los derechos de la docencia y de las comunidades educativas. “El presentismo intenta limitar el derecho constitucional a huelga de las trabajadoras y trabajadores que defienden la educación pública, que exigen mayor presupuesto para la construcción de escuelas y para obras de infraestructura, que pelean por salarios acordes al costo de vida”.

Y apuntó contra los privilegios de los diputados y diputadas. “Quienes cobran salarios millonarios, cuestionan el gasto que significan las licencias al Estado. Pero no hablan del esfuerzo de las maestras para sostener la educación en un contexto donde los salarios están por debajo de la línea de la pobreza, las escuelas se caen a pedazos, las aulas están superpobladas en una provincia donde crece la desigualdad y la pobreza. En este contexto, son las y los docentes quienes hacen frente a esta realidad que afecta a niños, niñas y adolescentes”.

Desde ATEN rechazaron el proyecto por considerarlo un ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. “Quieren responsabilizar a los docentes del vaciamiento educativo que hacen los gobiernos y los ministerios de educación nacional y provincial, asignándonos la obligación de mantener las escuelas abiertas cuando son los propios gobiernos quienes no garantizar las condiciones edilicias, de mantenimiento, ni de presupuesto a las escuelas”, señaló la secretaria de Prensa de ATEN Plottier, Fernanda Vargas.

Por su parte, la secretaria adjunta de Aten Capital, Yazmín Muñoz Sad, planteó que, “en todo el país los empleados de las patronales que ofician de legisladores están aprovechando el clima reaccionario nacional para atacar las condiciones laborales de las trabajadoras. En Neuquén, el régimen de licencias está atado al Estatuto del Docente nacional, por lo que una norma provincial no podría establecer derechos a la baja en relación con esa norma nacional”.

Paro docente en Río Negro

El gobernador atacó la huelga docente provincial mintiendo sobre lo que cobra una maestra. Para decirlo con otras palabras, «somos la docencia con los sueldos más altos del país que no llegamos a fin de mes». Una maestra de grado apenas llega a los $650.000 cuando la canasta básica es de $850.000. En Río Negro, el gobierno paga sueldos de pobreza.

Y frente al segundo día de paro provincial tomó asistencia en cada escuela con el botón de asistencia en día de paro que exige a la docencia confirmar si asistirá a la escuela o hará paro.

Con toda esta campaña el gobernador Weretilneck quiere esconder un problema que es mucho más grande que el salarial. La provincia está ajustando y eliminando programas escolares como el Esquí Escolar, con escuelas sin calefacción, sin transporte escolar garantizado, entre tantas otras cosas. Cada peso que recauda en vez de asignarlo a educación, salud o vivienda; va a parar a los bolsillos de los tenedores de los Bonos Castello, esa deuda externa provincial cada vez más impagable. Mención aparte merece la situación social y económica de las familias de los estudiantes: precarizadas, pobres; las escuelas brindan la comida que no tienen en sus casas.

Hay que pararle la mano. Pero para eso es necesario que la conducción central de la UnTER, la Azul Arancibia, rompa su convivencia con el gobierno. Hay que convocar a asambleas por escuela y por seccional y asegurar sin postergación alguna la convocatoria al Congreso provincial. Ya resultaba imprescindible que UnTER convoque a paro el día que se trataba la Ley Bases. La Central -al igual que las CTA y la CTERA a nivel nacional- decidieron abstenerse dejándonos en peores condiciones para luchar en las calles contra la nefasta Ley del RIGI, las facultades delegadas, la reforma laboral y las privatizaciones. Ahora, cuando se resuelve hacer paro, se decide en Plenario de Secretarios Generales, entre la conducción central y las conducciones seccionales, pero postergando el Congreso que debió sesionar el 19 de junio.

No pagan los salarios a cientos de docentes en Chubut

Publicamos la carta abierta de una trabajadora de la educación que no cobra sus salarios desde hace 3 meses

“No puede pasar un día más sin que el gobierno pague los salarios adeudados”

Soy Claudia Verónica De Bueno y desde el 12 de marzo de 2024 doy clases en el 5° año de CBMI de la escuela “Soldado Simón Antieco” N° 793 de Trelew. Al día de hoy, 6 de junio del mismo año, sigo sin percibir mis salarios correspondientes a marzo, abril y mayo.

