Los acusados tienen derechos que deben respetarse; por supuesto que sí. Uno de esos derechos es que sean juzgados en el lugar en que ocurrieron los delitos de los que se les acusa, más aún si esa ciudad es su residencia. Pero, y este es el tema en cuestión, las condiciones que brinda el ejercicio […]
Los acusados tienen derechos que deben respetarse; por supuesto que sí. Uno de esos derechos es que sean juzgados en el lugar en que ocurrieron los delitos de los que se les acusa, más aún si esa ciudad es su residencia. Pero, y este es el tema en cuestión, las condiciones que brinda el ejercicio de la justicia en esa ciudad, garantizan un proceso adecuado y un fallo imparcial.
Ocurre que los atropellos, allanamientos, destrucciones y robos que cometieron personas identificadas en las oficinas del Estado, fueron promovidos, apoyados y respaldados por autoridades y entes cívicos en todos los casos. Hay constancia expresa de tal extremo y, para mayor abundamiento, los indicados acaban de reiterar su posición.
No podían faltar los medios controlados por la oposición. Haciendo coro a las protestas de unionistas y comiteístas, reclaman por la vulneración de los derechos de los sindicados. Aún así, empero, no pueden negar la comisión de los delitos. Los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista, ahora, están refugiados en la Catedral de Santa Cruz, declarándose perseguidos políticos, pese a que es evidente, y no lo pueden negar los medios, que ellos fueron los operadores de las tomas violentas de oficinas públicas en esa ciudad, pero también en otras ciudades como Tarija, Trinidad y Sucre. Tanto es así, que uno de los líderes de ese grupo, detenido y luego liberado por un juez, fue recibido en Sucre como héroe. Claro que ha vuelto a prisión y, de aquí en adelante, debe rendir cuentas de sus fechorías.
Pero los ejecutivos del neoliberalismo, que siguen creyendo en su condición de autoridades, pretenden dar órdenes aún desde la cárcel. Fernández, el ex prefecto de Pando, dice que quienes deben rendir cuentas son los ministros del gobierno y que él no acudirá a las citaciones del juez. Tres prefectos desafían al gobierno anunciando movilizaciones. ¿De qué se trata? Ya no pueden reeditar las movilizaciones que protagonizaron en agosto y septiembre pasados. Tratarán de armar escándalos, provocando la intervención policial, para luego denunciar persecuciones y comenzar a hablar de la ilegalidad de los referendos que deben realizarse el 25 de enero.
Ocurre que, un diputado de UN, que no mantiene el siglo que pretenden otros, ya anunció las acciones que preparan. Pidió a la Corte Electoral que suspenda toda la propaganda de la REPAC y cualquier oficina de gobierno, por el SI en los referendos de la nueva Constitución. Reclama una auditoría y, por supuesto, insinúa que esa actuación de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC), contraviene las disposiciones relacionadas con el tema.
Respecto a la campaña que organizan las prefecturas por el NO, nada dice el diputado. O ¿es que ya no las considera estatales? Sería importante que esclarezca este punto. Claro que no se trata solamente de él, si falla en su acción, están alineados otros actores que, en forma sucesiva, saldrán al escenario político, buscando fallas e irregularidades o simplemente inventándolas, para descalificar los referendos de enero.
En resumen: vuelven a las andadas, pretendiendo reacciones violentas del gobierno. No lo han logrado hasta ahora, no lo lograrán mañana.