La reforma implica un efecto inhibidor del trabajo que realizan las organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos.
Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) 24 amparos en contra de la reciente reforma legislativa que autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN), atentando contra la democracia y las vías civiles que se requieren para transitar a un país en paz.
Estos amparos fueron presentados en un contexto donde a las Fuerzas Armadas (FFAA) les son asignadas cada vez más tareas civiles ajenas a la seguridad, a la par que aumentan sus recursos; espían a personas defensoras de derechos humanos, universidades y periodistas; desatienden los llamados del Congreso a rendir cuentas por las recientes filtraciones a los correos de la SEDENA, e incluso redactan iniciativas legislativas que son presentadas y aprobadas por el Congreso de la Unión.
Explican que en México estamos ante un escenario donde las FFAA cada vez obtienen más poder y autonomía, lo que pone en riesgo su neutralidad, las funciones que originalmente les fueron asignadas y la propia estabilidad democrática del país.
Para las organizaciones de la sociedad civil, el traspaso de la GN a la SEDENA representa la claudicación del Estado de contar con una institución policial civil federal, tal y como lo ordena la propia Constitución. Esta claudicación también es notable en reformas como la que amplía el plazo de participación de las FFAA en tareas de seguridad hasta 2028.
Estos cambios, detallan, le dan poder absoluto de la GN a las FFAA, quienes ahora formalmente detentan el control sobre la seguridad pública del país, a pesar de que, por más de 15 años de despliegue militar, su participación no ha mejorado las condiciones de seguridad en el territorio nacional.
Esta reforma también implica un efecto inhibidor del trabajo que realizan las organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos, específicamente aquellas dedicadas a denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas por militares y el debilitamiento de la democracia a causa del aumento de sus facultades, donde muchas mujeres están en peligro.
En el análisis y resolución de estos amparos, el papel del Poder Judicial es fundamental para hacer frente a reformas que buscan ampliar más allá de los límites legales y constitucionales el poder de las FFAA pues, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han sido cómplices del deterioro progresivo de la supremacía civil en el gobierno.
Sin embargo, el Poder Judicial tampoco ha cumplido cabalmente su papel pues, hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guarda completo silencio respecto de, al menos, siete casos interpuestos por la sociedad civil y otros actores contra las acciones militaristas desde 2016, entre los que se encuentran controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos en contra de diversas leyes, como la Ley de la Guardia Nacional y el llamado Acuerdo Militarista.
Las organizaciones que interpusieron los amparos hicieron un llamado enérgico a que el Poder Judicial y, en particular, la SCJN haga contrapeso al avance autoritario de medidas militares en México y establezca límites claros sobre el papel de las FFAA en la estrategia de seguridad, así como que solicite revertir las acciones que consolidarían una estrategia de seguridad militarizada que ha demostrado ser fallida y ha causado graves violaciones a derechos humanos a lo largo de todo el país. Desde la sociedad civil reiteramos la importancia de buscar soluciones integrales que construyan una sociedad más justa y en paz.