La Agrupación Mate Amargo de Entre Ríos quiere abordar algunos aspectos, no desarrollados convenientemente, ignorados o encubiertos, que contiene el conflicto fronterizo con el Uruguay por la instalación de las papeleras. En primer lugar, afirmamos que existen intereses económicos insoslayables y propios del sistema político y económico que priman en el Uruguay y en la […]
La Agrupación Mate Amargo de Entre Ríos quiere abordar algunos aspectos, no desarrollados convenientemente, ignorados o encubiertos, que contiene el conflicto fronterizo con el Uruguay por la instalación de las papeleras.
En primer lugar, afirmamos que existen intereses económicos insoslayables y propios del sistema político y económico que priman en el Uruguay y en la Argentina, que impedirán encontrar una solución al conflicto fronterizo, que contemple cabalmente los intereses vitales y globales de los habitantes de la zona, que se expresan primariamente, mediante el corte de rutas, cómo único medio válido de reclamo para impedir la instalación de dichas papeleras, centrando la protesta en la contaminación ambiental.
El justo reclamo popular en contra de la instalación de las pasteras, no contempla en su real magnitud las modificaciones que se producirán en toda la producción de la zona, ni muestran cabalmente, que dichas papeleras están destinadas a favorecer a los grupos monopólicos concentrados, en contra del interés nacional de ambos pueblos, ni denuncian las consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales que provocará la explotación y la apropiación capitalista ilimitada de los recursos humanos y naturales, en las condiciones actuales de países dependientes y vulnerables frente al gran capital.
Desentrañar cómo juegan dichos intereses económicos en el conflicto, será parte de nuestra tarea para encontrar una solución a la polémica desatada a diario por políticos y gobiernos de ambos países, por organizaciones ecologistas, asambleas vecinales, periodistas, es decir, por la sociedad en su conjunto.
Debemos partir, entendiendo que los gobiernos del estado moderno, como los que rigen y han regido en Uruguay y Argentina han sido siempre los administradores eficientes de los intereses de los capitalistas. Carlos Marx en el viejo Manifiesto Comunista de 1848, decía: «El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase capitalista». Esta opinión que parece muy fuerte y determinante en una polémica como la planteada, tiene su asidero en que los actuales gobiernos -y los pasados también- nada hicieron frente a la invasión de las inversiones extranjeras en nuestros países. Inversiones que históricamente ingresan sin control de ningún tipo y con todas las garantías y prebendas que los gobiernos permanentemente les dan a los excedentes financieros de los países desarrollados.
Bastaría ver el nuevo régimen de inversiones extranjeras aprobado en el Uruguay y el vergonzoso y leonino convenio firmado por el Gobierno colorado de Batlle con los gobiernos de donde provienen estas empresas y, en lo que atañe a la Argentina, ver la Ley de Emergencia Económica Nº 23.697 de 1989 de Menem -votadas por los partidos mayoritarios- que es continuidad de la Ley 21.382 de 1976 que sancionó la dictadura militar y que aún sigue vigente. El actual régimen de inversiones extranjeras es un sistema a medida del neoliberalismo.
El gobierno de Tabaré Vázquez manifiesta que nada puede hacer para paralizar las obras en marcha y acepta resignadamente esta situación (él y todos los partidos del Uruguay, salvo algunas excepciones) como si esto fuera inevitable y no denuncia que estas obras fueron concebidas como verdaderas posesiones territoriales de extranjeros dentro de su país. Con esta actitud, el gobierno uruguayo demuestra que tan solo le toca «administrar» y por que no defender, llegado el caso, con las fuerzas armadas los intereses coloniales.
Estos gobiernos, acceden muy fácilmente a las demandas de seguridad de todo tipo que reclaman los inversores extranjeros y los organismos de créditos internacionales, para que vengan esos capitales, para provocar, dicen, la llamada «política del derrame», y dar solución a los problemas crónicos de pobreza y desempleo. Se conoce que las papeleras emplearán alrededor de medio millar de trabajadores permanentes, pero no resolverá ni la pobreza ni el desempleo de los uruguayos. Cabe señalar, que «En la década de los 90, Argentina fue uno de los principales focos de atracción de inversiones en el mundo, luego se detuvo con la crisis del 2001» (del Informe sobre Inversiones en el Mundo de las Naciones Unidas, 10/2005), que provocó los mayores índices de pobreza y desocupación como se conoce.
