La Paz, agosto 2, 2004.- Organizaciones sociales y populares condenaron el nuevo proyecto de Ley de hidrocarburos del gobierno boliviano y convocaron a la población a unirse a la lucha por la nacionalización del gas y el petróleo, evitando que el Congreso apruebe la propuesta gubernamental. «El proyecto de Ley de Hidrocarburos es antinacional y […]
La Paz, agosto 2, 2004.- Organizaciones sociales y populares condenaron el nuevo proyecto de Ley de hidrocarburos del gobierno boliviano y convocaron a la población a unirse a la lucha por la nacionalización del gas y el petróleo, evitando que el Congreso apruebe la propuesta gubernamental.
«El proyecto de Ley de Hidrocarburos es antinacional y sólo favorece a las transnacionales», dijo el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), mientras la Coordinadora de Defensa del Gas aseguró que «continúa la batalla» por recuperar la propiedad efectiva de la riqueza hidrocarburífera del país, la segunda más importante de Sudamérica.
El proyecto oficial, –elaborado por funcionarios del Banco Mundial y expertos internacionales, pagados con recursos de las petroleras extranjeras–, ratifica el control absoluto que ejercen las petroleras extranjeras sobre más de 54 trillones de pies cúbicos de gas y más de 900 millones de barriles de petróleo, valuados en más de cien mil millones de dólares, y viabiliza los multimillonarios negocios transnacionales de exportación de gas como materia prima.
El carácter pro petrolero de la nueva legislación no ha sorprendido en demasía a los sindicalistas y dirigentes de las organizaciones populares, que creen, por el contrario, que el proyecto de Ley está reflejando el carácter «tramposo» del referéndum del pasado 18 de julio, cuando el presidente Carlos Mesa convocó a los bolivianos a las urnas para que elijan entre la política neoliberal y entreguista de su predecesor, el ex presidente Gonzalo Sánchez boliviade Lozada, y la suya, tan favorable a las petroleras como aquella.
En el campo popular, los únicos que parecieron quedar sorprendidos por el proyecto oficial fueron los adherentes del diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que hasta ahora era aliado del presidente Mesa.
El proyecto de Ley ha hecho que Evo Morales se dé la vuelta. Después de sabotear la lucha de obreros y campesinos por la nacionalización del gas y el petróleo, lo que le ha valido ser expulsado de la COB por «traición», el jefe del MAS dio un viraje y repudió la nueva Ley de Hidrocarburos, elaborada sobre la base del referéndum que los sindicatos y organizaciones populares habían cuestionado, pero que Morales y su partido apoyaron incondicionalmente.
«Este proyecto de ley es para garantizar la presencia de las transnacionales en el país y no se adecúa al mandato del pueblo boliviano. No recoge las conclusiones de la voluntad soberana del pueblo que está por encima de los poderes del Estado. El proyecto es el continuismo del gonismo, no se adecúa al pensamiento ni al sentimiento del pueblo boliviano», dijo al cuestionar el proyecto de Mesa.
En el referéndum, Morales y todos los sindicatos campesinos, de cocaleros y obreros que controla el MAS habían convocado a votar por el SI en las tres primeras preguntas y por el NO en las dos últimas, en un intento por evitar que se legalice la política neoliberal seguida por Mesa en favor de las petroleras. Sin embargo, según los datos de la Corte Electoral, que sólo da validez a los votos por el Si y por el NO, la victoria le fue favorable a Mesa, que obtuvo mayoría en las cinco preguntas, y no así a la fórmula de Morales.
Pese a ello, Morales, al igual que Mesa, se proclamó como vencedor del referéndum, que pese a ser obligatorio tuvo una abstención de más del 40% de la población habilitada para votar y de más del 20% de votos blancos y nulos. La abstención, el voto blanco y nulo habían sido enarbolados por la COB y las organizaciones populares como rechazo al referéndum, que había excluido la exigencia popular sobre la nacionalización y que iba a servir sólo para legitimar los intereses petroleros en la nueva Ley, según denunciaron en su momento los sindicalistas.
Con la presentación de su proyecto de Ley, Mesa ha perdido el apoyo del líder cocalero, aunque tiene en su favor el pleno respaldo de los organismos internacionales de financiamiento, de los partidos neoliberales que controlan el Parlamento, de las petroleras, del Ejército y la Policía y de las embajadas de Estados Unidos, España, Brasil y Argentina.
Morales, en cambio, ha virado parcialmente hacia las posiciones de los sindicatos y organizaciones populares que luchan por la nacionalización del gas y el petróleo. Con ellas comparte el rechazo al proyecto neoliberal, aunque no quiere ni la expropiación de las petroleras ni nada que ponga en riesgo la realización de las elecciones del 2007, a las que ha supeditado todo su accionar político.
Es, en este marco, en el que se comienza a reactivar la lucha por definir el destino del gas.
Presion de EEUU: Noriega insta al Congreso de Bolivia aprobar Ley del gas
En abierta injerencia en los asuntos internos de Bolivia, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roger Noriega, instó al Congreso boliviano a dar su respaldo al proyecto de ley de hidrocarburos presentado por el presidente Carlos Mesa y que preserva los intereses de las grandes transnacionales del gas y el petróleo.
«Estoy aquí para mostrar nuestro apoyo para el gobierno democrático, constitucional del Presidente Mesa y para tratar temas importantes y coordinar nuestros esfuerzos para apoyar el proceso de recuperación económica de su país», dijo durante su visita de dos días en La Paz.
El enviado del presidente estadounidense George Bush alabó la convocatoria y resultados del referéndum del pasado 18 de julio. «Es muy positivo y constructivo (…) Es una señal al mundo de que Bolivia está mirando al futuro», dijo al destacar el proyecto de ley elaborado sobre los resultados de la consulta, la que sin embargo había sido cuestionada por los sindicatos y organizaciones populares porque no incluía la demanda de la nacionalización y porque estaba orientada a legitimar los intereses de las petroleras extranjeras y viabilizar sus millonarios negocios de exportación de gas.
El proyecto de ley ya está en manos del Congreso, dominado en sus dos tercios por parlamentarios neoliberales que apoyaron hasta el último momento al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre por una revuelta popular que enarboló la bandera de la nacionalización.
Noriega se reunió con los principales dirigentes del Congreso, con el objetivo de impulsar la aprobación del proyecto de ley, que es resistido por los sindicatos y organizaciones populares, así como también por los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), del diputado cocalero Evo Morales, que paradójicamente habían sido los principales impulsores de la amañada consulta.
En la reunión con los parlamentarios, el enviado de Bush fue muy claro: «El Congreso tiene una oportunidad histórica de contribuir a la búsqueda de una solución consensuada que representa los varios intereses de los sectores del país para producir una ley de Hidrocarburos que podría explotar ese recurso nacional, natural, y beneficiar a toda la gente de su país», dijo.
El apoyo de Bush y Noriega a la causa de Mesa y de las petroleras extranjeras fue recibido con agrado por los funcionarios bolivianos. Así, el ministro de la Presidencia, José Galindo, destacó el apoyo que brinda Estados Unidos a Bolivia y mencionó los proyectos en marcha del Tratado de Libre Comercio que se busca negociar con este país y el apoyo expresado a través de la Cuenta del Milenio.
Noriega ratificó, además, la demanda de la administración Bush para que el Congreso boliviano apruebe el acuerdo bilateral por el que se concede inmunidad a los militares y funcionarios estadounidense que cometan crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional. La exigencia de Bush es que sus tropas y funcionarios no sean juzgados por la Corte Penal Internacional.