Hago esta nota porque soy el único sostén de hogar para mi hija que cursa la escuela primaria en la escuela N° 199 de la misma ciudad, porque alquilo una vivienda en el barrio luz y fuerza y esta situación es insostenible. Este mes lejos de las promesas del ministro de educación y del gobernador, mi salario de bolsillo fue de $299.000, bien lejos de los $500.000 de garantía salarial anunciados en todos los medios. ¿Cómo puedo pagar el alquiler, alimentar a mi hija y a mí, viajar de una escuela a la otra? No hay respuesta.

Entiendo que mis problemas están bien lejos del interés del gobernador y del ministro de educación que tienen dietas millonarias, y viajan de acá para allá todo el tiempo. En esto el gobernador también es parecido al presidente, desde que asumió tiene más millas que Marley en sus programas.

Pero esta carta pública que pido se difunda no expresa un problema individual, sino que se trata de cientos de docentes que no fueron dados de alta por errores administrativos y siguen sin cobrar sus haberes, según denuncia el mismo gremio al que estoy afiliada, ATECH. Desde el Ministerio de Educación dicen que son errores en las cargas de salarios, para nosotras, mi hija y yo, es no poder comer todos los días, no saber si voy a poder pagar el alquiler y tantas cosas más que las y los trabajadores que no cobraron, entienden.

Como dice la propia justicia en la Sentencia del Tribunal del Trabajo: Escalante, Victor c/ Estrella del Norte S.R.L. y otros s/ Reclamo Laboral, del 22/4/1999. “La mora en el pago del salario no puede ser excusada, aunque medie caso fortuito o fuerza mayor, pues el trabajador no soporta los riesgos de la explotación. El carácter alimentario del salario impide justificar atrasos, sobre todo cuando la conducta del empleador indica que la relación laboral se ha tornado definitivamente inestable y las demoras sobrevienen cuando se anuncia una prolongada suspensión. De ahí que el empleador no puede oponer ninguna excepción relativa a la mala marcha de los negocios o a la falta de medios para afrontar los pagos”.

Como trabajadora de la educación pido a través de esta nota que el ministerio de Educación me pague a mí y a los cientos de docentes que no cobramos nuestros salarios desde marzo de 2024 de forma urgente. Pedimos que el ministerio instrumente de manera urgente para que se nos pague el sueldo. Es una obligación del gobierno de la cual no se puede desentender ni un día más.

Saluda Atte.
Verónica De Bueno
Profesora de Lengua y Literatura
Trelew, 6 de junio de 2024

Jubilados y docentes confluyeron en las calles de Carlos Paz

Protestaron el jueves 20 por las calles de Villa Carlos Paz en contra de las medidas de ajuste que llevan a cabo los Gobiernos de la provincia y la Nación.

Se trata principalmente de docentes y de jubilados que confluyeron en las calles para demostrar su descontento en la cual también se sumaron otras organizaciones para dar apoyo a la protesta, visibilizando otros reclamos.

La concentración se dio en la Plaza del Avión, alrededor de las 11:00 donde docentes de la ciudad se reunieron bajo las consignas de “salarios por encima de la canasta básica «, “restitución de las prestaciones de APROSS”, “recomposición del 82% móvil”, entre otras demandas.

Por otra parte, la organización Jubilados en Movimiento también concentró bajo el llamado “contra la entrega de la patria a favor de los derechos de los jubilados y en defensa de la soberanía nacional”.

De la confluencia de ambos llamados se definió marchar desde la plaza donde se dieron cita, por la Avenida San Martín hasta la intersección de General Paz, lugar neurálgico de la ciudad.

En el transcurso de la marcha, algunos vecinos de la ciudad apoyaban desde la vereda, en los carteles se podían leer reclamos como el de “basta de precarizar el salario docente”, “nunca docentes bajo la línea de pobreza” o “amo lo que hago, pero no vivo con lo que gano” junto a otros como “ningún salario bajo la línea de pobreza”, “jubilados en lucha” y el de docentes del IPEM 190 Carande Carro que vienen hace años peleando por un establecimiento en condiciones dignas de cursado que indicaba “IPEM 190 aún en un galpón insalubre y roto”.

