El proceso insurreccional que sacude Bolivia hoy, mayo de 2026, contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira —posesionado el 8 de noviembre de 2025— no es un estallido espontáneo ni un residuo del ciclo anterior; es la condensación de una contradicción estructural que Zavaleta Mercado supo nombrar como paradoja señorial. El proletariado, el campesinado y los sectores populares no se levantan contra un gobierno, se levantan contra una gramática profunda del poder que se repite bajo máscaras renovadas. Esa gramática tiene un nombre preciso que representa la capacidad de la oligarquía boliviana de procesar sus crisis internas presentando ante las masas. Zavaleta la llamaba «disputa de reemplazo entre las estirpes de sus amos» como si fuera liberación. El gobierno del PDC es la última versión de ese mecanismo. Desenmascararla exige algo más que la crónica del conflicto. Exige leer la coyuntura en su densidad estructural, entendiendo que en el Estado existe una condensación de relaciones de fuerza, una crisis orgánica de la dominación y la pregunta por la condición subjetiva de la transformación.
Zavaleta Mercado escribía que en Bolivia la crisis no es la excepción sino el método. Marx ya lo había mencionado al analizar el movimiento del capital: decía que la crisis no es una excepción, sino la regla del capital; es el modo normal de funcionamiento del capital. Para Marx, la estabilidad no es la norma, sino la apariencia temporal que toma el capital mientras transita de una contradicción a la siguiente. El momento en que la formación social abigarrada se vuelve legible es cuando las capas superpuestas de temporalidades, modos de producción y subjetividades emergen a la superficie y muestran su conflictividad constitutiva. Nos encontramos en uno de esos momentos —no como aberración, sino como condensación de contradicciones estructurales que el período del MAS gestionó, desplazó o contuvo, y que ahora se precipitan en un escenario de ruptura.
Pero la crisis no puede leerse solo desde abajo. Exige también leer lo que se fractura dentro del Estado, es decir, las tensiones entre fracciones dominantes, la disputa por la hegemonía en el interior del bloque de poder, la autonomía relativa del aparato estatal respecto de los intereses que dice representar. Podemos acudir a Poulantzas para leer esa dimensión.
Para Poulantzas, el Estado capitalista no es un instrumento en manos de una clase ni un sujeto con voluntad propia; es la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase. Eso tiene dos consecuencias inmediatas. Primera: lo que la politología liberal condena como «polarización» es simplemente la lucha de clases procesándose dentro del Estado. Pedir que los actores «bajen la tensión» sin tocar las relaciones de fuerza es pedirles que abandonen la lucha. Segunda: la disputa política no es un enfrentamiento dualista entre una clase dominante monolítica y una clase dominada; atraviesa al Estado mismo, se procesa en y a través de sus aparatos. El gobierno de Rodrigo Paz no es la expresión de una burguesía monólitica; es el terreno donde se condensan tensiones entre fracciones específicas —la agroindustrial cruceña, la financiera o la comercial—, cada una con intereses parcialmente divergentes, que pugnan por imponer su hegemonía dentro de un bloque cuya unidad es siempre contradictoria.
La condensación de relaciones de fuerza, la autonomía relativa, las tensiones entre fracciones, son herramientas precisas para leer el Estado capitalista en general pero no explican por qué en Bolivia esa condensación adopta una forma tan particular. La pregunta no es solo qué fracciones pugnan dentro del bloque, sino dentro de qué formación social están peleando. Y esa formación no es la de un capitalismo consolidado con clases constituidas y un Estado nacional que las articula, es una superposición no sintetizada de modos de producción, temporalidades históricas y subjetividades colectivas que ninguna fracción burguesa ha logrado unificar jamás bajo un proyecto común. Entonces para poder leer y explicar esa especificidad boliviana se necesita a Zavaleta ya que este trabajó y forjó una categoría que sigue siendo insustituible: la formación social abigarrada.
La formación social abigarrada
Esta categoría constituye la contribución epistemológica más original de Zavaleta Mercado y debe leerse en relación directa con el problema que Marx planteó en el prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política:el cuestionamiento sobre las condiciones históricas específicas en que los modos de producción se articulan, se suceden o coexisten. En lugar de sucesión lineal, hay superposición. Múltiples modos de producción, múltiples temporalidades históricas y múltiples formas de intersubjetividad coexisten sin articularse en una totalidad coherente: no hay síntesis, hay superposición tensa, conflictiva, generadora de crisis permanente.
