El 90% de las cooperativas y empresas recuperadas volvió a trabajar, pero en un contexto muy difícil y con poco apoyo estatal
¿Cuál es la realidad de las cooperativas de trabajo y de las empresas recuperadas? Un informe del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), junto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) con la Comisión Técnica de Empresas Recuperadas, y la Universidad Nacional Arturo Jauretche intentó responder a esa pregunta (ver informe completo).
La encuesta incluyó a 195 cooperativas de trabajo, que emplean a un conjunto de más de 6.000 trabajadores y trabajadoras de 18 provincias del país más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellas, se destacan 139 empresas recuperadas por sus trabajadores. La muestra refleja la preponderancia de cuatro sectores hegemónicos que explican el 45 % de los casos: Alimentación (26), Metalurgia (21), Textil (22) y Gráfica (19).
Según el estudio, el 87 % de las cooperativas de trabajo se encontraban en actividad para octubre de 2020. Sin embargo, la mayoría no logra recuperar el nivel de ingresos ni la producción previos al coronavirus y a la crisis que les causó el ajuste macrista. «Ya antes de la pandemia (los ingresos) venían menguados por los efectos de las políticas neoliberales y la crisis dejada por el gobierno anterior. Esta situación ha impulsado el reclamo de la inclusión efectiva del sector en las medidas de asistencia implementadas por el gobierno nacional para contener los efectos socioeconómicos de la crisis», describieron.
Sin embargo, el sector tiene problemas para acceder a programas estatales o líneas de créditos por cuestiones jurídicas. Es un desafío que todavía la política pública no ha podido resolver. «La implementación de las medidas de asistencia encontró dificultades para llegar al sector del trabajo autogestionado, debido principalmente a las limitaciones resultantes de la forma jurídica de la cooperativa de trabajo», insistieron los autores del informe.
«La constatación de las enormes dificultades para acceder a las herramientas pensadas con lógica económica y productiva (ATP, créditos bancarios), las complicaciones de los propios organismos públicos para habilitar sus políticas a las cooperativas (incluyendo la Línea 1 del PTA) o las limitaciones de los órganos específicos como el INAES, que todavía no se constituye como una institución central para canalizar las políticas destinadas al sector que regula y fiscaliza», insistieron.
Asistencia a trabajadores de empresas autogestionadas
El Gobierno volvió a otorgar por única vez una ayuda económica no remunerativa de $ 9.000 a trabajadoras y trabajadores de empresas autogestionadas, a través de la resolución 127/2021 de la Secretaría de Empleo, publicada en el Boletín Oficial.
La ayuda económica a trabajadoras y trabajadores de empresas autogestionadas fue establecida por la resolución 144/2020 de Empleo, del 30 de abril del año pasado.
La misma creó la asistencia económica de emergencia para socias y socios trabajadores de las unidades productivas autogestionadas, que originalmente era por dos meses, y en noviembre último se amplió a siete.
Esta ayuda económica incluye a las unidades productivas autogestionadas por trabajadoras y trabajadores que suspendieran su actividad productiva, o disminuyeran su nivel de ingresos económicos como consecuencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Gobierno Nacional prepara medidas para formalizar el sector cooperativista
El Gobierno pondrá la mirada en las Cooperativas con el objetivo de impulsar una mayor formalización de sus asociados en la salida de la pandemia. La administración del presidente Alberto Fernández, apuntará a crear un registro exhaustivo de cooperativas mediante herramientas de control fiscal y en paralelo instrumentará un mecanismo para facilitarles la cobertura de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
Las medidas se tratan en elaboración entre el organismo de AFIP y el Ministerio de Trabajo, que tienen en común el propósito de asimilar a esos asociados al mundo laboral registrado. En el caso de la AFIP, el organismo trabaja junto con la cartera laboral en la creación de una nueva herramienta de registración similar al formulario 931, la declaración jurada de los empleadores cuando dan de alta a un nuevo asalariado.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en la Argentina hay más de 8.000 cooperativas y 3.000 mutuales que cuentan con millones de asociados con diferentes niveles de involucramiento. Los rubros de alcance de esta modalidad son tan amplios como la educación, los servicios médicos y sociales, la provisión de energía, la prestación de datos móviles e internet y empresas recuperadas.
En medio de la pandemia del coronavirus más de 800 entidades radicaron trámites para integrarse al sistema asociativo, en su mayoría a cooperativas de trabajo. En ese lapso y hasta septiembre se autorizó la creación de 335 cooperativas.
Gotan y La Nirva en peligro de desalojo
Los trabajadores de la metalúrgica Gotan, ubicada en Burzaco, al sur del conurbano bonaerense, que produce sin patrones y bajo gestión obrera desde hace más de un año como «Cooperativa Gotan Trading Cooperativa Limitada», junto a abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) presentaron un escrito a la justicia con un pedido de investigación y pruebas que dan cuenta de una serie de maniobras ilegales que llevó adelante Horacio Lamberti –ex dueño de Gotan y ex Secretario Nacional de Parques Industriales bajo el gobierno de Macri– para vaciar la fábrica. «Denunciamos la quiebra como fraudulenta y vemos con extrema preocupación que en el juzgado que sigue nuestra causa exista un ‘pedido de restitución del inmueble’ que pueda proceder a una orden de desalojo. Vamos a resistir por nuestra fuente de trabajo. Exigimos al gobierno municipal, provincial y nacional, que nos dé trabajo e insumos para seguir produciendo, pero también pedimos que no convalide esta estafa del macrista Lamberti y nos dé una respuesta razonable», expresaron en un comunicado.
Y agregan:
- En el vaciamiento de Gotan, luego de la quiebra, se reconoció una deuda de más de 5 millones de pesos a Mario Sosa, apoderado de «MAJO Construcciones», quien a su vez fue parte del directorio de Gotan y poseía el 51 % de las acciones. Este personaje durante un largo período emitió gran cantidad de cheques sin fondos. En el concurso de acreedores se le reconoce una deuda de una gran suma de dinero.
- A su vez, Horacio Lamberti administró en 2016 una SRL llamada «BDFJ Montajes». Que recibía y facturaba los trabajos más importantes, para así poder decir que Gotan era una empresa no rentable. En este accionar han ocultado bienes y se han enriquecido ilegalmente.»
Por otra parte, este lunes 8 de febrero, a las 9:30, se realizará una movilización desde el Congreso a la sede del Ministerio de Trabajo de la calle Callao al 100 de la Ciudad de Buenos Aires, en contra del desalojo a la cooperativa La Nirva.
Farmacoop acaba de registrar el primer test rápido de COVID
Por Rodrigo Lugones y Juan Cruz Guido
Bruno Di Mauro es el presidente de la única industria farmacéutica cooperativa de la Argentina y el mundo. La empresa recuperada acaba de registrar el primer test rápido de anticuerpos de COVID-19 de desarrollo argentino. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Di Mauro se refirió a la historia del proceso de recuperación de la fábrica durante el gobierno de Mauricio Macri y el aporte de la empresa a un plan estratégico de sustituir importaciones por producción nacional y autogestiva.
