Después del referéndum que aprobó, el 4 de mayo pasado, el estatuto autonómico de Santa Cruz, Bolivia cayó en coma profundo. Al día siguiente, el Prefecto Rubén Costas dijo que dialogará con el gobierno si Evo Morales reconoce su triunfo y después que los otros departamentos de la «media luna»: Beni, Pando y Tarija, realicen […]
Después del referéndum que aprobó, el 4 de mayo pasado, el estatuto autonómico de Santa Cruz, Bolivia cayó en coma profundo. Al día siguiente, el Prefecto Rubén Costas dijo que dialogará con el gobierno si Evo Morales reconoce su triunfo y después que los otros departamentos de la «media luna»: Beni, Pando y Tarija, realicen similares consultas, en los próximos dos meses. De manera paralela, el Presidente del Senado (ex Transredes), Oscar Ortiz, y el vocero de la Nación Camba, Carlos Dabdou, puntualizaron que sólo mediante otro referéndum podría cambiarse aunque sea una coma del citado estatuto.
Costas anunció también que en 90 días se realizarán elecciones de asambleístas departamentales. Confía en que la prebenda, el despliegue de paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista y el control de los grandes medios de comunicación, que coadyuvaron a conseguir la adhesión mayoritaria del electorado, con el respaldo de EEUU, la jerarquía eclesiástica y las petroleras, consoliden su triunfo. Entre tanto, el estatuto permitirá capturar, una a una y de manera progresiva, las competencias del Estado central: Impuestos, dotación de tierras, educación, salud, régimen electoral, administración de justicia y seguridad ciudadana, lo que culminará, como ya lo anticipara, en la fundación de una nueva república.
Hasta el momento, Evo no ha comprendido que para salir del coma profundo necesita defender la unidad nacional, como ya lo hizo un representativo sector de intelectuales cruceños, denominado «Todos Somos Santa Cruz», dirigido por el ex Rector de la Universidad estatal, Jerjes Justiniano, y el diputado Alejandro Colanzi. Con la misma consigna, enfrentaron al separatismo, con la bandera boliviana en alto, los barrios pobres de la ciudad, en especial «Villa Primero de Mayo» y el «Plan 3000».
Poco antes, una nutrida marcha de jóvenes, amas de casa y trabajadores repudió a los disgregadores del país en el centro citadino. En las zonas rurales de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas no se dejó instalar las mesas de sufragio. En Montero, hubo duros enfrentamientos. En Camiri, la zona petrolera de Santa Cruz, ganó la abstención. Las marchas contra el separatismo en Cochabamba, El Alto y la ciudad de La Paz fueron combativas y numerosas. En Tarija, la zona del Chaco, donde se hallan las principales reservas de gas, los separatistas tienen escasa presencia.
Para unificar a este abanico de fuerzas sociales, el gobierno debe abandonar su consigna de dividir a Bolivia en 36 naciones indígenas, con 36 idiomas oficiales, cuotas étnicas en las cortes electorales, autonomías territoriales y justicias comunitarias, sin apelación, lo que le ha enajenado el apoyo de las capas medias. Lo anterior no implica desconocer los avances del proyecto constitucional MAS en la búsqueda de erradicar la exclusión social que sufren pueblos indígenas ni los avance, aunque limitados, en el rescate de recursos naturales de manos de transnacionales.
Dirigentes mineros de Huanuni, petroleros de Camiri, vecinales de Cochabamba y de varias universidades del país, rechazaron también, en manifiesto publicado en el periódico «Hora 25» (abril-mayo 2008), tanto el separatismo como el «camino oenegista», que trata de dividir a Bolivia en 36 naciones, a fin de enarbolar la «agenda de Octubre», con la que se expulsó a Sánchez de Lozada, en octubre de 2003. Esta articulación de la bolivianidad, que coincide con la posición del Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA), cuyo eje es el Alto Mando Militar, debe apoyar a los guaraníes que reclaman la reversión de latifundios, que es el talón de Aquiles de los separatistas del oriente.