Poulantzas, por su parte, formula el problema de la transformación en términos de instancias: la económica, la política y la ideológica no se relacionan como base y superestructura en un esquema mecanicista, sino que cada una posee una eficacia propia y una autonomía relativa, aunque, en última instancia, sea la económica la determinante. Este concepto de autonomía relativa es decisivo para Bolivia, pues permite entender por qué el Estado boliviano puede actuar —y ha actuado históricamente— en contradicción parcial con los intereses inmediatos de las fracciones burguesas dominantes, sin que esa contradicción signifique que el Estado se vuelve adversario de la burguesía ni defensor de las clases subalternas: los límites de esa contradicción los fija siempre la reproducción del orden capitalista en su conjunto. En el gobierno de Paz, la autonomía relativa del Estado se expresa en la capacidad del ejecutivo de imponer la agenda del FMI incluso cuando algunas fracciones del capital interno tienen objeciones tácticas respecto a la velocidad del ajuste. Luciana Jáuregui en su reciente artículo lo ha caracterizado con precisión: nos dice que el gobierno enfrenta un dilema de representación dual, dado que sus alianzas son elitistas, pero su legitimidad es popular (Jáuregui, 2026).
Al respecto, Zavaleta escribía:
Bolivia es un país en el que conviven varios siglos al mismo tiempo. El feudalismo altiplánico, el capitalismo minero, la economía comunitaria andina, el capitalismo comercial de las ciudades: no son etapas sucesivas sino capas superpuestas, sedimentos que no se disuelven los unos en los otros sino que se trenzan en una conflictividad permanente. (Zavaleta, El desarrollo de la conciencia nacional, 1967)
Esta condición estructural tiene consecuencias políticas decisivas. El Estado boliviano nunca ha podido constituirse como Estado nacional en el sentido clásico. Lo que Bolivia ha tenido —lo que el gobierno de Paz reproduce— es la semi-forma estatal: un aparato político que expresa los intereses de las fracciones dominantes mientras simula representar a las clases subalternas. En términos poulantzsianos, la semi-forma boliviana es el signo de una crisis crónica de hegemonía en el interior del bloque en el poder; ninguna fracción burguesa ha sido capaz de presentar sostenidamente sus intereses particulares como intereses generales de la nación.
Si el abigarramiento explica la estructura, queda pendiente una pregunta ¿cómo irrumpen las clases subalternas en ese orden que las excluye? La semi-forma estatal no es un muro impenetrable; es una forma de dominación que se agrieta precisamente cuando los de abajo la desbordan. Pero esa estructura no se agota en el análisis del Estado y las fracciones dominantes. Para entender cómo las clases subalternas habitan y resisten dentro de esa formación desarticulada, necesitamos una categoría que capture su forma específica de irrupción. La noción de «desborde popular» de José Matos Mar —con sus luces y sombras— ofrece una pista, siempre que la ubiquemos críticamente.
El desborde popular como herramienta crítica
La categoría de abigarramiento dialoga productivamente con la de desborde popular que José Matos Mar elabora en Desborde popular y crisis del Estado (1984). Matos Mar describe el proceso por el cual las poblaciones migrantes, indígenas y campesinas que irrumpen en las ciudades no se integran al orden estatal existente, sino que lo desbordan, crean economías paralelas, formas de organización territorial propias, redes de solidaridad que operan al margen o en tensión con las instituciones formales.
Sin embargo, es necesario señalar las limitaciones metodológicas de la categoría de Matos Mar para el análisis estructural de la coyuntura boliviana. Matos Mar es fundamentalmente descriptivo y su concepto de desborde popular captura un fenómeno sociológico real pero no lo ancla en una teoría del Estado como condensación de relaciones de fuerza. Describe el resultado sin explicar la estructura que lo produce. Además, su análisis nació del caso peruano, con una historia estatal y una estructura de clases diferente a la boliviana. Las similitudes en términos de migración rural-urbana e informalidad económica son reales, pero las diferencias en la articulación entre etnicidad y clase, en el peso del sindicalismo minero, y en el rol histórico del Estado boliviano como espacio de disputa popular requieren prudencia en la transposición.
En términos poulantzsianos, lo que Matos Mar describe como desborde popular es la forma en que las clases subalternas —que no son mero reflejo pasivo de las relaciones de producción sino actores con capacidad de organización propia— presionan desde dentro y desde fuera del Estado, sin haber conquistado aún posiciones en el interior de su aparato. El desborde no es la revolución, es la forma específica que adopta la lucha de clases de los subalternos en las formaciones sociales periféricas cuando los aparatos ideológicos del Estado han perdido su capacidad de integración. Lo valioso de Matos Mar es esa descripción. Su límite es que no puede, por sí solo, explicar bajo qué condiciones el desborde se transforma en poder constituido.