Agencia Paco Urondo: ¿Cómo fue la historia desde que eran una empresa con patronal hasta que finalmente los trabajadores recuperan la producción y conforman la cooperativa Farmacoop?
Bruno Di Mauro: El laboratorio era antes Roux Ocefa, que se funda en 1935. Fue pionero en algunos productos como los sueros. Tenía dos plantas productivas, una planta administrativa en el centro y un campo de 1.300 hectáreas en Mercedes donde se cosechaba parte de la materia prima para generar medicamentos. Para la década del noventa, junto con Roemmers, por ejemplo, era una de los laboratorios más grandes de la Argentina, de capitales nacionales. Luego de los 2000 el laboratorio empieza a mermar en su grandeza, bajo la gestión ya de una tercera generación. El que estaba al mando era el nieto del fundador.
Para 2015-2016 el laboratorio venía bastante flojo. Eramos unas 500 personas trabajando en toda la estructura. En 2016 entra en concurso de acreedores, con grandes deudas con AFIP. El 2 de enero de 2017 realizamos la primera ocupación de la planta de Villa Luro, que duró tres meses y medio. Ahí arrancamos ocupando la empresa ya con el apoyo del Movimiento de empresas recuperadas, porque las medidas que venía proponiendo el sindicato de la Sanidad no venían rindiendo ningún fruto. Entonces nosotros, leyendo la situación, comenzamos a pensar en crear una cooperativa y recuperar la empresa. En un principio esto fue rechazado por la mayoría de los compañeros y las compañeras. Se planteaba que era inviable. Lo decía el sindicato, nuestras propias familias también. En esa época el sindicato trae un comprador con el que acordamos levantar la medida de fuerza si ellos se comprometían a sostener los puestos de trabajo.
Durante 2017 y 2018 se trabajó de manera bastante floja, porque
las plantas estaban deterioradas. Y ya para 2018
vuelve a cambiar la patronal y nos empiezan a despedir masivamente y a
vaciar el laboratorio. Se empiezan a llevar las máquinas. Movieron a
trabajadores a otras plantas de este grupo empresario, una en San
Isidro, por ejemplo. Finalmente terminan de despedir
a todos los trabajadores de la planta de Villa Luro y es ahí cuando
nosotros nos organizamos para cuidar que no se lleven las maquinas del
laboratorio. Esto acompañado de todas las presentaciones judiciales
correspondientes. En octubre, la Cámara de Apelaciones
nos da el visto bueno e ingresamos a la planta y en diciembre finalmente
logramos que decreten la quiebra. En 2019, nos permiten la continuidad y
nos conformamos como cooperativa.
APU: ¿Cuál era su rol dentro de la empresa y hoy dentro de la cooperativa?
BDM: Era un operario calificado de línea de producción y hoy presidente de la cooperativa.
APU: Son el primer laboratorio farmacéutico de la Argentina, e imagino del mundo, que funciona como una cooperativa. ¿Qué dificultades o “palos en la rueda” tuvieron de parte de las demás empresas, en muchos casos multinacionales?
BDM: Efectivamente somos la primera industria farmacéutica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. En la Argentina seguro y en el mundo casi no existen empresas recuperadas. Mucho menos de este estilo. Somos los primeros, pero ojalá que no los últimos.
Con respecto al vínculo con el resto de la industria, es un sector
que requiere de tecnología y maquinaria específica
para poder tener la autorización de la autoridad sanitaria para
trabajar. Son estándares tan altos que la verdad es que nos dejaron ser,
bastante confiados de que íbamos a fracasar. Porque además nosotros
agarramos dos plantas que estaban clausuradas por ANMAT.
Con una infraestructura vieja también.
Ayudas no recibimos de ningún lado. Estábamos en pleno macrismo. De
hecho, ni siquiera fuimos a golpear las puertas del Estado porque
sabíamos que era una pérdida absoluta de tiempo.
El resto de la industria nos miraba de reojo y nos veía agonizar. Y algo de razón tenían. Porque si ahora empezamos una senda de cierto crecimiento y recuperación de empleo es porque somos unos cabezas dura, como todos los trabajadores de empresas recuperadas.
APU: ¿Cómo surge el proyecto específico de desarrollar un test rápido de detección de anticuerpos por COVID-19?
BDM: La idea del desarrollo y la implementación productiva del test surge de algo que veníamos discutiendo con el «Vasco» (Eduardo) Murúa cuando asume la dirección de empresas recuperadas en el ministerio de Desarrollo Social. Es un plan estratégico que se llama «Sustitución de importaciones por autogestión». Empezamos a pensar cómo nosotros podíamos producir insumos o productos que no se fabriquen en la Argentina. Allí comenzamos a tejer alianzas para conseguir la maquinaria y en este caso también aprovechar los grandes investigadores e investigadoras que generan nuestras Universidades y nuestros centros de investigación. Nosotros, por nuestro lado, aportar nuestras plantas productivas.
Este proyecto comenzó en junio del año pasado. Nuestra directora técnica impulsó el proyecto. Contamos con el apoyo del “Vasco” y también de la empresa asociada que realizó la inversión en la maquinaria de última generación, que fue traída de Estados Unidos. En ese contexto, nosotros ya veníamos trabajando con la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Plata y entonces aparece el CINDEFI, que es un grupo de investigación de La Plata, que forma parte del CONICET, que ya venía desarrollando este test serológico de detección de anticuerpos.
APU: ¿Cómo funciona el test?
BDM: Básicamente lo que te mide es si vos tenés los anticuerpos que genera el organismo cuando está en contacto con el virus. Si a vos te da positivo, lo recomendable es que te hagas una PCR, porque es probable que estés cursando la enfermedad. Si te da negativo, quiere decir que ya la cursaste.
Es un tipo de determinación que tiene muchos años. Se utiliza para muchas otras infecciones. En la Argentina hay muchos productos de ese estilo, pero son todos provenientes de países como China y hechos a base de sueros, básicamente ADNs, de Oriente. La ventaja que tiene el nuestro es que se hizo todo con sueros argentinos. Se hizo a medida del ADN de nuestra región. Eso le da otra sensibilidad.
APU: ¿Qué alianzas estratégicas tendieron además de la mencionada con la Universidad Nacional de La Plata?
BDM: Nosotros también tendimos alianzas con el INTI para sintetizar algunas proteínas que forman parte de los componentes, con una plastiquera de Moreno acordamos la producción del casete donde va la cinta reactiva. Básicamente todo lo que pudimos sustituir de importación, lo hicimos. Incluso innovando y desarrollando nuevas cosas. Ese es el gran valor. Más allá del producto y de la rentabilidad. Sustituir importaciones por desarrollo nacional significa avanzar en más soberanía.
