Con la llegada al poder de Evo Morales, las Fuerzas Armadas bolivianas recuperaron una tradición nacionalista pavimentada desde los años 30 del siglo XX. Su gobierno buscó transformar el aparato armado introduciendo planes de estudio y consignas «antiimperialistas», al tiempo que concedió diversos beneficios a los militares en términos de financiamiento y cargos en el […]
Con la llegada al poder de Evo Morales, las Fuerzas Armadas bolivianas recuperaron una tradición nacionalista pavimentada desde los años 30 del siglo XX. Su gobierno buscó transformar el aparato armado introduciendo planes de estudio y consignas «antiimperialistas», al tiempo que concedió diversos beneficios a los militares en términos de financiamiento y cargos en el Estado. Desde 2006, los militares han sido parte de las diversas formas de escenificación de la construcción del nuevo Estado «descolonizado» y una base de apoyo del gobierno de Morales.
La fecha de creación del Ejército boliviano ha sido fijada -a posteriori- en 1810, es decir, 15 años antes del nacimiento del país: para ser más precisos, el 14 de noviembre de 1810, día en que los altoperuanos libraron su primera batalla contra los españoles en los campos de Aroma. En 2004 se celebró el 194º aniversario de este acontecimiento. Allí habló un todavía desconocido comandante del Ejército, el general de brigada César López, quien comenzaría a tener un fuerte protagonismo público a partir de este discurso, que fue el más sui generis y rupturista que hubiera pronunciado un militar desde 1985, año de la consolidación neoliberal de la democracia (reconquistada tres años antes): En la escala de prioridades, no son el terrorismo, el narcotráfico ni la subversión los factores que asedian nuestra seguridad como se ha pretendido hacer creer. Son la pobreza, la corrupción, la debilidad de nuestras instituciones, la exclusión y el marginamiento, el racismo y la acumulación de poder en manos de unos pocos, las condiciones que permiten que germine y prospere la violencia. Ningún esfuerzo, por poderoso que sea, puede desterrar las amenazas contra un país mientras no se destierren las condiciones de injusticia que lo propician. En cada acto de injusticia, opresión, olvido o impunidad se destila el odio y la venganza.[1]
López puso patas arriba la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional que, aggiornada para su uso en los años 90, ponía a los militares a combatir el narcotráfico y, en ocasiones, a ciertos grupos maximalistas armados que habían brotado como consecuencia de la derrota ideológica de la izquierda de fines de la década de 1980. Para el general boliviano, el verdadero enemigo no era la «subversión», sino la «injusticia», el «racismo», la «exclusión y el marginamiento». En este discurso, López también se refirió a la nacionalización de la industria del gas, que en ese momento se hallaba en el centro del debate nacional. La nacionalización era alentada por las fuerzas sociales y políticas que se ubicaban a la izquierda del presidente Carlos Mesa (2003-2005) y pocos años después se materializaría durante el gobierno de Evo Morales, al mismo tiempo que era resistida por las elites neoliberales. El general continuaba diciendo: «Acecha sobre nuestro país la perenne voracidad de agentes económicos externos que solo persiguen el saqueo de nuestros recursos naturales, sin importarles el futuro de nuestro pueblo, su aspiración legítima de desarrollo y dignidad (…) Todos sabemos que un pueblo que hipoteca sus recursos naturales es un pueblo condenado al sometimiento y a la tiranía de los más fuertes». Finalmente, López se estrellaba contra «las elites temerosas de perder sus privilegios» y contra los «derrotados de ayer que no asumen su responsabilidad histórica, política ni jurídica».