Para superar ese límite hay que bajar a la materialidad concreta para ver cómo el abigarramiento y el desborde no son categorías abstractas sino procesos que se expresan en territorios específicos, en fracciones de clase con intereses diferenciados, en actores que en mayo de 2026 se mueven con lógicas propias y contradictorias. Eso es lo que muestran las múltiples Bolivias en conflicto.
Las múltiples Bolivias
Esta situación sostenida de crisis que inició en abril y que encuentra un punto de auge en mayo de 2026 hace visible la persistencia y profundización del abigarramiento. La Bolivia del agronegocio cruceño opera en el tiempo del capitalismo tardío globalizado y encontró en el gobierno de Paz su representación política más nítida. Con la ley 1720 —recientemente abrogada— se pretendía abrir un camino para que la tierra campesina pierda protección y entre con más fuerza al mercado, al crédito y a la hipoteca, favoreciendo ampliamente a los agroindustriales; esto provocó una marcha desde Pando que avanzó y llegó a La Paz tras 28 días de caminata. Hoy, después de días de estar en la ciudad, las comunidades se encuentran aún en vigilia en sus territorios. Si bien la ley fue abrogada, sus pretensiones no han sido ahogadas. La Bolivia del proletariado minero y los cooperativistas ha reactivado a la COB —sin perder de vista las propias contradicciones en este sector; la FENCOMIN llegó a un acuerdo con el gobierno saliendo ampliamente favorecida—, pero no por eso deja de expresar la convergencia entre sindicalismo formal y sectores que rechazan la lógica de ajuste.
La Bolivia indígena amazónica y andina ha reactivado sus formas propias de movilización territorial.
El Alto —corazón insurreccional en 2003— tiene hoy nuevamente un papel relevante, siendo la zona donde el bloqueo es más contundente, cerrando los accesos a La Paz. Sin embargo, no hay que perder de vista que El Alto de 2026 no es el de 2003. La transformación social del período previo produjo una diferenciación interna profunda emergió una burguesía de origen aymara, sectores de trabajadores por cuenta propia que reproducen en parte las relaciones de producción capitalistas y sus contradicciones. Esta diferenciación expresa la formación de nuevas fracciones de clase y de posiciones de clase distintas dentro de lo que antes se leía como un bloque popular relativamente homogéneo, la heterogeneidad resultante fragmenta las identidades colectivas, multiplica los intereses en juego y complejiza la construcción de cualquier alianza política estable, y explica por qué en esta ciudad también hay voces y resistencia a las movilizaciones y bloqueos.
El bloque en el poder, la unidad contradictoria y crisis de hegemonía
El bloque en el poder constituye una unidad contradictoria de clases y fracciones políticamente dominantes bajo la égida de la fracción hegemónica.
Un punto crucial que me interesa aplicar al caso boliviano es la diferencia entre fracción dominante y fracción hegemónica. La primera es la económicamente más poderosa. La segunda es la que logra cumplir una doble función, unificar internamente al bloque en el poder —es decir, articular y subordinar los intereses contradictorios específicos de las diversas clases o fracciones del bloque en el poder, constituyendo sus intereses económicos en intereses políticos— y ejercer además dirección intelectual y moral sobre las clases subalternas, presentando sus intereses particulares como intereses generales del conjunto de la nación. Esta doble función es la que Poulantzas, siguiendo a Gramsci, llama hegemonía propiamente dicha.
La estabilidad del bloque se logra cuando una fracción ejerce esa hegemonía en el sentido pleno del término, no en el sentido de dominación simple, sino en la capacidad de subordinar a la vez las pretensiones de las diferentes fracciones y todas las demás clases de la sociedad (Poulantzas, 1968). En Bolivia, la crisis actual se define precisamente por la ausencia de una fracción hegemónica en ese sentido pleno, ninguna fracción del bloque dominante logra cumplir simultáneamente ambas funciones. Esta ausencia produce lo que Poulantzas —retomando a Gramsci— denominaría una crisis orgánica, no una crisis de gobierno que se resuelve con un cambio de gabinete, sino una crisis de la forma misma de dominación.
El bloque en el poder que sostiene al gobierno del PDC no es monolítico. Su eje es la burguesía agroindustrial cruceña, fracción que acumuló poder económico, territorial e ideológico durante las últimas tres décadas. Pero el bloque incluye otras fracciones con intereses parcialmente divergentes, la burguesía financiera, vinculada a la banca nacional y a los circuitos del capital transnacional que empujan la agenda del FMI; la burguesía comercial e importadora, que apoya la apertura comercial pero teme la caída del consumo interno provocada por el ajuste fiscal; y los remanentes de la gran propiedad territorial del Oriente, cuya continuidad biológica e institucional con las élites del siglo XIX no es una metáfora zavaleteana sino un dato sociológico verificable.