Esto se contrapone a la visión retrógrada de algunos sectores como lo que se vio esta semana de Pablo Sirvén (secretario de redacción de La Nación). De que somos un país de negros planeros y africanizados. Bueno, este test que sustituye importaciones y es una tecnología de punta, lo están produciendo 40 compañeros y compañeras que llegamos acá porque cobramos un plan social. Yo soy presidente de una empresa farmacéutica y cobro un plan social. Y no me avergüenza decirlo. Por eso pudimos sobrevivir a la pandemia y seguir cargando la SUBE para ir a trabajar y para poder producir este test. Estamos orgullosos, no nos da vergüenza decir que somos unos planeros.
APU: ¿Qué capacidad productiva tienen? A partir de la aprobación del test por parte de la ANMAT, ¿piensan ampliar la producción?
BDM: Las máquinas pueden producir 100.000 test de manera mensual. Las áreas productivas también tienen un cierto cuello de botella, porque tuvimos que construir un área productiva que mantenga un 20% de humedad. Lo que es una locura, no se hace acá. Lo hicimos con un compañero del INTI que nos dio una mano. Por eso es que podemos llegar producir 10.000 tiras semanales. Sin embargo, venimos tramitando un subsidio del ministerio de Ciencia y Tecnología para el escalamiento. Básicamente lo que estamos solicitando es un capital para ampliar el área más compleja que tiene el proceso. Donde se genera el cuello de botella por la cantidad de gente que puede estar trabajando dentro. Así que esperamos poder satisfacer la demanda. Tener al 100% trabajando la maquinaria y si es necesario traer más maquinaria, traerla. Y no solo se podría destinar a COVID. Se podrían hacer test de dengue y zika. Infecciones estacionales que tenemos acá en la Argentina. Están los desarrollos encaminados.
APU: Específicamente, ¿en qué consiste el proyecto de “Sustitución de Importaciones por Autogestión”?
BDM: La sustitución de importación por autogestión es algo que viene laburando el “Vasco” Murúa, director de empresas recuperadas. Se llama SIA (Sustitución de Importaciones por Autogestión), es una parodia de la agencia de inteligencia norteamericana. El proyecto en realidad es bastante sencillo. Es un trabajo con la secretaria de Comercio que consta en poder identificar materias primas, insumos o productos que se estén trayendo de afuera que tengan mucho consumo en país, ya sea para la industria o para el consumidor final. A partir de esta identificación, poder traer la maquinaria específica necesaria de alta tecnología y nosotros, desde las empresas recuperadas, aportar los espacios productivos y generar nuevas unidades productivas autogestionadas. Generar mecanismos de leasing para poder obtener la maquinaria, que no nos regalen nada, y poder desarrollar los distintos proyectos.
Cooperativa de reciclado
Las Cavas es uno de los tantos barrios del Conurbano bonaerense, ubicado en el municipio de Almirante Brown, que presenta graves problema en cuanto a la gestión de residuos. A partir de esto integrantes del FOL decidieron conformar una cooperativa de reciclado que además de generar un recurso a partir de los residuos y aportar en el cuidado del medio ambiente, también es una fuente de empleo para 30 familias.
La recolección y gestión de desechos depende de cada municipio, pero la ineficiencia, la falta de recursos y de políticas públicas hace que este sea un servicio poco frecuente en los barrios populares, que frecuentemente son el destino de los basurales a cielo abierto y de las canteras ilegales.
“Nosotros estamos en un lugar donde la mayoría de la gente salía a la calle para ganarse el mango juntando los reciclados. Entonces era organizar el trabajo que ya se hacía y no hacerlo solo. Al juntar más material se hace más volumen y te pagan por mayor”, contó Manuel, uno de los primeros en sumarse a la cooperativa de reciclado del FOL.
Gabi es la encargada de la logística y contó que es un trabajo arduo y a pulmón. Ella organizó los grupos de vecinos divididos por zonas y cuatro veces por semana salen a hacer el recorrido casa por casa. El martes toca Adrogué, el miércoles Temperley, el jueves Mármol, Calzada, Claypole y San José, y el viernes Burzaco y Longchamps. Luego de la recolección, clasifican los residuos según su material o color, algunas de las cosas que juntan son botellas de plástico, diarios, cartones, vidrios, hierro y telas.
Pero además conlleva un trabajo pedagógico y de diálogo constante con las y los vecinos. Manuel contó que con el trabajo que realizan desde la cooperativa “se reduce un montón de basura. Por ahí una familia que no clasifica sus residuos tira 3 bolsas, pero vos de eso te podés llevar dos, o sea que se achica más de la mitad”.
Además, remarcó que “cuando se entierra la basura se mezcla todo: cáscaras de verdura con pilas o pañales. Eso hace todo un químico que causa enfermedades y tarda muchísimos años en degradarse” y agregó que “alrededor de eso viven familias que tienen muchos problemas de salud porque el aire, el suelo y el agua están contaminados”.
El origen del problema está en las formas de producción y consumo que impone el sistema capitalista, donde las cosas se usan y se tiran, todo es descartable, y la recuperación de materiales no es vista como un negocio rentable para las empresas ya que muchas veces las materias primas vírgenes tienen costos más competitivos que los materiales recuperados.
Pero si hubiese políticas estatales para fomentar el reciclado se podría comenzar a pensar que lo que hoy se considera como basura en realidad es una fuente de recursos para generar trabajo y para darle un carácter más sustentable a la producción, que tenga en cuenta el cuidado del medio ambiente y que permita un desarrollo humano más saludable y armonioso.
Minera Aguilar: ante el cierre, el FIT presentó proyecto de estatización y gestión obrera
El bloque de diputados de izquierda encabezado por Alejandro Vilca presentó en la Legislatura de Jujuy el pasado 12 de enero un proyecto de Ley que plantea la estatización de Minera Aguilar que se daría por medio de la expropiación y su puesta a producir bajo gestión obrera con participación de representantes de las comunidades originarias de la región. Se busca defender los puestos de trabajo de los 700 obreros, que de imponerse la salida de la empresa serían despedidos, y se perdería una importante fuente de trabajo para la población de la región quebrada y puna.
Vilca señaló: “con este proyecto de Ley de estatización de la mina bajo gestión obrera queremos plantear que hay una salida a favor de los trabajadores y la comunidad de El Aguilar, que preserve los puestos de trabajo de los 700 compañeros, proteja esta fuente de trabajo para la región, permita que la riqueza que genera esta producción deje de ser saqueada por empresas multinacionales, y se reduzca el impacto ambiental al mínimo. Ya que opinamos que la salida para El Aguilar no puede ser solo la que propone la empresa Glencore, con la anuencia del gobierno de Gerardo Morales, que sostiene el cierre y los despidos, o solamente una indemnización, que sea pan para hoy y hambre para mañana, como ya pasó con el cierre de una planta de la minera también administrada por Glencore en Río Blanco-Palpalá”.
El diputado obrero y de izquierda al finalizar planteó: “como dijeron los trabajadores en sus asambleas y movilizaciones a la capital jujeña en busca de respuestas favorables del Gobierno, se trata de defender la fuente de trabajo y este proyecto de Ley de expropiación bajo gestión obrera es un aporte para esta causa, que solo se podrá lograr a través de un plan de lucha obrera que coordine con demás sindicatos y organizaciones sociales, y llame a movilizarse a las comunidades de los pueblos de la puna, quebrada y la ciudad de San Salvador de Jujuy, que siempre apoyan las manifestaciones de los mineros.”
