Organizaciones de la sociedad civil llamaron al gobierno de México a ser congruente con los compromisos asumidos en Convenciones y Pactos internacionales sobre migración y asilo, para que esta vez no participe en el Protocolo «Quédate en México» o MPP, toda vez que las consecuencias fueron devastadoras para las más de 72.000 personas que fueron puestas bajo esta política de enero de 2019 a enero de 2021.
Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos negó a la administración de Joe Biden la suspensión de la política «Quédate en México», por lo que debería entrar en vigor. No obstante, la Corte señala que si México no colabora con dicha acción, esta quedará sin efecto.
La política MPP es una iniciativa impulsada por el expresidente Donald Trump y acordada con Andrés Manuel López Obrador, por la cual solicitantes de asilo en EE.UU. debían esperar en México su cita con un juez. Sin embargo, en ese lapso sufrieron violaciones, secuestros, amenazas, condiciones precarias de vida, espera de más de 15 meses en campamentos improvisados, nula protección de su salud ante la covid-19 y la muerte.
Biden canceló MPP el 20 de enero de 2021 por considerarla una política inhumana y la finalizó formalmente el pasado 1 de junio. Desde febrero de 2021 ha realizado acciones para restaurar la dignidad de las personas afectadas por esa política, por lo que el gobierno mexicano no debe permitir que se vuelva a poner en marcha.
«Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie ha sido el estandarte del presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptar la implementación del Protocolo ‘Quédate en México’ es ir en contra de nuestra Constitución y compromisos internacionales, viola el derecho a solicitar asilo, al debido proceso, el principio de no devolución, y es inhumana, como lo hemos expresado en diferentes comunicaciones desde la aceptación de MPP, el 20 de diciembre de 2018», señala la carta publicada en el sitio web del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C.
La organización precisa que el gobierno mexicano debe esperar la resolución final de este caso en las cortes estadounidenses y respetar sus procesos internos. Una política de estas dimensiones no puede implementarse o cancelarse cada vez que hay una decisión diferente en las cortes de Estados Unidos.
En México, desde febrero de 2020, las y los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la revisión de la participación del Estado mexicano en esta política, como resultado del amparo (302/2020) promovido el 4 de abril de 2019, sin que a la fecha se hayan pronunciado.
«No podemos permitir que mujeres, niñez y adolescencia, con necesidades de protección internacional, vivan con miedo, estrés y en condiciones inhumanas porque como país no pudimos defender nuestra soberanía y negarnos a participar en políticas que no sólo ponen en peligro la vida de esta población, sino que son contrarias a nuestra legislación. Ninguna persona que huye de la violencia y la persecución merece vivir con miedo y con la indiferencia de las autoridades».
Agencias de la ONU en espera de definiciones
Luego de la decisión de la Corte estadounidense, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para la Migración (OIM) han suspendido las inscripciones en su programa para permitir que personas que pidieron protección durante la presidencia de Donald Trump puedan ingresar a EE.UU. y fuentes de la OIM confirmaron que el miércoles 25, no hubo cruces en la frontera.
Ambas agencias han trabajado en la operación para concluir el programa MPP, por el que ha acompañado en su retorno a Estados Unidos a más de 13.100 personas desde febrero pasado. De ellas, 5.707 migrantes han sido apoyadas desde Ciudad Juárez.
En coordinación con el gobierno de Estados Unidos, el ACNUR estableció el sitio web CONECTA para registrar a todos los casos activos bajo MPP en febrero de 2021. En los tres primeros días de funcionamiento se registraron más de 8.000 casos, equivalente a unas 12.000 personas.
En tanto, la OIM ha realizado los traslados de personas hacia Estados Unidos bajo medidas para proteger su integridad además de aplicar las pruebas covid-19. UNICEF apoya en los casos de protección de la infancia más delicados, velando por la unidad familiar y brindando orientación a familias y niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana prestan servicios de llamadas gratuitas en el campamento, para permitir a las personas mantener el contacto con sus familiares antes de ingresar a los Estados Unidos.
ACNUR, OIM, UNICEF y CICR respaldan el fin del Programa MPP para terminar la difícil situación humanitaria de miles de personas que han estado esperando en la frontera México-Estados Unidos desde 2019.