Esta composición compleja del bloque se expresa en las tensiones internas del gabinete y en las fracturas parlamentarias. Jáuregui describe con precisión cómo el PDC cuenta con 16 senadores y 49 diputados sin mayoría absoluta, y cómo la propia bancada del PDC está escindida en múltiples facciones que le impiden actuar de forma cohesionada (Jáuregui, 2026). Los transfugios hacia el oficialismo expresan, en términos poulantzsianos, no solo el patrimonialismo político boliviano que Zavaleta identificaba, sino la reorganización de las alianzas entre fracciones del bloque dominante; el capital financiero paceño que apostó por Paz necesita una mayoría parlamentaria que la base electoral del PDC no alcanzó a proveer. Esta mayoría frágil y comprada no constituye hegemonía; es el simulacro de la dirección política, no su sustancia.
Jáuregui caracteriza el resultado como un presidencialismo condicionado, en el que el presidente no tiene capacidad suficiente para influir en la agenda legislativa porque no cuenta con un partido disciplinado ni una coalición estable. Ante esa debilidad, Paz aumenta el decisionismo presidencial como estrategia compensatoria —concentrando decisiones en el ejecutivo y reduciendo los procesos de deliberación y control democrático—. Pueden identificarse aquí tendencias bonapartistas, pues el aparato burocrático-ejecutivo adquiere una autonomía relativa peligrosa respecto de todas las fracciones de clase, llenando el vacío de dirección política con la lógica del aparato mismo.
La burguesía agroindustrial cruceña es la fracción económicamente más poderosa del bloque y la que más directamente se expresa en las políticas del gobierno de Paz la Ley 1720 que se bien fue abrogada se anuncio que se trabajara en una nueva ley en la misma dirección e intención, la liberalización de exportaciones, la flexibilización ambiental. En ese sentido, es la fracción dominante del bloque. Pero no es hegemónica porque no logra la segunda de las dos funciones que la hegemonía exige: presentar sus intereses ante las clases subalternas como intereses generales de la nación. El proceso insurrecciónal de mayo de 2026 es la prueba de ese fracaso cuando más de 45 puntos carreteros están bloqueados, cuando El Alto corta los accesos a La Paz, cuando la COB y las comunidades amazónicas se unen en el rechazo, estamos ante la negación práctica de cualquier pretensión hegemónica. La crisis política permanente de Bolivia se explica precisamente por esta brecha entre dominación y hegemonía.
Esta crisis de hegemonía no se queda en el plano abstracto de las fracciones y sus intereses divergentes; se proyecta a las instituciones, en las personas, en los dispositivos concretos que el bloque dominante construye para simular unidad donde no la hay. Si la fracción agroindustrial cruceña no puede presentar sus intereses ante las clases subalternas como intereses generales de la nación, entonces necesita un operador ideológico que realice esa traducción. Eso es exactamente lo que represento en campaña Edman Lara.
La ruptura con Lara y el aislamiento de las masas
La figura del vicepresidente Edman Lara merece un análisis específico. Lara, cumplía una función ideológica precisa en la arquitectura política del gobierno. Era el dispositivo que permitía al bloque dominante presentar su proyecto ante las clases subalternas como algo más que un proyecto de clase. Lara añadía una capa de credibilidad y legitimidad popular, de identidad no oligárquica, que hacía electoralmente viable lo que de otro modo hubiera sido identificado inmediatamente como un programa antipopular.
Jáuregui explica este mecanismo con rigor: Rodrigo Paz y Edman Lara lograron catalizar la expectativa de cambio diferenciándose de la derecha tradicional, al vincular las salidas económicas a la crisis con las demandas aspiracionales de los sectores populares ascendentes. Esta operación es exactamente lo que Susan Stokes llama neoliberalismo por sorpresa, el giro post-electoral de gobiernos que adoptan reformas neoliberales a pesar de haber sido electos con plataformas contrarias (Stokes, 2001, citada en Jáuregui, 2026, p. 2). El binomio Paz-Lara requería esa ambigüedad programática —capitalismo para todos, 50/50— para no antagonizar con el electorado popular. El carisma de situación que el contexto de crisis generaba no era suficiente; necesitaba un rostro que despolitizara el ajuste, que lo hiciera aparecer como necesidad técnica y no como opción de clase.