Movimientos sociales piden libertad de Milagro Sala
En un comunicado difundido en las redes sociales, diversos colectivos exigen la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amaru, al considerar que se trata de una ‘persecución política, judicial y mediática’ impulsada por Morales y los miembros del Superior Tribunal de Justicia provincial.
Los firmantes subrayan que lo que ocurre con Sala tiene un objetivo bien determinado: diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño.
‘Milagro Sala está presa por ser una dirigente política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora’, apunta el comunicado, en el cual denuncian la vulneración a los derechos humanos y civiles contra la líder indígena.
El documento lleva por título “Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala. Cinco años de injusticia. Cinco años de arbitrariedad”, y remarca cómo en estos cinco años también lograron acusar a la activista social de ser autora de delitos penales como asociación ilícita, fraude en perjuicio de administración pública y extorsión.
‘Lograron sentarla en el banquillo de las acusadas, que vaya a la cárcel, que en la prensa nacional e internacional su obra y su figura sea denostada, pero también reivindicada y conocida’, apunta el texto.
En octubre del pasado año el Juzgado Penal Económico de Jujuy ordenó liberar a la líder social y otras compañeras, en el marco de la causa Pibes Villeros, una de las tantas abiertas en su contra.
La dirigente del movimiento barrial Tupac Amaru se encuentra hasta hoy con prisión preventiva.
“El hambre no se negocia”
El jueves 4 en la Ciudad de Buenos Aires, comedores y merenderos populares del Barrio 21-24 movilizaron a la Jefatura de Gobierno para exigir a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta la devolución de raciones de comida, equipamiento adecuado para los espacios y la aplicación de la Ley Ramona. Luego de mucho esperar, las organizaciones obtuvieron una nueva reunión.
De acuerdo a la crónica de Luz, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en CABA:
“Denunciamos que hay una reducción en los gramajes de todos los comedores, una disminución en la cantidad de alimentos que es notoria.
A la lucha salimos todos, fue una mañana muy tensa, muy complicada, con muchas idas y vueltas, los funcionarios en un momento decían ‘en una hora los atendemos, en media hora los atendemos, en diez minutos los atendemos’, y así nos pasamos todo lo que quedaba de la mañana y el resto de la tarde. Decidimos cortar la avenida Caseros, ante la situación de que no nos daban una solución, nos daban vueltas y la realidad es que estaban preparados a no darnos una respuesta.
Hicimos esta medida para decir ‘estamos acá, no nos ignoren’, fue en conjunto. Luego de mucho aguante en la calle, bajo el sol, con mucho calor, nos dieron una respuesta.
Mañana vamos a tener una reunión, en donde vamos a presentar un petitorio, y depende del resultado de esa reunión, en la Jefatura de gobierno, prepararemos otra medida. Ojalá que salga todo bien y nos den lo que corresponde, a muchos niños, jóvenes, y muchas familias del barrio 21-24 porque la comida no se negocia”.
Trabajadoras de comedores comunitarios piden ser incluidas en el plan de vacunación contra el Covid
Los comedores comunitarios fueron un pilar fundamental para miles de familias pobres en todo el país. Durante todo el 2020 las trabajadoras y trabajadores de los movimientos sociales sostuvieron con mucho esfuerzo estos espacios mientras reclamaban al Estado el reconocimiento de su labor. Con la llegada de la Sputnik V, exigen ser incluidas en el calendario de vacunación como trabajadoras esenciales.
Además acompañaron los operativos Detectar, cumpliendo un rol primordial en acercar a la gente y brindarles confianza para que se realicen los testeos. Muchas veces el seguimiento de las personas contagiadas también recaía en ellos debido a la ineficiencia y falta de recursos por parte del Estado.
“Por medio de nuestros compañeros y compañeras sostenemos territorialmente una red inmensa de ayuda y contención social allí donde más se necesita. Consideramos que es fundamental poder cuidar a quienes nos cuidan. Vemos con preocupación el impacto que podría provocar en los barrios populares un nuevo avance y rebrote de la enfermedad. Es por ello que, así como se están realizando vacunaciones a trabajadores de la salud y otros esenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realicen vacunaciones a trabajadores de los comedores comunitarios y promotores territoriales”, expresaron en un comunicado que sacaron en conjunto distintas organizaciones.
Este mismo reclamo es el que se hace en todo el país. Desde el FOL manifestaron una fuerte preocupación ante el drástico aumento de los casos y la posibilidad de que la nueva ola de Covid 19 llegue a los barrios sin que las y los trabajadores esenciales estén cubiertos con la vacuna.
Lanzaron la «Paritaria Social y Popular» en Mar del Plata
La sede de la CGT Regional Mar del Plata fue escenario del lanzamiento de la Paritaria Social y Popular en la ciudad. El acto estuvo encabezado por el referente local del Movimiento Popular La Dignidad, Mauricio Maglione, el secretario general de la CGT, Miguel Guglielmotti y el concejal del Frente de Todos, Roberto Gandolfi. Participó también Alejandro Abraham, referente nacional del MP La Dignidad-Confluencia.
Al menos desde el 2001 con mayor fuerza, el rol de las organizaciones sociales alcanzó una importancia vital en los barrios, y durante la pandemia quedó todavía más evidenciado, sosteniendo a los sectores vulnerables en medio de una crisis social y sanitaria prácticamente sin precedentes. Partiendo de ese rol imprescindible en las barriadas, desde la Paritaria buscan que la *reconstrucción de Argentina* por parte del gobierno nacional las tenga en cuenta a la hora de delinear políticas, a partir de su experiencia y en contacto con los diferentes niveles del Estado.
El referente nacional del MP La Dignidad-Confluencia, Alejandro Abraham, afirmó que los trabajadores de la Economía popular son trabajadores y deben ser reconocidos como tales y deben ser tenidos en cuenta a la hora de diagramar políticas: «Nuestro deber histórico es *hacer las críticas que corresponden* para lograr lo mejor para todos y todas».
Mendoza: Los Cens de gestión social exigen «no al cierre»
Difundimos comunicado:
Como todos los años desde que asumió el Gobernador A. Cornejo y ahora su sucesor R. Suárez, la DGE notifica la decisión unilateral y sin argumentos sólidos, de cerrar los CENS de Gestión Social. Éstos son escuelas para jóvenes y adultos que funcionan en organizaciones sociales con personería jurídica y cumplen con todos los requisitos y exigencias administrativas y pedagógicas de la política pública educativa, con la particularidad de ser un modelo de gestión Social y Cooperativa. Los mismos no cuentan con un financiamiento integral sino con un subsidio mínimo para salarios de docentes y directivos.
