En todos lados se comentan las imágenes y acontecimientos que han sacudido al estado de Michoacán y, al mismo tiempo, la confusión parece ser la constante. Por una lado, la organización de grupos armados se percibe como un acto de justicia pero por el otro se percibe una ambigüedad por parte del estado mexicano; todo […]
En todos lados se comentan las imágenes y acontecimientos que han sacudido al estado de Michoacán y, al mismo tiempo, la confusión parece ser la constante. Por una lado, la organización de grupos armados se percibe como un acto de justicia pero por el otro se percibe una ambigüedad por parte del estado mexicano; todo ello recubierto de una pátina de incredulidad con respecto a la posibilidad de acabar con los cárteles del narcotráfico en la región. Las siguientes líneas procurarán ofrecer algunos elementos para reflexionar sobre la coyuntura que vive la tierra purépecha.
Para empezar hay que tomar en cuenta tres premisas: no existe un monopolio exclusivo en México que controle todas las actividades relacionadas con el narcotráfico; el estado mexicano, a través del ejército, controla el flujo de armas en el país; los recursos naturales y su explotación están en el fondo de la problemática social en Michoacán. Por encima de todo, no hay que olvidar que el narcotráfico alimenta al capitalismo, aunque a veces resulte una amenaza para las empresas ‘legales’.
Lo primero que llama la atención en el conflicto michoacano es que las autodefensas aseguran que sólo existe un cártel en el estado: el autodenominado como Los Caballeros Templarios. Insisten en que su misión es acabar con ellos y que en cuanto logren dicho objetivo entregarán las armas. Sin embargo, se ha documentado la existencia de cuando menos otro cártel, conocido como La Familia Michoacana, el cual ha declarado que está enfrentado con Los Zetas por el control del estado. Esto sin mencionar que difícilmente la organización comandada por El Chapo Guzmán no tenga presencia en Michoacán. Por lo tanto, la primera pregunta sería: ¿Por qué las autodefensas en Michoacán insisten en que sólo existe un cártel?
Al observar las imágenes que han inundado a los medios de comunicación salta a la vista que el armamento utilizado por las autodefensas son rifles de asalto, de uso exclusivo del ejército. A diferencia de las policías comunitarias como las CRAC-PC en Guerrero, que utilizan rifles y escopetas, prácticamente todos los integrantes de las autodefensas tienen cuernos de chivo. Esto genera otra pregunta: ¿Cómo obtuvieron las armas que se supone sólo el ejército puede utilizar? Y otra ¿Por qué el ejército y la secretaría de Gobernación lo permite, siendo un delito federal? Puedo entender que la delincuencia organizada las utilice, pues no le pide permiso a nadie, pero que un grupo de civiles transite por las carreteras en Michoacán portándolas sin disimulo y las fuerzas armadas se hagan de la vista gorda cuesta más trabajo. A menos que… El estado mexicano, a través de Osorio Chong grita a diestra y siniestra que están violando la ley pero las autodefensas responden afirmando que no las van a entregar hasta que acaben con los caballeros templarios. Y hasta el momento siguen armados.
No se puede negar que la población, sobre todo en el campo michoacano, ha sido agraviada impunemente por años por el narcotráfico. Pero no es, y por mucho, el único agravio que han sufrido las comunidades en el estado. Habría que agregar, principalmente, el saqueo sistemático de sus recursos naturales -fomentado por las autoridades locales, estatales y federales- en el que están involucrados narcotraficantes, caciques locales y terratenientes y corporaciones internacionales. En este sentido llama la atención que no se incluya en las demandas de las autodefensas el respeto de sus recursos naturales y de su derecho a participar en su explotación como dueños legítimos. O incluso las típicas como centros de salud, caminos, educación, etc.
Tal vez por ello, las autodefensas han gozado del visto bueno del estado, a diferencia de las policías comunitarias, como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, (CRAC-PC) en Guerrero, que actualmente lucha por la liberación de algunos de sus dirigentes, como es el caso de Nestora Salgado García, coordinadora de la CRAC-PC de Olinalá, quien está presa por el delito de secuestro agravado en Centro Federal de Readaptación Social Noroeste de Tepic, Nayarit. El conflicto entre la CRAC-PC y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). en Guerrero resulta sintomático de que el estado no utiliza la misma vara para medirlos. Es muy probable que las razón esté definida por la defensa de los recursos naturales por parte de las policías comunitarias.
Pero volviendo a Michoacán, las autodefensas parecen concentrarse exclusivamente en su enfrentamiento con los narcotraficantes, lo cual resulta comprensible, dejando de lado la defensa de los recursos naturales y otras añejas demandas de los habitantes de la región. Este hecho configura entonces las postura del estado mexicano y su apoyo condicionado a los grupos civiles armados, que les resultan muy útiles para simular su interés por acabar con la delincuencia organizada. Con esto no se pone en duda que buena parte de sus integrantes participe en las autodefensas de buena fe, pero tampoco se puede ignorar la posibilidad de que se infiltren otros que responden a intereses de cárteles rivales, caciques locales y autoridades.
Como han mencionado un destacado especialista en materia de seguridad pública, Michoacán es simplemente un laboratorio en donde se está poniendo a prueba una estrategia de control y sometimiento de las comunidades para facilitar el saqueo de recursos naturales y que tiene en la mira otras regiones, como Chiapas, en donde las comunidades zapatistas son el único escollo para sistematizar la explotación depredadora en la región. A estas alturas ¿quién puede creer que Peña Nieto y sus amigos quieren acabar con el narcotráfico en México?
Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/