Lara era el elemento que permitía al bloque dominante garantizar cierto nivel de consentimiento pasivo —no activo— de las clases subalternas, evitando la confrontación abierta mientras se aplicaban las medidas más duras. Una vez que el gobierno se alineó sin ambigüedades con los intereses del agronegocio y los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense —la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas en noviembre de 2025, la Ley 1720, el retorno de la DEA—, ese dispositivo ideológico se volvió prescindible e incluso perturbador. Lara se convirtió en un obstáculo para la estrategia del ejecutivo porque su legitimidad popular reclamaba poder real, no ornamental. La ruptura con Lara, que Jáuregui documenta como el resultado de conflictos de atribuciones, de cuotas de poder y de bases sociales, expresa en el plano institucional el fracaso del dispositivo ideológico de aislamiento de las masas. Cuando el ajuste se hace visible, cuando el costo recae sobre los sectores populares, la máscara no se puede mantener, se cae.
Pero la caída de la máscara no explica por sí sola por qué el bloque dominante pudo llegar al poder en primer lugar, ni por qué las clases subalternas no disponían de una alternativa propia cuando el MAS implocionó. La arquitectura del gobierno de Paz —su fragilidad, su decisionismo compensatorio, su dependencia de dispositivos ideológicos como Lara— no puede comprenderse sin rastrear el ciclo que abrió el vacío político que Rodrigo Paz vino a ocupar. El PDC no es la causa de la crisis orgánica boliviana; es su último síntoma. Para entender qué destruyó la capacidad de representación popular y qué produjo el electorado sin alternativa de 2025, hay que leer la trayectoria del MAS no como un éxito que degeneró, sino como una contradicción que se resolvió a favor de la burguesía porque nunca fue realmente superada.
La implosión del MAS y el triunfo electoral del PDC
Para comprender este proceso insurreccional es necesario retrotraerse al ciclo que la precedió. El MAS gobernó Bolivia entre 2006 y 2025, primero bajo Evo Morales (2006-2019), y luego del golpe de Estado con Áñez (2019-2020), bajo Luis Arce (2020-2025). Ese ciclo prometió la descolonización del Estado, la soberanía sobre los recursos naturales y la redistribución de la renta gasífera hacia las clases subalternas. Cumplió parcialmente esas promesas pero tambien las traicionó sistemáticamente.
El MAS no fue derrotado electoralmente en las urnas, implosionó antes de llegar a esa instancia, por contradicciones internas acumuladas durante años —la guerra entre las facciones de Morales y Arce, la pérdida progresiva de base social derivada del agotamiento redistributivo, los escándalos de corrupción que erosionaron la credibilidad, y el vaciamiento del reformismo que no pudo romper con el extractivismo ni con las relaciones de producción capitalistas como tambien mecanismos de proscripcion que evitaron a algunas facciones presentarse a elecciones. Esta implosión es lo que generó el vacío político que Rodrigo Paz supo aprovechar.
Jáuregui lo explica a cabalidad. Las elecciones generales de 2025 fueron competitivas, dado que múltiples fuerzas políticas tenían posibilidades reales de ganar. Sin embargo, la oferta electoral estaba dominada por la élite tradicional y los sectores populares carecían de representación, lo que se expresó en el alto número de nulos (19.87%) y blancos (2.50%). No fue el voto positivo de entusiasmo popular hacia Paz lo que lo llevó al poder; fue el rechazo al MAS expresado en un contexto de oferta electoral que no incluía una alternativa popular creíble. Paz no ganó por adhesión sino por vacío. Esta diferencia no es semántica; tiene consecuencias estructurales para la debilidad del gobierno y para la velocidad con que la ilusión se disipó.
El ciclo del MAS puede leerse como un intento de reconfigurar el bloque en el poder incorporando a sectores de trabajadores y a representantes de las clases subalternas, sin alterar el carácter capitalista del Estado ni los fundamentos estructurales de la acumulación. Terminó entonces en la absorción de las demandas populares por el aparato estatal, la cooptación sistemática de dirigentes, la neutralización de la autonomía organizativa de los movimientos. Hay aquí una tesis marxista-leninista de alcance general, los gobiernos reformistas o socialdemócratas que no rompen con el capitalismo terminan favoreciendo los intereses de la burguesía —agroindustrial o financiera—, porque la estructura del Estado capitalista reproduce esa orientación con independencia de las intenciones subjetivas de sus ocupantes.