Así, en nuestras escuelas -además de garantizar el derecho a la educación de cientos de jóvenes expulsados/as de la escuela formal, los márgenes de la ciudad y del sistema educativo, por explicitar solo dos dimensiones de la violenta exclusión- gestionamos los recursos escasos para cumplir con la satisfacción de necesidades propias de nuestras comunidades. Nuestros proyectos se desarrollan en, desde y para nuestros territorios en los que además somos centros culturales, comedores, merenderos y espacios de encuentro y contención para atender demandas y problemáticas propias.
Tanto los/as docentes como toda la comunidad de los CENS y de los demás proyectos educativos que funcionan en nuestros barrios hemos decidido luchar por nuestro derecho a elegir dónde estudiar, qué modalidad y orientación tener y poder ser garantes de nuestros derechos por los que luchamos a diario en territorios vulnerados y olvidados por la política partidaria.
Nuestros proyectos educativos JAMÁS HAN SIDO VISITADOS POR FUNCIONARIOS/AS. No nos conocen, no nos escuchan, no hay diálogo. Tenemos derecho y obligación de garantizar educación y es algo explícito y reconocido en la Ley Nacional de Educación:
“ARTÍCULO 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”
Y seguidamente, en la misma norma, el artículo 6º: “El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las Provincias […] los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad…”
Por todo ello, queremos que los proyectos educativos se respeten.
Que se valore el trabajo arduo que hemos llevado adelante siempre y especialmente en pandemia.
Que se firmen los convenios de colaboración (a través de los cuales contamos con escaso apoyo del Estado) tal como estaban hasta ahora.
Que se abran mesas de diálogo para recuperar espacios perdidos y mejorar las condiciones de nuestras instituciones.
Convocamos a la sociedad de Mendoza a manifestarse en defensa de la educación, repudiando el cierre de escuelas y en apoyo a la educación de nuestras comunidades.
Comunidades Trinitarias Mendoza – Bachillerato Popular Violeta Parra – Escuela Campesina de Agroecología UST
Se suspendió la sesión legislativa por la zonificación minera en Chubut
La Comisión de Receso de la Legislatura del Chubut resolvió dejar «dejar sin efecto la convocatoria a sesión extraordinaria que fuera solicitada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 050/21 de fecha 2 de febrero, para el día 5 de febrero a las 8:00».
Esta resolución se dio en el marco de la convocatoria de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh) a asambleas, comunidades de pueblos originarios y organizaciones de todo el país a participar el jueves 4 de una jornada plurinacional en apoyo a la lucha del pueblo de Chubut contra la avanzada megaminera. Hubo movilizaciones en todo Chubut, que se replicaron en otros puntos del país.
«En Chubut, desde hace 18 años, el pueblo movilizado dice No a la Megaminería, siendo una de sus principales armas la ley XVII N° 68 (ex 5001) –agrega la convoctoria de la UACCh– Hoy el pueblo continúa en lucha contra el extractivismo, y nuevamente se moviliza para exigir que se apruebe sin modificaciones el Proyecto de ley 129/20 presentado por Iniciativa Popular, que cuenta con el aval de más de 30.000 personas para frenar cualquier intento de avance de las empresas megamineras y obligar al Estado a comprometerse en la defensa del Agua y el Territorio».
Asimismo, apuntan contra el gobernador chubutense Mariano Arcioni y su intención de avanzar con la zonificación minera en la provincia: «insiste en ignorar la voluntad del pueblo y pretende imponer una zonificación minera mediante un proyecto de ley ilegal, inconstitucional, clandestino y violatorio de los derechos de las Comunidades originarias, para permitir así el saqueo, la destrucción y la contaminación de nuestros bienes comunes, dejándonos sólo la pobreza y la muerte. Todo ello apoyado por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández que, con falsos discursos de inversión y beneficios económicos, busca imponer el extractivismo en todo el país, desoyendo a quienes habitan el territorio, conocen y sienten en sus vidas, comunidades y cuerpos las consecuencias de la megaminería metalífera, de uranio, del fracking y demás actividades extractivistas».
«Un llamado a que en todos los territorios en lucha nos movilicemos y expresemos nuestro acompañamiento como pueblos dignos en rebeldía que gritamos. ¡No es no! Porque el Agua es vida, un derecho fundamental y es nuestro deber preservarla, respetarla y defenderla. Porque no permitiremos que el Territorio quede a merced del extractivismo destructor y contaminante. Para seguir apoyando, impulsando y exigiendo actividades realmente productivas, responsables, respetuosas del ambiente, realizadas con y para el pueblo. Para seguir exigiéndole al Estado que respete la voluntad del pueblo, expresada en acciones como la Iniciativa Popular en Chubut. Porque somos fuertes, decididxs, tenemos memoria y conciencia», finaliza la convocatoria.
En Mendoza, hubo una concentración en el KM 0 convocada por la Asamblea Popular por el Agua, con la consigna «En alerta por Chubut: exigimos rechazo a la zonificación minera de Arcioni y la aprobación de la Iniciativa Popular».
En Río Negro el Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro convocó a una concentración en el Centro Cívico de Bariloche, con la consigna «Río Negro le dice No a la Minería: agua para los pueblos, agua para las huertas, agua para las futuras generaciones y la vida». También en Bariloche, pero en la rotonda No a la Mina (Diarco), el mismo espacio –integrante de la Unión de Asambleas Patagónicas– se manifestó.
EnNeuquén, organizaciones concentraron en la Rotonda Gatica con la consigna «Ante el avance de Arcioni, Sastre y Alberto Fernández. No a la megaminería en Chubut. Vamos por la Iniciativa Popular 2020».
En Quequén, partido de Necochea,hubo una movilización de la seccional local de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), con las consignas hashtags #NoALaMegamineríaEnChubut y #BastadeFalsasSoluciones.
En La Plata, la seccional La Plata-Berisso-Ensenada de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) concentró en la Plaza Moreno de La Plata contra la zonificación minera en Chubut, en reclamo de «basta de cortes de agua y agua contaminada» a la empresa Aguas Bonaerenses S.A (ABSA), en defensa de los humedales y con la consigna «El canal Génova no se toca».
También la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) se concentró en la Casa de Chubut (Sarmiento y Avenida 9 de Julio), para luego movilizar al Obelisco porteño y la secretaría de Minería de la Nación, a cargo de Alberto Hensel.
Informe del Conicet recomienda retirar el proyecto de zonificación minera de Arcioni
El informe realizado por la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET-CENPAT, alerta sobre los peligros para la disponibilidad de agua, la vulnerabilidad ambiental y social en caso de que se apruebe la actividad minera. Fue girado al Consejo directivo del organismo y a la Legislatura provincial, a la que recomienda el inmediato retiro del proyecto 128/20 del Ejecutivo.
El informe ubica la problemática en el marco del cambio climático, donde se destaca el riesgo que esto representa para el agua en la provincia, siendo que los acuíferos de Gastre y Sacanana serían los más directamente afectados por la actividad minera metalífera. Estos, a su vez, constituyen un reservorio de agua dulce ante los informes que indican que el cauce del Río Chubut verá gravemente afectado el volumen de su caudal en las próximas décadas. Así, el desarrollo de la actividad representa un riesgo para el 50% de la población chubutense que recibe el líquido elemental de dicho río, el único que desemboca en el mar atravesando toda la provincia.
