No termina el año sin que se cumpla la largamente amenaza contra diversos organismos autónomos, los que en su mayoría habían sido instituidos durante las más recientes décadas como parte de una reforma del Estado que tendía a restringir los alcances del Poder Ejecutivo para poner determinadas funciones en manos de otras instituciones.
Ahora, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el Sistema de Información para el Seguimiento de la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) dejarán de existir conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre.
Se trata, hay que decirlo de entrada, de una medida que prosigue y profundiza el programa neoliberal de achicamiento del Estado iniciado con la crisis de 1981 y los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. También revierte en buena medida los impulsos de la sociedad civil que operaron desde 1990 diversas reformas tendientes a desconcentrar o complementar funciones que el Poder Ejecutivo acumulaba de manera tradicional, sobre todo durante el largo periodo del autoritarismo presidencial priista.
Uno de los argumentos esgrimidos centralmente para la extinción de esas instituciones —siempre en la lógica de la doctrina monetarista— es presupuestal. Al trasladar sus funciones a dependencias del Ejecutivo se buscará una considerable economía en el gasto público. Pero aquí se trata de una política más general, prescrita por el enorme déficit fiscal, histórico para las últimas décadas, de 1.1 billones de pesos, el 5.9% del PIB, de acuerdo con los Requisitos Financieros del Sector Público presentados en agosto por la Secretaría de Hacienda. En el año electoral que está por terminar, tal déficit se incrementó en casi 153%, e implicó incrementar la deuda pública a más de 15 billones 582 mil millones de pesos, un 11.5% más que en 2023.
Así, los recortes en el gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación están en el orden del día para 2025. Tan sólo en el sector Salud sufrirá una reducción de 123 mil millones en relación con 2024 (-12.2%), afectando programas y dependencias que debieran ser prioritarios para la atención a la población (https://m-x.com.mx/analisis/el-costo-de-la-austeridad-la-salud-pierde-123-mil-millones-en-el-primer-presupuesto-de-sheinbaum/). Otras áreas esenciales también han sido afectadas con disminuciones muy considerables en el PEF: educación (-0.6%), seguridad pública (-42.9%), transporte (-8.1%); y ciencia, tecnología e innovación (-7.4%), según el análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Comptetitividad, A. C. (https://imco.org.mx/paquete-economico-2025-recortes-al-gasto-e-implicaciones-para-la-competitividad/). Las mermas afectan también a otros organismos autónomos. Al INE se le recortó el 52.2 por ciento el gasto, a pesar de que tendrá que organizar y realizar la elección extraordinaria del Poder Judicial.
En cuanto a la desaparición de los siete organismos autónomos, sus funciones serán absorbidas por secretarías del Poder Ejecutivo: La CRE y la CNH, por ejemplo, por laSecretaría de Energía como organismos desconcentrados con independencia técnica; la Cofece y el IFT se fusionarán en un organismo descentralizado dependiente de laSecretaría de Economía; Mejoredu, pasará a ser parte de laSecretaría de Educación Pública; las funciones del Coneval serán asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organismo que sí conserva su autonomía; las funciones del INAI pasarán a la renovada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, antes de la Función Pública.
Se destaca que los ahorros que esto representa se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En el PEF 2025, publicado el 24 de diciembre como regalo navideño para la población, se robustece el gasto en los programas sociales como pensiones para adultos mayores y el nuevo de apoyos para mujeres de más de 60 años, becas para estudiantes y transporte de pasajeros en tren, incluido el polémico Tren Maya. Se establecen así las prioridades gubernamentales para el primer año de Claudia Sheinbaum, que continúan con la línea establecida desde el gobierno anterior de dar apoyos directos —incluso establecidos en la Constitución— a ciertos sectores de la población. Y ya sabemos que eso redunda en un beneficio electoral para el actual partido oficial.
Aunque no es un fenómeno nuevo, el clientelismo político, que también fue ampliamente utilizado durante el presidencialismo exacerbado del pasado priista, se va conformando como una forma típica de funcionamiento del sistema político asociado a la pobreza (más de 46 millones de personas, el 36.3% de la población; y 9 millones, el 7.1 por ciento en pobreza extrema, según la evaluación del Coneval para 2024) y a la carencia de ciertos bienes y servicios por una parte considerable de los habitantes. Los apoyos, incluso institucionalizados, no revierten las insuficiencias de ingreso, como sí lo hacen los incrementos en el salario, la formalización del empleo y el acceso generalizado y gratuito a los servicios básicos que el Estado debe ofrecer. Prueba de ello es que bajo el gobierno que concluyó se logró reducir en algunos puntos la pobreza laboral, pero no la pobreza extrema (insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica), que se incrementó en unas décimas de punto en el país.
La diferencia más visible con el pasado régimen presidencial y de partido de Estado estriba en que, mientras aquél ejercía su clientelismo a través de corporaciones en las que integraba a grandes grupos de las clases subordinadas (CTM, CNC, CNOP), el actual lo basa en relaciones individualizadas, conforme al canon neoliberal que se mantiene vigente. En éste de debilita e incluso se margina la acción de los sindicatos y otras organizaciones de las clases populares y sectores medios, reduciendo su capacidad de mediar y regular las relaciones entre Estado y sociedad y entre el capital y las clases subalternas.
Pero ese esquema no produce en los individuos una ciudadanía completa, en la medida en que se refuerza su dependencia económica con respecto del gobernante y su partido, e incluso de los individuos que representan simbólicamente y ejercen realmente el poder, desde el presidente o presidenta de la República hasta los caciques rurales o sindicales, pasando por los legisladores, gobernadores, presidentes municipales, etcétera. El ciudadano tiene y ejerce derechos como el de elegir representantes y gobernantes mediante el sufragio, pero su voto está en buena medida condicionado por la acción providencial del Estado o del gobierno en turno.
La extinción de los organismos constitucionalmente autónomos elimina esas otras instancias de mediación con la administración pública, concentra más poder en el Ejecutivo y refuerza la relación clientelar. El caso del INAI es uno de los más claros, como un recurso que ha sido para ejercer más plenamente el derecho a la información cuando las autoridades niegan la información a su cargo o no la proporcionan completa. Quién sabe como quedará ahora, en la práctica, ese derecho para los ciudadanos. Otro ejemplo sería el del INE, en el que la reducción presupuestal se tornará en mayores dificultades para ejercer el derecho al voto. Se verá en las inminentes elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Corte a efectuarse en junio.
Así, mientras que en lo formal y de manera aparente se amplían los derechos públicos, en la práctica se restringe su ejercicio con autonomía. El mismo voto ha sido burlado cuando un 54% de los sufragios efectivamente depositados en las urnas se traducen en una mayoría de 76 por ciento de asientos en el Congreso para el partido gobernante y sus satélites. Y en ello está el origen de la unilateralidad aplastante que estamos viendo en la modificación de la Constitución y la elaboración de las leyes secundarias. Contrariamente a lo sostenido de manera por demás forzada un reciente artículo de Pedro Salmerón (https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/12/24/opinion/santa-anna-y-el-supremo-poder-conservador-9694), no son los contrapesos al Ejecutivo —que hacen parte del Estado liberal moderno— los que restringen los derechos de los ciudadanos; lo es el cambio la reconcentración del poder estatal que estamos presenciando actualmente por parte del renovado régimen de partido casi único.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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