Organización civiles demandaron que los gobiernos, federal y estatales, tomen medidas ante la COVID-19 para mitigar los contagios en los centros penitenciarios de México, que explican tienen carencias para garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad y también para el personal.
En un comunicado difundido por Equis Justicia para la Mujeres, proponen cuatro medidas: una, adoptar una política de no detención de personas por delitos no violentos, como es el caso del transporte y posesión de sustancias ilícitas o infracciones administrativas. En asuntos penales, debe privilegiarse, como la Constitución mandata, el uso de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Dos: liberar a mujeres privadas de la libertad por delitos no graves o que no involucraron violencia. Esta propuesta forma parte de la Ley de Amnistía, la cual ya ha sido presentada en el Congreso y cuya aprobación debe acelerarse para ponerlas a salvo a ellas y a sus hijas e hijos.
Tres: excarcelar, tal como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146, a personas adultas mayores, o con alto riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19, entre ellas, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión y VIH.
Y cuatro: adoptar medidas de carácter urgente al interior de los centros de detención para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.
Señalan que la suspensión de visitas no es una medida suficiente y, antes de optar por ello, los gobiernos deben tomar en cuenta que en varios centros penitenciarios son las familias y no las instituciones las que proveen alimentos, medicamentos, agua y otros enseres a la población. En ese sentido, negar la entrada a visitas pondrá en mayores riesgos a las personas privadas de la libertad.
En el comunicado, explican que ante el brote del COVID-19, algunos países han tomado medidas para mitigar los contagios dentro de las cárceles. Por ejemplo, señalan el caso de Irán, donde se liberó a 85.000 personas de sus prisiones, mientras que en Nueva York se ha pedido la liberación de las personas privadas de la libertad con alto riesgos de salud.
Jueces en Ohio ordenaron también la liberación de detenidos en cárceles municipales y, en Los Ángeles, han liberado a 678 personas en las últimas dos semanas por la creciente preocupación por la pandemia.
Por ello, sostienen, México debe tomar medidas similares para evitar la propagación del virus. Debido a las condiciones de estrecha proximidad, el encarcelamiento genera las condiciones idóneas para el contagio y estas se agravan cuando existe hacinamiento, falta de agua y malas condiciones de higiene.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México actualmente hay 202.337 personas en los reclusorios y el 37 por ciento de las prisiones presentan sobrepoblación. A nivel nacional, 46 por ciento de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de cinco personas y en algunos estados el número de reclusos por estancia es mucho mayor.
En el Estado de México, la entidad con mayor población penitenciaria, 37 por ciento de las personas recluidas comparten celda con más de 15 personas. Una política de sana distancia simplemente no es posible bajo estas circunstancias. Además, según el INEGI, 11,2 por ciento de esta población es mayor de 50 años y entre ella existe una alta incidencia de enfermedades que pueden provocar formas más graves de COVID-19.
Por si fuera poco, las carencias de agua y artículos de aseo personal hacen imposible lograr las condiciones de higiene que permitirían prevenir contagios masivos en los centros penitenciarios. Según datos del INEGI, 30 por ciento de las personas privadas de la libertad no tienen acceso a agua potable en su celda (en el Estado de México este porcentaje asciende a 52 %) mientras que, en centros estatales y municipales, solo 7,6 por ciento de las personas recibe artículos de limpieza por parte de la institución.
Además de las condiciones deplorables en las que están las cárceles en México, es importante recordar que el 38,5 por ciento de quienes están privados de la libertad ni siquiera cuentan con una condena, según la última edición publicada del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (octubre 2019).
Los riesgos de contagio, sin embargo, no solo son para las personas privadas de la libertad, sino también para el personal que ahí labora y para los familiares que visitan los centros. En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿qué medidas, acorde con los derechos humanos, se están adoptando para mitigar los riesgos en estos lugares? ¿Están preparadas las instituciones de salud para atender a estas poblaciones?
Lo cierto es que, durante la pandemia, las instancias de seguridad no pueden continuar actuando de la misma forma. Dado que cada nueva persona ingresada al sistema genera riesgos adicionales, habría que limitar el encarcelamiento como medida de control social.
Las organizaciones urgimos a las autoridades a cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, incluido el derecho a la salud. Proteger la salud pública en general, necesariamente implica velar por la salud de las personas que se encuentran en prisión.
La petición fue planteada por CAIFAM: Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Colectiva Hermanas en la Sombra, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Documenta A.C.; Elementa DDHH A.C.; EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.; Intersecta, Organización para la Igualdad A.C.; México Unido Contra la Delincuencia A.C.; Mujeres en Espiral; Mujeres Unidas por la Libertad; Red de Juventudes VIRAL, y Reinserta A.C.