Plantea que, en un contexto de cambio climático, desertificación, expansión de actividades y aumento de la población, el manejo de los recursos hídricos requiere de estudios y planificación integrales. Asimismo, en un contexto de vulnerabilidad ambiental, “la megaminería representa un escenario de amenaza”, sostienen los miembros de la Mesa.
Destacando las menciones abstractas de la propuesta oficial en torno a “pasivos ambientales”, “sustentabilidad”, “desarrollo”, “responsabilidad” “comunidad” y “participación”, el documento discute la discrecionalidad con la que el gobierno ha convocado a participar del supuesto debate del proyecto, y concluye abordando algunos elementos para el análisis de la gestión ambiental.
Informe aqui
Compartimos a continuación la declaración publicada en el sitio Noalamina.org:
La farsa del “debate” para habilitar la megaminería en Chubut
En el peor momento de la pandemia de Covid-19 en gran parte de la provincia de Chubut, el gobierno de Arcioni-Sastre insiste en jugadas traicioneras para tratar de avanzar con el proyecto de zonificación minera que presentaron en la Legislatura a fines de noviembre de 2020. El viernes 15 de enero se conoció a partir de diferentes medios de comunicación que la semana siguiente, el gobernador y sectores mineros realizarán “mesas de trabajo” sobre el proyecto, una puesta en escena para pretender decir que hubo debate, mientras niega la Segunda Iniciativa Popular y el contundente rechazo de la megaminería por parte de la población.
Desde su anuncio, el proyecto de zonificación generó movilizaciones multitudinarias a lo largo y ancho del territorio chubutense en las que el pueblo expresó con contundencia su negativa a la habilitación de la megaminería: en lugar de encargarse de gestionar la pandemia, el gobierno obligó a la población a salir a la calle a sostener un rechazo que es claro y contundente hace ya 18 años.
Además, el proyecto de zonificación fue rechazado por numerosas organizaciones y colectivos como las principales instituciones académicas, científicas, de la salud, comunidades de pueblos originarios, entidades religiosas, fundaciones, ONG’S, numerosos sindicatos y partidos políticos.
Algunos de estos sectores se encuentran en el cronograma de las mesas de trabajo, aunque la mayoría se enteró que estaban siendo convocados por los medios de comunicación. Desde instituciones científicas como el INTA, el CENPAT-CONICET, la Universidad de la Patagonia y la UTN (cuyas autoridades en noviembre rechazaron la zonificación con una carta a la Legislatura) adelantaron a noalamina.org que “dada la urgencia de la convocatoria, las respectivas mesas técnicas de las instituciones no llegarán a tiempo con un análisis de las modificaciones”. Por su parte, este domingo, desde la Red de Trabajadorxs de Ciencia de Ciencia de Chubut hicieron pública su postura a través de un comunicado en el que denuncian el falso debate del gobierno e insisten en la necesidad de que se debata y apruebe la Segunda Iniciativa Popular.
Por su parte, la Iglesia Católica volvió a rechazar el proyecto de zonificación con un comunicado de la Diócesis de Comodoro Rivadavia y la Prelatura de Esquel, en donde explican que (pese a figurar) no han recibido invitación formal y que entienden que “debatir no es lo mismo que informar”, en relación a la modalidad de las mesas de trabajo en donde se tratará sólo el proyecto del ejecutivo. “Nos asombra que estos pedidos (por la IP) que han entrado a la Legislatura cumpliendo todos los requisitos previstos por nuestra Constitución, no encuentren el eco necesario para debatirlo” explican y agregan: “es inquietante que no se le dé igual jerarquía en su tratamiento conjunto siendo que se inhabilitan mutuamente”.
De similar manera, el Partido Municipal por Trelew rechazó la invitación a la jornada por ser meramente informativa y poco seria. En contraparte, declaran que existe una “oportunidad histórica de los diputados y diputadas provinciales de reconciliarse con el pueblo de la provincia, y es el tratamiento de la Iniciativa Popular, que fue avalada por más de 30.000 chubutenses que no quieren que el agua se use para la megaminería. Dar tratamiento a la Ley de zonificación minera e ignorar la Iniciativa Popular es dar la espalda al pueblo de Chubut”, finaliza el comunicado.
En el cronograma de la jornada figuran como invitadas “Comunidades originarias”. Han sido constantes las declaraciones en contra del avance megaminero a lo largo del 2020. Comenzando por el Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut de enero, en donde reafirmaron el No a la megaminería, pasando por el repudio a Arcioni y Alberto Hensel en octubre, dado que “desde distintas instituciones y organismos de gobierno provinciales y nacionales, se vulnera nuestro derecho a participar en la toma de decisiones que nos afectan”, cerrando el año con la presentación de un documento a la Legislatura, en donde comunidades originarias de la Meseta centro-norte solicitaron a la Cámara que se abstenga de avanzar con el tratamiento de la Zonificación, ya que se redactó “en violación a los derechos de los Pueblos Originarios” y en contra del convenio de la OIT que estipula la consulta y participación de las comunidades de manera libre, previa e informada. Es llamativa la desprolijidad del documento del gobierno en donde en este punto figura entre paréntesis “Evaluar sumar a abogado del CELS Eduardo Hualpa”. Ante la consulta de noalamina.org, Hualpa contestó: “por lo que sé, las comunidades de la meseta se enteraron por los diarios. El diálogo requiere voluntad de las partes. Lo que se ve en Chubut en este tema se llama lobby”.
Otra particularidad del supuesto debate es que hasta el momento no hay convocatoria ni difusión oficial, ni explicación alguna por parte del gobierno sobre si las jornadas serán públicas. Periodistas consultados refieren haber estado intentando saber si podrán cubrirlas, sin éxito. Incluso Radio Libre de Puerto Madryn se propuso transmitir la jornada desde la conexión de algún/a diputado/a, pero al ver que había personas invitadas que se bajaban “para no tener nada que ver con semejante payasada” decidieron no hacerlo.
No deja de llamar la atención que el sitio de referencia para “informarse” sobre los temas que abordará la jornada virtual haya sido creado junto a todo el aparato propagandístico del gobierno y la minera Pan American Silver. El sitio web “lameseta.org” fue creado el 28 de noviembre y difundido a coro por el ejército de trols: pese a que se presenta como del ministerio de Hidrocarburos no es un sitio gubernamental. Fue dado de alta el 27 de noviembre del 2020 desde una IP localizada en Ohio-Columbia (EE UU). En dicho sitio, vuelve a publicarse la investigación del CONICET sobre Índice de Calidad de Vida, por la cual su director realizó un descargo indicando que estaba siendo tergiversada para promover la megaminería como un mejorador de dicho índice, cuando es todo lo contrario. La divulgación de dicha web se estuvo dando de manera similar a vecinosdelameseta.org, web gestionada desde una empresa de Buenos Aires y financiada por Pan American Silver.