Mientras avanzaba la columna se podían oír cantos contra los “traidores de Llaryora y Milei” para que vean que hay sectores que se levantan contra sus medidas de ajuste y “pelean por salarios y jubilación”, al llegar al cruce de las Avenidas San Martín y General Paz se podían sentir bocinas desde los autos que pasaban por el lugar que también apoyaban esta acción. Luego de una “semaforeada” de aproximadamente cuarenta minutos, como forma de divulgar el conflicto se realizó una asamblea donde algunos/as referentes de estos sectores y de organizaciones de la zona tomaron la palabra.

También se sumaron al reclamo compañerxs de la Asamblea Punilla Sur donde leyeron el comunicado que armaron en torno a lxs presxs políticos por la represión del miércoles 12 de junio, día que se votó la “Ley Bases”, “¡Libertad a les presos por luchar! ¡Abajo el protocolo represivo de Bullrich! ¡Derogación de la Ley Antiterrorista! El día 12 de junio del corriente año se votó la Ley Bases, la cual es ilegal, inconstitucional y destruye premeditadamente a la clase trabajadora, ante esto el pueblo en absoluto repudio salió a manifestarse en todas las calles del país, en el Congreso nacional los aparatos represivos del Estado salieron a reprimir bajo un operativo altamente violento contra los manifestantes, quienes se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, se efectuaron además detenciones arbitrarias contra 33 compañeres, las causas ilegales y armadas poseen la misma carátula para todes por igual, aplicando Lay antiterrorista (…) aún hoy quedan 5 compañeres privades de su libertad, queremos destacar que el derecho a la protesta está contemplado en el artículo 19 de la Constitución nacional y contrariado por leyes y protocolos de los últimos gobiernos, esto deja en claro que la protesta el legitimada para las clases dominantes y sus conveniencias económicas (…) en esta coyuntura más que nunca es menester denunciar que los únicos que intimidan mediante la fuerza y se alzan contra el normal funcionamiento del orden institucional son los mismos sectores civiles, que solventaron la dictadura genocida del 76 y hoy sostienen este gobierno tirano con superpoderes negándole comida al pueblo, pero gastando miles de millones de dólares en armamento de guerra para apuntar al propio pueblo argentino, en este contexto de especulación financiera y máxima acumulación capitalista en el que la efervescencia popular crece no podemos quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo se gobierna por medio de la fuerza, mientras desmantelan toda la expectativa de vida para los nuestros, es por esto que llamamos a todo el pueblo a reclamar la libertad de los presos”.

Más de un tercio de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria

En el relevamiento también se hace foco en la situación educativa, y en ese aspecto se destaca el dato de que el 23% de los niñas y niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 0,4% de los que tienen entre 6 a 12 años no va a la escuela primaria, el 9,1% asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria. «Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos)», añaden.

Como contracara, se consigna que los índices de mortalidad infantil registraron mejoras entre el 2005 y el 2022, aunque el panorama es dispar. «La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria», se analiza en el informe del ODSA.

Por último, al poner la lupa en el mercado laboral, el sondeo revela que «el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable».

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) se detalla en el informe titulado «Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina».

En las secundarias bonaerenses ya no se recursarán las materias aprobadas

Por Santiago Brunetto

Las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires pasarán a tener desde 2025 un sistema de acreditación por materia y los estudiantes ya no tendrán que recursar las asignaturas que hayan aprobado. Así lo informó la Dirección General de Cultura y Educación provincial, en el marco del anuncio de un nuevo régimen académico, que incluye cambios en la evaluación, en la acreditación cuatrimestral, en el tramo de inicio del secundario y en los dispositivos de acompañamiento, entre otros puntos. También se modificarán los diseños curriculares de las materias y se iniciará un proceso de titularización de cargos directivos.

Las modificaciones fueron aprobadas por el Consejo General de Cultura y Educación provincial, conformado por representantes del oficialismo y la oposición, que dio el visto bueno de forma unánime a la propuesta. Entre ellas, la más resonante es la modificación en el tipo de acreditación de la escuela secundaria para pasar de un año al otro, con un impacto directo en el sistema de repitencia actual: a partir del próximo ciclo lectivo, los y las alumnas acreditarán sus aprendizajes por materia, no recursarán las aprobadas, mientras que las pendientes se enseñarán profundizando el método de «intensificación«.