El vacío producido por la implosión del MAS no se llenó solo con votos: se llenó también con un discurso. La derrota electoral del ciclo popular no basta para garantizar la reproducción del orden capitalista; para eso se requiere que el ajuste sea presentado como inevitabilidad técnica, que la ley que favorece al agronegocio aparezca como modernización agraria, que el retorno de la DEA se venda como soberanía democrática y lucha contra el narcotrafico. Esa función de sustitución ideológica es la que cumplen los aparatos ideológicos del Estado en el sentido althusseriano que Poulantzas incorpora a su análisis. La pregunta entonces no es solo qué fracción del bloque domina, sino cómo esa dominación se naturaliza, qué lenguaje la viste, qué instituciones la reproducen. El PDC tiene una respuesta muy precisa a esa pregunta, y conviene leerla con atención antes de que el proceso insurreccional la desmonte en las calles.
La máscara demócrata cristiana, los aparatos ideológicos y la lógica antinacional
La categoría que mejor explica el gobierno de Paz es la que Zavaleta aplicaba a los liberales de principios del siglo XX, el pragmatismo lineal o teoría de la asociación con el imperialismo. Pero Poulantzas añade una dimensión que Zavaleta no sistematizó, yes el papel de los aparatos ideológicos del Estado —retomando a Althusser— en la reproducción del consenso. El PDC no solo impone medidas económicas, sino que construye un discurso en el que el ajuste fiscal aparece como modernización responsable, la Ley 1720 como progreso agrario, el retorno de la DEA como seguridad democrática y lucha contra el narcotráfico. Jáuregui precisa el mecanismo cuando menciona que el gobierno tiene capacidad discursiva alta, dado que se ha instalado un discurso de inevitabilidad en los medios de comunicación que asocia al modelo estatista con el desfalco y la corrupción y presenta al ajuste como un problema técnico y de convicción patriótica.
La eliminación del subsidio histórico a los combustibles en diciembre de 2025, la reducción de ministerios presentada como austeridad fiscal, la Ley 1720 favorable al agronegocio cruceño —que resulta fue trabajada en el gobierno de Luis Arce Catacora y reactivada por Marinkovic—, esta secuencia no es simplemente una política económica alternativa. Esto es la reproducción de la lógica antinacional; en términos poulantzsianos, es la expresión de qué fracción del bloque en el poder ejerce la dominación en este momento y cuáles son los intereses que el Estado condensa y organiza materialmente. El imperialismo norteamericano, que expresó su apoyo al gobierno, tiene intereses directos en el resultado del conflicto boliviano —el litio, el gas, las tierras raras, la posición geoestratégica de Bolivia— y su apoyo no es un gesto democrático sino una intervención en la lucha de clases a favor de las fracciones antinacionales del bloque dominante.
Bolivia no vive una crisis de gobierno, vive una crisis orgánica de largo aliento que comenzó en 2003, fue gestionada pero no resuelta por el ciclo del MAS, y eclosiona ahora con la restauración conservadora de Paz.
Toda la arquitectura analizada hasta aquí —el bloque en el poder sin fracción hegemónica, el dispositivo Lara como prótesis ideológica, la lógica antinacional disfrazada de austeridad patriótica— describe el polo de la dominación. Pero la crisis orgánica no se define solo desde arriba; se define en la relación entre la incapacidad de las clases dominantes de gobernar como antes y la voluntad de las clases subalternas de no seguir viviendo como antes. Es hora, entonces, de invertir el ángulo de lectura: salir del Estado y entrar en las calles, en los bloqueos, en los cabildos. La pregunta ya no es qué hace el bloque dominante para sostenerse, sino si las condiciones objetivas de una situación revolucionaria están dadas y, sobre todo, si existe la condición subjetiva capaz de convertir la potencia insurreccional en poder constituido.
Situación revolucionaria y gérmenes de dualidad de poderes
En Bolivia, el proletariado, el campesinado y los sectores populares no son actores preformados que se enfrentan desde posiciones fijas; son configuraciones de clase que se forman y transforman en el conflicto mismo, cuya identidad colectiva es siempre provisional y disputada.
En Las tareas del proletariado en nuestra revolución (1917), Lenin estableció las condiciones de la situación revolucionaria: a) que las clases dominantes no puedan seguir gobernando como antes; b) que las clases subalternas no quieran seguir viviendo como antes; y c) que exista un nivel de actividad de masas significativamente superior al normal. Las tres condiciones se cumplen en Bolivia en mayo de 2026. El gobierno de Paz no puede seguir gobernando como antes ya que su base parlamentaria es frágil; las pérdidas estimadas por bloqueos superan los 50 millones de dólares diarios; la presión para una salida negociada crece. Las clases subalternas no quieren seguir viviendo como antes. Y el nivel de actividad de masas es el más alto desde octubre de 2003: más de 45 puntos carreteros bloqueados al momento de ser escrito este artículo y marchas multitudinarias en la sede de gobierno.