¿En qué consiste la nueva puesta en escena para tratar de darle legitimidad al proyecto de zonificación minera?
Se trata de una semana con reuniones virtuales por la plataforma oficial de Gobierno. Será inaugurada por Arcioni y funcionarios provinciales y tutelada por Alberto Hensel, el secretario de Minería de Nación. Según el mismo cronograma, quienes fueron invitados serían notificados el miércoles 13 de enero, pocos días antes de su comienzo. El pasado 15 de enero se conoció la invitación realizada por el Ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá, al presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, y a través suyo al resto de los legisladores provinciales. En el cronograma de encuentros figuran diversos sectores de la dirigencia política (partidos políticos, intendentes, diputados nacionales); sectores empresariales y sindicales (aquellos que histórica o recientemente se declararon del lado del gobierno con la particular ausencia de los gremios que se oponen). También figuran entidades religiosas (católica y evangélica), comunidades originarias, instituciones académicas y científicas: todos espacios que ya han rechazado la zonificación y el avance del gobierno a pesar de la falta de licencia social. Desde estos sectores, como se puede ver al inicio de esta nota, denunciaron la improvisada convocatoria, el carácter meramente informativo de las jornadas y la ausencia de debate sobre la Iniciativa Popular. Es necesario aclarar que ninguna asamblea socioambiental ni quienes impulsaron la IP fueron invitados al supuesto debate.
Pese a que el gobierno declara buscar “profundizar y articular propuestas” que permitan la “ampliación del proceso participativo del diálogo para el enriquecimiento” del mal llamado proyecto de desarrollo productivo de la provincia de Chubut -Exp. N° 128/20 que pretende habilitar la megaminería en la meseta-, desconoce el debate social que desde hace 18 años se da en la provincia.
Abundan las razones para repudiar esta mediocre operación que las corporaciones mineras a través de sus representantes del poder ejecutivo chubutense pretenden impulsar subestimando al pueblo que no quiere megaminería:
- En este momento de la pandemia de Covid-19 la prioridad en la agenda gubernamental debería ser la gestión del sistema de salud saturado, al que le faltan recursos materiales y humanos y que está siendo sostenido por trabajadores estresados a quienes se les debe varias masas salariales.
- El pueblo no solo no quiere, no votó ni pidió que el gobierno provincial se ocupe de impulsar la megaminería, sino que resulta violentado por ese accionar e impulsado a expresarse en las calles para frenarlo, a riesgo de enfermarse y empeorar la situación sanitaria, que parece no importarle a quienes gobiernan.
- Resulta un acto de cinismo invitar a participar a “las comunidades originarias” para “enriquecer” un proyecto de zonificación que ha sido rechazado de plano por esas mismas comunidades precisamente porque pone en riesgo su subsistencia en el territorio y porque no se ha cumplido con la consulta prevista por el convenio 169 de la OIT.
- El Gobierno Nacional, lejos de velar por el bienestar del pueblo que sufre el accionar irresponsable del gobierno provincial, sigue apoyando e impulsando este proyecto antidemocrático, a través de la presencia del secretario de Minería, Alberto Hensel, y la subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Ropolo, disertantes en las reuniones virtuales.
- El pueblo de Chubut, organizado horizontalmente a través de asambleas (UACCH), sigue esperando que se retire de la Legislatura el vergonzoso proyecto de zonificación N° 128/20 y se trate con el debido respeto el proyecto de ley presentado haciendo uso del mecanismo de democracia semi directa previsto en el art 263 de la Constitución Provincial: la iniciativa popular, que cuenta con el aval de casi 31.000 firmas. Gobernantes y legisladores deben dejar de soslayar el proyecto de la Segunda Iniciativa Popular, el cual se contrapone al Proyecto de Zonificación ya que apunta a la prohibición de la minería metalífera y de radioactivos en todas sus formas, en todo el territorio de Chubut. Ese es el deseo de miles de chubutenses que quieren cuidar los bienes comunes (vulgar y tradicionalmente conocidos como “recursos naturales”) preservándolos para las nuevas y futuras generaciones y para el desarrollo de actividades verdaderamente productivas y sustentables en el tiempo.
Esperamos que todos los actores y sectores invitados a participar de esta fantochada hagan público su repudio al accionar irresponsable y antidemocrático del gobierno de Arcioni-Sastre que, obstinadamente, pone en riesgo la salud y el futuro del pueblo de Chubut.
La carta que las familias de Guernica le mandaron a Fernández, Kicillof y Larroque
A continuación, reproducimos la carta:
Buenos Aires, miércoles 29 de enero del 2021
Señor presidente de la Nación Alberto Fernández, gobernador de la PBA Alex Kicillof y ministro de Desarrollo Bonaerense Andrés Larroque:
En nombre de la representación de todos los vecinos de la Asamblea Permanente, grupo de vecinas y vecinos organizados que surgió luego del desalojo que vivimos el día 29 de octubre de 2020 en Guernica, Presidente Perón, hacemos esta carta dirigida a ustedes. El año pasado, posteriormente al corte del Puente Pueyrredón del 3 de diciembre, hicimos un acuerdo con el gobierno provincial cuando se abrió una mesa de negociación.
En dicha mesa de trabajo se comprometieron a brindar subsidios de 30.000 pesos y a realizar los estudios socio ambientales a todas las familias de la Asamblea Permanente y firmar un acta acuerdo antes de que termine enero para poder avanzar, una vez con el acta firmada, con la entrega de lotes en un plazo máximo de 180 días para que podamos construir nuestras casas.
Sin embargo, llegando al fin del mes de enero, y cumpliéndose tres meses del desalojo donde quemaron nuestras casitas, escuelitas y postas sanitarias, la policía nos desalojó a la madrugada y nos sacaron corriendo a las mujeres mientras dormíamos, no hemos visto mayores avances sobre dicho compromiso. Estamos respetando el tiempo propuesto por ustedes, hemos depositado nuestra confianza y tenemos la predisposición de seguir colaborando, sin embargo, no estamos viendo ningún resultado. Ya pasó un mes desde que una primera tanda de vecinos firmó el acta, pero no tenemos ninguna respuesta por parte de ustedes.
Mientras tanto, la situación que estamos viviendo las familias de Guernica es desesperante y realmente muy fea. Hay días en los que no llegamos para comer y nuestros niños y abuelos se van a dormir sin nada en su estómago. Hay varias familias viviendo en la calle con sus hijos por falta de un techo donde vivir, cuando el acceso a una vivienda no debería ser un lujo, porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de este país, al igual que la salud y más en medio de la pandemia. Hoy en día tenemos a mucha gente con problemas de salud, y los medicamentos están muy caros. Nos encontramos sin un trabajo fijo, con suerte hacemos algunas changas, pero no podemos sustentar a nuestras familias, no podemos brindar día a día un plato de comida y pagar los medicamentos que necesitamos. Hay vecinas que fueron parte de la toma porque vivían situaciones de violencia de género, mujeres que habían hecho la denuncia, pero nadie hacía nada y tenían que seguir viviendo con sus agresores. Pasaron frío, temporales, hambre y todo tipo de necesidades y después también fueron desalojadas. Muchas de ellas hoy no tienen dónde vivir, están en la calle o viviendo de prestado, pero continúan sin bajar los brazos y manteniendo en pie la Comisión de Mujeres de Guernica. Hemos pasado las fiestas sin poder darles nada a nuestros hijos, muchos de ellos siguen teniendo pesadillas del día del desalojo. Por eso continuamos nuestra lucha por tierra, vivienda y trabajo dignos, y seguiremos organizados hasta que lo consigamos.