De inmediato este discurso fue interpretado como un espaldarazo al presidente Mesa, que entonces aparecía acorralado por esas «elites temerosas» y por esos «derrotados de ayer». Pero pronto se vería que López era la expresión más conspicua del ala del Ejército que había comenzado a ser persuadida por el Movimiento al Socialismo ( mas ) liderado por Evo Morales. Una figura clave en ese proceso era Juan Ramón Quintana. El ex-capitán había pasado por una breve carrera militar, que a fines de los 80 le había permitido formarse en la Escuela de las Américas de Panamá, y luego desarrolló una carrera académica en ciencias sociales. Para entonces, Quintana operaba como enlace entre los militares y el mas y era una suerte de asesor informal de López, con quien mantenía una relación personal desde sus tiempos de militar activo. Dos años después se convertiría en uno de los más destacados y controvertidos ministros de Morales. En 2004 Quintana se ganaba la vida como académico y analista en temas de seguridad, y en ese marco lo entrevisté sobre las implicaciones del discurso de López[2]. Mientras se desarrollaba nuestro encuentro, llegué a comprender que mi entrevistado había estado involucrado en la redacción del discurso. Quintana proporcionó a los lectores del semanario en el que publiqué esta entrevista una buena guía para entender a las Fuerzas Armadas, tales como eran antes de la llegada al poder del mas y Evo Morales. «Quizá el discurso de López haya conmocionado a los líderes políticos, a los sectores empresariales, que creían que las Fuerzas Armadas habían asimilado el discurso del libre mercado», reconoció. Pero este pasmo solo podía deberse a la ignorancia sobre lo que realmente pasaba. Según Quintana, las Fuerzas Armadas reconocían «que en la sociedad boliviana hay una ‘reserva’ de nacionalismo revolucionario, en su vertiente original», es decir, tal como emergió en los años 40.
Pero a lo largo del periodo democrático las Fuerzas Armadas habían vivido un «extravío estratégico» debido a que no eran aptas para la defensa («no tienen ninguna capacidad para resolver una hipotética amenaza externa») y, en cambio, se las usaba para el mantenimiento del orden interno. El caso más grave de este extravío se había producido un año antes, en octubre de 2003, cuando los militares reprimieron duramente la insurrección popular contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, con un saldo de 67 manifestantes muertos y más de 400 heridos en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz. Este episodio, conocido como «Octubre negro», provocó el enjuiciamiento de Sánchez de Lozada, su gabinete y el Alto Mando militar[3]. Quintana decía que en las décadas previas, «en ausencia de una dirección del poder civil, las Fuerzas Armadas han ejercitado una suerte de autonomía de facto«. Y veía este desarrollo corporativo autónomo -que en términos generales podía considerarse malo, ya que tendía a concederles un «derecho de veto» a los militares- como positivo, al haber preservado a las Fuerzas Armadas del vaciamiento ideológico y haber conservado el «tutelaje benigno» de esta institución sobre los asuntos públicos, bajo el principio «Estado es patria».
Sin embargo, este tutelaje no había sido contundente. Por eso el discurso de López representaba una autocrítica de los compromisos adquiridos por las Fuerzas Armadas en el orden neoliberal, que eliminó las empresas militares como parte del proceso de achicamiento del Estado y redujo a un tercio el presupuesto de defensa. Una contracción que, según Quintana, «ha llevado a las Fuerzas Armadas a vivir en las mismas condiciones que los sectores más empobrecidos de la sociedad», lo que explicaba que estas, en ese momento inicial de una nueva etapa nacionalista, se sintieran llamadas a expresar «un discurso de soberanía nacional, de restitución del Estado como actor gravitante en la vida económica y, por tanto, del Estado como soberano respecto a la gestión de los recursos naturales». Y ese proceso de recuperación del discurso nacionalista se facilitaba en Bolivia por la peculiar historia del Ejército, destruido y refundado por la Revolución Nacional de 1952: «Creo que es uno de los ejércitos más populares de América, más democráticos (…) En los años 70 clausuró la política de la Revolución Nacional y cerró las puertas a los sectores populares, pero en los 80 nuevamente se abrió, un poco por convicción pero también por defecto, porque no le quedaba otra. Y es un Ejército popular»[4].
