Una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, realizada a finales de 2012, arroja que sólo 35 por ciento de los mexicanos encuestados apoya la inversión extranjera en Petróleos Mexicanos. En la muestra participaron 535 líderes del empresariado, la academia y el sector público, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanos más comunes que […]
Una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, realizada a finales de 2012, arroja que sólo 35 por ciento de los mexicanos encuestados apoya la inversión extranjera en Petróleos Mexicanos.
En la muestra participaron 535 líderes del empresariado, la academia y el sector público, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanos más comunes que corrientes.
Realizada por el CIDE y apoyada por fundaciones como la Konrad Adenauer y la Friedrich Ebert, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la muestra está fuera de toda sospecha de parcialidad política o ideológica.
Lo anterior es harto significativo cuando tempranamente empieza a colocarse como práctica ordinaria descalificar a los portadores de ideas para impugnar el discurso de Enrique Peña en materia petrolera, ejercitado más en el extranjero que en México, con el propósito de ignorar las impugnaciones, como sucede ya con las que Marcelo Ebrard presentó en El Universal, y que en automático fueron descalificadas porque «busca la presidencia del Partido de la Revolución Democrática para perfilarse a la candidatura presidencial en 2018», o bien porque es «el exgobernante capitalino más corrupto desde México Tenochtitlán»; hasta el extremo de declarar «loco» a Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo Pablo Hiriart el domingo pasado en Cadena Tres.
Por si los realizadores de la muestra no fueran suficientes para acreditar su imparcialidad y autonomía, no está demás subrayar que los encuestados que mayoritariamente expresaron su desacuerdo con la apertura de Pemex, sin embargo están de acuerdo con la globalización, el libre comercio y la inversión extranjera en otros sectores.
Lo anterior podría significar que no es muy acertada la idea de que los votantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en San Lázaro y en Insurgentes y Reforma serán suficientes para lograr «una reforma petrolera de gran calado», pronóstico que predomina entre intelectuales al servicio del presidente turno desde Televisa y Televisión Azteca, y que lo demás es secundario. Otros juran que «la reforma de Pemex no importa a la población» porque «es un asunto de los políticos» y dan como prueba las llamadas a programas radiofónicos.
Vender al grupo gobernante, el de Atlacomulco y sus aliados, escenarios de «aquí no pasa ni pasará nada», ignorando la máxima porfirista de «En México no pasa nada, hasta que pasa», no pareciera una conducta responsable de los adscritos a la nómina gubernamental para avizorar problemas y así evitarlos.
La actitud de Ernesto Cordero de colocarse «como tapete» de Peña Nieto en la reforma petrolera, además de que obedece al interés grupal de disputar a Gustavo Madero la interlocución con Los Pinos, acaso es muestra de inseguridad presidencial en su proyecto petrolero.
También resulta harto indicativo que tras el madrugador anuncio de Enrique Peña Nieto en Londres, ofreciendo en charola de plata lo que aquí no se atreve a verbalizar, el perredismo empieza a reagruparse, rechaza cualesquiera reformas constitucionales y lo emplaza a «que diga qué quiere privatizar».
Pero el animal político más experimentado del oficialismo tricolor, Manlio Fabio Beltrones, anuncia una iniciativa de reforma política que permita «institucionalizar como área de gobierno el Pacto por México, para evitar que éste dependa del capricho, de la hormona, del momento político o de las pugnas de los legisladores con sus dirigencias». Todos, exige en un comunicado, «debemos poner algo para evitar un estallido social». Así o más claro.
Fuente original: forumenlinea