«Se amplía a cuatro la cantidad de materias pendientes en un ciclo lectivo, que se van a poder intensificar en cuatro períodos y con asistencia docente. A partir de una quinta materia pendiente, la escuela va a ofrecer determinadas posibilidades de recursarla para la aprobación como, por ejemplo, hacer la asignatura a contra turno», explicó Alberto Sileoni, titular de la Dirección. Así, ya no se repetirá por año y el estudiante sólo deberá intensificar, o recursar en caso de superar cinco pendientes, las materias que no haya podido acreditar en el ciclo lectivo y no deberá volver a hacer asignaturas que sí acreditó como ocurre hasta ahora. La intensificación se realizará en paralelo a la cursada, por lo que no implicará una interrupción en la trayectoria educativa.

En el medio, las secundarias bonaerenses pasarán formalmente a un sistema de acreditación por cuatrimestres, con nota numérica de aprobación a partir de siete y no promediables entre sí. Las instancias de intensificación de las materias pendientes se ampliarán para establecer períodos de quince días ubicados al inicio y al final de cada uno de los cuatrimestres, además de los previstos en febrero y diciembre. «Estamos tomando un camino que ya siguen otras provincias de Argentina donde el esquema de repitencia no continúa, al igual que en otros países de la región y de Europa. Pensamos que es un camino de renovación porque la repitencia sostenida te lleva al abandono«, aseguró Sileoni en este sentido.

«El punto central es la actualización del régimen académico, que es la organización de la vida de la escuela. El año pasado hicimos una encuesta en 12.000 docentes y el 92 % indicó que la estructura actual de la secundaria tiene que modificarse. Es una escuela que nació para pocos, que hoy es absolutamente masiva y que indudablemente muestra una insatisfacción porque no se aprende todo lo que se tiene que aprender y no egresan todos los que tienen que egresar», agregó el funcionario.

Tras la aprobación por parte del Consejo, la Provincia anunció de forma oficial la noticia en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Dirección ubicada en la ciudad de La Plata. Además de Sileoni, de ella participaron Pablo Urquiza, subdirector de la Dirección, y Gustavo Galli, Director Provincial de Educación Secundaria. Allí, además del nuevo sistema de acreditación, se precisaron más detalles sobre las modificaciones aprobadas para el régimen académico y otros aspectos del funcionamiento de la escuela secundaria.

Uno de los principales es el anuncio de la implementación de una nueva libreta digital para los estudiantes secundarios, una aplicación virtual en la que tanto ellos como sus familias podrán acceder a las notas y a las novedades generales del colegio al que asisten. También se informó la creación de un nuevo dispositivo escolar denominado Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas (EDTE), que trabajará en los colegios para acompañar a los y las estudiantes en las instancias más complejas de la trayectoria, como la intensificación o el recursado de materias pendientes.

La profundización del método de intensificación llevará también a una ampliación de los módulos del Programa Especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (FORTE), que se creó precisamente para acompañar a aquellos estudiantes que aún no habían acreditado sus materias. También se anunció la implementación de un tramo de inicio acompañado en el primer año de la secundaria para trabajar la adaptación del pasaje desde la primaria. En el mismo sentido se incorporará una articulación en lengua y matemática en el último semestre del sexto grado para ir acostumbrando a los y las alumnas a los contenidos y el modo de trabajo de la secundaria.

La Dirección también anunció que iniciará un proceso de modificación de los planes y diseños curriculares de la escuela secundaria, aunque todavía no se precisaron detalles de los contenidos a reformar o actualizar. El proceso se enmarca en un plan de revisión que ya está en marcha y que incluyó cambios en los diseños de inicial, de los institutos de educación superior, y en los niveles de adultos, especiales y artísticos.

Además, informaron que lanzarán un llamado masivo a concursos para la titularización de cargos jerárquicos. «Tenemos alrededor de 1.700 cargos de directores y otros 1.700 de vicedirectores para cubrir. Es muy importante la titularización, los resultados de las pruebas Aprender, por ejemplo, relacionan las mejoras en Lengua y Matemática con la antigüedad de los directivos en los colegios, y hoy nosotros tenemos mucha rotación«, señaló Sileoni en este sentido.

