La geopolítica de EEUU, el cambio climático y el narcotráfico se han constituido en las mayores amenazas para los Estados nacionales, sobre todo en países periféricos. En nítida prueba de la inutilidad de la ONU, convertida en florero anticuado, costoso inútil y molesto, el Presidente Obama dijo que su país usará armas atómicas en «circunstancias […]
La geopolítica de EEUU, el cambio climático y el narcotráfico se han constituido en las mayores amenazas para los Estados nacionales, sobre todo en países periféricos. En nítida prueba de la inutilidad de la ONU, convertida en florero anticuado, costoso inútil y molesto, el Presidente Obama dijo que su país usará armas atómicas en «circunstancias extremas» («La Prensa», 07-04-10). Sólo EEUU, sin consultar a nadie, definirá si existen esas circunstancias, en tanto Afganistán, Irán, Irak y Corea del norte ya son objetivos nucleares del Pentágono. A partir de este antecedente, ¿qué ocurrirá con países débiles y atomizados, como Bolivia, sin capacidad de defenderse?
Como antecedente, cabe recordar que el Comandante del Centro de Análisis Naval, general Anthony Zinni, informó, el año 2007, que el cambio climático es un tema de seguridad nacional para EEUU, lo que implica la posibilidad enviar tropas a cualquier punto del planeta a fin de asegurar el predominio del imperio(«Rabia Climática», 2009). De manera paralela, organismos internacionales establecieron que uno de cada cuatro parlamentarios electos en Colombia, el 14 de marzo pasado, fue financiado por el narcotráfico.
En Bolivia, se eligieron el 04-04-10, a 9 gobernadores, 8 sub gobernadores, 11 ejecutivos seccionales, 19 corregidores, 144 asambleístas departamentales por territorios, 100 por población y 23 por pueblos indígenas. El país tiene ahora 357 territorios autonómicos, cuyos habitantes designarán a sus autoridades, administrarán sus ingresos y ejecutarán presupuestos en el ámbito de jurisdicciones y competencias, aún no definidas. Las autonomías de 36 naciones indígenas incluyen «libre determinación», administración de recursos naturales no renovables y ejercicio de justicias comunitarias, inapelables e independientes. El gobierno requerirá 45 millones de dólares año para pagar dietas de 2.500 nuevos funcionarios electos. La complejidad del acto electoral obligó a diseñar 478 modelos de papeletas de voto diferentes.
Bolivia ha incrementado su producción de cocaína y se ha convertido en paso obligado de la elaborada en Perú, con destino a Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. Se teme que carteles de la droga, que tanta violencia provocan en México, se asienten en territorio boliviano. En el plano interno, es inevitable el enfrentamiento entre movimientos sociales de las áridas tierras altas, que desean trasladar campesinos a mejores zonas de cultivo, y los de tierras bajas, que exigen respeto absoluto a sus territorios y culturas. Ambos frentes están financiados por poderosas ONG, algunas de las cuales desembolsan recursos para ambas partes en conflicto.
Por de pronto, el viceministro de tierras, Víctor Camacho, ha denunciado que la TCO (Tierra Comunitaria de Guarayos) está privatizando parcelas, ricas en maderas, minerales y, probablemente, hidrocarburos, en beneficio de menonitas, rusos y otros extranjeros («La Prensa», 31-03-10). Decenas de similares TCO también han incursionado en el comercio maderero. Lino Willca, vocero de los pobladores de los Yungas de La Paz, rechazó presiones oficiales para disminuir cultivos de hoja de coca (materia prima de la cocaína) de la zona. Considera que la erradicación de cocales ilegales debe comenzar en el Chapare (Cochabamba), de cuya región emergió el liderazgo sindical de Evo Morales.
En tanto el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, está realizando desesperados esfuerzos por detener similar arremetida, en Bolivia no se sabe si el Canciller David Choquehuanca cree en la viabilidad del país o considera, como el viceministro de planificación estratégica, Raúl Prada, con el respaldo de la influyente Confederación Nacional de Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ), que el Estado nacional debe ser destruido para posibilitar la reconstitución del Tawantinsuyo, mediante las autonomías territoriales.
El Ministro de Autonomías, Carlos Romero, cuya ONG, CEJIS, maneja un presupuesto anual de un millón de dólares procedentes del exterior, es el mayor impulsor de las 36 naciones indígenas, conquista que defenderá a todo trance la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), lo que llena de alegría a la separatista «Nación Camba». No existe hasta ahora voluntad política ni en el gobierno ni en la oposición para llevar adelante un acuerdo nacional que aísle a los separatistas, que por este camino se empeñan en defender sus latifundios, así como a ultra indigenistas, financiados por el primer mundo, que han convertido a Bolivia en conejillo de indias de afiebrados experimentos que amenazan disgregar al país.
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