La ruptura del orden castrense anterior
En julio de 2005, Mesa salió del poder de la misma manera que Sánchez de Lozada, pero evitó que hubiera derramamiento de sangre. Presionado por una gran sublevación popular que exigía la nacionalización del gas, tuvo que renunciar a la Presidencia. Por ley, su cargo debía ser ocupado por el presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, o en su defecto por el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío. Pero los líderes sociales, el mas y, lo que nos interesa aquí, el general López, todavía comandante del Ejército, se opusieron a ello. A causa de esta resistencia asumió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien rápidamente cambió a López por el general Marcelo Antezana, que era un representante del tradicionalismo militar. Esta decisión daría a los mandos militares ligados al neoliberalismo una oportunidad más de desprestigiarse, ya que poco después Antezana y el comandante de las Fuerzas Armadas, Marco Antonio Justiniano, se vieron involucrados en un escándalo que retrata muy bien la debilidad de las Fuerzas Armadas y su sometimiento a voluntades externas. Evo Morales, ya como candidato presidencial, denunció públicamente, a partir de filtraciones de oficiales del Ejército, que 28 misiles portátiles tierra-aire donados a Bolivia por China habían sido entregados secretamente a Estados Unidos para que este país los destruyera. Se supo que el gobierno de Mesa había recibido una solicitud norteamericana para entregar esos misiles, pues se trataba de un armamento muy utilizado por los terroristas y grupos antiestadounidenses en Oriente Medio. A cambio, eeuu había ofrecido dinero a Bolivia. Mesa no había aceptado. En cambio, Rodríguez Veltzé sí lo había hecho. Pese a ello, este negó enfáticamente la denuncia de Morales y llegó a declarar que los misiles «nunca se ha(n) entregado». Sin embargo, pronto su negativa se tornó insostenible. La prensa obtuvo un documento interno de las Fuerzas Armadas en el que oficiales de las fuerzas especiales informaban que habían llevado los misiles a un hangar que usaba la embajada estadounidense en la base aérea de El Alto. Así que el ministro de Defensa, Gonzalo Méndez, tuvo que aceptar que se había recurrido a eeuu para destruir los misiles y que estos habían salido del país, lo que implicaba que el presidente le había mentido al público.
El papel de Morales en este escándalo lo ayudó a elevar su imagen para las elecciones de fines de 2005, pues quedó claro que una buena parte de los uniformados jóvenes respondía a él antes que a sus mandos naturales. Ya desde antes de llegar al poder trató de enjuiciar a Rodríguez Veltzé, Méndez, Justiniano y Antezana. «Esto no se puede quedar así (…) Desarmar a un país y a sus Fuerzas Armadas, según entiendo, es un delito y, en todo caso, una traición a la patria», dijo pocos días antes de asumir como presidente el 22 de enero de 2006[5]. El juicio se concretó cuando Morales se convirtió en primer mandatario, aunque una ulterior reconciliación del ex-presidente Rodríguez con el oficialismo lo libró de un posible encarcelamiento. En agosto de 2017, los demás acusados fueron sancionados a condenas de tres años de prisión. Morales llegó a la Presidencia como el reformador de la política nacional, encomendado a cambiar a las viejas elites políticas bolivianas, inclusive a las castrenses. En ese marco, nombró a Quintana ministro de la Presidencia. Con su consejo, tomó medidas en contra de las antiguas generaciones de comandantes, que habían prestado su apoyo político a los sucesivos gobiernos neoliberales a cambio de pingües beneficios personales, habitualmente en abultados pagos adicionales salidos de partidas de gastos reservados. Finalmente, la «limpieza de los establos de Augías» se completó por medio de la designación de un nuevo Alto Mando, comandado por el general Wilfredo Vargas, el primer jefe militar de la era evista. 28 generales de tres promociones distintas fueron enviados prematuramente a la reserva activa. En su discurso de posesión, Morales recordó que había servido como soldado raso (en 1978), como la mayoría de los indígenas, y reclamó que todos los bolivianos cumplieran el servicio militar obligatorio -generalmente eludido por las clases altas- para que se extendiera la mentalidad del «soldado que defiende el territorio nacional, el soldado que defiende a las Fuerzas Armadas, el soldado que participa en el desarrollo nacional». Deploró que no existiera «ningún general que se apellide Mamani, Condori o Aima». Por otra parte, Quintana informó que «se trata[ba] de cambiar la mentalidad de las Fuerzas Armadas y ponerlas al servicio del desarrollo». Otro flamante ministro, el de Defensa, Walker San Miguel, anunció que «las Fuerzas Armadas van a abrirse a la sociedad (…) para que todos los efectivos militares contribuyan en el desarrollo, la integración y la inclusión»[6].
