El pasado 12 de septiembre se realizaron en Argentina las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones generales de medio término, cuyos resultados expresaron tensiones, no sólo en el interior del oficialista Frente de Todxs, potenciadas por operaciones mediáticas, sino que también quedó en evidencia que la gran contradicción de la política argentina sigue siendo Patria o FMI.
Ahora, las elecciones parlamentarias de medio término del 14 de noviembre se disputarán en un tablero político condicionado por la deuda externa y la pandemia
El debate sobre la deuda externa ha estado en el centro de la agenda pública. Llama la atención que, a pesar de la determinación del gobierno de Alberto Fernández de llevar adelante negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde que entró en la Casa Rosada, que dieron por resultado las exitosas reestructuracionesde la deuda privada en agosto del 2020, es la neoliberal alianza Juntos por el Cambio quien trajo este tema a la agenda en la previa de las elecciones.
Fue la fuerza política que, estando en función de gobierno desde 2015 a 2019, orquestó la mayor fuga de capitales en la historia argentina (86.000 millones de dólares en cuatro años).
Ahora, los voceros de Juntos por el Cambio son quienes, paradójicamente, golpean sobre las gestiones llevadas adelante en materia de crédito público por el actual gobierno. Durante el gobierno anterior, la fuga de capitales, además de ser exorbitante, fue la fiesta de unos pocos. Según el Banco Central (BCRA), sólo el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas adquirió 41.124 millones de dólares.
Luego de las PASO fue nuevamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien abrió la discusión sobre el rumbo político.Cristina rompió el silencio de la coalición de gobierno en un escenario de incertidumbre ante los resultados electorales, justo en el medio de una fuerte estrategia de operaciones mediáticas de especulación y desinformación.
Con una carta publicada el pasado 16 de septiembre, pateó el tablero y puso, en el centro del debate, entre otras cosas, la necesidad de rever las negociaciones con el FMI, en pos de no seguir retrasando el desarrollo y poder adquisitivo de la ciudadanía.
Es evidente que enfrentar las dos pandemias, la sanitaria y la que dejó el macrismo, no es tarea sencilla, pero requiere de la decisión política de no hacer recaer en los hombros de les trabajadores las cargas de las decisiones de la renegociación con el FMI.
La agenda es clara. Parafraseando lo dicho por la vicepresidenta en su carta, hay que cumplir con el presupuesto, actualmente subejecutado en varios ministerios, y dejar atrás el ajuste fiscal que se estuvo llevando adelante –particularmente entre noviembre de 2020 y marzo de 2021-, resolver el atraso salarial ante el proceso inflacionario y bloquear el descontrol de precios, especialmente en alimentos y remedios, y la falta de trabajo.
Un día después de la carta, el 17 de septiembre, se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU) N° 622/21, donde se incorporan los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por 4.330 millones de dólares al presupuesto 2021, con el único fin de pagar los inminentes vencimientos programados en la deuda contraída en 2018 ante el mismo organismo: el del pasado 22 de septiembre (que ya fue pagado) y el del 22 de diciembre próximo, los que suman un total de 3.810.206.059,74 dolares (no previstos en la Ley de Presupuesto para el 2021).
El gobierno está en una situación delicada y según el DNU, esto le permitiría evitar situaciones disruptivas en el marco de la negociación general con el organismo internacional. Volvemos entonces al origen de la cuestión. Lo que se dirime finalmente es la disputa entre dos proyectos, sintetizados en el dilema “Patria vs FMI”.
En tal sentido, dos proyectos estratégicos son los que ordenan el escenario político nacional y las fuerzas que lo disputan. Por un lado, encontramos a los impulsores del país financiarizado y subordinado al crédito, que por medio de la bicicleta financiera y la fuga de capitales llenan sus arcas.
Allí están los grandes bancosy fondos de inversión como HSBC, Citigroup, Blackrock, Fidelity, Vanguard, entre otros, sumados a las siempre funcionales calificadoras de riesgo, con quienes golpean siempre, de manera sincronizada, como en la corrida cambiaria de mayo del 2020.
Se suman a la fila de este proyecto los grupos oligopólicos “locales”, nucleados en la Asociación Empresarial Argentina, AEA (encabezada por Clarín, Techint, MercadoLibre) y la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias, que impulsan un proyecto de país donde la premisa es poder llevarse las riquezas con la mayor facilidad posible.
Imponen un modelo de especulación financiera, de extractivismo de los recursos naturales y exportador de commodities agroalimentarias, a partir de los vehículos ofrecidos por el sistema financiero global. Este proyecto es el que se vio beneficiado por el crédito del FMI.
Éste sólo sirvió como “seguro de cambio” de la fuga de capitales que vino luego del ciclo de valorización financiera, del festín de los bonos LEBAC´s y LELIQ´s, de la dolarización de tarifas y de la transferencia de recursos desde los sectores asalariados y productivos pymes hacia el capital concentrado con asiento en la territorialidad social argentina.