Frente a estas situaciones, seguimos organizados, nos ayudamos entre nosotros para que a ninguno le falte ni un plato de comida y para que a ninguna persona enferma o discapacitada le falten sus medicamentos, pero la realidad es que los vecinos, por más corazón que tengamos, no podemos cubrir los gastos que necesitan todas las familias.
Esperamos una respuesta urgente y pedimos que no se sigan demorando más los plazos, que se entreguen los subsidios y se avance con las firmas de las actas. Nos negamos a tener que vivir en la calle con nuestros hijos. Volvemos a expresar una vez más toda nuestra predisposición para que se resuelva nuestra situación. Esperamos lo mismo de ustedes.
Nos despedimos de ustedes esperando una respuesta favorable y urgente a lo peticionado.
Asamblea Permanente de Guernica
Entrevista a Eusebio de Guernica en ¿Sin salida? del 19/1/2021 – FM La Boca (90.1)
Nos prometen, pero hasta ahora no tenemos nada en concreto
M.H.: El jueves 14 tuvieron una nueva reunión de la mesa de trabajo conformada por el gobierno de la provincia y los vecinos de Guernica, agrupados en la Asamblea permanente ¿Qué resultados dio esa mesa?
E: Por ahora muy bien, nos prometieron cosas que de a poquito se están cumpliendo. Ojalá que se cumplan todas. En mi caso tomaron con urgencia mi tema, porque yo tengo una discapacidad y necesito medicación, me dijeron que me iban a traer todo porque soy insulino- dependiente y tomo otras medicaciones. En ese diálogo del 14 también nos pidieron que esperemos que se van a ir haciendo las cosas de a poquito, hablamos con el señor Braulio. Nos pidió paciencia. Estamos en eso. Esperando que cumplan el compromiso que tomaron, pero hasta ahora no tenemos nada en concreto.
M.H.: ¿Cuál es la situación actual de las familias de Guernica?
E.: Hay mucha gente que está en situación de calle. Yo estoy en situación de calle. Hay mucha gente que realmente necesita una casa. Por eso el día de la reunión planteamos esto, que hagan lo más rápido que puedan para esa gente. Los demás que vayan esperando. Nos prometió y nos dijo que va a hacer lo posible. Pero por ahora son solo promesas.
M.H.: En este momento ¿cómo la están pasando?
E.: Yo si no fuera por una señora que me da de comer y un techo, estaría muy mal. No puedo trabajar, no tengo para comer, me sacaron un dedo del lado derecho y ahora me van a operar del izquierdo. Estoy esperando la operación. Y como yo hay mucha gente. Hay chicos que están durmiendo en la calle con sus hijos, que están cartoneando para poder darles de comer, para poder darles un plato de comida. Realmente no nos dan ni mercadería. Y ese era un compromiso que habían tomado, darnos mercadería una vez por mes. Pero hasta ahora no hay nada.
M.H.: ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes a partir de esta reunión que tuvieron el pasado jueves?
E.: Nosotros estamos esperando a la próxima mesa de diálogo, se comprometieron a agilizar lo que prometieron. Vamos a esperar a eso y después veremos.
Estamos confiando, confiamos en el gobierno, por eso nos quedamos quietos, por eso no estamos movilizando, porque nos pidieron que no lo hagamos. Pero por ahora solo asumieron compromisos, no hicieron nada. Le pido a toda la gente que nos sigan apoyando como hasta ahora. Queremos seguir adelante. Necesitamos trabajo, la tierra y un techo. El gobierno se comprometió a dárnoslo y vamos a esperar que lo cumplan.
Bajo Flores: movilización por el femicidio de Esther Mamani, militante del Polo Obrero
Fue asesinada el 24 de enero por el padre de dos de sus tres hijos. Había pedido ayuda al Estado, tenía restricción perimetral y botón antipánico. Familiares, vecinas y organizaciones sociales, se movilizaron desde la Villa 1-11-14 hasta Perito Moreno y Varela, para denunciar que #ElEstadoEsResponsable.
Varias organizaciones como el Polo Obrero donde estaba organizada Esther, MTR, FOL, la agrupación de mujeres Pan y Rosas, La Red de Precarizadxs, familiares, vecinas y amigos, concentraron en Cobo y Curapaligüe y marcharon por la Villa 1-11-14 exigiendo justicia y denunciando al Estado como responsable.
Doris, vecina del barrio y del comedor donde ayudaba Esther cuenta que “hemos tomado contacto con el ministerio de Géneros y la Dirección General de la Mujer, y nos reuniremos para preguntarles qué ayuda van a brindarle a la familia, y esperamos una respuesta inmediata porque sus hijos necesitan mucha más protección del Estado porque han perdido a su madre”.
Son muchos los casos donde la re victimización, la desestimación de las denuncias, la falta de recursos, son la respuesta desde el Estado en comisarías, fiscalías y dispositivos. Con el aislamiento los riesgos aumentaron, sin embargo, tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad, trataron de mostrarse activos respecto a las políticas públicas -como Barbijo Rojo o el Plan Acompañar- que demostraron ser insuficientes. Los pocos dispositivos estatales no responden integralmente a quienes logran pedir ayuda. Las políticas de prevención y el presupuesto asignado a lo largo de los gobiernos no responden ante este flagelo. Por eso el movimiento de mujeres y las disidencias denuncian que #ElEstadoEsResponsable.
Es urgente la implementación de un plan integral de asistencia, contención y recursos que permita paliar a las mujeres y sus hijos salir del círculo de violencia. Habilitar más hogares de protección en cada barrio, con más plazas y equipos interdisciplinarios de acompañamiento, o facilitar el acceso a otra vivienda, ayuda económica y/o una fuente laboral que le permita independizarse del agresor, entre otras medidas urgentes y posibles si el Estado definiera como prioritario responder a este flagelo.
En cada femicidio se inscribe la necesidad de fortalecer un movimiento de mujeres y las disidencias, independiente de los gobiernos y las instituciones del Estado, que apueste a la movilización callejera con #NiUnaMenos como bandera, y la perspectiva de que “si tocan a una, nos organizamos miles”. Una vez más, #ElEstadoEsResponsable.
Fuentes: Prensa Latina, Anred, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Prensa FOL, ¿Sin salida? – FM La Boca (90.1), APU, Noalamina.org