Continuidades y discontinuidades ideológicas
Tras este comienzo, el gobierno del mas hizo una tarea muy amplia en el campo castrense, que aquí solo podemos mostrar en sus aspectos principales. Les dio una nueva línea ideológica a las Fuerzas Armadas, exaltando la «reserva nacionalista» a la que hacía referencia Quintana. Incluso morigeró el rechazo militar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (eln) que, dirigidos por Ernesto «Che» Guevara, «invadieron» el país a fines de la década de 1960.
Esta transformación se logró paulatinamente a través de diversas medidas simbólicas. Luego de la aprobación de la nueva Constitución, en 2009, las Fuerzas Armadas adoptaron la Wiphala, la bandera indigenista con los colores del arco iris, y la incorporaron a sus uniformes. En 2010 cambiaron su tradicional lema de «Subordinación y constancia. ¡Viva Bolivia!» por el castrista «Patria o muerte. ¡Venceremos!». En 2016, por los acuerdos del gobierno con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), crearon la Escuela Antiimperialista por la que todos los militares del país deben pasar obligatoriamente para ascender al grado de capitán. La escuela imparte cursos como «Geopolítica del imperialismo» y otros relacionados con la ideología nacionalista, y se ubicó en un cuartel en la localidad de Warnes, en el oriente de Bolivia. Esta iniciativa se ha pensado, según Morales, como una réplica, pero de signo inverso, de la controvertida Escuela de las Américas que entre las décadas de 1940 y 1980 mantuvo eeuu en Panamá, y que durante ese tiempo ofreció cursos de posgrado a miles de oficiales de todos los ejércitos latinoamericanos. La escuela fue bautizada «Juan José Torres» en honor al general y presidente que en los años 70 impulsó un gobierno nacionalista de izquierda y murió asesinado en 1976 en Argentina, en el marco del Plan Cóndor implementado por la derecha militar latinoamericana -en Bolivia, por el dictador Hugo Banzer- para «eliminar la subversión» de la región, con apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses. Evo Morales reivindica también a otros militares: Germán Busch, héroe de la Guerra del Chaco y presidente del régimen «militar-socialista» durante la década de 1930, y Gualberto Villarroel, asesinado en 1946 y colgado de un farol de la plaza Murillo.
Al mismo tiempo, en este como en otros campos, el gobierno de Morales tuvo que hacer algunas concesiones a los militares. En septiembre de 2008, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, rechazó públicamente la intromisión del presidente de Venezuela y estrecho aliado del oficialismo, Hugo Chávez, quien había dicho que si a Evo Morales lo derrocaran o lo mataran -en el contexto de la resistencia movilizada de las elites a su proyecto-, él tendría luz verde para intervenir en Bolivia. Trigo respondió que las Fuerzas Armadas de Bolivia «no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pisen territorio nacional»[7]. El gobierno no se atrevió a desmentirlo aunque, poco después, superada la crisis, lo removió de su puesto.Dos años más tarde, tratando de congraciarse con los uniformados, Morales dijo, en un acto de recordación de las víctimas de las dictaduras militares, que las Fuerzas Armadas no habían sido culpables de los horribles actos que estas dictaduras realizaron y que se habían limitado a obedecer las órdenes de la derecha civil y del imperialismo. Esta afirmación levantó polvo y no se repitió desde entonces, pero la relación entre el gobierno y las organizaciones de víctimas de las dictaduras, que buscan un reconocimiento pecuniario por su sufrimiento, no ha sido fácil, tanto porque el gobierno no quiere irritar a los militares como por razones presupuestarias. En 2017 el gobierno formó una Comisión de la Verdad, que debe encargarse de procesar las cientos de solicitudes y los reclamos que se han dado en torno de esta cuestión.
Finalmente, el año pasado el gobierno no consiguió que los militares rindieran homenaje a Ernesto Guevara en el 50o aniversario de su muerte. Para los mandos militares, el «Che» sigue siendo un extranjero que actuó bélicamente en el territorio nacional, esto es, un «invasor», sin importar cuáles hayan sido sus propósitos. Puede verse aquí una línea de continuidad con la posición institucional frente a la bravata de Chávez, en 2008. Al mismo tiempo, sin embargo, los jefes militares tampoco organizaron, como hacían en el pasado, homenajes a los veteranos de la represión a la guerrilla.