Por otro lado, encontramos el proyecto estratégico que contiene al Bloque Nacional y Popular, que incluye a las organizaciones sindicales de la clase trabajadora, a las organizaciones sociales, al movimiento feminista y a la Mesa de Unidad PYME, que, ante la dura realidad económica transitada durante las pandemias (la financiera-macrista primero y la sanitaria después), entienden que el camino de subordinación ante el FMI no es una opción si no se resuelven primero las necesidades del pueblo.
Este proyecto es personificado en Cristina Fernández dentro del Frente de Todxs, la coalición de gobierno, donde también abreva un sector de los grupos económicos locales, particularmente a través del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y un sector de la Unión Industrial Argentina (UIA).
El poder real en Argentina, es el que golpea y tensiona a la coalición en posición de gobierno. Este se sostiene sobre el aparato jurídico-mediático y el armado político que hoy se aglutina en Juntos por el Cambio, la principal oposición, con sus clases medias reaccionarias llevando sus consignas a la calle.
¿Quién paga la deuda?
Sin embargo, esto no es suficiente. Antes de pagar las deudas generadas por las dos pandemias, se debería debatir la cuestión de fondo: ¿A costa de quién? Pagar la deuda con más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza no puede ser una opción. El ajuste fiscal tampoco puede ser definitivamente una opción a costa del hambre de los sectores populares.
El pagar la deuda debería ser a partir de un esquema impositivo sobre los sectores concentrados, esos que, por medio de la evasión, el contrabando y la bicicleta financiera se llevaron las riquezas producidas por las inmensas mayorías sociales. Eso que el presidente Alberto Fernández, en la Asamblea General Anual de la ONU, bien calificó de “deudicidio”.
El 16 de julio pasado, en el marco de su declaración ante el Tribunal Oral Federal Nº 8 por la causa del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA, la vicepresidenta denunció la complicidad del macrismo con ex funcionarios del FMI y del banco HSBC, y sobre la deuda dijo, luego de mostrar el peso de la misma respecto al PBI: “Miren lo que pasó en apenas cuatro años: del 37,4% (a fines de 2015) a fines del 2019 el 72,6% del producto bruto. Casi duplicaron (la deuda)”.
Esta no fue la única oportunidad. Cristina Fernández viene insistiendo, incluso desde febrero de 2020, que la deuda contraída con el fondo debe ser investigada por financiar la fuga de capitales, mientras que el ministro de Economía Martín Guzmán insiste en generar un “buen acuerdo” que implique sólo una reducción de sobretasas y aumento de los plazos.
La tensión que se expresa en cada uno de sus posicionamientos es la de si vamos a priorizar la soberanía y la justicia social, o el pago y la subordinación ante el FMI. Sólo 10 días después de las PASO, se usaron los DEG del FMI para pagarle al mismo FMI. ¿Será acaso que la demanda del pueblo el domingo (y de Cristina el jueves) no fue lo suficientemente clara? ¿Acaso no son otras las prioridades?
El ministro Guzmán en reiteradas oportunidades celebró la reducción del déficit y la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero lo que se abstuvo de decir es que la contrapartida es la subordinación de la agenda de intereses de las clases populares. Si el ministro desea reducir el déficit, puede hacerlo incorporando un impuesto permanente a las grandes fortunas, un impuesto a la renta financiera, con un verdadero control y participación del Estado del comercio exterior, revisando la pauta oficial, sólo por mencionar algunos caminos.
Más allá de las personas, sabemos que las tensiones que saltaron a la luz en la coalición en posición de gobierno tienen que ver con responder o no a los intereses económicos de quienes parasitan sobre el trabajo de las y los argentinos.
En estos momentos, el país transita un enfrentamiento importante para definir el rumbo económico argentino. El pueblo organizado y en las calles, debe hacer escuchar las demandas de terminar con la situación de miseria y desigualdad que tiene claros responsables, y que las operaciones mediáticas se encargan de ocultar.
Hay dos opciones, que la deuda se pague con ajuste, ya sea por medio de programas del FMI o corridas cambiarias (encabezadas por actores financieros de la talla de BlackRock) o se avanza en la construcción de poder popular para imponer un proyecto soberano y que, de una vez por todas, el pueblo no pague los platos rotos ni las fiestas ajenas.
Las deudas son tan viejas como los Estados. Hoy es el FMI el que personifica la estrategia de las viejas y nuevas aristocracias en toda América Latina. Los pueblos no se equivocan, ya lo han demostrado en las masivas manifestaciones en la región contra el organismo y sus gobiernos neoliberales aliados.
Tampoco nuestras Madres de Plaza de Mayo convocando a la plaza el 17 de octubre con la consigna “No al pago de la deuda. Nosotrxs no debemos nada”. Y hace poco, el pueblo argentino lo demostró también en las urnas.
Paula Giménez es psicóloga, Mg. en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Matías Caciabue es Licenciado en Ciencia Política. Ambos son investigadores de argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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