El Uruguay y la Argentina víctimas de las peores políticas neoconservadoras en las últimas décadas siguen alentando las inversiones extranjeras que han producido una acelerada extranjerización de la tierra, de las reservas y los recursos naturales. Las plantas de pasta de celulosa responden a un modelo forestal que en los años 90 fue alentado por las multinacionales y el Banco Mundial y que se plasman en las mega plantas de Botnia y ENCE. Y en el acelerado traslado al tercer mundo de las empresas industriales de alto riesgo de contaminación, pues consideran a nuestros países como infracontaminados. Cabe recordar, una vez más, la pregunta que se hacia, el presidente de la Universidad de Harvard Lawrence Summers, por entonces vicepresidente del Banco Mundial: «Entre nosotros, el Banco Mundial ¿no tendría que alentar mucho más la transferencia de las industrias sucias hacia los países menos desarrollados»?
Nada hacen estos gobiernos ni piensan hacer para encarar otro camino de independencia económica y de distribución de la riqueza poniendo coto a la voracidad del capitalismo mundial en nuestros países.
Es llamativa la alharaca que políticos liberales y de los otros, han hecho del conflicto papelero en busca de soluciones dentro de este sistema perverso, recurriendo a jueces, tribunales, ombudsmanes o reclamando a conformar «diálogos sólidos», «abrir canales de negociación directa entre los gobiernos» o «entre Kirchner y Tabaré», «acudir a la opinión de comisiones de expertos internacionales o nacionales», «establecer un diálogo franco y sin condiciones» y otras charadas del mismo tenor donde, políticos desprestigiados y legisladores ávidos de votos, intentan congraciarse con la valiente protesta del pueblo de Gualeguaychú.
Como también es llamativo el silencio de los sectores concentrados de la economía y de la tierra de este y del otro lado del Río Uruguay sobre la reivindicación de los asambleístas. Nada han dicho los factores de poder económico en Entre Ríos, ni lo dirán, pues están de acuerdo con la instalación de las pasteras.
Apenas y tardíamente las Apymes y algunos Centros Comerciales entrerrianos, dieron a conocer recientemente su solidaridad con la lucha de los asambleístas. La Federación Agraria estuvo desde el primer momento, pero los grandes propietarios de la tierra entrerriana ven en la instalación de las papeleras un negocio a futuro, que revaloriza impensadamente el valor de sus tierras y están dispuestos, a costa de la forestación y el monocultivo regresivo, a que sea una nueva fuente para obtener enormes ganancias.
En el encuentro forestal realizado en Concordia el 28/10/05 y organizado por el INTA, productores y empresarios defendieron la instalación de las plantas de pasta celulósica. Inclusive la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos, exige un plan nacional para impulsar una política de promoción de la actividad, teniendo en cuenta la cuenca forestal de eucaliptos más importante de la Argentina, que se encuentra sobre la margen del río Uruguay.
¿No sería importante que los asambleístas y organizaciones afines empiecen a investigar quienes son los dueños de la tierra de este lado y del otro, que son los que proveerán de materia prima a la producción papelera por muchísimos años?
¿Tendrán los asambleístas y todos los que nos oponemos la suficiente fuerza para vencer a esta alianza entre políticos, capitalistas internacionales, tenedores de tierra e inversores?
¿Dónde encontrar las fuerzas políticas y sociales capaces de dar una solución no capitalista al conflicto, que impida la exacción de enormes riquezas, la ganancia extraordinaria, la dependencia, la contaminación y la degradación del monocultivo que crean estas monumentales inversiones extranjeras?
Este no es un problema meramente ambiental, como dice el gobernador Busti. Esto desnuda una vez más, la insolvencia, la mediocridad y la mentira de la mayoría de los políticos y partidos que gobiernan ambos países, que ocultan que su papel es de ser meros administradores de estos capitales y sus guardianes. Por eso, intentan desvirtuar la lucha contra las papeleras instando al levantamiento de los cortes y aportando a la derrota de los asambleístas para escarmiento de todos aquellos que osen oponerse al negocio de los grandes inversores.