El cuestionamiento más grave a la buscada transformación de las Fuerzas Armadas provino de su interior. El 3 de abril de 2014, los suboficiales y sargentos, organizados de una manera cuasisindical, propusieron a la Asamblea Legislativa una ley modificatoria de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas con una serie de medidas para superar la «discriminación» que, se alegaba, afectaba a este personal militar. Los suboficiales y sargentos llegan a filas por medio de un proceso de selección distinto del de los oficiales, más barato y accesible, por lo que -se dijo en ese momento- pertenecen a «otra clase social» frente a estos últimos[8]. Por esta razón, no pueden ascender al grado de oficiales y, hasta el momento del conflicto, tenían menos posibilidades de estudio y de uso de los servicios de alimentación, descanso, entretenimiento, etc. Las mujeres que pertenecen a este sector militar se quejaban de que había, incluso, una mayor incidencia de acosos sexuales.
Fueron tres semanas de manifestaciones callejeras de los suboficiales y sargentos y de huelga de hambre de sus esposas[9], durante las que el Ministerio de Defensa prometió mejoras que, sin embargo, no cambiaban la condición subalterna de los sublevados, que pretendían convertirse en «oficiales técnicos». Finalmente, el Alto Mando cortó de un tajo un movimiento que calificaba como motín: dio de baja a 715 uniformados, de los cuales 630 fueron reincorporados ulteriormente; arrestó y expulsó a los cabecillas de la protesta y, aunque prometió que no habría represalias, permitió, según la prensa, que en los cuarteles se ejecutaran diversos tipos de castigos[10]. El gobierno evitó que la represión fuera extremada, pero no la detuvo. De este modo, los «Mamani, Condori o Aima» en filas de los que hablaba Evo al inicio de su gestión, los indígenas de este «ejército popular» que hasta ahora no ha logrado tener jefes con apellidos claramente indígenas, perdieron la batalla por «descolonizar» las Fuerzas Armadas. Algunos analistas dijeron entonces que el oficialismo debió haberlos apoyado y, junto con ellos, transformar a fondo las instituciones militares. Otros, que esta transformación no le convenía al gobierno en términos prácticos y que, en cambio, por su supervivencia, no podía tolerar la existencia de sindicatos armados que se opusieran a la institucionalidad castrense.
El peso de las Fuerzas Armadas
Morales se enorgullece de haber «aprendido a defender a la patria» en el cuartel, durante su servicio militar[11]. Sin embargo, no ha logrado que los hijos de hogares de ingresos medios y altos cumplan el servicio militar, como quería. Estos siguen escaqueándose, mientras en el país se sigue afirmando sin cuestionamiento que esta prestación anual tiene un carácter obligatorio. Morales también es el único presidente democrático que se reúne cada lunes con el Alto Mando. Y el único que parece disfrutar tanto o más que los propios militares de los desfiles, los ejercicios de combate, los uniformes o las fechas patrias.
En un terreno más concreto, una de sus prioridades de gobernante ha sido el potenciamiento y la entrega de recursos a las Fuerzas Armadas, que habían visto enflaquecer su presupuesto y sus atribuciones durante el neoliberalismo. Esto no significa que se hayan convertido en unas Fuerzas Armadas equipadas y, mucho menos, en unas Fuerzas Armadas ricas. En 2017, el gasto militar boliviano era de 1,8% del pib, cifra que se hallaba por debajo del promedio mundial (2,1%)[12]. Sin embargo, es necesario anotar que el pib trepó significativamente en el primer lustro del gobierno. Gracias a ello, en 2011, año en el que alcanzó los 2.054 millones de bolivianos (unos 300 millones de dólares estadounidenses), el presupuesto de defensa era 123% mayor al de 2001[13]. Y la subida ha continuado, aunque de forma menos pronunciada.
La mayor parte del presupuesto militar, eso sí, se destina a gastos de personal e insumos, mientras que las compras de armamento a menudo han sido frenadas. El penúltimo ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo en 2017 que «la inversión del país en defensa es mínima y se limita a la compra de aviones de entrenamiento, municiones y reposición de granadas». Y añadió: «Necesitamos reponer las armas de entrenamiento, ya que las que tenemos datan de 1979. Los conscriptos ya no pueden manejar un fal o un Mauser. Nuestros cuerpos mecanizados tienen unidades muy obsoletas; sirven, pero no están a la altura para la disuasión»[14].