Sin embargo, Lenin también señaló que una situación revolucionaria no conduce automáticamente a la revolución. Para eso se requiere la condición subjetiva, una organización política capaz de transformar la potencia insurreccional en poder constituido. Esta condición —que Zavaleta identificaba como el problema central de la Revolución de 1952— sigue siendo la asignatura pendiente de la política boliviana.
La potencia de la movilización espontánea de las masas es indudable. Las juntas vecinales de El Alto, las comunidades campesinas del altiplano, los sindicatos mineros actúan con una energía y una disciplina que solo da la memoria larga de la resistencia. Pero el espontaneísmo tiende a detenerse en el tradeunionismo, en la demanda inmediata y corporativa, sin alcanzar la conciencia política revolucionaria que debe ser traída desde fuera de la lucha económica inmediata. En Bolivia, el riesgo más concreto en este sentido es la desviación que puede representar el evismo: las estructuras de movilización del MAS que Jáuregui identifica como un potencial de coalición residual (Jáuregui, 2026) conservan arraigo territorial y liderazgo reconocido, pero su proyecto es la restauración del ciclo anterior —no su superación. Subordinar la movilización de mayo de 2026 a la lógica del evismo sería sustituir la condición subjetiva revolucionaria por la cooptación de la potencia insurreccional en favor de una fracción que aspira a reconfigurar el bloque dominante en su favor.
La cooptación de dirigentes populares que se produjo durante el período del MAS no fue una anomalía moral sino la expresión de una tendencia estructural que Lenin había teorizado y que Poulantzas profundizó en su obra tardía: el problema no era solo la ausencia de conciencia exterior sino la presencia del poder de clase dentro de la propia organización popular. Las organizaciones obreras y campesinas no son espacios puros exentos de las relaciones de poder capitalistas porque son atravesadas por ellas, lo que explica la cooptación sistemática y la burocratización. La tarea organizativa no es solo construir un nuevo proyecto político —un partido es construir formas organizativas que sean resistentes a esa penetración.
En Las tareas del proletariado en nuestra revolución, Lenin analiza el concepto de dualidad de poderes la situación en que emerge un poder alternativo al Estado burgués, con sus propios órganos de deliberación y ejecución, que compite con el Estado existente por la dirección de la sociedad. El ejemplo histórico clásico son los soviets de 1917. La pregunta para Bolivia de mayo de 2026 es si existen gérmenes de una dualidad de poderes análoga.
La respuesta honesta es que esos gérmenes existen pero no están consolidados. Las asambleas de juntas vecinales de El Alto que deciden los bloqueos, los cabildos campesinos que coordinan el corte de rutas, las coordinadoras sindicales que articulan la acción de la COB; todas estas formas organizativas funcionan, en su momento de mayor intensidad, como instancias de deliberación y decisión colectiva que operan paralelas al Estado y en contra de él. Son gérmenes de poder alternativo. Pero este proceso insurreccional aún no ha producido una dualidad de poderes consolidada, no existe una instancia coordinadora nacional que articule esos gérmenes en un poder político con programa propio, con capacidad de interlocución estatal en términos de fuerza, con horizonte más allá de la demanda táctica de la renuncia de Paz. Este es el límite objetivo de la coyuntura.
El análisis quiso recorrer la totalidad del campo de fuerzas: la paradoja señorial como estructura larga, el bloque en el poder sin hegemonía, los aparatos ideológicos que naturalizan el ajuste, la potencia insurreccional de las clases subalternas y el límite objetivo que representa la ausencia de una instancia coordinadora nacional. Pero hay aún elementos por estudiar. Nos queda una pregunta ¿en qué momento histórico se encuentra Bolivia, qué la distingue de octubre de 2003, y qué condiciones —objetivas y subjetivas— determinarán si la coyuntura se cierra en una nueva cooptación o en una ruptura real?.
Conclusión
La referencia obligada es octubre de 2003, la Guerra del Gas, cuando la movilización popular derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero las condiciones de 2026 son distintas a las de 2003 en un sentido preciso. Entonces la potencia insurreccional actuó sin gérmenes visibles de poder alternativo y aun así tumbó un gobierno; hoy esos gérmenes existen —asambleas vecinales, cabildos campesinos, coordinadoras sindicales— pero siguen sin articularse en una instancia nacional con programa propio. Esa diferencia no es un detalle. Es el signo de una madurez organizativa mayor que, paradójicamente, no ha producido todavía la dirección política capaz de convertirla en poder constituido.