En cuanto a lo edilicio, el funcionario indicó que se construirán 22 nuevas escuelas centradas en especial en los distritos con mayor tasa de estudiantes por aula. Los edificios escolares se sumarán a los más de 200 que ya se construyeron durante la gestión de Axel Kicillof, de los cuales 50 pertenecen a colegios secundarios. Actualmente en la Provincia funcionan más de 4.700 escuelas secundarias a las que asisten alrededor de 1,7 millones de alumnos y alumnas.

El PRO reprobó duramente la anulación de la repitencia

Varios dirigentes del PRO cuestionaron con dureza al gobernador bonaerense Axel Kicillof a raíz de los anuncios recientes en materia educativa, que incluyen la eliminación de la repitencia en los colegios secundarios a partir del próximo ciclo lectivo. Las críticas se extendieron también al director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Sileoni, y a referentes gremiales de la comunidad docente.

Alejandro Finocchiaro, actual diputado y exministro de Educación durante el mandato de Mauricio Macri, publicó un extenso hilo de comentarios en su cuenta de X, donde sostuvo que «esta clase de políticas educativas nos llevaron a que 50% de los chicos terminen la educación obligatoria sin conocimientos básicos. Medidas que apuntan solamente a agrandar el Estado para repartir cargos dentro del espacio político al que pertenecen».

Asimismo, el ex funcionario del macrismo aseguró que la anulación de la repitencia hará que la educación bonaerense esté «cada vez más devaluada».

A continuación, centró sus críticas en la gestión de Sileoni: «Debe hacerse cargo del problema y dar respuesta desde políticas educativas concretas, como mejorar tanto la calidad en la formación docente como las propuestas pedagógicas que nutren las trayectorias educativas para nuestros estudiantes».

El legislador del PRO Hernán Lombardifue otro de los dirigentes que salió a cuestionar con vehemencia las medidas del gobierno de Kicillof.

En sus redes sociales, el diputado manifestó que: «nivelar para abajo es la burrada más grande que hace Kicillof en la Provincia de Buenos Aires».

En consonancia con dichos planteos,Cristian Ritondo arremetió contra el gobierno bonaerense y llegó a afirmar que «Kicillof es lo peor que le pasó al país».

«Como cada vez los chicos aprenden menos entonces la respuesta es eliminar el indicador más duro de esa realidad. Es como cuando siendo ministro de Economía eliminó la medición de la pobreza. Kicillof es lo peor que le pasó al país y al futuro de los argentinos», opinó el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

Otro diputado del PRO que cuestionó el polémico régimen académico fue Adrián Urrelli, quien habló de «populismo educativo».

Al analizar la iniciativa de eliminar la repitencia en la provincia de Buenos Aires, el senador Alex Campbell dijo que para Axel Kicillof «la calidad de la educación es una moneda de cambio para satisfacer a los gremios».

También se expresó en contra del líder gremial Roberto Baradel, de quien dijo que «marca desde Suiza la agenda educativa de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede salir mal? 4 años de fracasos educativos y van por más».

Claves sobre los cambios en la escuela secundaria bonaerense

El Consejo General de Cultura y Educación aprobó el cambio por unanimidad. Fue elaborado por un puñado de funcionarios, a espaldas de los docentes, estudiantes y familias.

Las supuestas consultas fueron unas “encuestas”, que brillaron por su ausencia en las escuelas.

El motivo de esta reforma confiesa el propio gobierno de la Provincia es bajar los índices de repitencia y abandono escolar.

En primer lugar, las y los docentes saben muy bien que las causas de repitencia son complejas. La crisis económica y el ajuste golpean con fuerza a la juventud. Muchos de les estudiantes se ven obligados a trabajar, a hacer changas, “cartonear”, a cuidar a sus hermanos y terminan abandonando la escuela por falta de recursos.

Las becas de las que disponen las y los estudiantes son totalmente insuficientes. Además, ante la crisis alimentaria, las escuelas secundarias no cuentan con comedores escolares, apenas tienen una merienda o desayuno de escaso valor nutritivo y las cajas MESA son cada vez más pequeñas.