Por otra parte, las Fuerzas Armadas recuperaron algunas de las empresas con las que contaban antes de la oleada privatizadora de los 90, pero no les ha sido fácil administrarlas. Por ejemplo, en 2012, gracias a un crédito chino de 40 millones de dólares, Evo Morales lanzó una Empresa de Construcciones del Ejército, con la intención de que esta llevara adelante algunas de las muchas obras de infraestructura que encarga el Estado. Pues bien, esta empresa quebró y tuvo que cerrar apenas tres años después; según el ministro Ferreira, por una «pésima gestión» que la llevó a incumplir las obras que se había adjudicado. La deuda contraída por la empresa con China tuvo que ser asumida por la repuesta Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional y por el Ministerio de Economía[15]. Tampoco la aerolínea Transportes Aéreos Militares (tam) -que transporta unos 500.000 pasajeros por año en aviones Boeing y bae de 20 y 30 años de antigüedad, sobre todo en rutas secundarias- logró convertirse en una empresa comercial normal, como inicialmente quería el gobierno.
Durante la era Evo, los militares han ocupado importantes sectores del Estado. Su presencia ha sido numerosa especialmente en el servicio diplomático, ya que muchos generales retirados han sido designados embajadores. Y también en la aeronáutica civil: hasta hoy las direcciones de las aeronáuticas siguen bajo el directo control de militares pasivos. Las Fuerzas Armadas también se han ocupado de apoyar a las autoridades en la realización de transferencias en efectivo, que en Bolivia se llaman bonos, a distintos sectores vulnerables de la población, como ancianos, mujeres embarazadas, estudiantes, etc.
En suma, las relaciones entre las instituciones armadas del país y el gobierno son ahora más estrechas que en ningún otro momento de la historia de la democracia nacional. Evo Morales, el primer jefe de Estado que estuvo bajo bandera después de los líderes de la Revolución Nacional, quienes en los años 30 combatieron en la Guerra del Chaco, se ha convertido en el presidente democrático más querido y respetado por las Fuerzas Armadas. A un punto que se reveló peligroso en mayo de 2016, cuando los comandantes de las unidades militares del ejército recibieron un instructivo en el que se decía que «por disposición del escalafón superior» se «agradecerá» que «a la finalización de todo acto cívico militar, en la desconcentración, antes de rendir honores al estandarte y de la restitución [de este] a su sitial de honor, se deberá entonar la ‘Marcha Evo Morales'». El Ministerio de Defensa explicó entonces que ni la composición ni la entonación de este himno en honor «al hombre que un día la historia cambió» fueron instruidas por el presidente y que, por tanto, se trataba exclusivamente de una iniciativa castrense. Sin embargo, esto no contuvo la indignación de parte de la ciudadanía.
La «Marcha Evo Morales» incluye un verso que, dirigiéndose al político, señala «tú tienes la luz». En la estrofa se añade: «Evo tú eres la voz / Que al imperialismo fue quien enfrentó / Para todos los hijos un gran porvenir / Anticapitalista y anticolonial». La marcha, que sigue siendo entonada en los cuarteles, sustituye a la tradicional canción de desconcentración militar «La patria».
La oposición señaló que el gesto de los militares violaba la prohibición constitucional de su parcialización política y obedecía a un deseo de las Fuerzas Armadas de congraciarse con Morales para obtener premios y favores a cambio. Para intelectuales vinculados al gobierno, en cambio, se trataba de una demostración del cariño militar a un político que «devolvió la dignidad a las Fuerzas Armadas», luego de que estas hubieran perdido protagonismo en las décadas de 1980 y 1990, tanto por la necesidad de apartarlas de la política en la que habían estado involucradas por mucho tiempo como a causa de las políticas neoliberales de reducción del Estado. Otro pasaje de la marcha proclama: «Por siempre vivirá / Evo Morales se escuchará / Ejemplo, servicio y honor / Que a la patria nos legó»[16].
Notas:
Fuente: http://nuso.org/articulo/patria-o-muerte-venceremos-el-orden-castrense-de-evo-morales/