El gobierno de Paz es la última encarnación de la paradoja señorial. La misma lógica antinacional que Zavaleta identificaba en los liberales de principios del siglo XX aparece ahora vestida con vocabulario de democracia cristiana y respaldada por Washington, expresando sin disimulo la dominación de la fracción agroindustrial del bloque en el poder. La burguesía agroindustrial cruceña es fracción dominante pero no hegemónica, porque la hegemonía exige algo que ninguna fracción boliviana ha logrado sostener de manera duradera, presentar sus intereses particulares como intereses generales de la nación. La máscara se cayó cuando Lara fue desplazado, cuando el combustible subió, cuando su pesima calidad provoco daños materiales a multiples sectores, cuando la Ley 1720 mostró a quién sirve el Estado. Lo que queda no es un gobierno con proyecto nacional. Es una coerción sin consenso, un decisionismo ejecutivo sin hegemonía, una dominación que ya no puede presentarse como interés general porque nadie le cree.
El abigarramiento no es solo una condición de fragmentación; es también la fuente de esa memoria múltiple, sedimentada en siglos de despojo y levantamiento, que ningún ajuste estructural ha podido extinguir
El espontaneísmo de las masas es real y poderoso, pero tiende a agotarse en la demanda inmediata si no hay una organización capaz de articular la conciencia política revolucionaria que no brota sola de la lucha económica. El peligro no viene solo de la represión; viene también de la cooptación, de la fragmentación de los gérmenes de poder alternativo antes de que logren unificarse en una instancia nacional con programa propio. La historia boliviana conoce bien ese cierre.Lo vivió en 1952 y lo repitió en 2003.
Frente a esto, el análisis impone dos advertencias que no pueden eludirse.
La primera es electoral. Pensar con qué proyecto histórico se llenará el vacío de poder exige reconocer que existen dos caminos y que no son equivalentes. Si el proceso insurreccional no produce su propia dirección política y el vacío se resuelve dentro de las reglas de juego que impone la democracia liberal, el resultado no será transformación sino rotación de fracciones burguesas en el poder. Tuto Quiroga a la cabeza de Alianza Libre son los principales beneficiarios políticos de cada tropiezo del gobierno de Paz, acumulando con paciencia el capital electoral que la crisis les regala. El proyecto libertario de Jaime Dunn espera en el otro carril, dispuesto a presentar el desmantelamiento del Estado como solución popular. Si Condori es proscrito, o si cualquier alternativa del campo popular llega a unas elecciones fragmentada y sin programa de clase, la potencia insurreccional de mayo de 2026 habrá sido capturada por otra fracción burguesa. Una nueva disputa de reemplazo entre estirpes, exactamente como Zavaleta advertía. Las urnas sin organización popular previa no liberan; administran la derrota.
La segunda advertencia es sobre la violencia estatal. La Ley 1341 fue abrogada el martes 26 de mayo en la noche con más de dos tercios de los 123 legisladores que asistieron a la sesión virtual de la Cámara de Diputados. El Senado había aprobado la abrogación el domingo 24 de mayo. Esa ley no era un tecnicismo jurídico; era la cicatriz legal que dejaron las masacres de Senkata y Sacaba, la respuesta normativa a la sangre derramada bajo el gobierno de Áñez. Regulaba los estados de excepción y limitaba el uso de las fuerzas de seguridad en situaciones de conflicto interno. Obligaba al ejecutivo a informar semanalmente a la Asamblea Legislativa y prohibía el uso de armas letales contra la población civil. La Asamblea acaba de arrancarle esa restricción al gobierno en medio de la cuarta semana de bloqueos. Lo que viene ahora no es especulación, es carta blanca para ahogar el levantamiento popular con represión letal, con muertos heridos y detenidos. Se ha cruzado una línea que la historia boliviana ya conoce y que siempre cobra un precio muy alto.
Entonces ¿Qué clase social, con qué proyecto histórico, llenará el vacío de poder? la respuesta a esa pregunta es la tarea política del momento. No es una tarea para el futuro, es una tarea para hoy, en las asambleas de base, en las coordinadoras sindicales, en las comunidades que deliberan sobre su destino. Porque, como enseñaba Zavaleta, el tiempo de las naciones no es el de las generaciones, pero las coyunturas se cierran. Y la violencia de clase, como siempre, no descansa.
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* Camila Azeñas Uzquiano es politóloga miebro del Comité de reorganización del Partido Comunista de Bolivia y miembro del colectivo Revuelta Malcriada
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