Con esta reforma se elimina la repitencia de «años completos”. Los y las estudiantes sólo recursarán o «intensificarán» las materias específicas que no logren acreditar y se amplía a 4 las materias pendientes (“previas”).

El nuevo régimen académico anunciado incluye la creación del denominado Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas (EDTE). Estos equipos serán elegidos a dedo por directivos, nada de nuevos cargos acorde a las necesidades de personalizar el seguimiento de estudiantes como se propone. Se propone la ampliación de los módulos del Programa Especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (Forte), estos cargos son inestables, contratos a término y por fuera de los derechos estatutarios. No se crean cargos docentes de planta, pero si lo harán con cargos jerárquicos. Titularizarán 3.500 cargos de directivos y vices.

Esto aumentará la sobrecarga laboral. Miles de docentes trabajan hasta dos y tres cargos para sobrevivir. Hoy el salario inicial de una maestra es de $441.000 mientras que la canasta familiar es de $828.158.

Si bien para la mayoría de los estudios académicos y la propia experiencia como docentes indican que la repitencia no ayuda a que los estudiantes mejoren su rendimiento educativo, esta reforma termina siendo totalmente limitada. No solo no está debatida de manera democrática con el conjunto de la comunidad educativa, sino que el presupuesto destinado a la educación pública sigue siendo totalmente insuficiente, por lo cual las reformas se harán aumentando la precarización laboral de miles de docentes. Mientras la educación siga bajo la órbita de los planes del FMI y el Banco Mundial, estará al servicio de la formación de mano de obra barata y excluirá a decenas de miles de estudiantes empujados al abandono de la escuela para trabajar.

A su vez, se pasará a un sistema de acreditación por cuatrimestres, con nota numérica de aprobación a partir de 7 y no promediables entre sí. Se crea una nueva libreta digital y una aplicación virtual en la que tanto estudiantes como sus familias “podrán ver notas”. Desde la pandemia los docentes denunciaron la falta de dispositivos e internet en la comunidad educativa, por lo cual el

avance en la virtualidad” queda muy bien en la letra escrita, pero es papel mojado a la hora de llevarlo adelante sin los recursos necesarios.

El gobierno de la Provincia anunció además la construcción de 22 nuevas escuelas centradas en especial en los distritos con mayor tasa de estudiantes por aula. La crisis de infraestructura escolar es grave. En invierno no hay estufas, no se reparan ni terminan las obras que hace años están licitadas. Mientras se destinan millones a la deuda externa se escatima con la construcción de escuelas.

Mientras el gobierno nacional intenta ajustar todavía más la educación pública con la quita del Fonid, atacando el derecho a huelga e intentando imponer la Ley Bases, el gobierno provincial descarga el ajuste recortando el presupuesto para la educación y la salud públicas.

Frente a la pobreza e inflación, la primer medida para enfrentar la repitencia y la expulsión educativa debería ser garantizar para estudiantes de bajos recursos, becas escolares iguales a la canasta básica, canasta escolar gratuita y de calidad frente al aumento de los precios de útiles escolares, el aumento del presupuesto educativo para crear cargos, que todos trabajen un cargo con salario igual a la canasta familiar, construir escuelas para acabar con el hacinamiento en las aulas y falta de vacantes.

Mención aparte merece el rol de la conducción del Suteba, que no sólo no pelea contra la precarización laboral, ni por aumento de presupuesto ni convocó a paro el día que se trató en el Senado la Ley Bases. Tampoco garantizó ninguna instancia de discusión para poner debatir esta reforma.

Les docentes tienen que debatir y tomar en sus manos la tarea de terminar con una educación secundaria que atiende las necesidades del mercado, que exige una mano de obra cada vez más precarizada. Lejos de una educación que forme para el desarrollo cultural, técnico y científico en función de los intereses de las mayorías sociales.

En este sentido es muy importante la perspectiva de impulsar un Congreso pedagógico donde se pueda discutir democráticamente cómo y qué educamos, cómo debe ser la evaluación, que relación debe tener la escuela con las tecnologías, etc., en el marco de la defensa de la educación pública y la pelea por el aumento de presupuesto.

Fuentes: Página/12, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, Nota al Pie, Perfil

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